Habitantes de las veredas Caracol, Ramada, Ciral y del corregimiento Laguna de Ortices del municipio de San Andrés, Santander, denuncian que llevan cerca de tres años y medio esperando la construcción de un puente que, según aseguran, ya cuenta con recursos asignados por la Gobernación. La comunidad afirma que la obra avanza por algunas semanas y posteriormente queda abandonada, situación que ha generado preocupación entre las más de 2.000 familias que dependen de esta infraestructura para movilizarse.Ante la falta de continuidad de los trabajos, los habitantes aseguran que actualmente deben utilizar una tarabita para cruzar, exponiendo sus vidas, especialmente durante las temporadas de lluvias.Pedro Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caracol, hizo un llamado a las autoridades departamentales para que se garantice la terminación de la obra y pidió al presidente Abelardo De La Espriella prestar atención a la situación.La comunidad reclama respuestas al gobernador Juvenal Díaz sobre el estado del contrato, el cronograma de ejecución y las razones por las que, según su denuncia, los trabajos han sido suspendidos en diferentes momentos.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura confía en que, con el cambio de gobierno, los equipos los equipos electromecánicos en el Túnel del Toyo queden instalados en el menor tiempo posible, así no correrían el riesgo de perder su garantía.Y más, cuando el pasado 20 de julio el presidente electo, Abelardo De La Espriella dio la instrucción a la ministra de Transporte entrante, Elsa Noguera, de solucionar la instalación de estas unidades con celeridad.Pero mientras el Invías en varias comunicaciones ha insistido en que no instala los equipos porque las obras civiles no están concluidas en su totalidad, la Cámara Colombiana de la Infraestructura por el contrario insiste que el proyecto está en un 100% terminado, incluso que se ha propuesto ir haciendo el montaje de los equipos electromecánicos por partes.“Es un tema que se ha demorado en la toma de decisiones, se han planteado alternativas como la de ir instalando de manera paulatina lo equipos, trazando unos subhitos, para que se pueda ir cumpliendo con la instalación”, señaló Juan David Pérez Ortiz, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Antioquia.El líder gremial departamental señaló que hace un par de meses, en una de las mesas de conversación, se trató de concertar la posibilidad de la firma de un otrosí entre el Invías y el contratista, para ir instalado los equipos, pero al final no se firmó, pero que la próxima semana se pueden reiniciar las conversaciones para lograr la instalación.“La venimos acompañando y la semana entrante habrán unos espacios de concertación importantes, es sentarnos todos en la mesa a dialogar, porque en los últimos meses lo que pasó fue que cada parte expresaba su posición o su visión, y no se logró llegar a un acuerdo”, dijo Pérez Ortiz.Para el director de gremio de la infraestructura en el departamento, ha sido clave el liderazgo del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, y del entonces secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, para ir destrabado el papeleo para la instalación de los equipos.Así mismo, que gracia a esta gestión, no se descarta que los equipos electromecánicos sean instalados en el Túnel del Toyo en cuestión de días, una vez entre el nuevo gobierno.
