Según el estudio realizado por la Procuraduría General de la Nación el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo a datos entregados por La Federación Nacional de Departamentos estima que la desfinanciación del Programa, en 2015, fue de $750 mil millones y que para alcanzar la cobertura universal se requerirían por lo menos $ 3 billones de pesos más.
El Ministerio público revela además que la desfinanciación del Programa es evidente ya que para el año 2016 los recursos destinados para tal fin se redujeron en un 50% en relación con el 2015 pasando de $821.139’000.000, a $423.210’752.167.
El Gobierno Nacional ha prometido desde el principio del año 2016 la suma de 278.000 mil millones de pesos adicionales que, a la fecha no han sido recibidos ni por las gobernaciones ni por las alcaldías encargadas del Programa, asegura la Procuraduría.
El informe revela además que la alimentación no le está llegando a todos los niños matriculados en los colegios públicos. El organismo de control señala que Hoy por hoy solamente se le está brindando el servicio aproximadamente 4 millones de niños y que el programa lo requieren por lo menos 8 millones de menores. Al respecto el Ministerio ha expresado que no cuenta con los recursos para cubrir los otros 4 millones de niños. Incluso ha llegado a manifestar el Ministerio que, para ellos, cobertura universal no son los 8 millones de niños inscritos en el SIMAT sino solamente los 4 millones de niños que recibieron del ICBF.
Adicionalmente la Procuraduría señala que por estos motivos, ha llamado dos veces la atención al gobierno nacional sin recibir respuesta alguna.
La Procuraduría dice además que en los contratos conocidos hasta ahora en distintas regiones del país no se tiene en cuenta las costumbres de cada región para la preparación de los alimentos y que no se cuenta con las condiciones de higiene ni de logística para dicha tarea.
Finalmente, la Procuraduría señala en el informe que en los diferentes despachos centrales y regionales de la entidad cursan 145 investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades de los funcionarios públicos en el manejo del PAE. El procurador general de la Nación dio la instrucción a sus funcionarios de priorizar sus investigaciones en estos temas para dar prontos resultados. De hecho, ya se han tomado decisiones a nivel regional como en Boyacá y Caquetá.