Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica de Colombia, señaló que “lo que está acabando con el ambiente es el narcotráfico” y por eso insistió en la solicitud de nulidad del fallo de la Corte Constitucional que prohíbe la aspersión con glifosato.Según comentó el funcionario en Mañanas BLU, las motivaciones del fallo no coinciden con la realidad. Además, dijo que la aspersión con glifosato durante el 2019, fue uno de los mecanismos más efectivos y usados para combatir los cultivos ilícitos.“En el año 2019 se usaron 34 millones de litros de glifosato, pero todo se usó en labores distintas a la aspersión de coca, fue en cultivos lícitos como café, flores, azúcar o ganadería. El glifosato es uno de los herbicidas más usados en Colombia, ¿es perjudicial cuando se usa para combatir la coca, pero no cuando se usa para cultivos lícitos?”, cuestionó.“Aquí lo más importante se basa en que hay un derecho al ambiente sano de todos los colombianos, el cual hay que proteger. Lo que está acabando con el ambiente es el narcotráfico y la manera eficiente de proteger ese ambiente sano y a las comunidades, es precisamente usando todos los mecanismos posibles, entre ellos, la aspersión aérea para combatir los cultivos”, añadió.Gómez detalló que hay “cerca de 200.000 hectáreas cultivadas, que no son ni para prácticas ancestrales ni para hacer agüitas aromáticas”. Dichas zonas, según expresó, son ilícitas y así lo dice el Código Penal, “por lo tanto el Estado está obligado a combatirlo, esas son las leyes”.“Existen, dentro de las causales que la Corte Constitucional ha definido, tres causales que creo cumplen con esta definición, entre otras cosas, porque la sala de dos magistrados va en contra de decisiones que ha dado la Sala Plena y, a nuestro su juicio, ha desconocido algunos argumentos de la defensa y las motivaciones del fallo no coinciden”, puntualizó sobre el fallo.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, habló en Mañanas BLU sobre la versión que corre en la costa Caribe acerca de la compra de supuestas acciones sobre el Galeón San José, que habría vendido una empresa que aseguró haberlo ubicado. Según el funcionario, supuestamente, una de las personas que resultó estafada fue la excongresista Aida Merlano, ahora prófuga de la justicia colombiana y protegida del régimen de Maduro en Venezuela. "Dicen la leyenda que se comercializaron acciones del galeón San José, por parte de la empresa que dijo que lo había descubierto, que no lo descubrió, porque en el sitio había un trozo de madera y nada más. Que por cierto, se analizó con carbono 14 y es de la edad moderna", relató Gómez Alzate "Eso dio lugar a que en Barranquilla y Cartagena mucha gente pensara que iba a ser dueña de un tesoro. (...) Dicen que se vendieron acciones y la tarea era buscar algún tipo de lobby. Muy posiblemente por ese lado Aida Merlano acabó, aparentemente, con unas acciones que son de nada, porque el galeón no estaba ahí. Es una historia absurda", añadió el funcionario. Todo lo que hay en el galeón San José es considerado patrimonio cultura, además hace parte de una unidad, razón por la que no puede ni comercializarse parcial ni total, ya que realmente hace parte de todos los colombianos.Se igual forma, el director Gómez reiteró que la ubicación del galeón es desconocida para el público: "incluso hay gente aquí en Colombia que insiste a como de lugar a que se descubran las coordenadas y que se entrega la información al público, estas medidas cautélales lo que buscaban descubrir información que es absolutamente reservada y que por ningún motivo vamos a permitir que se salga".No se conoce realmente el precio por el que se comercializaron dichas acciones, pero sí es conocido que hay varias personas a quienes les vendieron una parte de nada."Todo lo del galeón hoy es de los colombianos, punto, no se puede vender, no se puede comercializar, no se puede entregar", concluyó.Escuche a Camilo Gómez Alzate en entrevista con Mañanas BLU:
El Estado colombiano, a través de la Agencia de Defensa Jurídica, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara frente a las reelecciones presidenciales en América Latina y estableció que estas violan los derechos fundamentales. Lo cual confirma que en países como Bolivia, Venezuela o Nicaragua, podrían ser considerados como vulneradores de los derechos humanos.El pronunciamiento jurídico se constituye en un referente jurisprudencial para la región, según indicó el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Álzate.“Esta es una decisión trascendental porque define un precedente hacia el futuro es uno de los pronunciamientos de mayor trascendencia en la defensa de la democracia en América Latina y, sin duda alguna, marca un hito en el sentido de establecer con mucha precisión y claridad que la protección de los derechos humanos tiene como base fundamental la democracia y la democracia tiene a su vez como fundamento que no haya una perpetuación en el poder, como lo han intentado en Venezuela o Nicaragua”, indicó.A su vez, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó la decisión y señaló: “trascendental decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los magistrados dictaminaron que permitir la reelección presidencial indefinida es contrario a obligaciones regionales de derechos humanos. Esta decisión deja sin piso a varios autócratas que han tergiversado los DDHH para aferrarse al poder”.
