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La tutela contra el decreto que fijó el salario mínimo fue presentada por el comerciante Alexander Donato Rondón, a través de su apoderado, el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares.
Allí se argumenta que el Gobierno fijó el incremento de manera unilateral tras el fracaso de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, pero sin aplicar los cinco criterios obligatorios establecidos en la Ley 278 de 1996, entre ellos la inflación, la productividad y el crecimiento del PIB.
La tutela además advierte que el incremento tendría efectos inmediatos e irreversibles sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan el 99,7 % del tejido empresarial del país.
Entre los riesgos señalados están el cierre de negocios, la reducción de jornadas laborales, despidos y un aumento de la informalidad, que actualmente supera el 55 % de la población ocupada.
El documento también cita estudios del Banco de la República que indican que, por cada aumento del 1 % en el salario mínimo, el empleo en pequeñas empresas puede caer hasta un 1,4 % en el corto plazo, y que los mayores impactos se concentran en los primeros cuatro meses tras la entrada en vigencia del ajuste salarial
Como medida provisional se pidió que se suspendan temporalmente los efectos del decreto mientras se decide de fondo la tutela.
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