Habitantes de las veredas Caracol, Ramada, Ciral y del corregimiento Laguna de Ortices del municipio de San Andrés, Santander, denuncian que llevan cerca de tres años y medio esperando la construcción de un puente que, según aseguran, ya cuenta con recursos asignados por la Gobernación. La comunidad afirma que la obra avanza por algunas semanas y posteriormente queda abandonada, situación que ha generado preocupación entre las más de 2.000 familias que dependen de esta infraestructura para movilizarse.Ante la falta de continuidad de los trabajos, los habitantes aseguran que actualmente deben utilizar una tarabita para cruzar, exponiendo sus vidas, especialmente durante las temporadas de lluvias.Pedro Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caracol, hizo un llamado a las autoridades departamentales para que se garantice la terminación de la obra y pidió al presidente Abelardo De La Espriella prestar atención a la situación.La comunidad reclama respuestas al gobernador Juvenal Díaz sobre el estado del contrato, el cronograma de ejecución y las razones por las que, según su denuncia, los trabajos han sido suspendidos en diferentes momentos.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura confía en que, con el cambio de gobierno, los equipos los equipos electromecánicos en el Túnel del Toyo queden instalados en el menor tiempo posible, así no correrían el riesgo de perder su garantía.Y más, cuando el pasado 20 de julio el presidente electo, Abelardo De La Espriella dio la instrucción a la ministra de Transporte entrante, Elsa Noguera, de solucionar la instalación de estas unidades con celeridad.Pero mientras el Invías en varias comunicaciones ha insistido en que no instala los equipos porque las obras civiles no están concluidas en su totalidad, la Cámara Colombiana de la Infraestructura por el contrario insiste que el proyecto está en un 100% terminado, incluso que se ha propuesto ir haciendo el montaje de los equipos electromecánicos por partes.“Es un tema que se ha demorado en la toma de decisiones, se han planteado alternativas como la de ir instalando de manera paulatina lo equipos, trazando unos subhitos, para que se pueda ir cumpliendo con la instalación”, señaló Juan David Pérez Ortiz, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Antioquia.El líder gremial departamental señaló que hace un par de meses, en una de las mesas de conversación, se trató de concertar la posibilidad de la firma de un otrosí entre el Invías y el contratista, para ir instalado los equipos, pero al final no se firmó, pero que la próxima semana se pueden reiniciar las conversaciones para lograr la instalación.“La venimos acompañando y la semana entrante habrán unos espacios de concertación importantes, es sentarnos todos en la mesa a dialogar, porque en los últimos meses lo que pasó fue que cada parte expresaba su posición o su visión, y no se logró llegar a un acuerdo”, dijo Pérez Ortiz.Para el director de gremio de la infraestructura en el departamento, ha sido clave el liderazgo del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, y del entonces secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, para ir destrabado el papeleo para la instalación de los equipos.Así mismo, que gracia a esta gestión, no se descarta que los equipos electromecánicos sean instalados en el Túnel del Toyo en cuestión de días, una vez entre el nuevo gobierno.
La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) pide al Gobierno el aval técnico para que se concrete el Tren de Cercanías del Valle del Cauca (TVC) y que se convierta en una realidad. Hasta el momento, la región ha adelantado toda la planificación, la cofinanciación y la gestión que ha necesitado el proyecto, y ahora queda en manos del actual Gobierno Nacional que este proyecto siga en pie.El TVC lleva casi una década sobre la mesa en el suroccidente del país. Un proyecto que le apunta a fortalecer y a aportar a la economía de la región, convirtiéndose en la primera estrategia que aporta a la nueva industria ferroviaria regional y que, además, generará más de 1.400 empleos, directos e indirectos.“El Valle del Cauca ha trabajado con rigor técnico, institucionalidad y transparencia para construir una iniciativa ferroviaria moderna, sostenible y socialmente transformadora. El proyecto TVC está completamente estructurado: cuenta con estudios de prefactibilidad y factibilidad financiados, una arquitectura financiera definida, un esquema de gobernanza consolidado y el respaldo de la cooperación internacional” señaló la CCI.12 billones de pesos, es el valor destinado para el desarrollo del TVC. La Gobernación del Valle del Cauca, el Distrito de Santiago de Cali y el municipio de Jamundí deben cumplir con un 30% del total de la inversión, que equivale a 3,6 billones de pesos. Por parte del Gobierno Nacional, debe asumir el 70%, cerca de 8,4 billones de pesos.Valle del Cauca cumplió con todos los compromisos, ahora el Gobierno tiene un plazo menor a un mes para realizar el trámite. El 8 de noviembre es la última fecha estipulada para firmar el convenio por parte de la administración actual, según la Ley de Garantías. En caso de que el aval no se dé, se deberá esperar dos años más para que el trámite sea desarrollado con el nuevo gobierno que entre a regir.La CCI hace un llamado contundente al Gobierno Nacional para que “no minimice ni detenga el esfuerzo de tantos años, sino que actúe con coherencia y decisión, otorgando el aval que permita materializar el proyecto ferroviario más importante de la historia del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano”.Además, en la mira se encuentra el dragado del canal de acceso de Buenaventura, el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el Tren del Pacífico y los recursos para la vía Mulaló-Loboguerrero, planes que permitirán conectividad y desarrollo en el Pacífico colombiano, por lo que la Cámara Colombiana de Infraestructura menciona que no actuar ahora es detener el trabajo de muchos años.
