Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica de Colombia, señaló que “lo que está acabando con el ambiente es el narcotráfico” y por eso insistió en la solicitud de nulidad del fallo de la Corte Constitucional que prohíbe la aspersión con glifosato.Según comentó el funcionario en Mañanas BLU, las motivaciones del fallo no coinciden con la realidad. Además, dijo que la aspersión con glifosato durante el 2019, fue uno de los mecanismos más efectivos y usados para combatir los cultivos ilícitos.“En el año 2019 se usaron 34 millones de litros de glifosato, pero todo se usó en labores distintas a la aspersión de coca, fue en cultivos lícitos como café, flores, azúcar o ganadería. El glifosato es uno de los herbicidas más usados en Colombia, ¿es perjudicial cuando se usa para combatir la coca, pero no cuando se usa para cultivos lícitos?”, cuestionó.“Aquí lo más importante se basa en que hay un derecho al ambiente sano de todos los colombianos, el cual hay que proteger. Lo que está acabando con el ambiente es el narcotráfico y la manera eficiente de proteger ese ambiente sano y a las comunidades, es precisamente usando todos los mecanismos posibles, entre ellos, la aspersión aérea para combatir los cultivos”, añadió.Gómez detalló que hay “cerca de 200.000 hectáreas cultivadas, que no son ni para prácticas ancestrales ni para hacer agüitas aromáticas”. Dichas zonas, según expresó, son ilícitas y así lo dice el Código Penal, “por lo tanto el Estado está obligado a combatirlo, esas son las leyes”.“Existen, dentro de las causales que la Corte Constitucional ha definido, tres causales que creo cumplen con esta definición, entre otras cosas, porque la sala de dos magistrados va en contra de decisiones que ha dado la Sala Plena y, a nuestro su juicio, ha desconocido algunos argumentos de la defensa y las motivaciones del fallo no coinciden”, puntualizó sobre el fallo.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, habló en Mañanas BLU sobre la versión que corre en la costa Caribe acerca de la compra de supuestas acciones sobre el Galeón San José, que habría vendido una empresa que aseguró haberlo ubicado. Según el funcionario, supuestamente, una de las personas que resultó estafada fue la excongresista Aida Merlano, ahora prófuga de la justicia colombiana y protegida del régimen de Maduro en Venezuela. "Dicen la leyenda que se comercializaron acciones del galeón San José, por parte de la empresa que dijo que lo había descubierto, que no lo descubrió, porque en el sitio había un trozo de madera y nada más. Que por cierto, se analizó con carbono 14 y es de la edad moderna", relató Gómez Alzate "Eso dio lugar a que en Barranquilla y Cartagena mucha gente pensara que iba a ser dueña de un tesoro. (...) Dicen que se vendieron acciones y la tarea era buscar algún tipo de lobby. Muy posiblemente por ese lado Aida Merlano acabó, aparentemente, con unas acciones que son de nada, porque el galeón no estaba ahí. Es una historia absurda", añadió el funcionario. Todo lo que hay en el galeón San José es considerado patrimonio cultura, además hace parte de una unidad, razón por la que no puede ni comercializarse parcial ni total, ya que realmente hace parte de todos los colombianos.Se igual forma, el director Gómez reiteró que la ubicación del galeón es desconocida para el público: "incluso hay gente aquí en Colombia que insiste a como de lugar a que se descubran las coordenadas y que se entrega la información al público, estas medidas cautélales lo que buscaban descubrir información que es absolutamente reservada y que por ningún motivo vamos a permitir que se salga".No se conoce realmente el precio por el que se comercializaron dichas acciones, pero sí es conocido que hay varias personas a quienes les vendieron una parte de nada."Todo lo del galeón hoy es de los colombianos, punto, no se puede vender, no se puede comercializar, no se puede entregar", concluyó.Escuche a Camilo Gómez Alzate en entrevista con Mañanas BLU:
El Estado colombiano, a través de la Agencia de Defensa Jurídica, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara frente a las reelecciones presidenciales en América Latina y estableció que estas violan los derechos fundamentales. Lo cual confirma que en países como Bolivia, Venezuela o Nicaragua, podrían ser considerados como vulneradores de los derechos humanos.El pronunciamiento jurídico se constituye en un referente jurisprudencial para la región, según indicó el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Álzate.“Esta es una decisión trascendental porque define un precedente hacia el futuro es uno de los pronunciamientos de mayor trascendencia en la defensa de la democracia en América Latina y, sin duda alguna, marca un hito en el sentido de establecer con mucha precisión y claridad que la protección de los derechos humanos tiene como base fundamental la democracia y la democracia tiene a su vez como fundamento que no haya una perpetuación en el poder, como lo han intentado en Venezuela o Nicaragua”, indicó.A su vez, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó la decisión y señaló: “trascendental decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los magistrados dictaminaron que permitir la reelección presidencial indefinida es contrario a obligaciones regionales de derechos humanos. Esta decisión deja sin piso a varios autócratas que han tergiversado los DDHH para aferrarse al poder”.