La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) pide al Gobierno el aval técnico para que se concrete el Tren de Cercanías del Valle del Cauca (TVC) y que se convierta en una realidad. Hasta el momento, la región ha adelantado toda la planificación, la cofinanciación y la gestión que ha necesitado el proyecto, y ahora queda en manos del actual Gobierno Nacional que este proyecto siga en pie.El TVC lleva casi una década sobre la mesa en el suroccidente del país. Un proyecto que le apunta a fortalecer y a aportar a la economía de la región, convirtiéndose en la primera estrategia que aporta a la nueva industria ferroviaria regional y que, además, generará más de 1.400 empleos, directos e indirectos.“El Valle del Cauca ha trabajado con rigor técnico, institucionalidad y transparencia para construir una iniciativa ferroviaria moderna, sostenible y socialmente transformadora. El proyecto TVC está completamente estructurado: cuenta con estudios de prefactibilidad y factibilidad financiados, una arquitectura financiera definida, un esquema de gobernanza consolidado y el respaldo de la cooperación internacional” señaló la CCI.12 billones de pesos, es el valor destinado para el desarrollo del TVC. La Gobernación del Valle del Cauca, el Distrito de Santiago de Cali y el municipio de Jamundí deben cumplir con un 30% del total de la inversión, que equivale a 3,6 billones de pesos. Por parte del Gobierno Nacional, debe asumir el 70%, cerca de 8,4 billones de pesos.Valle del Cauca cumplió con todos los compromisos, ahora el Gobierno tiene un plazo menor a un mes para realizar el trámite. El 8 de noviembre es la última fecha estipulada para firmar el convenio por parte de la administración actual, según la Ley de Garantías. En caso de que el aval no se dé, se deberá esperar dos años más para que el trámite sea desarrollado con el nuevo gobierno que entre a regir.La CCI hace un llamado contundente al Gobierno Nacional para que “no minimice ni detenga el esfuerzo de tantos años, sino que actúe con coherencia y decisión, otorgando el aval que permita materializar el proyecto ferroviario más importante de la historia del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano”.Además, en la mira se encuentra el dragado del canal de acceso de Buenaventura, el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el Tren del Pacífico y los recursos para la vía Mulaló-Loboguerrero, planes que permitirán conectividad y desarrollo en el Pacífico colombiano, por lo que la Cámara Colombiana de Infraestructura menciona que no actuar ahora es detener el trabajo de muchos años.
En días pasados, la Contraloría emitió un comunicado sobre más de 200 alertas en proyectos de infraestructura, vivienda y acueducto en el que mencionó que la ejecución del proyecto Caminos Comunitarios tiene una ejecución rezagada. Sin embargo, en medio del congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el director de Invías, Juan Carlos Montenegro, refutó el informe de la Contraloría asegurando que a la fecha hay 800 de 1.100 caminos comunitarios que se tienen previstos.Entre tanto, para la Contraloría no se puede considerar como satisfactorio el proyecto, que las condiciones estén controladas y cubiertas, ya que de los $8 billones previstos, solo se han invertido $525.000 millones que corresponden al 6,56 % de la meta, esto en lo transcurrido de 27 de los 48 meses de Gobierno actual. Así mismo, la Contraloría insiste que al 15 de octubre del 2024 se han terminado 728 de los 2,157 convenios y contratos firmados en 2023 y 2024, afirmando que en varios de estos hubo prórrogas de plazos a un promedio de cinco meses.Por su parte, la Contraloría confirmó que a partir del enero del 2025 se realizará una auditoria de cumplimiento al Invías por el programa caminos comunitarios de la vigencia 2023 y 2024 para la revisión general de la gestión fiscal de los recursos públicos.
En un discurso pronunciado en la Asamblea Anual de Afiliados de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la CCI, celebró que el Gobierno corrigiera las irregularidades en la designación de las partidas del Presupuesto General de la Nación."La semana pasada, toda la nación fue testigo de un intenso debate público en torno a los $13 billones asignados al sector de infraestructura de transporte", comenzó Caicedo.Sin embargo y a pesar de haber corregido ese error, para Caicedo hay preocupación por las partidas presupuestales que se tienen. "Observamos con gran preocupación la falta de detalle en dicha partida, especialmente en lo que respecta a los recursos destinados a proyectos clave liderados por la ANI y el Invías".Según la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), el decreto de desagregación presupuestal garantiza la continuidad en los procesos licitatorios del Invías, así como la reactivación de nuevos procesos licitatorios para obras de mantenimiento de carreteras no concesionadas. Además, permite el pago oportuno a contratistas e interventores por trabajos realizados en enero de 2024."Además, asegura vigencias futuras por 1,9 billones de pesos para 57 contratos de obra e interventoría, lo que contribuye a un presupuesto de inversión total de 4,2 billones para la actual vigencia”, aseguró Ferrer.Las preocupaciones de la CCI no terminaron con la corrección de este decreto, sino que hay inquietudes que han surgido por el borrador de decreto que otorgaría facultades extraordinarias al presidente para realizar traslados presupuestales y autorizar vigencias futuras. Para Caicedo: "Esto plantea serias incertidumbres en términos de seguridad jurídica y confianza inversionista".En cuanto a la financiación de obras, se discute la implementación de la valorización como instrumento clave. "Aunque compartimos la posibilidad de utilizar la valorización, su viabilidad inmediata no está clara", comentó Caicedo Ferrer. Además, cuestionó la afirmación de que el modelo de concesiones se agota. "Los datos históricos demuestran el impacto positivo de las concesiones en la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura", señaló.
