La operación Poseidón es hasta ahora mayor incautación de armamento registrada en el Caribe colombiano en los últimos 45 años se produjo en la Alta Guajira, donde la Armada Nacional decomisó un arsenal que, según las autoridades, tenía como destino a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.El operativo se realizó en altamar y dejó cinco personas capturadas. En la intervención fueron incautados 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras, para un total de 104 armas de guerra. También fueron encontrados 96 proveedores, 15.542 cartuchos, 6.960 dólares y 23.569 lempiras hondureñas.El operativo contó con la participación de la Armada Nacional, inteligencia de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y la DEA.El presidente Abelardo De La Espriella anunció el resultado en su cuenta de X. Allí calificó el decomiso como un golpe contra la capacidad armada de esa organización y destacó que, según los registros oficiales, hacía 45 años no se producía una incautación de armamento de esa magnitud en el Caribe colombiano.“104 armas de guerra que no llegarán a manos de los criminales”, escribió el mandatario, quien también anunció que su Gobierno buscará cerrar las rutas utilizadas por las estructuras criminales para transportar armas, incautar sus arsenales y perseguir a sus integrantes.Las cinco personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades. Hasta el momento, el reporte presidencial no identifica a los detenidos ni precisa el origen del cargamento, el punto desde el que salió o la ruta marítima que seguía antes de ser interceptado.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Argenis Alberto Hernández Núñez, señalado de pertenecer al grupo delincuencial ‘Los Conquistadores de la Sierra’, por su presunta participación en el secuestro extorsivo de dos hermanos comerciantes en Santa Marta, Magdalena. Las víctimas habrían permanecido varios días en cautiverio mientras se realizaban exigencias económicas para permitirles su liberación y continuar con sus actividades laborales en la ciudad.De acuerdo con la investigación, el 13 de noviembre de 2025 Hernández Núñez habría abordado a los dos comerciantes en el parqueadero de un centro comercial de Santa Marta. Junto con otros hombres, presuntamente se identificó como integrante de la organización ilegal y posteriormente habría trasladado a los hermanos hasta un inmueble ubicado en el barrio 11 de Noviembre.Según la Fiscalía, los dos comerciantes permanecieron retenidos durante varios días. El 15 de noviembre, uno de ellos habría sido dejado en libertad con el propósito de conseguir 140 millones de pesos y trasladar una camioneta de su propiedad. La exigencia económica estaría relacionada con la condición para poner fin al cautiverio de su familiar.Cinco días después, la segunda víctima también fue liberada. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, las exigencias económicas no habrían terminado con la liberación de los hermanos. Hernández Núñez presuntamente continuó solicitándoles dinero a cambio de permitirles desarrollar sus actividades laborales en Santa Marta.La Fiscalía señaló que estos hechos hacen parte de las conductas que se le atribuyen al procesado dentro de la investigación adelantada por el secuestro de los comerciantes y las posteriores presiones económicas.En desarrollo de las labores investigativas, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura contra Hernández Núñez en una diligencia realizada en vía pública de Santa Marta.Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo y extorsión, todos agravados. Hernández Núñez no aceptó los cargos.
