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El Secretario General de las Naciones Unidas , António Guterres, reveló su más reciente informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en el país, correspondiente al periodo entre el 27 de marzo y el 26 de junio de este año.
Guterres reconoció los avances alcanzados, pero también expresó su preocupación por la persistente violencia que afecta especialmente a comunidades indígenas y afrocolombianas, niños reclutados, excombatientes y líderes sociales.
Tan solo en este periodo, fueron asesinados diez firmantes del Acuerdo, lo que eleva a 470 el total de excombatientes asesinados desde 2016. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos también reportó 34 denuncias de homicidios contra defensores de derechos humanos y 13 denuncias de masacres.
El informe advierte que la temporada electoral podría agudizar las tensiones políticas, aunque celebra el consenso entre los partidos para rechazar la violencia política. Para Guterres, erradicar esta violencia y garantizar una participación política inclusiva son metas centrales del Acuerdo de Paz.
En materia humanitaria, la situación sigue siendo crítica. Entre enero y junio de 2025, se registraron 67.800 personas víctimas de desplazamiento forzado, especialmente en el Catatumbo, y 98.700 personas en condición de confinamiento. Esto representa un aumento significativo frente al mismo periodo del año anterior.
A pesar de este panorama, el informe destaca avances importantes. El 95 % de los más de 11.000 excombatientes activos ya concluyeron sus planes individuales de reincorporación, y cerca del 30 % de estos incluyen formación política, evidenciando el compromiso con la participación democrática. Además, se instaló formalmente el Sistema Nacional de Reincorporación, que articula a más de 30 entidades estatales.
En el frente rural, se adjudicaron 40.000 hectáreas de tierra y se formalizaron otras 86.000. Aunque estas cifras representan avances, aún están lejos de las metas del acuerdo: 3 millones de hectáreas adjudicadas y 7 millones formalizadas. Las restricciones presupuestales y los riesgos de seguridad para funcionarios siguen siendo obstáculos importantes.
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Guterres también hizo énfasis en la necesidad de acelerar la implementación de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como herramienta clave para garantizar justicia transicional, reparación a las víctimas y reconciliación. Instó a los comparecientes a cumplir sus compromisos y a que estas sanciones se traduzcan en acciones restaurativas reales.
Por otro lado, el informe reconoce avances en el Capítulo Étnico del Acuerdo, con nuevos decretos que fortalecen la autonomía de los pueblos indígenas. También se espera que en los próximos meses se adopte oficialmente el Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325, referente a mujeres, paz y seguridad.
El informe será presentado oficialmente el próximo 18 de julio en Nueva York por Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación en Colombia.
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La ONU reitera que, aunque los desafíos son múltiples, el apoyo internacional sigue siendo vital para este proceso liderado por Colombia.
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