Sector constructor advierte riesgos por aumento del salario mínimo del 23,7 %

Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), habló en Mañanas Blu para analizar los efectos del aumento histórico del salario mínimo decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.El mandatario confirmó un incremento del 23,7 %, que fijó el salario mínimo en 2.000.000 de pesos, cifra que incluye el auxilio de transporte. Inicialmente se informó que el salario base sería de 1.746.882 pesos, más cerca de 250.000 pesos de subsidio; sin embargo, el Ministerio de Trabajo ajustó posteriormente las cifras y aclaró que para 2026 el salario mínimo será de 1.750.905 pesos, con un auxilio de 249.095 pesos, para completar el monto anunciado.Para Camacol, el impacto de esta decisión será significativo. Herrera aseguró que el aumento “debe analizarse desde varios ángulos, por la gran magnitud de efectos adversos que puede generar sobre la economía”, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la construcción.Según explicó, el primer efecto será inflacionario. “Este incremento se va a trasladar a los precios por el aumento de los costos laborales”, señaló, recordando que la construcción encadena a 34 subsectores económicos, lo que podría generar presiones sobre insumos como ladrillo, cerámica y otros materiales.Herrera también advirtió sobre las finanzas públicas y territoriales. “Los programas de subsidio de ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla, con presupuestos ya definidos, ahora van a rendir para menos familias”, dijo, al tiempo que cuestionó si el Gobierno evaluó el impacto sobre los programas sociales atados al salario mínimo.Otro de los puntos críticos es el empleo. El presidente de Camacol recordó que el Banco de la República ha documentado que incrementos reales elevados del salario mínimo pueden traducirse en pérdida de puestos de trabajo. “El 95 % de las empresas en Colombia son pymes y no todas resisten aumentos tan grandes en sus costos”, afirmó, agregando que en la construcción el 91 % de las empresas también son pequeñas y medianas.El impacto, según Camacol, se sentirá con especial fuerza en la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). Herrera reveló que en lo corrido del año más de 25.000 familias han desistido de comprar vivienda VIS, una cifra que podría aumentar. “El precio de la vivienda está indexado al salario mínimo y eso genera una presión adicional sobre los hogares”, explicó.Además, alertó que durante el último año se han cancelado más de 30.000 unidades de vivienda en todo el país, lo que compromete la oferta futura. Camacol estima que la mano de obra representa cerca del 25 % del costo directo de una vivienda y que, con los reajustes salariales, el costo de producir vivienda podría aumentar entre un 10 y un 15 %, un nivel que calificó como “altísimo”.Finalmente, Herrera aseguró que el gremio evalúa alternativas para mitigar el impacto. “Nuestra prioridad es buscar salidas para no afectar a las familias que ya iniciaron su proceso de compra y evitar que los desistimientos sigan creciendo”, concluyó.