En un operativo adelantado este 22 de octubre de 2026, unidades de la SIJIN y SIPOL de la Policía, en el departamento de La Guajira, capturaron a Kevin David Moscote Redondo, conocido con el alias de 'Kevin Masacre', señalado como cabecilla de narcotráfico de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS).De acuerdo con la información oficial, el capturado sería el sucesor de alias 'Bendito Menor' y estaría vinculado con el manejo de rutas del narcotráfico, la adquisición de armas y municiones, y las disputas territoriales entre estructuras armadas ilegales en la región.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una granada de fragmentación, 120 cartuchos calibre 38, una camioneta y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.Según los reportes de inteligencia, Moscote Redondo habría tenido anteriormente funciones de cabecilla de zona del Clan del Golfo en áreas rurales de Dibulla, donde presuntamente sostuvo enfrentamientos por el control territorial con integrantes de las ACS. Posteriormente, tras la muerte de Nain Andrés Pérez Toncel, habría establecido acuerdos criminales que le permitieron ingresar a esta organización y asumir responsabilidades relacionadas con las economías ilegales.Las autoridades también lo relacionan con la gestión de armas para integrantes de esta estructura y con diferentes hechos violentos ocurridos en la zona. Entre ellos, investigan su presunta relación con el ataque a tiros contra el exconcejal Edilbert Nicolás Moscote Freile, registrado el 3 de abril de 2026 en el corregimiento de La Punta de los Remedios, municipio de Dibulla.Tras conocerse la captura, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el resultado operativo y aseguró que la estrategia de seguridad continuará enfocada en perseguir a los cabecillas de las organizaciones criminales, sus estructuras y sus fuentes de financiación.El mandatario reiteró que su administración mantendrá acciones contra las redes dedicadas al narcotráfico y al tráfico de armas, con el propósito de reducir la violencia y recuperar la tranquilidad en los territorios afectados.
La Policía Nacional incautó 27 fusiles, un lanzagranadas y 728 cartuchos en una caleta de armamento ubicada en la vereda Perico Aguao, en Santa Marta, Magdalena. Según las autoridades, el material pertenecería a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura armada ilegal que opera en esta región del país. El operativo fue adelantado por unidades de investigación de la Dirección de Antinarcóticos y de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante la diligencia fueron encontrados 22 fusiles calibre 5,56 milímetros y cinco calibre 7,62 milímetros, además de un lanzagranadas, 19 proveedores para fusil y 728 cartuchos calibre 5,56 milímetros. El material incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar los procedimientos judiciales correspondientes y establecer su procedencia y posible relación con actividades delictivas. La Policía señaló que esta incautación hace parte de una serie de operaciones dirigidas a debilitar las capacidades armadas y logísticas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Entre los resultados mencionados por la institución también están la neutralización de uno de los segundos cabecillas de la organización, la captura de integrantes y la incautación de una tonelada de clorhidrato de cocaína.El director de Antinarcóticos de la Policía, brigadier general William Castaño Ramos, destacó la cooperación internacional y el trabajo investigativo para localizar armamento que podría ser utilizado por estructuras criminales. La institución aseguró que continuará desarrollando acciones coordinadas con las autoridades nacionales e internacionales para combatir a estos grupos y contribuir a la seguridad de las comunidades.
La familia del exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna le envió un derecho de petición al presidente Abelardo De La Espriella en el cual exponen una situación que están viviendo pues, según aseguran, están siendo acusados por parte de un creador de contenido por presuntos vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.“En una de sus publicaciones más recientes, aseguró, en resumen, lo siguiente: Que existen relaciones económicas entre Hernán Giraldo y el papá del presidente de Colombia. Que el doctor Abelardo De La Espriella Otero presidente de la república es testaferro de Hernán Giraldo Serna. Que el presidente doctor Abelardo De La Espriella Otero ayudó a ocultar los bienes de propiedad de Hernán Giraldo”, dice el documento.Además, en el derecho de petición señalan que esta persona también había dicho que el papá del presidente, cuando fungió como notario, ayudó a Hernán Giraldo a legalizar sus bienes.