Blu Radio conoció el documento de observaciones que realizaron cuatro organizaciones defensoras de víctimas frente a las audiencias de reconocimiento que se llevaron a cabo en Ocaña, donde 10 militares y un civil reconocieron su responsabilidad en más de 120 casos de falsos positivos ocurridos en el departamento de Norte de Santander entre los años 2006 y 2008.
Las víctimas plantean serios reparos a lo dicho públicamente por varios de los comparecientes, pues aseguran que en algunos casos hubo discursos de justificación que no aportaron plenamente a la verdad, contradictorios e incluso que algunos de ellos no aceptaron responsabilidad plena.
Empezando el texto, de 89 páginas, las organizaciones solicitan a la JEP incluir en conductas graves las que incurrieron los militares, como el secuestro del cual fueron víctima los jóvenes asesinados.
"Consideramos que la sala debió incluir, en sus consideraciones sobre las conductas graves y representativas, el secuestro al que fueron sometidas las víctimas antes de la ejecución y calificarlas jurídicamente. Finalmente, en cuanto al encubrimiento o legalización operacional de los asesinatos, señalamos que la identificación de las conductas cometidas en esta fase se hizo de forma restrictiva sin considerar otro tipo de delitos", dice.
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En el mismo sentido, aseguran que la JEP debe investigar más a fondo las relaciones que tenían lugar al interior de las Brigadas que cometieron estos delitos, también la responsabilidad de otros niveles de mando y qué pueden conocer sobre estos hechos. Además, muestran su preocupación por la decisión de la JEP de trasladar el caso de 120 militares a la sala de definición de esta jurisdicción, al considerar que no son máximos responsables, algo que las víctimas consideran aún debe investigarse.
El militar de más alto rango en aceptar responsabilidad fue el general (r) Paulino Coronado, lo hizo por omisión y aunque las víctimas aseguran que se pronunciaran sobre este, tras otro acto de reconocimiento que deberá hacer públicamente por estos hechos, se muestran inconformes con su reconocimiento, asegurando que hay pruebas de que el general actuó más allá de una simple omisión.
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"Las víctimas y sus representantes consideramos que la sala contaba con suficientes elementos de conocimiento para determinar que aquél profería órdenes directas para la realización y continuación de la práctica criminal. Y que, pese a constatar la existencia de denuncias que versaban sobre los hechos victimizantes, optó por aumentar deliberadamente la presión por resultados", se lee en el texto.
Hablando de cada caso en específico empiezan refiriéndose al excomandante del BISAN, coronel Álvaro Tamayo Hoyos, de quien aseguran tuvo discursos de justificación, "demuestra su falta de compromiso con la JEP, pues, aunque realiza un reconocimiento poco sincero de su responsabilidad, se demuestra que aprobó y dio órdenes para que estos hechos pudiesen llevarse a cabo", y en el mismo sentido señalan al sargento segundo del Ejército Rafael Urbano de utilizar un discurso que justifica su accionar.
Frente al sargento (r) Sandro Pérez exponen que "si bien es cierto que aceptó responsabilidad individual, incurrió en la entrega de un relato muy generalizado, dirigido más en cumplir con los tiempos previamente establecidos para su participación que en ofrecer no sólo a las víctimas, sino también a la comunidad y público en general, los detalles siquiera de mayor relevancia y que facilitaron la concreción de los crímenes".
El teniente coronel Rubén Castro fue comandante de la Brigada Móvil 15 y la JEP encontró que era responsable de casos de falsos positivos, pues dada su posición de mando realizó aportes esenciales para que se implementara un plan con el fin de asesinar civiles y aunque hizo su reconocimiento público, las víctimas han considerado que, "su responsabilidad en la comisión de ejecuciones extrajudiciales no fue por una actitud omisiva, como él lo ha justificado por no ejercer control o investigar lo que estaba pasando; su responsabilidad fue directa ya que, según se indica, él sí tenía conocimiento de lo que estaba pasando y contribuyó también de forma directa a crear documentos que permitieran dar visos de legalidad a las falsas operaciones militares".
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El único civil que aceptó su responsabilidad en dichas audiencias fue Alexander Carretero, quien reclutaba jóvenes con falsas promesas de trabajo para entregarlos al Ejército, sin embargo, para las víctimas, Carretero no asumió responsabilidad plena poniendo en duda incluso lo ya probado por la justicia ordinaria.
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Sobre las audiencias de reconocimiento
Los reparos en dichas observaciones también fueron para el proceso de preparación de las audiencias públicas que se realizaron en Ocaña, cuestionaron que durante el proceso preparatorio no hubo una metodología clara y que la participación de las víctimas fue limitada.
"Evidenciamos que el manejo del proceso restaurativo estuvo encaminado a invisibilizar, neutralizar y limitar la participación de la representación de víctimas, lo que consideramos vulneró derechos mínimos de un debido proceso", puntualiza.
Entre las solicitudes que le hacen a la JEP, al final del documento explican que se debe realizar nuevamente un acto de reconocimiento de verdad y responsabilidad con aquellos comparecientes que no hicieron aportes completos, esto con el fin de lograr una verdadera reparación para las víctimas, si incluso después de esto no se cumple con los estándares de verdad, las víctimas consideran que estas personas deben enfrentar un juicio.
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"De no efectuar un reconocimiento exhaustivo, detallado y completo en una nueva oportunidad, solicitamos ordenar y remitir sus casos a la Unidad de Investigación y Acusación", finalizan.
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