Sector de vigilancia privada advierte impacto de alza de salario mínimo y descarta despidos masivos

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Joe Quesada, se refirió al impacto que tendrá el incremento del salario mínimo del 23,7 % en el sector de la vigilancia y seguridad privada, especialmente en materia de costos laborales y sostenibilidad del servicio. Según explicó, antes de hablar de posibles afectaciones al empleo, es necesario establecer un marco claro sobre cómo funciona la estructura tarifaria del sector y las implicaciones reales de este aumento.Quesada señaló que las tarifas mínimas del servicio de vigilancia están reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y fijadas por ley en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas tarifas, indicó, garantizan el pago de salarios, prestaciones sociales, recargos y costos operativos, lo que evita la precarización laboral y la degradación del servicio. Aclaró además que dichas tarifas no se definen ni por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni por la oferta y la demanda, sino que están directamente indexadas al salario mínimo.El directivo explicó que, si bien el incremento salarial implica un aumento significativo en los costos, el sector no maneja márgenes de ganancia elevados. De acuerdo con Quesada, cerca del 85% del costo del servicio corresponde a gastos laborales y el margen de utilidad de las empresas no supera el 4 o 5 %, lo que desmiente, según afirmó, versiones que señalan supuestas grandes ganancias en la industria de la seguridad privada.Frente a la posibilidad de pérdida de empleos, Quesada aseguró que no se puede afirmar de manera ligera que el alza salarial derivará en despidos masivos de vigilantes. Indicó que el sector continúa en diálogo con el Gobierno Nacional para analizar los impactos del aumento y buscar soluciones conjuntas.Si bien reconoció que existen implicaciones en los costos del servicio y en las administraciones contratantes, enfatizó que Colombia sigue siendo un país con alta demanda de vigilancia presencial, por lo que los trabajadores deben contar con mejores salarios y mayores oportunidades de vida, sin que ello implique una afectación generalizada al empleo en el sector.