La periodista Jineth Bedoya Lima, habló en Mañanas BLU sobre su caso de secuestro, tortura y violación en la cárcel La Modelo en mayo de 2000, proceso que cursa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). La comunicadora señaló con nombre propio al general (r) Leonardo Gallego de estar detrás del crimen del que fue víctima, de acuerdo con testimonios de paramilitares. "Ese general es Leonardo Gallego, en el momento de mi secuestro él era coronel de la Policía y director de la Dijín. Muchos de los paramilitares, que dieron su versión, dijeron que Leonardo Gallego ordenó mi secuestro", declaró. "Varios testimonios señalan que él (Gallego) se reunía en alta seguridad de la cárcel La Modelo con los jefes paramilitares recluidos ahí y que parte del armamento que se movía por allí era manejado por esos integrantes de al Policía. No quiero hablar de la Policía como institución porque la respeto y porque para mí es claro que fueron algunas personas", agregó. Según la periodista, en la cárcel, según dichos testimonios, se pactaban "una serie de negocios". "En la cárcel La Modelo funcionaba la oficina del paramilitarismo", afirmó Bedoya. De acuerdo con la comunicadora, un par de semanas antes del homicidio del abogado y humorista Jaime Garzón vio al entonces coronel Gallego saliendo del penal. "Recuerden que allí (en la cárcel La Modelo) se pactó el asesinato de Jaime Garzón. Nunca se me olvidará que 15 días antes del asesinato de Jaime, nos encontramos en la puerta de la cárcel (con Gallego). Él venía saliendo de alta seguridad, porque desde allí se negociaba y se pactaba todo", sostuvo la periodista. "Así como el asesinato de Jaime, como mi secuestro, que también era asesinato, porque le orden era asesinarme, como otra cantidad de crímenes, se fraguaron allí. Debajo de esas estructuras hay trozos, literalmente, de presos que fueron descuartizados y que fueron botados por las cañerías", agregó. Escuche a Jineth Bedoya en Mañanas BLU:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) rechazó este miércoles un escrito de recusación presentado por Colombia contra 4 de los 6 jueces del tribunal, a los que acusó de "falta de objetividad" y de "prejuzgar" al Estado el pasado lunes durante la audiencia por el caso del secuestro, tortura y violación que sufrió la periodista Jineth Bedoya en el año 2000.La CorteIDH, con sede en Costa Rica, emitió una resolución firmada por los jueces Eduardo Vio Grossi y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, los dos que no fueron recusados, en la que declaró improcedentes todas las peticiones presentadas por el Estado.El Estado recusó a la presidenta de la CorteIDH, Elizabeth Odio; al vicepresidente, Patricio Pazmiño, y a los jueces Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez, y solicitó declarar nulo todo lo actuado por la Corte desde que conoció la recusación.El Estado también pretendía que se excluyera del expediente internacional las preguntas formuladas por los jueces que dieron lugar a la solicitud de recusación y que este incidente fuera resuelto por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.Tras rechazar todas esas solicitudes, la CorteIDH determinó que los seis jueces continuarán la audiencia en una fecha por definir.En el año 2000, Bedoya fue secuestrada por paramilitares a las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá cuando hacía una investigación para el diario El Espectador, torturada y violada.La representación estatal, encabezada