A partir de mañana, 1 de noviembre, las firmas encuestadoras en Colombia podrán retomar la publicación de sus sondeos, luego de que se venciera la restricción impuesta por la ley. Sin embargo, el regreso a la medición viene acompañado de fuertes críticas a la Ley 2494 de 2025, sancionada por el presidente Petro y conocida popularmente como la "ley mordaza". Martín Orozco, gerente de la firma Invamer, advirtió que el periodo de prohibición no sirvió "para nada".
La restricción temporal que impidió la publicación de encuestas no cumplió su objetivo. Según Orozco, la ausencia de encuestadoras serias permitió que "circulen encuestas falsas sin ficha técnica" en los medios y, especialmente, en las redes sociales. Esto ha generado que el país en general se encuentre en una situación de mayor incertidumbre que la que existía en el pasado.
El gerente de Invamer recordó que antes de la ley, cualquier sondeo publicado en los medios de comunicación requería una ficha técnica que explicara claramente las fechas de campo, el margen de error y los municipios donde se realizó. Ante la prohibición de las mediciones serias, el vacío fue llenado por información sin soporte. Además, dado que la ley mantiene las condiciones de ficha técnica de la regulación anterior, las "encuestas falsas" sin dicha ficha no tienen un responsable a quien el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda requerir jurídicamente.
A pesar de que las encuestas vuelven, lo hacen "encarecidas". La Ley 2494 de 2025 impone nuevas reglas, modificando las condiciones sobre cómo las encuestadoras registradas deben realizar sus muestras.
Invamer, que tradicionalmente publicaba encuestas con muestras de alrededor de 1.500 personas (cubriendo áreas rurales, urbanas, y municipios pequeños, medianos y grandes), ahora debe realizar aproximadamente 4.000 encuestas por medición. Este requisito casi triplica los costos, haciendo que lo que antes permitía realizar hasta tres mediciones, ahora solo alcance para una. La nueva ley exige que los sondeos se realicen en municipios grandes con más de 800.000 habitantes.
Orozco explicó que, aunque el tamaño muestral se multiplica por tres, esto no mejora la calidad en la misma proporción ni reduce significativamente el margen de error. Por ejemplo, mientras una muestra de 1.500 tiene un margen de error del 3%, una de 4.000 solo lo reduce a un poco más del 2%. Por el contrario, este encarecimiento resultará en una menor frecuencia de las mediciones.
La disminución en la frecuencia de las encuestas es perjudicial, ya que los ciudadanos y hasta los candidatos son quienes pierden al no saber con tanta asiduidad qué piensa la gente de cara a las elecciones.
Orozco enfatizó que, más allá de la intención de voto, la ley también afecta la capacidad del país para obtener información crucial sobre el desempeño de alcaldes, gobernadores, el presidente y las políticas públicas del gobierno.
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