El Estado colombiano acusó este lunes a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de "falta de objetividad" y se retiró de la audiencia que el tribunal lleva a cabo por el secuestro, tortura y violación que sufrió la periodista Jineth Bedoya en el año 2000 en el ejercicio de su profesión.
El agente del Estado colombiano, Camilo Gómez, dijo que en las preguntas formuladas por los jueces a Bedoya en el inicio de la audiencia de tres días, se evidenció "falta de objetividad" de "todos los jueces" con excepción de Eduardo Vio Grossi, quien no realizó preguntas.
Durante las preguntas a la víctima, los jueces expresaron palabras de elogio y solidaridad hacia Bedoya por los actos de violencia de los que fue víctima y su lucha por continuar ejerciendo el periodismo.
"Todos los jueces excepto el juez Vio Grossi están impedidos para actuar en este caso. Colombia presentará un escrito de recusación que cubre a todos los jueces menos al juez Vio Grossi. El Estado considera que la audiencia no puede continuar en estas condiciones", afirmó el agente estatal.
La presidenta de la CorteIDH, Elizabeth Odio, tomó nota y decidió continuar con la audiencia.
El representante de Colombia aseguró que "la falta de objetividad le quita la legitimidad que requiere (la Corte) y tristemente los que pierden son las víctimas".
Gómez expresó que el Estado reconoce la lucha y el trabajo de la periodista Bedoya y que "ninguna mujer debería sufrir un ataque de este tipo ni ningún periodista ser amenazado por su trabajo".
Sin embargo, enfatizó en que "la obligación de los jueces es ser objetivos e imparciales" y "no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la Corte y que espera imparcialidad".
"La cortesía y solidaridad son bienvenidos, pero el prejuzgamiento en las preguntas de los jueces no puede ser aceptado por el Estado", aseguró.
Gómez dijo que se evidenció que los jueces tienen una "opinión formada del caso sin siquiera oír lo que Colombia tiene por decir".
Antes del retiro del Estado, Bedoya rindió su declaración en la que relató que el 25 de mayo de 2000 fue secuestrada en las afueras de la cárcel Modelo, en Bogotá, mientras espera autorización para ingresar al centro penal para entrevistar un jefe paramilitar como parte de un investigación periodística sobre hechos de violencia, tráfico de armas y secuestros en el marco del conflicto armado colombiano.
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