El presidente Abelardo De La Espriella anunció el traslado de cerca de 76 personas privadas de la libertad que, según información de las autoridades, estarían vinculadas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Los detenidos se encuentran en cárceles de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico.El mandatario aseguró que impartió la orden al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para que estas personas sean trasladadas a pabellones de máxima seguridad ubicados en establecimientos penitenciarios de otras regiones del país.“Le he ordenado al director del INPEC trasladarlas a pabellones de máxima seguridad en cárceles de otras regiones del país. No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos”, anunció el mandatario.Es importante recordar que desde el lunes, cuando se realizó la operación contra ‘Cholo’, el presidente Abelardo De La Espriella ha asistido a dos consejos de seguridad en Santa Marta.El presidente afirmó que la decisión busca impedir que personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales continúen coordinando actividades delictivas desde los centros de reclusión. Según su declaración, el objetivo es evitar que desde las cárceles se impartan órdenes relacionadas con “revueltas, extorsiones y asesinatos” en estos departamentos.En las últimas horas, además, el mandatario ordenó reforzar la seguridad en la zona y aseguró que la libre movilidad debe ser garantizada en Santa Marta y La Guajira.
La población del norte de la Sierra Nevada de Santa Marta afronta un temor generalizado por las represalias anunciadas por el grupo ilegal los Pachenca, autodenominados Conquistadores de la Sierra, tras las recientes operaciones de la fuerza pública en la región.La defensora del Pueblo, Iris Marín, detalló cómo la estructura criminal ha consolidado su poder territorial en los departamentos del Magdalena, La Guajira y el Cesar.Marín señaló en Mañanas Blu que el grupo ilegal ejerce un "control hegemónico" en municipios como Santa Marta, Ciénaga y Dibulla, e interviene directamente en la vida de la población mediante "violencia selectiva, órdenes de comportamiento" y castigos difundidos en plataformas digitales.El dominio social de la organización armada limita la libertad de movilidad y de conducta de la ciudadanía, afectando en especial a los pueblos indígenas de la zona y vulnerando los derechos de mujeres y niñas.En cuanto a las fuentes de recursos que financian sus actividades, la defensora explicó que la estructura ilegal obtiene ingresos de la extorsión y del tráfico de sustancias ilícitas."Ellos están asociados mucho al tema del tráfico, del narcotráfico. Todas estas zonas son zonas que son cruciales para el tránsito del tema de drogas, pero también fuertemente viven de la extorsión", explicó Marín.A través del cobro de cuotas ilegales al sector comercial, la organización impone "una doble función, obviamente ilegítima", consistente en ofrecer seguridad al turismo y al comercio "para poder extorsionar y sacar recursos" de esas mismas actividades económicas.Las disputas territoriales en la región varían según la ubicación geográfica. Mientras hacia el norte, en La Guajira, la estructura mantiene enfrentamientos con el 'Clan del Golfo' en municipios como Riohacha, San Juan del Cesar y Albania, este último grupo armado avanza en una etapa de expansión hacia el sur del Magdalena y el Cesar.La entidad advirtió que la presencia militar no es suficiente y solicitó una respuesta institucional integral para evitar el reclutamiento de jóvenes, a quienes el entorno les ofrece a las estructuras armadas como la única alternativa de vida."En esta zona, como muchas del país, en los jóvenes la mejor opción que tienen son los grupos armados", concluyó la defensora.