En medio de los cuestionamientos del sector cafetero por el aumento del IVA, del 5 % al 19 %, a este producto en la Ley de Ajuste Fiscal, desde Cartagena el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, aseguró que el Gobierno está abierto a escuchar propuestas, pero que todos los gremios deben presentar "alternativas" para que el país logre salir de la grave situación fiscal en la que se encuentra.Al tiempo, anunció que, por su lado, como parte de estas medidas para ajustar las finanzas del Estado, pondrán a la venta bienes de la Nación para recaudar recursos. Las primeras que saldrán a la venta serán las sedes de Almagrario, empezando por la de la ciudad de Santa Marta."El Ministerio de Agricultura no está para estar administrando bodegas ni nada. Ya yo pedí todos los bienes de Almagrario y los pongo en venta la otra semana. Esto es así de rápido. Aquí nosotros actuamos muy rápido", dijo durante su intervención.El jefe de la cartera de Agricultura aprovechó también para ofrecer estas sedes a los empresarios del café. "Entonces, para que si necesitan ese de Santa Marta está a su disposición", agregó.Durante su paso por la 90.ª Cumbre Cafetera, el ministro Dangond, a su vez, anunció un paquete de cinco medidas para este sector, que incluye que, por cuenta del impacto del fenómeno de El Niño, se podrán "congelar" y "extender los plazos" de los créditos para los productores de café."Establecer una línea de crédito para hacer reperfilamiento de la deuda cafetera, es decir, lo que nos pasó en pandemia, congelar amortizaciones y mandar los créditos a más largo plazo para que las cuotas sean más bajas y le podamos meter un tanque de oxígeno a la caja de los productores de café en Colombia", explicó.Otra de estas medidas, según detalló el ministro, es que el Gobierno subsidiará hasta el 60 % de las pólizas por riesgo climático y que, por orden del presidente Abelardo De La Espriella, en todas las entidades del Estado se consumirá solo café colombiano."Eso lo decidimos ahorita el 30 de noviembre en la Comisión Nacional de Crédito, vamos a establecer una subvención de hasta el 60 % de lo que cueste la póliza de seguro contra riesgo climático a todos los cafeteros que la tomen", sostuvo.El ministro, además, explicó que, si los gobiernos departamentales se suman a esta medida, el alivio para el sector cafetero podría llegar, incluso, hasta un 80 %."Estoy invitando a los gobiernos departamentales y a los gremios que se sumen con un 10 %, un 5 %, de tal manera que esa subvención aumenta hasta un 80 %. Todas las garantías, los respaldos a los créditos de los cafeteros tendrán garantías del 80 %, independientemente de que sea pequeño, mediano y grande", puntualizó.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 6 de noviembre de 2026:Andrés Forero, senador del Centro Democrático, aseguró que su partido considera necesario modificar la Ley de Rescate Fiscal para aumentar el recorte del gasto y reducir el impacto de nuevos impuestos sobre la clase media y los sectores populares. Explicó que la colectividad estudia alternativas como elevar el ajuste del gasto hasta cerca de 20 billones de pesos y evaluar una eventual venta de una participación adicional del Estado en Ecopetrol, incluso como mecanismo para reducir deuda y aliviar las necesidades fiscales.Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, advirtió que la propuesta de gravar con IVA del 19 % varios insumos agropecuarios podría aumentar los costos de producción de alimentos como la papa y el arroz. Señaló que los insumos representan alrededor del 43 % de los costos en algunos cultivos y estimó que el incremento inicial de los costos podría superar el 6 %; también manifestó preocupación por productos como quesos, frutas y hortalizas que pasarían a pagar IVA y por las dificultades de aplicar facturación electrónica en zonas rurales.El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, destacó la expectativa que genera en Uruguay la visita del papa León XIV, pese a tratarse de uno de los países más secularizados de América Latina. Explicó que la Iglesia Católica uruguaya realizó colectas y una rifa nacional para financiar los eventos pastorales de la visita, cuyo costo estimó en unos 2,5 millones de dólares, mientras el Gobierno asumirá aspectos como seguridad, transporte y el acto oficial de recibimiento.Danilo Rojas, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, anunció que antes del 15 de diciembre la JEP prevé realizar