por el director de la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, se retiró de la audiencia el lunes pasado y la Corte decidió suspender las sesiones del martes y del miércoles, en las que estaba previsto que declararan peritos y que las partes presentaran los alegatos finales.En su resolución de este miércoles, la CorteIDH explicó que los Estados pueden presentar sus inconformidades durante el proceso de acuerdo con los reglamentos del tribunal y criticó el retiro de la representación del Estado colombiano de la audiencia."En lugar de optar por estas múltiples y válidas alternativas procesales, el Estado decidió motu proprio abandonar la audiencia en la primera jornada de la celebración de esta, tras la declaración de una presunta víctima, en una actuación inédita en la historia de esta Corte; carente, como se ha razonado previamente, de justificación, y absolutamente desproporcionada, todo lo cual ha supuesto además una revictimización de la señora Bedoya", indica la resolución.
En una carta, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado le pidió al presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, que cree un caso especial que priorice los hechos de violencia sexual y de género en el conflicto colombiano para “esclarecer los hechos, condenar a los responsables y otorgar reparación a las víctimas y a sus familias”.La solicitud surge después de la queja que la periodista Jineth Bedoya hizo en la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se buscaba determinar posibles responsabilidades del Estado en los crímenes de tortura, secuestro y violencia sexual que ella sufrió el 25 de mayo de 2000.En la audiencia, la periodista le pidió a la JEP que incluyera el abuso sexual como arma de guerra por parte de todas las partes involucradas en el conflicto colombiano ya que la jurisdicción ha tenido poca actuación en dichos casos.Fue el mismo director Camilo Gómez quien firmó el documento donde, además, le pide a la JEP “contribuir al mejoramiento de la investigación y judicialización de estos hechos” en el conflicto armado.Asimismo, Gómez, quien se retiró de la audiencia de Bedoya porque “cinco magistrados prejuzgaron al Estado colombiano”, rechazó nuevamente las acciones violentas en contra de la periodista y de cualquier mujer.
El Estado colombiano acusó este lunes a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de "falta de objetividad" y se retiró de la audiencia que el tribunal lleva a cabo por el secuestro, tortura y violación que sufrió la periodista Jineth Bedoya en el año 2000 en el ejercicio de su profesión.El agente del Estado colombiano, Camilo Gómez, dijo que en las preguntas formuladas por los jueces a Bedoya en el inicio de la audiencia de tres días, se evidenció "falta de objetividad" de "todos los jueces" con excepción de Eduardo Vio Grossi, quien no realizó preguntas.Durante las preguntas a la víctima, los jueces expresaron palabras de elogio y solidaridad hacia Bedoya por los actos de violencia de los que fue víctima y su lucha por continuar ejerciendo el periodismo."Todos los jueces excepto el juez Vio Grossi están impedidos para actuar en este caso. Colombia presentará un escrito de recusación que cubre a todos los jueces menos al juez Vio Grossi. El Estado considera que la audiencia no puede continuar en estas condiciones", afirmó el agente estatal.La presidenta de la CorteIDH, Elizabeth Odio, tomó nota y decidió continuar con la audiencia.El representante de