El paro armado que afectó a Santa Marta y otros municipios del Magdalena tuvo un impacto directo sobre la actividad económica de la región. De acuerdo con un balance preliminar de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, las restricciones y la baja operación comercial dejaron pérdidas superiores a 42.000 millones de pesos entre Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera.Carlos Jaramillo, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta, explicó que la entidad viene realizando un monitoreo de la actividad empresarial a través de su Unidad Analítica Económica. Según el balance entregado, en Santa Marta se concentran más de 22.000 empresas y establecimientos relacionados con sectores como comercio, alojamiento y transporte, actividades que registraron una reducción significativa durante la jornada.“Estamos hablando de más de 42.000 millones de pesos en pérdidas”, señaló Jaramillo al referirse al impacto conjunto en Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera.El dirigente gremial indicó que la afectación no se limita a las empresas formalmente constituidas, sino que tiene consecuencias sobre miles de trabajadores y familias que dependen de la actividad económica diaria. En particular, destacó el peso del comercio, el transporte y el turismo dentro de la estructura productiva de Santa Marta.Comercio de Santa Marta reclama mayores garantías de seguridadAnte la situación, los gremios productivos de la ciudad hicieron un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública y garantizar condiciones de seguridad que permitan reactivar las actividades económicas.Jaramillo sostuvo que el sector empresarial respalda las acciones anunciadas por las autoridades, pero considera necesario aumentar la presencia institucional tanto en la zona urbana como en el territorio rural.“Necesitamos fuerza pública, necesitamos por supuesto mayor inteligencia, mayores capacidades, porque necesitamos darle garantías al sector comercio, al tejido empresarial”, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta.Según explicó, desde la administración distrital se anunció la llegada de refuerzos provenientes de los departamentos del Atlántico y La Guajira, además del fortalecimiento de las capacidades locales. El objetivo es mantener presencia en diferentes sectores de Santa Marta y facilitar la movilidad de trabajadores, comerciantes, transportadores y visitantes.La Cámara de Comercio también señaló la importancia de que las medidas adoptadas por las autoridades estén acompañadas de garantías para sectores como transporte, hotelería, restaurantes y establecimientos comerciales.Más de 100.000 personas dependen de sectores afectadosUno de los principales efectos de la interrupción de las actividades comerciales está relacionado con el empleo. Jaramillo explicó que la situación tiene impacto sobre una amplia población vinculada a los sectores económicos que resultaron afectados.De acuerdo con las cifras entregadas durante la entrevista, más de 48.000 personas están ocupadas en el sector comercio en Santa Marta, mientras que otras 26.000 trabajan en transporte y alrededor de 25.000 están vinculadas a la hotelería y a actividades relacionadas con restaurantes y gastrobares.La dimensión del problema aumenta, según el dirigente gremial, debido al peso de la informalidad en la economía local. Jaramillo señaló que cerca del 60 % de la economía de la ciudad corresponde a actividades informales, por lo que una jornada con baja actividad comercial puede tener consecuencias inmediatas sobre los ingresos de las familias.“Estamos hablando de que personas necesitan del día a día para poder llevarlo a su casa”, explicó. La Cámara de Comercio indicó que continuará realizando seguimiento a la situación y suministrando información a las autoridades para contribuir a la toma de decisiones relacionadas con seguridad y recuperación económica.Turismo, hotelería y reservas: preocupación por la temporada de recesoLa situación de seguridad también genera preocupación en el sector turístico, especialmente ante la proximidad de la semana de receso escolar, una de las temporadas esperadas por los empresarios de Santa Marta para aumentar la llegada de visitantes.Jaramillo recordó que el turismo tiene un peso significativo dentro de la economía de la ciudad. Según la cifra mencionada durante la entrevista, el 51 % del producto interno bruto de Santa Marta responde al turismo, lo que convierte a la seguridad en un factor determinante para hoteles, restaurantes, transportadores, comerciantes y demás actividades vinculadas a la cadena turística.El presidente de la Cámara de Comercio explicó que los gremios ya adelantan un monitoreo sobre el comportamiento de las reservas y la llegada de pasajeros, con el propósito de identificar posibles afectaciones.“Necesitamos que también el concierto de los medios de comunicación, del Gobierno Nacional, por supuesto, nos apoyen para luego de hacer la retoma de la seguridad y el control, pues dar un parte de tranquilidad para que nacionales y extranjeros puedan venir a Santa Marta sin ningún problema”, manifestó.
Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’; Orlando Pérez Ortega, alias ‘Patiliso’; Jhon Rafael Salazar Salcedo, alias ‘Flash’, y Harrys Deybis Charris Fernández, alias ‘Jacob’ o Comando 45, quedaron en la mira de las autoridades tras los hechos violentos registrados en Santa Marta y el corredor hacia La Guajira.El presidente Abelardo De la Espriella los señaló al término del consejo extraordinario de seguridad realizado en Santa Marta, donde también confirmó la captura de nueve personas que estarían involucradas en la quema de vehículos y el hostigamiento contra cuatro establecimientos comerciales.El mandatario atribuyó las acciones a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y anunció que las autoridades avanzarían contra sus responsables.El principal nombre señalado es Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’. Las autoridades lo ubican como uno de los máximos cabecillas y principal financiador de las ACSN. Antes hizo parte del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC. Fue extraditado a Estados Unidos en 2008 por narcotráfico, deportado a Colombia en 2011 y detenido en España en 2022, antes de ser extraditado nuevamente a Colombia.Orlando Pérez Ortega, alias ‘Patiliso', aparece como un mando de alto nivel y jefe del Bloque Cóndor. En 2024 fue reconocido como miembro representante de las ACSN para participar en el espacio de conversación sociojurídico con el Gobierno. La resolución también contempló la suspensión de órdenes de captura durante la vigencia de ese reconocimiento.Jhon Rafael Salazar Salcedo, alias ‘Flash’ o ‘Comando 200’, es ubicado por cuerpos de inteligencia dentro del componente militar de las ACSN. En 2019 fue capturado y entonces era señalado como segundo al mando de Los Pachenca. Su ubicación dentro de la estructura ha variado entre distintos organigramas publicados por las autoridades.El cuarto señalado es Harrys Deybis Charris Fernández, alias ‘Jacob’ o ‘Comando 45’. Los reportes lo ubican como responsable del Frente Cristóbal Duarte, con presencia atribuida en municipios del Magdalena.Las ACSN tienen presencia principalmente en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena, La Guajira y el norte del Cesar. Las autoridades las relacionan con narcotráfico, extorsión y control territorial.
La situación de seguridad en Santa Marta llevó al Gobierno a reforzar el despliegue de la fuerza pública después de una jornada marcada por la quema de vehículos, disparos contra establecimientos comerciales e intimidaciones a comerciantes.Al término del consejo extraordinario de seguridad realizado en la capital del Magdalena, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura de nueve personas que, según las autoridades, estarían relacionadas con estos hechos.Durante el consejo, De La Espriella también señaló como objetivos de las autoridades a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho; Orlando Pérez Ortega, alias Patilizo o Patiliso; Jhon Rafael Salazar Salcedo, alias Flash o Comando 200, y Harrys Deybis Charris Fernández, alias Jacob, Comando 45 o Chirimoya. El mandatario advirtió que las autoridades avanzarán contra quienes estén detrás de las acciones atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).La declaración se produjo después de los hechos registrados el 22 de septiembre en Santa Marta y el corredor hacia La Guajira.La Policía reportó intimidaciones a comerciantes, cierres de establecimientos y la incineración de vehículos. Entre los casos investigados está la quema de una tractomula en la Troncal del Caribe y de un taxi. También fueron reportados disparos contra las fachadas de establecimientos comerciales.De La Espriella anunció el aumento del pie de fuerza con más de 600 policías, medida que también se extenderá a Ciénaga. En el consejo de seguridad participaron la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.
