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La Superintendencia de Industria y Comercio está defendiendo ante la justicia la polémica inspección a la Registraduría en marzo del 2024 en medio de la pelea del presidente con Thomas Greg & Sons. La entidad asegura que tiene todas las facultades para hacer esa clase inspecciones cuando quiera, pero la ONG demandante advierte que aquí se está haciendo un uso abusivo de la ley en pleno año electoral.
La ONG Dilo Colombia tumbar con demanda la posibilidad de que la Superintendencia de Industria y Comercio haga nuevas visitas a la Registraduría, porque considera que es un uso abuso abusivo de la ley. El objetivo es tumbar la regulación de las visitas de la entidad o por lo menos limitarlas.
Obviamente la Superindustria no está de acuerdo.
“Pretender que la legalidad de una visita administrativa dependa de que la norma incluya una relación explícita de cada tipo de sujeto al que puede practicarse (empresas privadas, sociedades de economía mixta, entidades descentralizadas, órganos constitucionales autónomos, entidades de la rama legislativa, judicial o electoral) conduciría a un absurdo. Bajo ese criterio, incluso las visitas a empresas privadas serían ilegales, puesto que las normas demandadas tampoco consagran, de manera específica y nominal, a las sociedades mercantiles como posibles destinatarias”, señaló la Superindustria en una comunicación al Consejo de Estado.
Más adelante en ese documento la entidad dice que las visitas “sí pueden dirigirse a entidades públicas, sean o no parte de la Rama Ejecutiva, siempre que estén desarrollando procesos de contratación pública bajo mecanismos de selección competitiva. Al hacerlo, dichas entidades actúan como oferentes de oportunidades de mercado; y, por lo tanto, están sometidas a la regulación y vigilancia del régimen de libre competencia”.
En otras palabras la Superindustria cree que puede hacer nuevas visitas incluso a órganos electorales, si considera que los procesos de contratación de estas entidades están violando la libre competencia.
“A nosotros nos preocupa que especialmente en un año electoral que el gobierno y la Superintendencia actúen como una policía política en los órganos constitucionales autónomos, especialmente en los electorales pero también en la rama judicial y la rama legislativa”, dijo Nicolas Dupont, representante de Dilo Colombia.
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DuPont sustenta su posición en los reportes de visitas sorpresivas y retención de celulares personales y computadores durante las inspecciones realizadas por la actual administración de la entidad.
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