“Y que por eso regresó al país deportado, presionó al papá del presidente Abelardo De La Espriella de tal forma, que le causó una falla cardíaca que obligó a realizarle una intervención quirúrgica. Que el presidente Abelardo De La Espriella ordenó las operaciones militares como retaliación. Que después del año 2019 se allanaron los bienes entregados y consecuencia de ello, todos los hijos de Hernán Giraldo Serna fueron capturados”, dice el documento.Los familiares de Hernán Giraldo piden al presidente que aclare que ellos no se conocen y que esta información es falsa.“Ninguno de nosotros lo conocemos a usted como tampoco su señor padre el doctor Abelardo Gabriel De La Espriella Juris, nunca nos han prestado sus servicios profesiones como abogado, mucho menos como notario, tampoco es testaferro nuestro”, dice el documento.En el mismo sentido dicen que no tienen alianzas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.“Nosotros la familia de Hernán Giraldo Serna, estamos siendo objeto de una escalada de información falsa, con la que pretenden vincularnos con el grupo criminal AUTODEFENSAS CONQUISTADORES DE LA SIERRA NEVADA, lo que es absolutamente falaz”, dice el documento.Es por eso que le piden al presidente que haga algunas aclaraciones pertinentes. El documento lo firman sobrinos, nietos e hijos de Hernán Giraldo.“Le solicitamos señor presidente solicite al comandante de la Fuerzas Militares de Colombia - mayor general Erick Rodríguez, al comandante del Ejército Nacional de Colombia - mayor general Jose Bertulfo Soto y al comandante de la Policía Nacional - mayorgeneral Jesús Alejandro Barrera, que le indiquen si tienen en su poder información que vincule a cualquiera de los que firmamos este derecho de petición con el grupo criminal AUTODEFENSAS CONQUISTADORES DE LA SIERRA NEVADA y de ser cierto la respuesta, que por favor indique quien o quienes, informándole desde ya señor presidente, que estamos dispuestos a presentarnos voluntariamente ante la autoridad competente para que se nos investigue”, dicen los familiares.
Un juez de control de garantías envió a prisión a Yolima Yohana Murgas Guzmán, esposa de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado como cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego de que la Fiscalía le imputará el delito de lavado de activos. La decisión se produjo pese a que el ente acusador había solicitado que la medida de aseguramiento se cumpliera en detención domiciliaria.Murgas Guzmán fue capturada durante una diligencia de registro y allanamiento realizada el pasado 24 de septiembre en un inmueble del barrio Pescadito, en Santa Marta, Magdalena. En el lugar fueron encontrados $29.060.000 en efectivo y un lingote de oro de 58,1 gramos, cuyo valor fue establecido en $15.969.471.Durante el procedimiento también fueron incautadas una máquina contadora de billetes, dos libretas con anotaciones relacionadas con ingresos, gastos y movimientos financieros, tarjetas bancarias nacionales e internacionales y documentación relacionada con la residencia e identidad española a nombre de la procesada.La Fiscalía señaló además que Murgas Guzmán tendría un vínculo sentimental con alias ‘Pinocho’. Como parte de los elementos encontrados en el inmueble, en una de las habitaciones apareció un permiso notariado para la salida de un menor de edad del país, documento que daría cuenta de la relación entre la procesada y el señalado cabecilla.A partir de las actividades investigativas posteriores al allanamiento, las autoridades obtuvieron información sobre movimientos financieros y patrimoniales atribuidos a Murgas Guzmán. Entre los elementos recopilados aparecen registros de transferencias internacionales por más de $90 millones durante 2021 y documentos en los que se relacionan utilidades periódicas.Con estos elementos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de lavado de activos. Durante la audiencia, la procesada manifestó su intención de celebrar un preacuerdo con la Fiscalía y reintegrar los recursos involucrados en los hechos investigados.Sin embargo, al momento de definir la medida de aseguramiento, el juez de control de garantías determinó que Murgas Guzmán debía permanecer privada de la libertad en un establecimiento carcelario, en lugar de la detención domiciliaria solicitada por la Fiscalía.Este no es el primer proceso que enfrenta la mujer por hechos relacionados con lavado de activos. Desde 2024 tiene otro proceso por este delito, actualmente en etapa de juicio. Además, en ese proceso habría obtenido en diferentes oportunidades autorizaciones de jueces de control de garantías para viajar a España.