Ante las alteraciones del orden público y el temor generado por el paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidas como los Pachenca, la Gobernación de La Guajira desplegó un plan de contingencia vial para blindar el corredor que conecta a Santa Marta, Palomino y Riohacha. El secretario de gobierno departamental, Misael Arturo Velásquez, confirmó en Recap Blu que la prioridad de las autoridades es restablecer la seguridad, acompañar a los visitantes y contrarrestar las acciones de las estructuras criminales en la Troncal del Caribe.Afectaciones al turismo y respuesta institucionalEl clima de zozobra en la zona limítrofe entre Magdalena y La Guajira provocó que varias agencias de viajes reportaran cancelaciones de itinerarios hacia Palomino, un destino estratégico para la economía regional. El hecho de mayor gravedad registrado en este corredor vial se presentó a la altura de los kilómetros 57 y 58, en el sector conocido como Casa de Aluminio, donde se produjo la quema de vehículos.Frente a este panorama, Velásquez enfatizó que las acciones operativas apuntan a desarticular la influencia de los grupos ilegales y reactivar la economía local."Las agencias de viaje han reportado que han cancelado los visitas o los viajes que se tenían, pero por eso estamos trabajando para garantizar, insisto, en que aquí debe haber la tranquilidad, que esto se está haciendo en la actuación y la presencia del Estado para recuperar la legalidad y acabar, de alguna manera, el tipo de gobernanza ilegal que se estaban presentando en esos sectores y el objetivo es que se pueda reactivar esa línea tan importante de desarrollo como es el turismo en el departamento de La Guajira", indicó el funcionario público. Caravanas viales y presencia militar en PalominoPara brindar garantías de transporte, tanto a los turistas que se encuentran en la zona como a quienes planean ingresar desde Santa Marta o Riohacha, las autoridades dispusieron caravanas asistidas y puntos de control. La Troncal del Caribe constituye una arteria vital e insustituible para el desarrollo comercial y el flujo de visitantes en el norte del país.Sobre los dispositivos de seguridad en carretera, el funcionario precisó:"Hoy hay caravanas de acompañamiento de la Policía Nacional y también presencia de los puestos de control del Ejército. Se estableció particularmente la caravana de acompañamiento de la Policía para garantizar la locomoción en las carreteras y todos los turistas puedan salir, porque muchos están aquí, y a los que puedan llegar decirles que hay el compromiso, porque la orden es que el Estado tiene que hacer presencia", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la situación de seguridad en Santa Marta y La Guajira, teniendo en cuenta que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada anunciaron un paro armado.“Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en Santa Marta. Ya capturamos a tres presuntos integrantes de esta estructura en Santa Marta y a dos en Riohacha. Y vamos por todos los demás”, señaló el mandatario.Es importante recordar que estas acciones violentas se dieron tras la muerte de alias ‘Cholo’, un miembro de ese grupo que fue abatido recientemente. El presidente De La Espriella anunció además que volverá a Santa Marta.Le puede interesar: Así fue el operativo contra las ACSN en el que cayó alias ‘Cholo’: ‘Pinocho’ habría escapado herido“La instrucción a nuestra Fuerza Pública es contundente: blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley. Y voy para Santa Marta. Estaré personalmente en el territorio para liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra Fuerza Pública y respaldar a los ciudadanos”, anunció De La Espriella.
José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, era considerado por las autoridades como uno de los hombres con mayor responsabilidad dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura también conocida como ‘Los Pachenca’.De acuerdo con el perfil criminal elaborado por organismos de inteligencia, Pérez Villanueva tenía 43 años, había cursado estudios hasta primaria y llevaba aproximadamente ocho años dentro de la organización. En la estructura ocupaba los cargos de segundo cabecilla y cabecilla militar, desde los cuales habría tenido responsabilidades relacionadas con las operaciones armadas y el funcionamiento criminal de la organización. Entre las funciones que le atribuían las autoridades estaban la coordinación para el transporte de droga, el reclutamiento, el proselitismo y la dinamización de confrontaciones armadas. El perfil también señala que tenía responsabilidad sobre actividades encaminadas a mantener el control territorial, los corredores de movilidad y las rutas utilizadas para el narcotráfico.Su zona de influencia se concentraba principalmente en el departamento del Magdalena, especialmente en el área rural de Santa Marta. Desde allí, según el documento, la estructura buscaba conservar el dominio sobre territorios estratégicos y corredores empleados para sus actividades ilegales.El expediente de inteligencia registra además 18 números únicos de noticia criminal relacionados con investigaciones por diferentes conductas delictivas. Entre los delitos mencionados aparecen narcotráfico, contrabando, extorsión y secuestro. Asimismo, el perfil lo señala en una investigación relacionada con la muerte del capitán de la Policía Luis Felipe Ramírez Perdomo.La trayectoria de alias ‘Cholo’ tuvo además un episodio particular en 2024, según el perfil, fue suspendida su orden de captura y fue nombrado delegado en los diálogos sociojurídicos con el Gobierno Nacional y las ACSN. Posteriormente, en 2025, fue designado oficialmente como negociador dentro del marco de la política de Paz Total.Este historial convirtió a alias ‘Cholo’ en uno de los objetivos de las autoridades. Su trayectoria terminó durante un operativo contra las ACSN desarrollado en el área de influencia de la organización.En medio de la acción armada, Pérez Villanueva murió junto con otros integrantes de la estructura. El procedimiento también dejó personas capturadas y permitió la incautación de material de guerra, de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades.
