Once víctimas de los falsos positivos y tres organizaciones sociales denunciaron al expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos positivos ante la justicia argentina, por medio de una querella argumentan que bajo el amparo del principio de Jurisdicción Universal, Uribe debe ser investigado por estos hechos.
“Una investigación por parte del juzgado contra Álvaro Uribe abriría la puerta a que sea la primera vez que un presidente colombiano sea indagado por su presunta responsabilidad en crímenes internacionales. Esto lo pone al nivel de otros exmandatarios de Latinoamérica y el mundo, donde se han propiciado, con la activación del principio de Jurisdicción Universal, mecanismos más adecuados para la rendición de cuentas; como es el caso de Augusto Pinochet, Efraín Ríos Montt y Hissène Habré”, señala un comunicado del Colectivo de Abogados José Alvear, una de las organizaciones que representa víctimas.
Las víctimas aseguran que con esta querella esperan justicia por los 6.402 casos de falsos positivos sobre los que tiene registro la JEP.
“La denuncia se ha presentado en el marco del principio de jurisdicción universal que faculta a los Estados a investigar, juzgar y sancionar a los autores de crímenes internacionales (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura y desapariciones forzadas) dondequiera que se hayan cometido e independientemente de la nacionalidad de los sospechosos o las víctimas”, señala el comunicado.
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Las víctimas señalan además que han acudido a la justicia argentina teniendo en cuenta que esta nación es una de las que incorpora la jurisdicción universal además que en ese país hay experiencia en casos relacionados con crímenes de Estado.
“A pesar de que existen serios indicios de la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en estos hechos, la justicia colombiana (en este caso la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, competente para investigar a los mandatarios o exmandatarios) no ha adelantado una investigación seria, imparcial y efectiva que permita garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, señala el documento.
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