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La Procuraduría General de la Nación ratificó la suspensión provisional del general del Ejército Juan Miguel Huertas y del alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, dentro de una investigación disciplinaria que indaga sus presuntos vínculos y el suministro de información a miembros de las disidencias de las Farc. La decisión fue ratificada el 23 de diciembre, tras la publicación de los archivos atribuidos a alias “Calarcá”. La medida busca evitar la reiteración de las conductas denunciadas y proteger el adecuado desarrollo del proceso.
De acuerdo con la Sala Disciplinaria de Instrucción, la medida cautelar pretende esclarecer no solo eventuales contactos con estructuras disidentes, sino también la supuesta entrega de códigos de frecuencia radiales de la Fuerza Pública. Asimismo, se investiga un posible apoyo para la creación de empresas de seguridad para legalizar armas y preparar escenarios frente a una eventual finalización de los diálogos con el Gobierno. Con el avance de la actuación disciplinaria, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para verificar la ocurrencia de los hechos señalados.
El caso tomó relevancia pública tras un informe periodístico de Noticias Caracol, que reveló documentos atribuidos a alias “Calarcá”, en los que aparece mencionado el general Juan Miguel Huertas, quien se desempeñaba como jefe del Comando de Personal del Ejército. Huertas había sido retirado del servicio y posteriormente reintegrado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según la investigación, un hombre de confianza del cabecilla disidente habría asistido a reuniones en Bogotá con el oficial para explorar la creación de una empresa de seguridad que, presuntamente, serviría como fachada para legalizar armamento y movilizar integrantes de las disidencias en vehículos blindados.
Dentro del material conocido también se mencionan comunicaciones en las que los disidentes afirmaban que el general Huertas podría prestar apoyo, supuestamente por sus vínculos cercanos con el presidente de la República. Estos señalamientos forman parte del acervo que ahora analiza el Ministerio Público en el marco del proceso disciplinario.
La situación del general Huertas no se limita a este expediente. Tras conocerse los archivos de alias “Calarcá”, dos exoficiales del Ejército que reconocieron su participación en ejecuciones extrajudiciales ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo señalaron de haber presuntamente facilitado falsos positivos en Antioquia cuando ostentaba el grado de capitán. Por estos hechos, la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, informó que el general será llamado nuevamente a rendir versión voluntaria dentro de la investigación que adelanta ese tribunal.
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Sobre Wilmar Mejía, quien se estaba desempeñando como funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia y también cercano al presidente Petro, sería el encargado de acercar a las organizaciones criminales con integrantes de la Fuerza Pública.
Mientras avanzan de manera paralela las actuaciones disciplinarias y las diligencias ante la JEP, la Procuraduría reiteró que la suspensión se mantiene como una medida preventiva, sin que ello implique un pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad de los investigados.
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