
Tras la trágica muerte de Stefanía Villamizar, una niña que contrajo el letal parásito Naegleria fowleri en una piscina de Santa Marta, el Congreso avanza hacia una regulación más estricta de los espacios acuáticos.
El caso, que conmocionó al país, impulsó el proyecto de ley aprobado recientemente en tercer debate por unanimidad en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La iniciativa busca reformar la Ley 1209 de 2008, estableciendo nuevos y rigurosos parámetros higiénico-sanitarios para piscinas, jacuzzis y aguas termales, tanto públicas como privadas.
Entre las medidas más destacadas están la obligatoriedad de análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua, cuya frecuencia será mensual y los resultados deberán estar disponibles al público.
“Este proyecto responde a una necesidad urgente de salud pública. Queremos prevenir tragedias como la que vivió la familia de Stefanía”, explicó la representante Alexandra Vásquez.

La ley también establece la instalación obligatoria de dispositivos de seguridad, como barreras físicas, alarmas de inmersión y sistemas anti-atrapamiento. Además, se exigirá que menores de 12 años estén acompañados por un adulto, y se requerirá el uso de materiales antideslizantes alrededor de las piscinas, con un plazo de 18 meses para su implementación.
El Ministerio de Salud jugará un rol clave: deberá actualizar periódicamente la lista de microorganismos peligrosos y liderará campañas de sensibilización como "Piscinas limpias, Piscinas seguras". Asimismo, se creará un sello distintivo para certificar a los establecimientos que cumplan con las nuevas normas.
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