En días pasados, la Contraloría emitió un comunicado sobre más de 200 alertas en proyectos de infraestructura, vivienda y acueducto en el que mencionó que la ejecución del proyecto Caminos Comunitarios tiene una ejecución rezagada. Sin embargo, en medio del congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el director de Invías, Juan Carlos Montenegro, refutó el informe de la Contraloría asegurando que a la fecha hay 800 de 1.100 caminos comunitarios que se tienen previstos.Entre tanto, para la Contraloría no se puede considerar como satisfactorio el proyecto, que las condiciones estén controladas y cubiertas, ya que de los $8 billones previstos, solo se han invertido $525.000 millones que corresponden al 6,56 % de la meta, esto en lo transcurrido de 27 de los 48 meses de Gobierno actual. Así mismo, la Contraloría insiste que al 15 de octubre del 2024 se han terminado 728 de los 2,157 convenios y contratos firmados en 2023 y 2024, afirmando que en varios de estos hubo prórrogas de plazos a un promedio de cinco meses.Por su parte, la Contraloría confirmó que a partir del enero del 2025 se realizará una auditoria de cumplimiento al Invías por el programa caminos comunitarios de la vigencia 2023 y 2024 para la revisión general de la gestión fiscal de los recursos públicos.
En un discurso pronunciado en la Asamblea Anual de Afiliados de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la CCI, celebró que el Gobierno corrigiera las irregularidades en la designación de las partidas del Presupuesto General de la Nación."La semana pasada, toda la nación fue testigo de un intenso debate público en torno a los $13 billones asignados al sector de infraestructura de transporte", comenzó Caicedo.Sin embargo y a pesar de haber corregido ese error, para Caicedo hay preocupación por las partidas presupuestales que se tienen. "Observamos con gran preocupación la falta de detalle en dicha partida, especialmente en lo que respecta a los recursos destinados a proyectos clave liderados por la ANI y el Invías".Según la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), el decreto de desagregación presupuestal garantiza la continuidad en los procesos licitatorios del Invías, así como la reactivación de nuevos procesos licitatorios para obras de mantenimiento de carreteras no concesionadas. Además, permite el pago oportuno a contratistas e interventores por trabajos realizados en enero de 2024."Además, asegura vigencias futuras por 1,9 billones de pesos para 57 contratos de obra e interventoría, lo que contribuye a un presupuesto de inversión total de 4,2 billones para la actual vigencia”, aseguró Ferrer.Las preocupaciones de la CCI no terminaron con la corrección de este decreto, sino que hay inquietudes que han surgido por el borrador de decreto que otorgaría facultades extraordinarias al presidente para realizar traslados presupuestales y autorizar vigencias futuras. Para Caicedo: "Esto plantea serias incertidumbres en términos de seguridad jurídica y confianza inversionista".En cuanto a la financiación de obras, se discute la implementación de la valorización como instrumento clave. "Aunque compartimos la posibilidad de utilizar la valorización, su viabilidad inmediata no está clara", comentó Caicedo Ferrer. Además, cuestionó la afirmación de que el modelo de concesiones se agota. "Los datos históricos demuestran el impacto positivo de las concesiones en la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura", señaló.
Un juez federal de Estados Unidos aplazó el lunes la aplicación de una política del Gobierno de Trump que impondría límites más estrictos al tiempo que los estudiantes y periodistas extranjeros pueden estudiar o trabajar en el país.La orden de suspensión preliminar del juez de distrito Dennis Saylor se dictó un día antes de que las nuevas normas de visado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entraran en vigor.Con las nuevas normas propuestas, los extranjeros con visados de estudiante serían admitidos por un máximo de cuatro años, tras lo cual tendrían que solicitar una prórroga. Hasta ahora, a los estudiantes internacionales se les permitía permanecer durante toda la duración de sus estudios.Los periodistas extranjeros, por su parte, verán sus estancias limitadas a 240 días, es decir unos ocho meses, aunque podrán solicitar renovaciones por períodos idénticos.Los periodistas chinos estarán sujetos a un marco particularmente restrictivo, con visados limitados a 90 días. Una coalición de sindicatos que representan a universidades, profesores y periodistas había presentado una demanda impugnando las restricciones de visado.Saylor dejó en suspenso, por el momento, la aplicación de las nuevas normas del DHS sin pronunciarse sobre el fondo del caso y fijó otra audiencia para el 2 de octubre.En un memorando adjunto, el juez expresó escepticismo sobre las restricciones de visado para estudiantes y periodistas internacionales.Señaló que el sistema actual ha permitido que decenas de millones de estudiantes extranjeros vengan a Estados Unidos, lo que ha dado lugar a "investigaciones innovadoras en ciencia, medicina y tecnología, un importante crecimiento económico y una serie de otros beneficios"."En lugar de intentar mejorar ese sistema, el DHS optó por reemplazarlo con un nuevo programa que restringirá sustancialmente el número total de estudiantes, investigadores, profesores y periodistas extranjeros", afirmó.El juez señaló que, según las nuevas normas, las denegaciones de prórrogas de visado por parte del DHS serían "totalmente discrecionales e inapelables".Agregó que se podrían "interrumpir las actividades académicas, de investigación o de enseñanza de cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense sin motivo alguno o por cualquier motivo", según el juez.Los periodistas extranjeros que soliciten prórrogas de visado tampoco tendrían "ningún recurso ni posibilidad de apelación" en caso de ser rechazados, dijo Saylor."Las posibilidades de abuso son enormes, en particular la obvia probabilidad de que no se renueven los visados de periodistas extranjeros que sean críticos con el gobierno (o, más concretamente, con los funcionarios del DHS)", afirmó.
El Comité Intergremial de Santander expresó su oposición a la jornada del Día sin Carro y sin Moto prevista para el próximo 30 de septiembre en Bucaramanga y el área metropolitana, al considerar que la medida podría afectar la actividad comercial y económica de la región.A través de un comunicado, los gremios señalaron que la fecha escogida coincide con el pago de la quincena, uno de los momentos en los que aumenta el movimiento de consumidores y el gasto de los hogares. Según el sector productivo, las restricciones a la movilidad podrían dificultar el acceso de los clientes a los establecimientos comerciales y terminar afectando los ingresos de miles de negocios.Otra de las preocupaciones está relacionada con la cadena logística y de abastecimiento. El Comité Intergremial advirtió que la restricción de vehículos podría generar dificultades para el traslado y distribución de mercancías e insumos, precisamente durante una jornada que consideran de alta demanda comercial.Frente a este panorama, los representantes del sector productivo hicieron un llamado al Área Metropolitana de Bucaramanga y a las autoridades de tránsito y movilidad para que se abra un espacio de diálogo en el que puedan analizarse los posibles efectos de la jornada.La propuesta de los gremios es buscar un punto de equilibrio entre las medidas destinadas a mejorar la movilidad y la calidad del aire y la necesidad de mantener activa la economía de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.El pronunciamiento cuenta con el respaldo de varios sectores económicos y empresariales de Santander, entre ellos Fenalco, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cotelco, Camacol, ANDI Santander, Acodres, Anato, Asopartes, Prosantander y otros gremios que hacen parte del Comité Intergremial.