cerca de 20 nuevas imputaciones en sus diferentes macrocasos. Explicó que la jurisdicción debe reducir aproximadamente 170.000 millones de pesos de sus gastos, por lo que cambiará de sede, disminuirá esquemas de protección y reducirá en un 85 % la contratación por prestación de servicios; además, sostuvo que el mandato de la JEP se extiende hasta 2033, con imputaciones hasta 2028 y cinco años adicionales para los juicios.Esteban Caballero, politólogo paraguayo, explicó que el Congreso de Paraguay rechazó la renuncia de Santiago Peña para continuar con el juicio político, pues una eventual destitución impediría que adquiriera la condición de senador vitalicio. Señaló que, de producirse la salida del mandatario, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría hasta 2028 y descartó elecciones anticipadas; además, sostuvo que la crisis financiera permanece concentrada principalmente en Ueno Bank y llamó a evitar un pánico que pueda afectar al resto del sistema bancario.Christian Garcés, senador del Centro Democrático, afirmó que su partido llevará a la reunión con el Gobierno propuestas para profundizar la reducción del gasto público antes de discutir nuevos impuestos. Manifestó preocupación por el aumento del IVA, la medicina prepagada, el regreso de aportes parafiscales y una eventual ampliación del impuesto de renta a sectores de la clase media, y aseguró que la bancada espera fijar una posición unificada sobre la Ley de Rescate Fiscal después de continuar estudiando las cifras y reunirse con el Ejecutivo.Felipe Bernal, experto en el sector energético y geopolítica, explicó que la denominada guerra híbrida combina herramientas militares y no militares como ciberataques, desinformación, presión económica, sabotaje y actuación mediante grupos aliados para debilitar a otros países sin necesidad de una confrontación convencional directa. Advirtió que Colombia y América Latina enfrentan vulnerabilidades relacionadas con dependencia tecnológica y energética, infraestructura estratégica, recursos naturales, desinformación y competencia entre potencias por el alineamiento internacional.Luisa Ochoa, estudiante cucuteña de 16 años, contó que fue aceptada en el International Air and Space Program, que se realizará en el Johnson Space Center de Houston, Texas. La joven, que cursa grado 11 y planea estudiar Medicina, presentó un proyecto denominado Sentinela, un prototipo pensado para monitorear el estado de los medicamentos durante misiones espaciales prolongadas y determinar cuándo siguen siendo aptos para el consumo de los astronautas; aseguró que contempla en el futuro especializarse en medicina aeroespacial.Escuche el programa completo aquí:
El expresidente y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos insiste en que en los dos últimos gobiernos no ha habido voluntad política para implementar el acuerdo de paz. También sostiene que la violencia de hoy no tiene nada que ver con lo que se firmó en 2016, como dicen sus rivales políticos.Santos reconoció que el conflicto armado terminó oficialmente, pero que desde entonces disidencias, bandas criminales y otros grupos armados han crecido en los territorios. Se financian con el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.Según el exmandatario, estos grupos ya no tienen motivaciones políticas. Buscan control territorial y dinero mediante lo que llamó “gobernanza criminal”. Son mafias bien conectadas, un problema que afecta a toda América Latina y que también crece en África.Y les respondió directamente a sus críticos. Dijo que algunos de sus rivales, por razones políticas y en “una cínica distorsión de la verdad”, culpan de esta violencia al Acuerdo de Paz. “Es todo lo contrario”, afirmó.Para Santos, el acuerdo sigue siendo indispensable porque tiene las respuestas a los problemas del país: llevar el Estado a las regiones abandonadas, reducir la desigualdad en el campo, proteger a las comunidades y reemplazar la gobernanza criminal por una autoridad estatal legítima.Sus palabras llegan en medio de su choque con Mauricio Gaona, embajador del gobierno de Abelardo De La Espriella ante la ONU. En la sesión del Consejo de Seguridad del 30 de octubre, Gaona dijo que el pacto entre el gobierno Santos y la extinta guerrilla “no produjo una paz final, estable ni duradera”.Esta semana, Santos le respondió que “hizo el ridículo”. “Está confundido, está mal informado y está cometiendo errores por su falta de experiencia diplomática”, dijo.