La periodista Jineth Bedoya Lima, habló en Mañanas BLU sobre su caso de secuestro, tortura y violación en la cárcel La Modelo en mayo de 2000, proceso que cursa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). La comunicadora señaló con nombre propio al general (r) Leonardo Gallego de estar detrás del crimen del que fue víctima, de acuerdo con testimonios de paramilitares. "Ese general es Leonardo Gallego, en el momento de mi secuestro él era coronel de la Policía y director de la Dijín. Muchos de los paramilitares, que dieron su versión, dijeron que Leonardo Gallego ordenó mi secuestro", declaró. "Varios testimonios señalan que él (Gallego) se reunía en alta seguridad de la cárcel La Modelo con los jefes paramilitares recluidos ahí y que parte del armamento que se movía por allí era manejado por esos integrantes de al Policía. No quiero hablar de la Policía como institución porque la respeto y porque para mí es claro que fueron algunas personas", agregó. Según la periodista, en la cárcel, según dichos testimonios, se pactaban "una serie de negocios". "En la cárcel La Modelo funcionaba la oficina del paramilitarismo", afirmó Bedoya. De acuerdo con la comunicadora, un par de semanas antes del homicidio del abogado y humorista Jaime Garzón vio al entonces coronel Gallego saliendo del penal. "Recuerden que allí (en la cárcel La Modelo) se pactó el asesinato de Jaime Garzón. Nunca se me olvidará que 15 días antes del asesinato de Jaime, nos encontramos en la puerta de la cárcel (con Gallego). Él venía saliendo de alta seguridad, porque desde allí se negociaba y se pactaba todo", sostuvo la periodista. "Así como el asesinato de Jaime, como mi secuestro, que también era asesinato, porque le orden era asesinarme, como otra cantidad de crímenes, se fraguaron allí. Debajo de esas estructuras hay trozos, literalmente, de presos que fueron descuartizados y que fueron botados por las cañerías", agregó. Escuche a Jineth Bedoya en Mañanas BLU:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) rechazó este miércoles un escrito de recusación presentado por Colombia contra 4 de los 6 jueces del tribunal, a los que acusó de "falta de objetividad" y de "prejuzgar" al Estado el pasado lunes durante la audiencia por el caso del secuestro, tortura y violación que sufrió la periodista Jineth Bedoya en el año 2000.La CorteIDH, con sede en Costa Rica, emitió una resolución firmada por los jueces Eduardo Vio Grossi y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, los dos que no fueron recusados, en la que declaró improcedentes todas las peticiones presentadas por el Estado.El Estado recusó a la presidenta de la CorteIDH, Elizabeth Odio; al vicepresidente, Patricio Pazmiño, y a los jueces Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez, y solicitó declarar nulo todo lo actuado por la Corte desde que conoció la recusación.El Estado también pretendía que se excluyera del expediente internacional las preguntas formuladas por los jueces que dieron lugar a la solicitud de recusación y que este incidente fuera resuelto por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.Tras rechazar todas esas solicitudes, la CorteIDH determinó que los seis jueces continuarán la audiencia en una fecha por definir.En el año 2000, Bedoya fue secuestrada por paramilitares a las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá cuando hacía una investigación para el diario El Espectador, torturada y violada.La representación estatal, encabezada