Una hacienda de 1.154 hectáreas, avaluada en más de $21.300 millones, ubicada en Cimitarra, Santander, quedó bajo medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación ante el Tribunal Superior de Bucaramanga.Se trata de la finca Piedra Linda, un predio que, de acuerdo con la investigación, habría estado relacionado con actividades de estructuras paramilitares que operaron en el Magdalena Medio durante el conflicto armado.La propiedad fue ocupada durante una diligencia adelantada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, como parte del proceso para determinar el origen y la relación del inmueble con actividades ilícitas.Según las labores de policía judicial y los testimonios recopilados por la Fiscalía, Piedra Linda habría sido utilizada como lugar de entrenamiento físico y armado de integrantes de grupos paramilitares con presencia en esta zona de Santander.La investigación también señala que en el predio, al parecer, permanecieron instructores extranjeros contratados por estas organizaciones ilegales para adelantar procesos de formación militar."Aunque la finca aparece registrada a nombre de una particular, los análisis patrimoniales realizados por las autoridades habrían evidenciado una posible relación del inmueble con personas vinculadas a actividades de narcotráfico y a la conformación de estructuras armadas", dice el comunicado de la Fiscalía. Le puede interesar: Restituyen tierras despojadas por paramilitares a 12 familias de Tulapas, UrabáLa decisión hace parte de los procesos de extinción de dominio mediante los cuales el Estado busca afectar bienes que presuntamente estuvieron vinculados con actividades ilícitas y convertirlos, cuando corresponda, en instrumentos para la reparación de las víctimas del conflicto armado. La Fiscalía anunció que la hacienda será puesta a disposición de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el propósito de que genere recursos destinados a beneficiar a quienes fueron afectados por el conflicto armado.El caso cobra especial relevancia en Santander por la histórica presencia y accionar de estructuras paramilitares en municipios del Magdalena Medio, una región marcada durante décadas por hechos de violencia, desplazamientos, homicidios y despojo de tierras.La medida sobre la finca Piedra Linda representa así un nuevo capítulo en la recuperación de bienes que, según las investigaciones judiciales, habrían estado relacionados con las estructuras armadas que operaron en la región, para destinarlos ahora a fines de reparación de las víctimas.
En una operación conjunta adelantada en Santander, tropas del Gaula Militar Chicamocha, en coordinación con la Sijín de la Policía, capturaron a un hombre conocido con el alias de ‘Mariguano’, en la vereda San Benito, jurisdicción del municipio de El Playón.De acuerdo con las autoridades, el capturado sería integrante del Frente Resistencia Campesina, perteneciente al grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocido como 'Los Pachencas'. El hombre era requerido mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado. Según información de inteligencia citada por las autoridades, presuntamente habría cumplido funciones de coordinación de actividades ilícitas en esta zona del departamento."Durante el procedimiento fueron incautados una pistola calibre 7,65 milímetros con sus respectivos cartuchos, dos escopetas con munición y aproximadamente 1.000 gramos de pasta base de coca", dijo el coronel José Darío Rodríguez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército. El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso judicial correspondiente.Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son una estructura armada con presencia principalmente en zonas de la región Caribe y que, según las autoridades, ha buscado ampliar sus actividades criminales hacia otros territorios como Santander y el sur del Cesar. En Santander, las autoridades han señalado que uno de los principales objetivos operacionales es evitar la expansión de estructuras dedicadas a actividades como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.El Ejército Nacional indicó que este resultado hace parte de las operaciones coordinadas con la Policía y las autoridades judiciales para afectar las capacidades armadas y logísticas de las organizaciones criminales que tienen incidencia en el departamento de Santander.
