Nuevamente la oficina dela Organización de las Naciones Unidas, ONU, para los derechos humanos en Colombia entregó un balance con base a la violencia en el país. En este la principal alerta de la organización es que, en comparación del segundo semestre de 2022, se destacó el aumento del asesinato de líderes sociales en el departamento del Cauca, pues la cifra ya llegó a 12.
La representante en Colombia de esta oficina de la ONU, Juliette de Rivero, aseguró que los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Valle de Cauca también mantuvieron registros muy altos.
A su vez, la ONU indicó que el primer semestre de 2023, la oficina de derechos humanos registró una disminución del 19 % en los casos verificados de homicidios de personas defensoras en comparación al semestre anterior de julio a diciembre 2022.
“Esto es positivo, pero el alto número de defensoras y defensores asesinados en Colombia sigue siendo intolerable. En el primer semestre del 2023 verificamos 46 casos de homicidio de personas defensoras. 39 hombres y 7 mujeres. 11 indígenas, 9 afrodescendientes y 15 campesinos. 35 % de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas eran miembros de juntas de acción comunal.”, manifestó de Riveros.
En cuanto a los presuntos responsables, de los 46 casos verificados se obtuvo información de que en 25 casos podría estar involucrado un grupo armado no estatal, es decir más del 50 % de los casos.
La representante del alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, Juliette de Rivero, expresó su preocupación frente a la continua expansión territorial de grupos armados en el país pese a la política de paz total del presidente Gustavo Petro.
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"La necesidad de hacer una mejor articulación entre la política de paz total, la política de desmantelamiento y la política de seguridad humana en los territorios. Y la necesidad de articular mejor a las autoridades locales, regionales y nacionales del Estado y del Gobierno en territorio para fortalecer la presencia integral del Estado, empoderar a las organizaciones de base y proteger a la población civil frente al actuar de los grupos”, aseguró de Rivero durante la presentación del análisis de la situación de Derechos Humanos en Colombia.
Según la oficina de la ONU, se identificó en Colombia “reglamentos de conducta” impuestos por parte de los grupos armados en el que imponen a las comunidades el uso de un carné de identificación y los incluyen en listas.
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Esto viene acompañado de medidas de control social violentas, que incluyen: homicidios, amenazas, reclutamiento infantil, restricciones a la libertad de movimiento, horarios y el control del manejo de la información en las comunidades, entre otras.
El informe da cuenta de al menos 11 reglamentos de conducta que los grupos armados están implementando en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Valle del Cauca, Tolima y Nariño.
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“Estos reglamentos de conducta contienen reglas de control social que restringen derechos y tienen como objetivo someter a la población civil al control del grupo armado.Preocupa que, en los últimos meses, en varios territorios, grupos armados no estatales han implementado estrategias agresivas para desarticular a las organizaciones de la sociedad civil, cooptar sus espacios y suplantar los mismos”, explicó la representante de la ONU-
Además, también reveló que los grupos armados ilegales están citando permanentemente a comunidades en espacios como las Juntas de Acción Comunal a reuniones para rendir cuentas
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“Esto conlleva a que, en territorios en donde hay más de un grupo armado no estatal, las comunidades y los miembros de las Juntas se enfrenten a la encrucijada de responder a todos los actores armados del territorio y decidir entre órdenes que pueden ser contradictorias, todo esto bajo amenazas a la vida y la integridad personal”, agregó Rivero
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