Pelea en Funza por derribo de casas en predios supuestamente vendidos por ‘tierreros’

El barrio La Esmeralda en Funza, objeto de una orden de demolición por la aparente invasión de un predio que habría sido vendido por ‘tierreros’, se convirtió en el foco de un intenso debate en la población cundinamarquesa.Los terrenos, ubicadas en la vereda la Florida de Funza, habrían sido ofrecidos a decenas de familias que levantaron construcciones sin el aparente lleno de los requisitos y licencias.Vea también: ¿Quién está detrás del caso de posible intoxicación en un colegio en Funza? La demolición fue ordenada específicamente en el lote denominado ‘Las Amalias’, ubicado estratégicamente cerca del aeropuerto El Dorado y el humedal La Florida. Cincuenta familias, en total, se vieron perjudicadas con el derribo masivo.Wilmar Solarte, inspector de Policía número 2 del municipio, aseguró en Mañanas BLU que el alcalde de la población intervino de manera irregular y ‘se pasó por la faja’ a la autoridad establecida en la normatividad.“No sé por qué, pero hay mucho interés o mucho afán de ejecutar la demolición y el señor alcalde municipal me quitó prácticamente las funciones, me desplazó del proceso, pasando por encima de la ley y del Código de Policía, y ordenó la demolición y ejecución de la mayoría de las viviendas. No permitió el ejercicio del derecho a la defensa de esas personas”, declaró el inspector.“El municipio hoy está en un grave peligro, porque independientemente de que estas personas estén allá como propietarios o como poseedores u ocupantes, cualquiera que sea la calificación que se les quiera poner, hay unos derechos”, sostuvo Solarte.Conozca más: Tabio: nuevo capítulo de volteo de tierras en Cundinamarca “Si el alcalde pasa por encima del inspector de Policía, que es lo que está haciendo el señor acá en el municipio, es prácticamente que el alcalde pasando pero por encima de la ley, porque las funciones las establece la ley y no el alcalde”, indicó el funcionario.En redes sociales le han enrostrado al alcalde Montagu que, a pesar de su decisión, no tuvo reparos en hacer campaña en la misma zona donde ordenó la demolición de las viviendas. Los habitantes reclaman explicaciones, además, porque a pesar de que los inmuebles fueron derribados por supuestamente ser ilegales, sí se les cobraban servicios públicos. Escuche esta denuncia: