En días pasados, la Contraloría emitió un comunicado sobre más de 200 alertas en proyectos de infraestructura, vivienda y acueducto en el que mencionó que la ejecución del proyecto Caminos Comunitarios tiene una ejecución rezagada. Sin embargo, en medio del congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el director de Invías, Juan Carlos Montenegro, refutó el informe de la Contraloría asegurando que a la fecha hay 800 de 1.100 caminos comunitarios que se tienen previstos.Entre tanto, para la Contraloría no se puede considerar como satisfactorio el proyecto, que las condiciones estén controladas y cubiertas, ya que de los $8 billones previstos, solo se han invertido $525.000 millones que corresponden al 6,56 % de la meta, esto en lo transcurrido de 27 de los 48 meses de Gobierno actual. Así mismo, la Contraloría insiste que al 15 de octubre del 2024 se han terminado 728 de los 2,157 convenios y contratos firmados en 2023 y 2024, afirmando que en varios de estos hubo prórrogas de plazos a un promedio de cinco meses.Por su parte, la Contraloría confirmó que a partir del enero del 2025 se realizará una auditoria de cumplimiento al Invías por el programa caminos comunitarios de la vigencia 2023 y 2024 para la revisión general de la gestión fiscal de los recursos públicos.
En un discurso pronunciado en la Asamblea Anual de Afiliados de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la CCI, celebró que el Gobierno corrigiera las irregularidades en la designación de las partidas del Presupuesto General de la Nación."La semana pasada, toda la nación fue testigo de un intenso debate público en torno a los $13 billones asignados al sector de infraestructura de transporte", comenzó Caicedo.Sin embargo y a pesar de haber corregido ese error, para Caicedo hay preocupación por las partidas presupuestales que se tienen. "Observamos con gran preocupación la falta de detalle en dicha partida, especialmente en lo que respecta a los recursos destinados a proyectos clave liderados por la ANI y el Invías".Según la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), el decreto de desagregación presupuestal garantiza la continuidad en los procesos licitatorios del Invías, así como la reactivación de nuevos procesos licitatorios para obras de mantenimiento de carreteras no concesionadas. Además, permite el pago oportuno a contratistas e interventores por trabajos realizados en enero de 2024."Además, asegura vigencias futuras por 1,9 billones de pesos para 57 contratos de obra e interventoría, lo que contribuye a un presupuesto de inversión total de 4,2 billones para la actual vigencia”, aseguró Ferrer.Las preocupaciones de la CCI no terminaron con la corrección de este decreto, sino que hay inquietudes que han surgido por el borrador de decreto que otorgaría facultades extraordinarias al presidente para realizar traslados presupuestales y autorizar vigencias futuras. Para Caicedo: "Esto plantea serias incertidumbres en términos de seguridad jurídica y confianza inversionista".En cuanto a la financiación de obras, se discute la implementación de la valorización como instrumento clave. "Aunque compartimos la posibilidad de utilizar la valorización, su viabilidad inmediata no está clara", comentó Caicedo Ferrer. Además, cuestionó la afirmación de que el modelo de concesiones se agota. "Los datos históricos demuestran el impacto positivo de las concesiones en la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura", señaló.