Colombia aseguró que "la falta de objetividad le quita la legitimidad que requiere (la Corte) y tristemente los que pierden son las víctimas".Gómez expresó que el Estado reconoce la lucha y el trabajo de la periodista Bedoya y que "ninguna mujer debería sufrir un ataque de este tipo ni ningún periodista ser amenazado por su trabajo".Sin embargo, enfatizó en que "la obligación de los jueces es ser objetivos e imparciales" y "no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la Corte y que espera imparcialidad"."La cortesía y solidaridad son bienvenidos, pero el prejuzgamiento en las preguntas de los jueces no puede ser aceptado por el Estado", aseguró.Gómez dijo que se evidenció que los jueces tienen una "opinión formada del caso sin siquiera oír lo que Colombia tiene por decir".Antes del retiro del Estado, Bedoya rindió su declaración en la que relató que el 25 de mayo de 2000 fue secuestrada en las afueras de la cárcel Modelo, en Bogotá, mientras espera autorización para ingresar al centro penal para entrevistar un jefe paramilitar como parte de un investigación periodística sobre hechos de violencia, tráfico de armas y secuestros en el marco del conflicto armado colombiano.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Camilo Gómez, habló en Mañanas BLU sobre las implicaciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en contra del Estado colombiano por la violación de los derechos políticos del exalcalde de Bogotá y actual senador, Gustavo Petro, a raíz de una sanción emitida por la Procuraduría General, en su momento dirigida por Alejandro Ordóñez Maldonado. Vea también: Fallo sobre Petro cierra puerta a sanciones administrativas a elegidos por voto popular “La acción de repetición se produce cuando existe error grave o dolo. Desde luego, nuestra obligación en la agencia es analizar el caso y si procede por error grave o dolo, los haremos”, dijo Gómez en Mañanas BLU.“Nuestra obligación en la agencia es analizar el caso y si procede por error grave o dolo, los haremos. No solamente en el caso del embajador Ordóñez, sino en el de cualquier otro funcionario sin importar su tendencia o su origen político”, agregó.Según Camilo Gómez, el caso de Petro tendrá implicaciones en materia de control fiscal y disciplinario.“Se le abre un boquete a la lucha contra la corrupción y es gracias a la demanda de Gustavo Petro”, declaró.“La Corte Interamericana deja de lado el principio de subsidiariedad por el cual se rige. Solo debería llegar al sistema interamericano los casos que no se han juzgado en Colombia y que no han tenido definiciones en Colombia”, agregó.Para Gómez, el caso de Petro ya había sido resuelto desde lo administrativo en Colombia.“Aquí nuestros tribunales, el Consejo de Estado, ya había resuelto declarando la nulidad de la actuación de la Procuraduría. Por lo tanto, los derechos de Gustavo Petro, ya estaba claro, que no se habían violado y que la responsabilidad recayó sobre el procedimiento, no sobre los hechos”, agregó.Según Camilo Gómez se trata de un mal precedente el incumplimiento del principio de subsidiariedad.Conozca más: ¡Se salvó Petro! Consejo de Estado mantiene en firme su investidura “A Gustavo Petro tampoco le otorgaron todo lo que pedía. Él pedía, por ejemplo, que se suspendieran las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como de la Contraloría y la CorteIDH dice que no es procedente”, sostuvo el director de la ANDJE.Escuche a Camilo Gómez en entrevista con Mañanas BLU.
