Procuraduría investiga abandono de la construcción de un comando de la Policía en Tumaco
El ente de control inició una investigación al interventor del contrato y a la supervisora delegada por el Ministerio del Interior.
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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la construcción del Comando Especial del Pacífico Sur de la Policía Nacional, en Tumaco, Nariño.
El proceso iniciado se dirige contra el interventor del contrato, Clemente Alfredo Buitrago, representante legal de Caba Interventoría S.A.S., y contra la supervisora delegada por el Ministerio del Interior, María Cristina Ruiz Aponte.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, luego de recibir información según la cual la obra se encuentra abandonada y sin entrega oficial, pese a los recursos invertidos.
En 2018, cuando la Policía Nacional anunció la creación del Comando Especial del Pacífico Sur también dijo que su sede principal sería la ciudad de Tumaco, dispuesto a desplegar su servicio a través de tres Distritos de Policía: Tumaco, El Charco y Guapi.
Para el diseño y construcción de dicho comando, en un área superior a los 6.700 metros cuadrados, se necesitarían alrededor de $17.500 millones. Sin embargo, ya en 2024 la Contraloría advirtió de un hallazgo fiscal relacionado con el abandono de esta construcción por $7.940 millones.
El proyecto estaría expuesto al deterioro por falta de mantenimiento y suspensión de labores. La Procuraduría indicó que las estructuras del proyecto permanecen a la intemperie, lo que habría generado un proceso de corrosión progresiva por efecto de las condiciones climáticas de la zona. Esta situación comprometería la estabilidad de lo construido y pondría en riesgo las inversiones ejecutadas hasta el momento.
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El ente de control busca determinar las razones por las que el contrato no fue concluido ni entregado en condiciones adecuadas a sus beneficiarios, pese a los compromisos adquiridos y a las responsabilidades contractuales de interventores y supervisores. El objetivo de la actuación disciplinaria es establecer si hubo incumplimientos, omisiones o posibles faltas en la vigilancia del avance del proyecto.