por el director de la Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, se retiró de la audiencia el lunes pasado y la Corte decidió suspender las sesiones del martes y del miércoles, en las que estaba previsto que declararan peritos y que las partes presentaran los alegatos finales.En su resolución de este miércoles, la CorteIDH explicó que los Estados pueden presentar sus inconformidades durante el proceso de acuerdo con los reglamentos del tribunal y criticó el retiro de la representación del Estado colombiano de la audiencia."En lugar de optar por estas múltiples y válidas alternativas procesales, el Estado decidió motu proprio abandonar la audiencia en la primera jornada de la celebración de esta, tras la declaración de una presunta víctima, en una actuación inédita en la historia de esta Corte; carente, como se ha razonado previamente, de justificación, y absolutamente desproporcionada, todo lo cual ha supuesto además una revictimización de la señora Bedoya", indica la resolución.
En una carta, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado le pidió al presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, que cree un caso especial que priorice los hechos de violencia sexual y de género en el conflicto colombiano para “esclarecer los hechos, condenar a los responsables y otorgar reparación a las víctimas y a sus familias”.La solicitud surge después de la queja que la periodista Jineth Bedoya hizo en la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se buscaba determinar posibles responsabilidades del Estado en los crímenes de tortura, secuestro y violencia sexual que ella sufrió el 25 de mayo de 2000.En la audiencia, la periodista le pidió a la JEP que incluyera el abuso sexual como arma de guerra por parte de todas las partes involucradas en el conflicto colombiano ya que la jurisdicción ha tenido poca actuación en dichos casos.Fue el mismo director Camilo Gómez quien firmó el documento donde, además, le pide a la JEP “contribuir al mejoramiento de la investigación y judicialización de estos hechos” en el conflicto armado.Asimismo, Gómez, quien se retiró de la audiencia de Bedoya porque “cinco magistrados prejuzgaron al Estado colombiano”, rechazó nuevamente las acciones violentas en contra de la periodista y de cualquier mujer.
El Estado colombiano acusó este lunes a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de "falta de objetividad" y se retiró de la audiencia que el tribunal lleva a cabo por el secuestro, tortura y violación que sufrió la periodista Jineth Bedoya en el año 2000 en el ejercicio de su profesión.El agente del Estado colombiano, Camilo Gómez, dijo que en las preguntas formuladas por los jueces a Bedoya en el inicio de la audiencia de tres días, se evidenció "falta de objetividad" de "todos los jueces" con excepción de Eduardo Vio Grossi, quien no realizó preguntas.Durante las preguntas a la víctima, los jueces expresaron palabras de elogio y solidaridad hacia Bedoya por los actos de violencia de los que fue víctima y su lucha por continuar ejerciendo el periodismo."Todos los jueces excepto el juez Vio Grossi están impedidos para actuar en este caso. Colombia presentará un escrito de recusación que cubre a todos los jueces menos al juez Vio Grossi. El Estado considera que la audiencia no puede continuar en estas condiciones", afirmó el agente estatal.La presidenta de la CorteIDH, Elizabeth Odio, tomó nota y decidió continuar con la audiencia.El representante de