El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, se refirió en El Radar de Blu Radio al impacto del paro armado atribuido a los Pachenca y a la situación de seguridad en el departamento. Durante la entrevista, señaló que la Troncal del Caribe ha sido durante décadas un escenario de confrontación y aseguró que la presencia de grupos criminales también ha afectado a jóvenes de zonas vulnerables.Aguilar sostuvo que el aumento de los actores violentos representa uno de los principales desafíos para las autoridades y cuestionó decisiones adoptadas durante el gobierno anterior. Según explicó, la llegada de recursos provenientes de actividades ilegales a sectores vulnerables ha facilitado que algunos jóvenes encuentren en las organizaciones criminales una alternativa.“Cuando fui secretario de Gobierno de Riohacha, de mi ciudad, lo logramos. Hicimos un trabajo maravilloso, logramos casi 3 meses sin que se cometiera un homicidio en la ciudad”, dijo Aguilar.El mandatario departamental señaló que las autoridades deben combinar las acciones de seguridad con programas sociales dirigidos a los jóvenes.¿Qué propone para enfrentar a los grupos criminales?Para Aguilar, uno de los retos consiste en que el Estado llegue a los territorios con mayor rapidez que las organizaciones ilegales. En ese sentido, mencionó medidas relacionadas con educación, deporte, emprendimiento y política social.“Además de plantarle cara a los grupos criminales, además de cerrar las fuentes de financiación, llegar también con una política pública, una política social que nos permita avanzar más rápido que cualquier organización criminal”, destacó.El gobernador también mencionó el programa Familias Guajiras 2, mediante el cual, según afirmó, se ha trabajado con núcleos familiares vulnerables. Asimismo, señaló que prepara un proyecto dirigido a más de 600 familias en Riohacha.¿Qué dijo sobre las decisiones del gobierno anterior?Al ser consultado sobre si las decisiones frente a la criminalidad durante el gobierno anterior fueron de buena o mala fe, Aguilar evitó atribuir una intención y planteó que el asunto debe ser investigado.“No quiero hablar de mala fe o de buena fe, pero sí se equivocaron. Yo creo que ahí hubo equivocaciones y esas equivocaciones nos están haciendo mucho daño”, precisó.Aguilar insistió en la necesidad de fortalecer la presencia estatal en La Guajira y destacó la importancia de articular las acciones nacionales con las autoridades regionales para atender las condiciones sociales y de seguridad del departamento.Escuche la entrevista completa aquí:
Unos 20 uniformados de la Policía, entre ellos integrantes del Grupo de Operaciones Especiales y agentes de vigilancia de la Policía Metropolitana de Barranquilla, custodian desde la tarde del martes el perímetro de la sede de la Regional Norte de Medicina Legal, ubicada en el barrio Los Andes, en Barranquilla.La presencia policial está relacionada con la llegada a estas instalaciones de los cuerpos de alias ‘Cholo’, segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), y de otros seis hombres abatidos durante operativos de la Policía en la vereda Quebrada del Sol, jurisdicción del corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta.Le puede interesar: De La Espriella ordena trasladar a 76 detenidos de Los Pachenca a cárceles de máxima seguridadLos cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para realizar el proceso de identificación plena, el cual completa ya dos días, mientras los técnicos forenses buscan establecer no solo la identidad de las personas abatidas, sino también sus edades.A las afueras de Medicina Legal familiares de estas personas esperan por la entrega de los cadáveres, mientras que otros miembros de los Pachenca están buscando ejercer presión para que les entreguen el cuerpo de su "comando", como llaman ellos al cabecilla alias 'Cholo'.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