El operativo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, con apoyo de los Comandos Jungla, la Fiscalía y la Fuerza Aérea, terminó con la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, segundo cabecilla y uno de los principales responsables de las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).De acuerdo con información de inteligencia, los integrantes de la organización se reunían en la zona de Quebrada del Sol, en el corregimiento de Guachaca, área rural de Santa Marta, para tratar asuntos relacionados con las finanzas criminales. La ubicación exacta habría sido establecida después de tres meses de labores de inteligencia. La operación comenzó hacia las 2:45 de la tarde del 21 de septiembre y los enfrentamientos se extendieron hasta aproximadamente las 5:30 p. m. En la acción participaron tres helicópteros UH-60 Black Hawk de la Policía y dos aviones Super Tucano de la Fuerza Aérea, mientras los Comandos Jungla ingresaron al área para realizar el procedimiento.Entre los neutralizados también estaría alias ‘Patilizo’, señalado como tercer cabecilla de las ACSN y jefe del Bloque Cóndor de la Sierra. Además, fue reportada la muerte de alias ‘Comando 57’ o ‘Pollo’, quien sería jefe de seguridad de ‘Cholo’ y habría ocupado diferentes cargos de mando dentro de la organización.Uno de los datos que ahora es materia de verificación es la situación de Fredy Castillo, alias ‘Pinocho’, señalado como máximo cabecilla de las ACSN. De acuerdo con información de inteligencia, ‘Pinocho’ estaba en la zona y habría resultado herido durante los enfrentamientos y su hijo murió en el mismo operativo.Las autoridades también investigan la quema de buses sobre la Troncal del Caribe, registrada después del operativo. Según la información conocida, estos vehículos habrían sido incinerados con el propósito de bloquear las vías y facilitar la extracción de ‘Pinocho’ de la zona.El balance oficial reportado hasta ahora señala siete integrantes de las ACSN neutralizados y tres capturados. Entre los detenidos están Johan Manuel Medina Larios, Carlos Enrique Carrascal Rodríguez y Jesús Manuel Borja Jiménez, quienes, según el reporte, portaban armas largas y vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.En el lugar fueron incautadas 16 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett calibre con capacidad de derribar helicópteros, diez fusiles, tres lanzagranadas y dos pistolas. También fueron encontrados 4.341 cartuchos de diferentes calibres y 14 granadas, además de proveedores para fusiles Barrett y armas calibre 5.56.Alias ‘Cholo’ llevaba más de 15 años de trayectoria criminal, según el prontuario entregado por las autoridades. Habría iniciado como jefe de sicarios del Clan del Golfo, posteriormente pasó a las estructuras conocidas como ‘Los Pachenca’ y llegó a convertirse en segundo cabecilla y financiero de las ACSN, además de ser señalado de articular rutas de narcotráfico hacia Centroamérica.La Policía y la Fiscalía avanzan ahora en la identificación plena de los cuerpos y en la verificación de la situación de los demás integrantes de la estructura que participaron en los enfrentamientos.
La gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, aseguró que no existe un paro armado en el departamento, luego de los bloqueos y la quema de dos buses registrados en la Troncal del Caribe tras una operación de la Policía de Antinarcóticos contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en la que murió alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como jefe militar de esa estructura.En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria explicó que durante la noche se adelantó un consejo de gobierno con presencia del presidente de la República y la cúpula militar para evaluar la situación de orden público y coordinar el restablecimiento de las vías.“En estos momentos no hay paro armado”, afirmó Guerra, quien agregó que las instrucciones impartidas por el Gobierno nacional fueron restablecer el tránsito y evitar que los grupos ilegales impusieran restricciones a la movilidad de la población.La gobernadora indicó que el último vehículo que permanecía sobre la vía fue retirado hacia las 5:00 de la mañana, con apoyo de maquinaria de la Gobernación, grúas y otros recursos destinados al despeje de la carretera.Bloqueos y quema de buses en la Troncal del CaribeLos hechos se concentraron en sectores del corredor que comunica Santa Marta con zonas del norte del departamento y que se extiende hacia los límites con La Guajira. De acuerdo con la gobernadora, los bloqueos se produjeron después del operativo contra integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Guerra señaló que dos buses fueron quemados durante los disturbios. Según su relato, no hubo personas heridas como consecuencia de la quema de los vehículos y posteriormente se desplegaron acciones para retirar los automotores y demás obstáculos que impedían la circulación. “A las 5 de la mañana estábamos moviendo ya el último vehículo que estaba sobre el lado de Buritaca para desbloquear 100% la vía”, sostuvo la mandataria.La Troncal del Caribe es un corredor estratégico para la movilidad entre Santa Marta, las poblaciones del norte del Magdalena y La Guajira, además de ser fundamental para actividades económicas y turísticas de la región.Operativo contra alias ‘Cholo’ deja cuerpos pendientes por identificarUno de los puntos que permanecían bajo verificación al momento de la entrevista era el número total de personas muertas durante la operación policial. La gobernadora confirmó que siete personas fallecidas habían sido trasladadas, entre ellas alias ‘Cholo’, pero explicó que existían otros cuerpos cuya identidad y número definitivo de bajas todavía debían ser establecidos por las autoridades competentes.“Podría ser”, respondió Guerra al ser consultada sobre la posibilidad de que hubiera otras seis personas muertas en el lugar del operativo. La mandataria insistió en que esa información todavía estaba en proceso de verificación.“Esa información está por confirmar”, precisó, al señalar que Medicina Legal y la Policía debían avanzar en la identificación y confirmación oficial de los cuerpos. La precisión resulta relevante en medio de las versiones que circularon después del operativo, pues la Gobernación evitó dar por confirmado un número de víctimas superior al que había sido establecido oficialmente hasta ese momento.Clases y actividades en Santa Marta: medidas preventivasLa situación de seguridad también generó preguntas sobre el funcionamiento de colegios y universidades en las zonas de influencia. Guerra explicó que se plantearon medidas preventivas, especialmente para sectores rurales de Santa Marta, Zona Bananera y Ciénaga.Según la gobernadora, la posibilidad de desarrollar jornadas alternas de clases correspondía a decisiones de las autoridades distritales y municipales. La medida, explicó, respondía a la necesidad de prevenir eventuales retaliaciones después del operativo y no a la existencia de un paro armado confirmado: “Es un tema más preventivo que realmente porque esté, haya un paro armado”, afirmó.La Gobernación también indicó que, pese a la tensión generada por los bloqueos y las amenazas que comenzaron a circular, no se había registrado un nuevo reporte negativo al momento de la entrevista.Santa Marta mantiene sus eventos programadosLa gobernadora aseguró además que los eventos previstos en Santa Marta continuarían desarrollándose con normalidad. Entre ellos se encontraba un encuentro de la justicia penal organizado por la Corte Suprema de Justicia.Guerra sostuvo que la instrucción institucional era mantener la actividad del departamento y evitar que los grupos ilegales determinaran las condiciones de movilidad o funcionamiento de las ciudades y municipios.“Todo sigue con total normalidad”, manifestó la mandataria, al reiterar que las autoridades permanecerían coordinadas frente a cualquier eventual intento de retaliación.Extorsión, turismo y narcotráfico: la influencia de las Autodefensas ConquistadorasMás allá de los hechos ocurridos después de la operación, la gobernadora se refirió a la influencia que, según las autoridades locales, mantiene esta estructura armada en sectores rurales del Magdalena y áreas cercanas a La Guajira y Cesar.Guerra afirmó que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tienen incidencia sobre diferentes actividades económicas mediante prácticas de extorsión y señaló afectaciones para comerciantes, operadores turísticos y productores: “Tiene azotado el comercio, al turismo, al pequeño, al grande productor con todo el tema de extorsión”, afirmó la gobernadora.La mandataria agregó que el grupo también estaría relacionado con actividades de narcotráfico y con disputas por territorios y rutas utilizadas para ese negocio ilegal. En su descripción, la presencia de la organización se concentra especialmente en zonas de la Sierra y corredores de movilidad ubicados en áreas rurales de Ciénaga y Zona Bananera.
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.