Colombia aseguró que "la falta de objetividad le quita la legitimidad que requiere (la Corte) y tristemente los que pierden son las víctimas".Gómez expresó que el Estado reconoce la lucha y el trabajo de la periodista Bedoya y que "ninguna mujer debería sufrir un ataque de este tipo ni ningún periodista ser amenazado por su trabajo".Sin embargo, enfatizó en que "la obligación de los jueces es ser objetivos e imparciales" y "no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la Corte y que espera imparcialidad"."La cortesía y solidaridad son bienvenidos, pero el prejuzgamiento en las preguntas de los jueces no puede ser aceptado por el Estado", aseguró.Gómez dijo que se evidenció que los jueces tienen una "opinión formada del caso sin siquiera oír lo que Colombia tiene por decir".Antes del retiro del Estado, Bedoya rindió su declaración en la que relató que el 25 de mayo de 2000 fue secuestrada en las afueras de la cárcel Modelo, en Bogotá, mientras espera autorización para ingresar al centro penal para entrevistar un jefe paramilitar como parte de un investigación periodística sobre hechos de violencia, tráfico de armas y secuestros en el marco del conflicto armado colombiano.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Camilo Gómez, habló en Mañanas BLU sobre las implicaciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en contra del Estado colombiano por la violación de los derechos políticos del exalcalde de Bogotá y actual senador, Gustavo Petro, a raíz de una sanción emitida por la Procuraduría General, en su momento dirigida por Alejandro Ordóñez Maldonado. Vea también: Fallo sobre Petro cierra puerta a sanciones administrativas a elegidos por voto popular “La acción de repetición se produce cuando existe error grave o dolo. Desde luego, nuestra obligación en la agencia es analizar el caso y si procede por error grave o dolo, los haremos”, dijo Gómez en Mañanas BLU.“Nuestra obligación en la agencia es analizar el caso y si procede por error grave o dolo, los haremos. No solamente en el caso del embajador Ordóñez, sino en el de cualquier otro funcionario sin importar su tendencia o su origen político”, agregó.Según Camilo Gómez, el caso de Petro tendrá implicaciones en materia de control fiscal y disciplinario.“Se le abre un boquete a la lucha contra la corrupción y es gracias a la demanda de Gustavo Petro”, declaró.“La Corte Interamericana deja de lado el principio de subsidiariedad por el cual se rige. Solo debería llegar al sistema interamericano los casos que no se han juzgado en Colombia y que no han tenido definiciones en Colombia”, agregó.Para Gómez, el caso de Petro ya había sido resuelto desde lo administrativo en Colombia.“Aquí nuestros tribunales, el Consejo de Estado, ya había resuelto declarando la nulidad de la actuación de la Procuraduría. Por lo tanto, los derechos de Gustavo Petro, ya estaba claro, que no se habían violado y que la responsabilidad recayó sobre el procedimiento, no sobre los hechos”, agregó.Según Camilo Gómez se trata de un mal precedente el incumplimiento del principio de subsidiariedad.Conozca más: ¡Se salvó Petro! Consejo de Estado mantiene en firme su investidura “A Gustavo Petro tampoco le otorgaron todo lo que pedía. Él pedía, por ejemplo, que se suspendieran las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como de la Contraloría y la CorteIDH dice que no es procedente”, sostuvo el director de la ANDJE.Escuche a Camilo Gómez en entrevista con Mañanas BLU.