Las variaciones climáticas extremas entre temporadas de calor y lluvias están generando un impacto directo en el sector agrícola de Antioquia, donde la pérdida de cultivos por sequías e inundaciones amenaza con encarecer la canasta familiar. De acuerdo con un análisis económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, las afectaciones en las zonas de siembra del departamento reducirán la oferta de productos básicos, presionando el alza de precios en los mercados locales.El estudio, desarrollado por el docente e investigador Iván Montoya, señala que la alteración en las fuentes de agua impacta tanto a la agricultura como a la ganadería antioqueña, afectando la producción de leche, carne y vegetales. Según las proyecciones del analista, el desabastecimiento de alimentos y el incremento en los servicios de energía y agua podrían encarecer hasta en un 19 % el costo de la canasta básica de los hogares paisas, debido a los mayores costos que asumen los campesinos para mantener sus plantaciones. "Todas estas implicaciones macro muy seguramente van a tener repercusiones económicas en el bolsillo de los hogares; por un lado, se ha venido mencionando para ver un aumento, pues, en los costos de producción, sobre todo los costos agrícolas fundamentalmente, y eso va a generar un aumento en la producción de alimentos que termina generando, pues, inflación; ya había mencionado el caso", indicó el docente.El análisis económico contempla que la región Andina sufrirá el mayor impacto estructural por la disminución en los caudales de los ríos y una reducción de un tercio en las precipitaciones. Esta situación compromete a los embalses del interior del país, que concentran el 95 % de la capacidad nacional, y afecta a otras regiones como la Caribe, el Pacífico y la Orinoquía, donde la falta de agua de riego e inundaciones repentinas impiden que los cultivos prosperen, reduciendo la oferta de alimentos a nivel nacional.Ante la imposibilidad de aumentar la producción agrícola local por los daños en la tierra, la investigación prevé que el país deba recurrir a la importación de insumos y granos básicos mediante la revisión de salvaguardas comerciales; un panorama que ya se refleja en las calles de Medellín, donde comerciantes y familias observan transformaciones en sus dinámicas cotidianas y se abstienen de comprar ciertos productos que antes adquirían habitualmente, dado que, según señalan los propios habitantes, sus costos actuales se han vuelto inalcanzables. "Una semana dicen no, la otra semana sube tal cosa, entonces cada ratico están subiendo, están subiendo. Eso sí ha afectado y se han disminuido las ventas también. Nos han subido la crema de leche, nos suben el queso. Tenemos que subir de precio las cosas", indicaron algunos ciudadanos consultados por BLU Radio.Asimismo, el docente señala que este fenómeno generará una presión inflacionaria originada por la caída en la oferta de alimentos, lo que dejaría al Banco de la República con un margen muy reducido para bajar las tasas de interés en los próximos meses.
La decisión, con 23 votos a favor y ninguno en contra, se tomó en segundo debate del Proyecto de Ordenanza que busca garantizar la continuidad de los estudios y las etapas necesarias para sacar adelante el denominado Tren Multipropósito de Antioquia.Con esta capitalización se financiarán las fases 3 y 4 de la estructuración del proyecto, luego de que durante 2025 se completaran las dos primeras etapas. En ese periodo se revisaron los estudios de factibilidad, se actualizó la información técnica y la proyección de demanda de pasajeros y carga, y se evaluaron diferentes alternativas de trazado y financiación.Como resultado de ese trabajo, el corredor Bello-Puerto Berrío fue definido como prioritario para continuar con el desarrollo del proyecto ferroviario, que busca conectar el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio.La tercera fase contempla la actualización de estudios y diseños, la estructuración del modelo financiero y la definición de la matriz de asignación de riesgos. Posteriormente, en la cuarta etapa se elaborarán los documentos contractuales y los insumos necesarios para una eventual salida al mercado.Para ese proceso se contempla la posibilidad de utilizar un esquema de Asociación Público-Privada (APP) u otro mecanismo de financiación que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto.El corredor ferroviario priorizado tendrá una extensión de 182,1 kilómetros, desde Bello hasta Puerto Berrío, y conectará dos subregiones estratégicas del departamento: el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio.De acuerdo con la presentación del proyecto, su área de influencia comprende 12 municipios y una población estimada de 3.706.611 habitantes. Además, se proyecta como una alternativa para fortalecer la conexión logística de Antioquia y facilitar una eventual conexión con los puertos del mar Caribe.