En diálogo con Mañanas BLU, el director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, Camilo Gómez, confirmó que “Colombia no se puede quedar callada”, después de que Walmart comercializara en su sitio web en Canadá un suéter y otras prendas de Navidad que hacían apología a la cocaína colombiana.“Walmart y el productor del famoso suéter, los dos, solidariamente, le han causado un daño a Colombia, un daño reputacional. Pero el daño no es solo a Colombia, sino a aquellos que producen productos lícitos y exportan a países como Canadá”, indicó.Vea acá: Colombia pedirá indemnización máxima a Walmart por caso suéter con cocaínaEn ese sentido, explicó que el país hará una reclamación, en primera instancia, de manera directa con el almacén y el proveedor y de no lograrse un arreglo se iría a una instancia judicial, pidiendo una indemnización, dinero que iría destinado, primero, a los policías que han sido víctimas del narcotráfico y, segundo, a una campaña que mejore la imagen de Colombia.Asimismo, Gómez indicó que el monto de la indemnización aún está definiéndose con abogados norteamericanos. “Esperamos tener un monto aproximado muy rápidamente, pero pediremos el máximo posible. La compañía se equivocó y el productor del suéter se equivocó promoviendo un producto ilícito. No solamente es una afrenta contra Colombia, sino contra todo el mundo”.“Esto es un daño a la reputación de Colombia que tiene efectos. Aquí hay que ir lejos para poner ejemplos. La reclamación diplomática debe ir acompañada de una indemnización. Es injusto para los colombianos que haya una cadena como estas, de tal magnitud, que se dedique a promocionar la cocaína colombiana”, sostuvo.El director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado hizo un llamado a cesar este tipo de campañas en contra de la buena imagen de Colombia e hizo un llamado también a pensar en el daño que el narcotráfico le ha hecho a todo el país a lo largo de la historia.“No nos podemos quedar en la nota de las disculpas (…) Si perdemos la demanda, la perdemos, pero haciendo el esfuerzo. Prefiero perder defendiendo a Colombia que no hacer nada y que se siga promocionando el narcotráfico”, agregó Gómez.Aseguró, además, que la defensa del Estado exigirá "una campaña de publicidad diez veces mayor a la que usó en este producto para divulgar la buena imagen de Colombia".“Es totalmente abominable que haya una apología al mayor criminal de Colombia (…) Este caso será emblemático para que tenga efectos para el país”, puntualizó.El funcionario describió la publicidad como una "canallada de Walmart contra Colombia" porque, según él, "le hace daño" a la imagen de un país que lucha contra el azote del "narcotráfico".Gómez también criticó al presentador de Miss Universo, Steve Harvey, quien en la gala del domingo recordó cuando hace cuatro años dio erróneamente como ganadora a la señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez.En medio de una charla con la candidata colombiana Gabriela Tafur, Harvey aseguró que "la gente del cartel" aún estaba enfadada con él por la pifia."Creo que la sintonía de Miss Universo es suficientemente grande como para que por lo menos el concurso ofrezca unas disculpas, que no las ha ofrecido", afirmó el funcionario.
“No es un momento de zozobra sino de esperanza. Por primera vez un presidente en Colombia tiene la enorme posibilidad de convocar a todos los colombianos en torno a un acuerdo de paz, de una unidad nacional, de un consenso nacional”, dijo Camilo Gómez Alzate. El ex comisionado de paz entregó su opinión sobre la prevalencia del NO y lo que se viene ahora con dicha decisión del pueblo colombiano. “Me parece que eso es lo que abre la esperanza y lo que va a legitimar que el nuevo acuerdo con cambios de fondo, va a ser un acuerdo apoyado por la gran mayoría de los colombianos, va a generar una unión y no una división como estaba sucediendo con el acuerdo anterior”, aseveró. Además, hizo sus críticas al primer acuerdo. “No puede un acuerdo con 5.700 guerrilleros meterse a la constitución de 50 millones de colombianos. Incorporarlo al bloque de constitucionalidad como técnicamente se llama significaría una modificación a la constitución por parte de un grupo que, primero ha secuestrado, asesinado, etc y segundo, que no representa sino a 5.700 o 10 mil hombres. La constitución es lo más sagrado y no se le puede manosear ni tocar de esa manera”, agregó. Además, Gómez habló de la importancia de que se cumplan los acuerdos en el tema del narcotráfico y la entrega de bienes por parte de las Farc y dejó en claro que es importante discutir la elegibilidad de los desmovilizados. “A todo esto se le suma el tema de la elegibilidad. ¿Quieren o no quieren los colombianos que un guerrillero que haya cometido delitos de lesa humanidad, sea elegible al Congreso o a la presidencia? Ese es el debate”, aseguró.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