En diálogo con Mañanas BLU, el director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, Camilo Gómez, confirmó que “Colombia no se puede quedar callada”, después de que Walmart comercializara en su sitio web en Canadá un suéter y otras prendas de Navidad que hacían apología a la cocaína colombiana.“Walmart y el productor del famoso suéter, los dos, solidariamente, le han causado un daño a Colombia, un daño reputacional. Pero el daño no es solo a Colombia, sino a aquellos que producen productos lícitos y exportan a países como Canadá”, indicó.Vea acá: Colombia pedirá indemnización máxima a Walmart por caso suéter con cocaínaEn ese sentido, explicó que el país hará una reclamación, en primera instancia, de manera directa con el almacén y el proveedor y de no lograrse un arreglo se iría a una instancia judicial, pidiendo una indemnización, dinero que iría destinado, primero, a los policías que han sido víctimas del narcotráfico y, segundo, a una campaña que mejore la imagen de Colombia.Asimismo, Gómez indicó que el monto de la indemnización aún está definiéndose con abogados norteamericanos. “Esperamos tener un monto aproximado muy rápidamente, pero pediremos el máximo posible. La compañía se equivocó y el productor del suéter se equivocó promoviendo un producto ilícito. No solamente es una afrenta contra Colombia, sino contra todo el mundo”.“Esto es un daño a la reputación de Colombia que tiene efectos. Aquí hay que ir lejos para poner ejemplos. La reclamación diplomática debe ir acompañada de una indemnización. Es injusto para los colombianos que haya una cadena como estas, de tal magnitud, que se dedique a promocionar la cocaína colombiana”, sostuvo.El director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado hizo un llamado a cesar este tipo de campañas en contra de la buena imagen de Colombia e hizo un llamado también a pensar en el daño que el narcotráfico le ha hecho a todo el país a lo largo de la historia.“No nos podemos quedar en la nota de las disculpas (…) Si perdemos la demanda, la perdemos, pero haciendo el esfuerzo. Prefiero perder defendiendo a Colombia que no hacer nada y que se siga promocionando el narcotráfico”, agregó Gómez.Aseguró, además, que la defensa del Estado exigirá "una campaña de publicidad diez veces mayor a la que usó en este producto para divulgar la buena imagen de Colombia".“Es totalmente abominable que haya una apología al mayor criminal de Colombia (…) Este caso será emblemático para que tenga efectos para el país”, puntualizó.El funcionario describió la publicidad como una "canallada de Walmart contra Colombia" porque, según él, "le hace daño" a la imagen de un país que lucha contra el azote del "narcotráfico".Gómez también criticó al presentador de Miss Universo, Steve Harvey, quien en la gala del domingo recordó cuando hace cuatro años dio erróneamente como ganadora a la señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez.En medio de una charla con la candidata colombiana Gabriela Tafur, Harvey aseguró que "la gente del cartel" aún estaba enfadada con él por la pifia."Creo que la sintonía de Miss Universo es suficientemente grande como para que por lo menos el concurso ofrezca unas disculpas, que no las ha ofrecido", afirmó el funcionario.
“No es un momento de zozobra sino de esperanza. Por primera vez un presidente en Colombia tiene la enorme posibilidad de convocar a todos los colombianos en torno a un acuerdo de paz, de una unidad nacional, de un consenso nacional”, dijo Camilo Gómez Alzate. El ex comisionado de paz entregó su opinión sobre la prevalencia del NO y lo que se viene ahora con dicha decisión del pueblo colombiano. “Me parece que eso es lo que abre la esperanza y lo que va a legitimar que el nuevo acuerdo con cambios de fondo, va a ser un acuerdo apoyado por la gran mayoría de los colombianos, va a generar una unión y no una división como estaba sucediendo con el acuerdo anterior”, aseveró. Además, hizo sus críticas al primer acuerdo. “No puede un acuerdo con 5.700 guerrilleros meterse a la constitución de 50 millones de colombianos. Incorporarlo al bloque de constitucionalidad como técnicamente se llama significaría una modificación a la constitución por parte de un grupo que, primero ha secuestrado, asesinado, etc y segundo, que no representa sino a 5.700 o 10 mil hombres. La constitución es lo más sagrado y no se le puede manosear ni tocar de esa manera”, agregó. Además, Gómez habló de la importancia de que se cumplan los acuerdos en el tema del narcotráfico y la entrega de bienes por parte de las Farc y dejó en claro que es importante discutir la elegibilidad de los desmovilizados. “A todo esto se le suma el tema de la elegibilidad. ¿Quieren o no quieren los colombianos que un guerrillero que haya cometido delitos de lesa humanidad, sea elegible al Congreso o a la presidencia? Ese es el debate”, aseguró.
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.