Las autoridades en el departamento de Antioquia han alzado la mano para mostrar su preocupación por la guerra que se vive en el Suroeste antioqueño entre el Clan del Golfo y al menos 17 estructuras delincuenciales que están buscando apoderarse del territorio.Las alarmantes cifras fueron entregadas por la Gobernación de Antioquia quien advirtió que está buscando con el Ejército Nacional y la Policía Nacional la manera para poder acabar con la disputa que ha creado temor entre la comunidad.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que en esta subregión del departamento se han reportado algunos homicidios producto de la confrontación entre los grupos delincuenciales."Esos homicidios del enfrentamiento de criminales del clan del golfo contra criminales de 17 estructuras delincuenciales que quieren apoderarse del del microtráfico. Aquí sabemos que esta, que ha sido una zona pacífica trabajadora por excelencia, tiene una incidencia criminal bastante grande por cuenta de la factura de esa renta que persiguen estos bandidos", indicó el mandatario.Hay que mencionar que en el Suroeste antioqueño no solo hay presencia del Clan del Golfo sino también del ELN, que sería uno de los mayores dinamizadores de la violencia, y las disidencias que como en otras zonas del departamento estaría en alianza con el Clan del Golfo buscando mayor control territorial.Por ahora las autoridades en Antioquia están tras la pista de los intereses que hay detrás de los 17 grupos delincuenciales con presencia en el Suroeste antioqueño, ya que no se descarta que el ELN tenga relación con alguna de estas facciones que buscan quitarle las rentas ilícitas al Clan del Golfo.
En el Valle de Aburrá, la Policía Nacional adelantó dos operativos de control y registro que dejaron como resultado la captura de 13 personas y la incautación de cerca de 3.900 dosis de sustancias estupefacientes. Las acciones institucionales se desarrollaron de manera simultánea en el municipio de Bello y en el sector del centro de Medellín para contrarrestar el tráfico local de drogas y las economías ilícitas en ambas localidades.El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de El Carmelo, en el municipio de Bello, donde las patrullas de vigilancia interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres de 29 y 36 años. Durante la inspección, según el Teniente Coronel José Fernando Mazo, comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hallaron un bolso con cerca de 900 dosis de marihuana listas para su distribución. Los dos ciudadanos fueron capturados e individualizados para ser puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes."El procedimiento se desarrolló en el sector del Carmelo, donde nuestras patrullas de vigilancia durante actividades de registro y control interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban estos dos ciudadanos. Al realizar la inspección, nuestros uniformados encontraron en el interior un bolso con las sustancias estupefacientes, las cuales, de acuerdo con las verificaciones preliminares, iban a ser distribuidas en este sector". indicó.Por otra parte, en el barrio Estación Villa del centro de Medellín, la fuerza pública y la Alcaldía Distrital ejecutaron una intervención integral que culminó con la captura de 11 personas y la incautación de 3.000 dosis de sustancias ilícitas. En el sitio se materializaron tres órdenes judiciales por concierto para delinquir, receptación y falsedad marcaria, mientras que ocho personas más fueron judicializadas en flagrancia. Las autoridades precisaron que los detenidos presuntamente estarían vinculados al grupo delincuencial 'Los Carabanudos', alineado con la estructura 'La Terraza'.Entre los procesados en la capital antioqueña figura un hombre conocido como alias 'Cachetón', quien registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por tráfico de estupefacientes. Asimismo, de acuerdo con el Coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se capturó a una mujer identificada como alias 'La Cucha', señalada por las investigaciones de administrar una vivienda que era utilizada como centro de acopio y expendio de sustancias alucinógenas y otras actividades delictivas en el sector."Entre los capturados se encuentran alias Cachetón, quien registra nueve anotaciones por tráfico de estupefacientes, y alias La Cucha, señalado de administrar un inmueble utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas. Estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida para contrarrestar las economías criminales y prevenir hechos de violencia", señaló. Durante la jornada en el centro de la ciudad, los uniformados decomisaron 97 armas cortopunzantes, recuperaron dos motocicletas reportadas como robadas y aplicaron el cierre temporal a tres establecimientos comerciales por incumplimiento normativo. Los 13 capturados en ambos municipios quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.