¡Repudiable! Buscan a un hombre señalado de abusar sexualmente de un cerdo en una finca de El Carmen de Atrato, Chocó. La senadora Andrea Padilla pidió dar con el paradero del supuesto agresor del animalUn presunto caso de abuso sexual contra un animal generó indignación en el municipio de El Carmen de Atrato, luego de que las cámaras de seguridad de una finca captaran a un hombre que habría abusado de un cerdo que permanecía encerrado en un corral.El caso tomó mayor relevancia luego de que la senadora animalista de Alianza Verde, Andrea Padilla, difundiera las imágenes a través de su cuenta en la red social X. La congresista solicitó la intervención de las autoridades para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero del hombre que aparece en el video.A través de sus redes sociales, la senadora hizo un llamado a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y a la Policía Nacional para que se adelanten las acciones necesarias frente a este presunto caso de maltrato animal.Según se ha podido conocer y luego de las denuncias, las autoridades avanzan en la búsqueda del hombre, incluso con labores en las zonas aledañas a El Carmen de Atrato en donde el repudio crece con el paso de los días.Por su parte, hay que recordar que los actos sexuales contra animales pueden generar penas de prisión de cuatro a cinco años y medio, además de multas de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.De momento, se espera que las investigaciones permitan establecer las circunstancias del hecho e identificar formalmente al presunto responsable de esta lamentable situación ocurrida en el departamento de Chocó.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este viernes una ofrenda floral junto al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, para conmemorar de manera extemporánea los 250 años de la independencia estadounidense y recordar los 191 años de relaciones diplomáticas que se cumplen este 2026.La ofrenda fue realizada en la plaza Washington, reinaugurada el pasado octubre y erigida en honor a George Washington, en El Paraíso, en Caracas, donde las autoridades venezolanas y estadounidenses presentes en el país decidieron celebrar la independencia de EE.UU., que se celebra el 4 de julio."Este año 2026 se van a celebrar los 191 años de relaciones diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos y esta reinauguración de la plaza homenajea a un líder de la independencia, a un padre fundador, al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, es un sentido homenaje a su liderazgo, es un sentido homenaje al legado histórico que dejó para los Estados Unidos", dijo Rodríguez al canal estatal VTV.La mandataria aseguró además que para los pueblos es "muy importante" conocer la historia y los héroes de los países."Así que nos unimos al júbilo de los Estados Unidos por los 250 años de independencia, pero también por rendir homenaje a un padre fundador como lo fue el presidente George Washington", añadió.Las autoridades entonaron el himno nacional de ambos países frente a la estatua de George Washington."Veo con orgullo esta estatua de George Washington, que fue nuestro libertador, nuestro líder, muy parecido a Simón Bolívar (el libertador venezolano)", dijo, por su parte, Barrett.En ese sentido, recordó que en mayo también fue inaugurada una estatua de Bolívar en Washington y aseguró que ambas personalidades definen "la nueva amistad entre Estados Unidos y Venezuela".El acto contó con la presencia de diferentes autoridades de Estados Unidos, como el subsecretario adjunto para América del Sur, Luis Méndez; James O'Brien, asesor principal de la oficina de Finanzas del Departamento de Estado y otros.Por Venezuela estuvieron presentes, además de Rodríguez, la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; y el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, quien estuvo a cargo de la restauración de la plaza.Venezuela y Estados Unidos retomaron sus lazos diplomáticos este 2026, después de siete años de relaciones rotas, en un contexto marcado por la presión de Washington a Caracas tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.Ahora, ambos países se definen como socios y amigos y en agosto pasado firmaron un histórico acuerdo de 25 años por el cual Venezuela le otorga acceso a Estados Unidos a más del 20 % de sus reservas petroleras.