La extradición de Andrés Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, no solo cerró un proceso judicial de alto perfil, sino que dejó al descubierto una de las redes de alianzas criminales más significativas de los últimos años, en la que confluyeron remanentes del Cartel de Cali, del Cartel del Norte del Valle y nuevas estructuras armadas locales.
Su entrega a las autoridades de Estados Unidos se concretó tras un megaoperativo con más de 70 policías, unidades de la Dijin, apoyo de Interpol y vigilancia aérea con drones.
Más allá de su rol como jefe de La Inmaculada, el nombre de ‘Pipe Tuluá’ empezó a adquirir peso en el mundo criminal por su reconexión con el viejo poder narco, una estrategia que, según las autoridades, buscó rescatar contactos, rutas y esquemas financieros heredados de los grandes capos de finales del siglo pasado.
Desde 2018, Marín Silva fortaleció vínculos con figuras históricas del crimen organizado como alias ‘el Alacrán’ y ‘Martín Bala’ (Fernando Varón), ambos asociados a la órbita del Cartel del Norte del Valle.
Estas alianzas marcaron un punto de quiebre en su trayectoria. Para los investigadores, no se trató de relaciones marginales, sino de acuerdos estratégicos que le permitieron ampliar su influencia más allá de Tuluá y conectar a su organización con circuitos mayores del narcotráfico. Fue en ese contexto cuando ‘Pipe’ pasó de ser un jefe criminal regional a convertirse en un articulador entre viejas estructuras mafiosas y nuevas organizaciones delincuenciales.
La consolidación de ese proyecto criminal se dio con la creación de la llamada ‘Gran Alianza’, una federación integrada junto a Carlos Robayo, alias ‘Guacamayo’; Walter Andrés Penagos, alias ‘Capulina’; y Diego Bustamante, alias ‘Diego Optra’. Esta estructura buscó coordinar narcotráfico, homicidios selectivos y control de rentas ilegales en el Valle del Cauca y zonas aledañas, replicando esquemas de cooperación criminal propios de los antiguos carteles.
El ascenso de Marín Silva comenzó años antes. Capturado en 2010 en Armenia por concierto para delinquir con fines de extorsión, pidió traslado a Tuluá en 2011, donde ingresó a la estructura de Jhon Stevenz Idrobo, alias ‘Jerry’, y luego se convirtió en “jefe del componente criminal” bajo el mando de Óscar Darío Restrepo, alias ‘Porrón’. Tras la caída de este último, ‘Pipe’ asumió el control total de La Inmaculada, desde donde empezó a proyectar sus alianzas con actores de mayor envergadura criminal.
Aunque fue recapturado en enero de 2015 en El Cerrito y desde entonces permaneció en prisión, las autoridades sostienen que su poder no se debilitó, sino que se reorganizó. Desde la cárcel, mantuvo el control de la estructura mediante familiares y hombres de confianza, entre ellos su hermano ‘Nacho’, capturado en enero de 2024. Ese hecho, según los informes oficiales, detonó un nuevo ciclo de violencia en Tuluá, asociado a disputas internas y ajustes de cuentas.
En paralelo a las alianzas con excapos, las investigaciones señalan que alias ‘Pipe’ habría logrado infiltrar la institucionalidad local, con presuntos vínculos con la administración municipal de Tuluá y participación indirecta en contratos públicos de distintas secretarías. Incluso, se indaga si llegó a obtener hasta un 10 % de recaudo en licitaciones de obras civiles, un mecanismo que habría servido para lavar dinero y consolidar poder político y económico.
El prontuario de Marín Silva se completa con una condena de 30 años de prisión, impuesta en marzo de 2022, por su vinculación con más de 40 homicidios en el Quindío, Cauca y el centro del Valle del Cauca. Desde 2023, además, intentó posicionarse como actor de peso criminal mediante panfletos firmados como “La oficina de Tuluá”, buscando una identidad que lo equiparara a las viejas oficinas del narcotráfico. También figura como fundador del grupo MAGO (Muerte a Guardianes Opresores), señalado del homicidio de 14 guardias.
El director de la Dijin, Elver Vicente Alfonso Sanabria, destacó que la extradición fue posible gracias a una “cooperación sólida y efectiva” entre Colombia y Estados Unidos, con apoyo de la DEA y la Fiscalía General de la Nación. El dispositivo de seguridad se activó, dijo, ante posibles riesgos de fuga o rescate, especialmente en territorios donde la red criminal de ‘Pipe Tuluá’ mantenía influencia.
La entrega a Estados Unidos se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia negara los recursos de su defensa. El presidente Gustavo Petro advirtió, además, sobre presuntos intentos de soborno para frenar la extradición. El ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, confirmó que la operación se realizó por instrucción directa del mandatario, marcando el final de una figura que simbolizó el relevo criminal entre los viejos capos del narcotráfico y las nuevas mafias regionales.