Procuraduría investiga a presidente de Ecopetrol por emergencia ambiental en Lizama

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, y contra su antecesor Juan Carlos Echeverry Garzón por los hechos que rodearon la emergencia ambiental ocurrida el pasado 2 de marzo tras el derrame de crudo en el campo ubicado en el corregimiento La Fortuna, en el municipio de Barrancabermeja, Santander.La investigación también cobija al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, Orlando Velandia Sepúlveda y Mauricio de la Mora, presidente y expresidente de la ANH. A los ejecutivos de estas entidades se les investiga por presunto incumplimiento de sus deberes legales y de los programas de abandono técnico de pozos en los campos que hacen parte de los convenios con la ANH para la explotación de hidrocarburos en ‘Lisama - Nutría’ y ‘Magdalena Medio’.Vea aquí: Ecopetrol confirma que ya no hay presencia de petróleo en quebradas en La LizamaAsí mismo, la Procuraduría, como medida cautelar, ordenó la suspensión por tres meses de los vicepresidentes de Ecopetrol Héctor Manosalva Rojas, de Desarrollo y Producción; Ricardo Ernesto Coral Lucero, de la Regional Central, y el Gerente de Operaciones de Desarrollo y Producción de Mares, Oscar Ferney Rincón Silva, quienes no habrían dado desarrollo a las políticas que se deben poner en marcha cuando se abandona técnicamente un pozo.El Ministerio Público también abrió investigación disciplinaria contra otros seis directivos de ANH, por una posible omisión en el cumplimiento de sus funciones frente a la emergencia ecológica, ambiental y social causada por la emanación del crudo.Los funcionarios de la ANH cobijados con la decisión son Jorge Alirio Ortiz y Arnoldo Morales Delgado, quienes ocuparon en distintas fechas la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, y Nicolás Zapata Tobón, Alexandra Lozano, María Carolina Durán Chacón y Omar Mejía Tette, en calidad de vicepresidentes de Contratos de Hidrocarburos.La Procuraduría avanza, simultáneamente, en las indagaciones contra funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, por presuntamente omitir sus funciones frente a la emergencia ambiental.