Víctimas piden a JEP imputar a exsecretariado de las Farc por esclavitud sexual a niños

Recientemente, la JEP imputó a seis exintegrantes del último secretariado de las Farc, en el marco del caso 07, por 18.677 casos de reclutamiento de menores de edad, algunos de ellos además aseguraron que habían vivido algún tipo de violencia basada en género mientras hicieron parte de la antigua guerrilla. Esa jurisdicción le concedió a las víctimas un término para que entregaran sus observaciones frente a dicha imputación.La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol, radicó un documento ante la JEP con sus observaciones del caso, allí aseguran que es impreciso decir que la edades promedio de reclutamiento eran los 15, 16 y 17 años, pues la evidencia muestra que el promedio era de 11 a 13 años de edad. Además, cuestionan que las Farc no sean catalogadas como terroristas.“¿Por qué en el auto de imputación no se alude a que es una organización terrorista sino tan solo que es una organización rebelde, cuando las Farc fue catalogada como terrorista a nivel internacional, en Colombia, en Estados Unidos, en la Unión Europea y las sentencias nacionales por terrorismo contra las Farc están vigentes?Las Farc como organización terrorista adquirió esas prácticas bárbaras e inhumanas de reclutamiento forzado de menores en desarrollo de sus propósitos, su estructura y su funcionamiento, y en desarrollo de lo anterior se cometió el reclutamiento forzado y se derivaron del mismo los patrones criminales investigados, ya que evidencian un salvajismo que no va acorde a los ideales rebeldes sino a la esencia del terror, la inhumanidad y el salvajismo, por lo cual las FARC-EP como estructura no solo intentó ser rebelde, sino que fue un grupo esencialmente terrorista”, señalan desde Fevcol.Los representantes de víctimas también hablan de un patrón de reclutamiento que es el de violencia y coerción, piden que se tenga en cuenta el “adoctrinamiento ideológico y la utilización política” de quienes eran reclutados y la esclavitud sexual de menores, así como los trabajos forzados a los que fueron sometidos los niños.“En el auto el patrón de violencia sexual debe ser redefinido como esclavitud sexual, para estar acorde a la jurisprudencia internacional de la CPI, de conformidad con LAS evidencias del macrocaso 7. En el auto no está determinado el patrón de esclavitud de menores, trabajos forzados y el uso de menores en roles multifacéticos, así como su utilización de menores para el tráfico de armas y drogas ilícitas.En el auto solo hacen referencia a los malos tratos por razones de régimen disciplinario y a torturas intrafilas, más no se condena expresamente el patrón de esclavitud por trabajos forzados o su utilización en roles multifacéticos como espías, mensajeros, portadores de suministros y escudos humanos y esclavitud de menores, generando falta de visibilización de una conducta extremadamente grave, lo que en la práctica justifica su comisión y se violan las garantías de no repetición, lo que puede ser una de las causas de que el país tenga un incremento tan masivo de reclutamiento forzado de menores por los antiguos miembros disidentes y reincidentes de las Farc.Cuando no se condena expresamente como patrón macrocriminal, se impide su rechazo concreto y expreso y facilita en la práctica que se siga promoviendo su utilización como está ocurriendo en el resto del país de nuevo y con alta intensidad, ya que la falta de reproche jurídico, social y mediático significa una invisibilización de la conducta que termina por estimularla y justificarla”, se lee en el documento.Por otro lado, aseguran que la JEP no imputó de manera correcta a los exmiembros del antiguo secretariado, pues se les adjudicó una omisión del control del reclutamiento de menores y de violencia sexual de niños.“Es indispensable determinar en el auto de imputación con toda claridad, conforme a lo que se ha evidenciado, que los 6 exmiembros del secretariado de las Farc son responsables como autores directos, como autores mediatos, como coautores materiales, por Inducción o instigación, por Orden superior, por omisión, por Participación en una empresa criminal conjunta, por conspiración, del crimen de guerra y de lesa humanidad de reclutamiento forzado y otros actos inhumanos asociados tales como: a) El reclutamiento mediante violencia y coerción; b) El adoctrinamiento ideológico y utilización política; c) El patrón de violencia sexual debe ser redefinido como esclavitud sexual; d) La esclavitud de menores, trabajos forzados y el uso de menores en roles multifacéticos, así como su utilización de menores para el tráfico de armas y drogas ilícitas; e) La captación en escuelas y comunidades o mediante recompensas o promesas falsas; f) La violencia ejemplarizante; g) La desaparición forzada de menores reclutados y g) El terrorismo, control territorial, desplazamiento forzado y despojo ilícito de tierras”, piden los representantes de víctimas.Por último las víctimas aseguran que la imputación y la responsabilidad se debe ampliar, pues más allá del antiguo secretariado piden que también se determine que algunos exmiembros del Estado Mayor Central también fueron responsables por estos casos. Finalmente, cuestionaron las versiones entregadas por algunos exjefes de la guerrilla ante la JEP sobre el reclutamiento, pues dicen que a ninguno se le ha abierto un incidente de incumplimiento por no aportar verdad, a pesar de que las víctimas consideran que no todos han contado todo lo que saben sobre el tema.“El umbral mínimo aplicado a la fuerza púbica por la JEP consiste en que para adquirir beneficios deben aportar más allá de la verdad procesal existente en la justicia ordinaria, pero las Farc no aportan, sino que, por el contrario, niegan, controvierten, se oponen, atacan, estigmatizan y diluyen responsabilidades sin esclarecer nada, consecuencia de que sean los propios victimarios quienes hayan diseñado su justicia, su jurisdicción, sus conductas, sus penas, sus formas de responsabilizarse o más bien de garantizar una impunidad, ya que no han pagado un solo día de cárcel”, aseguran las víctimas.