Siete personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga durante un operativo contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en inmediaciones de la quebrada Chapinero, en el predio Forjas, en Bucaramanga.El procedimiento fue adelantado por unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, quienes, según el reporte oficial, encontraron a los ciudadanos realizando actividades de remoción de la capa vegetal, excavación y debilitamiento del terreno, además de extracción de material aurífero.De acuerdo con las autoridades, estas labores se estarían desarrollando sin los permisos ambientales requeridos por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.Entre los detenidos estaría un hombre que, según las verificaciones realizadas durante la investigación, sería reincidente en este tipo de conductas y estaría relacionado con actividades de explotación ilegal de yacimientos mineros en este sector de la ciudad.Durante el operativo también fueron incautados elementos que, presuntamente, eran utilizados para las labores de extracción, entre ellos una motobomba, un azadón, seis picas, dos bateas plásticas, 40 metros de manguera, dos canalones y un radio de comunicación.La Policía señaló que la intervención permitió suspender las actividades y prevenir mayores afectaciones sobre la quebrada Chapinero y los recursos naturales de la zona.Los siete capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Será la autoridad judicial la encargada de definir las actuaciones correspondientes y, posteriormente, un juez determinará la situación jurídica de los procesados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este lunes que existe "una conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial (IA) y aseguró que esta tecnología no necesita más control que el hecho de que él sea el presidente del país."El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!", escribió en la red Truth Social, en medio de la polémica desatada por las alertas de los líderes del sector sobre los crecientes riesgos de esta tecnología.El republicano argumentó que su Administración "ha impedido que personas de la IA hagan cosas malas o potencialmente malas" y aseguró que ya existe un "enorme poder penal y regulatorio sobre estas empresas", por lo que no se necesita mayor regulación.En medio de la nueva polémica alrededor de esta tecnología, Trump opinó que existe "una conspiración enfermiza contra la IA y los centros de datos y el único que está contenido con ello es China".El líder estadounidense insistió en que Estados Unidos debe seguir liderando el avance de la IA frente al gigante asiático porque"¡quien gane en la IA, gana"."¡Teóricos de la conspiración, sediciosos, traidores y filtradores: cuidado!", advirtió.La nueva polémica la desató el sábado el director de Anthropic, Dario Amodei, cuando publicó un ensayo para urgir "un ritmo más lento" a la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA, una advertencia a la que se sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, un hecho inédito en el sector.
Un niño de 12 años habría sido utilizado por su propia madre y otro hombre para cometer hurtos en diferentes establecimientos comerciales de Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá. Las cámaras de seguridad permitieron evidenciar la manera en que el menor ingresaba a los locales mientras los dos adultos distraían a los comerciantes.Según lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, la mujer y el hombre, quien sería su pareja sentimental, llegaban a los establecimientos acompañados del menor. Mientras ellos intentaban llevar a los trabajadores hacia otros puntos del local con diferentes excusas, el niño aprovechaba para acercarse a las cajas registradoras.En las grabaciones se observa cómo el menor habría tomado celulares y dinero en efectivo de los establecimientos mientras los adultos mantenían ocupados a los comerciantes.¿Qué pasó cuando fueron descubiertos?El caso quedó al descubierto nuevamente cuando el menor fue sorprendido por la comunidad durante uno de los hurtos. De acuerdo con lo conocido, la mujer salió corriendo del lugar y abordó un taxi junto al hombre que la acompañaba, mientras el niño quedó abandonado.La situación fue atendida posteriormente por la Policía, que adelantó las labores para ubicar a los adultos involucrados y proteger al menor.¿Qué pasó con el niño de 12 años?El teniente coronel Juan Mantilla, comandante de la estación de Policía de Kennedy, confirmó que los adultos fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente para responder por estos hechos.En cuanto al menor, la Policía de Infancia y Adolescencia asumió su protección y se inició el proceso de restablecimiento de sus derechos. Además, las autoridades recuperaron el dinero que había sido hurtado durante el hecho."Esas personas fueron dejadas a disposición ante la autoridad autoridad judicial competente con el fin de que responda por estos hechos. Igualmente, el menor de edad se le restablecieron los derechos y se recuperó el dinero hurtado. Es importante manifestar que se indaga por otros hechos que han ocurrido en otros lugares con el fin de la participación de esta madre de familia y su hijo en otros hurtos", explicó el oficial a Blu Radio.La investigación busca establecer si la pareja y el menor estarían relacionados con otros robos registrados en establecimientos comerciales de la zona. Mientras avanzan las actuaciones judiciales contra los dos adultos, el niño permanece bajo la protección de las autoridades de Infancia y Adolescencia.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: