La emergencia ambiental y social en Villa de Leyva sigue sin estar bajo control total tras el voraz incendio forestal que inició en el cerro San Marcos el pasado sábado hacia las 2:00 de la tarde y que ya deja cerca de 300 hectáreas de bosques destruidas.En medio de las labores de mitigación dirigidas por la Gobernación de Boyacá, crecen las sospechas sobre el origen de la conflagración.Sospechas de manos criminales y recompensaEl gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, advirtió sobre testimonios que sugieren que las llamas no habrían surgido de manera espontánea.Según relató el mandatario tras visitar a pobladores en la zona rural, los mismos habitantes le señalaron que "este incendio no pudo ser... de causas naturales" y que varios testigos presenciaron cómo "cuando el incendio empezó empezó con una gran llamarada muy fuerte y eso incendios normalmente empiezan progresivamente".Incluso, unidades de socorro manifestaron situaciones irregulares durante las maniobras en el terreno: "Incluso unos bomberos con los que hablé anoche me decían, 'Gobernador, nosotros estábamos en un punto apagando las llamas y nosotros veíamos personas en otros puntos que no estaban ayudando a pagar, sino al contrario parecía que se estaba avivando'"Ante la gravedad de los hechos, la administración departamental anunció una recompensa de 45 millones de pesos para dar con los responsables de este delito.Al respecto, Amaya enfatizó: "La gente que que prenda un incendio debe saber que eso es un delito y que es un delito no solo que atenta contra la naturaleza, sino contra la vida misma...".El desgarrador clamor de Eliana Suárez desde el hotel ArcoirisLa cara más dolorosa de esta tragedia la viven los habitantes y comerciantes locales cuyo patrimonio quedó reducido a cenizas. Es el caso de Eliana Suárez, propietaria del hotel Arcoiris y protagonista de un video en redes sociales en el que se le veía intentando apagar el fuego junto a sus vecinos.Luego de recorrer su propiedad destruida, la ciudadana hizo un llamado desesperado a la solidaridad."Necesitamos solidaridad, necesitamos que nos ayuden porque realmente tenemos pérdidas emocionales y económicas muy grandes que, o sea, por la situación y aunque quisiéramos, no podemos afrontar solos", expresó Suárez con profunda consternación.Asimismo, instó a que el apoyo no sea pasajero: "Necesitamos ayuda, necesitamos reconstruir esto, necesitamos que nos escuchen, necesitamos que no nos dejen en el olvido, que esto no sea solo una noticia viral y que después el hotel Arcoiris no se vuelva a saber".La empresaria detalló además las difíciles condiciones en las que quedaron tras ser destruida la infraestructura básica de su predio: "En este momento no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos absolutamente no nada. Nuestros tanques están quemados, no tenemos nada ni siquiera para nosotros... poder tomarnos un tinto. No tenemos nada. Necesitamos que nos colaboren y que tengan solidaridad con nosotros".Despliegue de operaciones y contexto localEl reporte oficial del Puesto de Mando Unificado (PMU) señala que la conflagración ha devastado 290 hectáreas y que el incendio se encuentra controlado en un 50 %.El operativo cuenta con el trabajo de más de 200 integrantes de cuerpos especializados, cerca de 200 voluntarios de la comunidad y unidades de bomberos de distintas zonas, incluyendo refuerzos de Bogotá.Las complejas condiciones atmosféricas y los fuertes vientos de la zona han dificultado las tareas, obligando a solicitar un mayor apoyo de helicópteros y aviones cisterna al Gobierno nacional.Esta crisis ha tenido que ser asumida de forma directa por el mandatario departamental debido a que el alcalde de Villa de Leyva se encuentra detenido por un caso de presunta corrupción.Pese a las divisiones políticas en el municipio, la emergencia ha generado un espacio de solidaridad en el que la población civil y las autoridades han sumado fuerzas para contener la tragedia.Escuche aquí la entrevista:
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, salió al paso de las graves acusaciones formuladas por el candidato Abelardo De La Espriella, quien lo señaló de articular una red de presiones a funcionarios y alcaldes con el objetivo de influir en el electorado boyacense a favor de Iván Cepeda. En Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario departamental desmintió las versiones que lo vinculan con prácticas de compra de votos o intervención en la actual contienda electoral."Ni haciéndole campaña ni comprando votos como dice él. Nosotros nunca en la vida hemos comprado votos ni lo haremos jamás. Creemos que eso va en contra de la dignidad de las personas", sentenció Amaya, al tiempo que calificó las denuncias como parte de una estrategia de oposición sin fundamento probatorio.Frente a los cuestionamientos sobre su constante presencia en los municipios del departamento, Amaya aclaró que su labor administrativa no se ha detenido. Según el gobernador, su recorrido por los 123 municipios de Boyacá responde a un cronograma de trabajo institucional que ha mantenido desde el inicio de su administración."Yo lo que estoy es trabajando en mis municipios, recorriéndolos. Tal vez por eso algunas personas se han molestado, quisieran que yo no recorra el departamento. Estamos trabajando como siempre lo hemos hecho", puntualizó.El gobernador subrayó que, a pesar de encontrarse en periodo de Ley de Garantías, sus actividades de inauguración de obras públicas y entrega de programas sociales son estrictamente institucionales y no vulneran la normativa electoral vigente. Aseguró que en dichos eventos se solicita explícitamente el retiro de cualquier vocero o símbolo de candidatos, buscando mantener la neutralidad del espacio público.Polarización y el llamado a la calmaEl mandatario boyacense expresó su profunda preocupación por el incremento de la agresividad en el debate público local. Según Amaya, la polarización ha permeado las dinámicas comunitarias, llegando al punto de fracturar las relaciones vecinales y los procesos de colaboración comunal."Cada día es más agresiva la campaña, cada día aquí se polariza más, peleas entre familias, entre vecinos, comunidades. Los convites comunales dejaron de ser convites para convertirse en peleas por campañas presidenciales", lamentó el gobernador.Ante este panorama, hizo un llamado enfático al respeto por la pluralidad de pensamientos y a que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera libre y sin coacciones. De igual forma, el gobernador reiteró que no tomará partido en la contienda, recordando que, si su intención fuera participar en política, habría renunciado a su cargo oportunamente para asumir una candidatura.Sobre la posibilidad de ser investigado por los señalamientos de De la Espriella, Amaya mostró total disposición ante las autoridades competentes. "Preferiría yo que presente las denuncias en la justicia colombiana. Yo no tengo nada que ocultar, mi trabajo es visible y todas mis intervenciones son públicas. Estoy absolutamente tranquilo porque estoy seguro de que no existe ninguna prueba de una participación en política", concluyó.
En medio de un reacomodo clave del panorama político colombiano, el concejal de Bogotá por la Alianza Verde, Julián Triana Vargas, salió al paso de las críticas tras el anuncio del partido de iniciar conversaciones para sumarse a la campaña presidencial de Iván Cepeda. En entrevista en Mañanas Blu 10:30, el cabildante defendió su papel dentro de la colectividad y negó ser emisario del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.Triana fue enfático en rechazar versiones que lo señalan como un “mandadero” dentro del partido. “No, no, no, definitivamente no. No sé de dónde sale eso”, afirmó, al tiempo que reivindicó su trayectoria política. “Soy el concejal más votado del país del Partido Verde. Llegué muchísimo antes de conocer al gobernador (…) y siempre he estado en un sector más progresista del partido”, sostuvo.El concejal explicó que su postura frente a la actual coyuntura responde a una línea ideológica consistente, más que a alianzas coyunturales. Recordó que fue el único cabildante que pidió la independencia del partido frente a la administración distrital y que ha respaldado iniciativas del Gobierno nacional. “Esa es mi línea ideológica, mucho antes de pensar si quieren hacer equipo con el gobernador”, señaló.Sobre su relación con Amaya, Triana reconoció coincidencias políticas, pero marcó distancia frente a cualquier subordinación. “Hago equipo porque yo he tenido unas ideas desde siempre del Verde y hoy felizmente coincido (…) esa no es una característica de un mandadero”, dijo.Uno de los puntos más polémicos abordados fue la supuesta existencia de acuerdos internos relacionados con el senador Jota Pe Hernández, mencionados por figuras como Claudia López. Triana aseguró desconocer cualquier pacto de ese tipo y fue más allá al expresar su desacuerdo con la permanencia del congresista en la colectividad. “He pedido al partido que expulse a Jota Fernández por temas relacionados con violencias contra las mujeres y violencia política”, afirmó.En cuanto a la decisión de avanzar hacia un eventual respaldo a Cepeda, el concejal aclaró que se trató de un proceso colectivo dentro de la Dirección Nacional del partido, en el que participaron distintos sectores. Mencionó que existieron tres proposiciones, incluyendo una liderada por el grupo cercano al representante Jaime Raúl Salamanca, que finalmente fue la respaldada.“Yo voté en esta proposición después de haber tenido discusiones internas (…) hemos liderado una discusión de que el Verde vaya para donde sus banderas iniciales le dicen que tiene que ir”, explicó. Para Triana, este viraje implica retomar los principios fundacionales del partido y enfrentar lo que considera el avance de sectores de derecha.
Los gobernadores de los 32 departamentos estudian los instrumentos jurídicos que pueden utilizar para frenar el decreto de emergencia del Gobierno, publicado el pasado 22 de diciembre luego de que el Congreso hundiera el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo.La Federación Nacional de Departamentos (FND) señaló en un comunicado que demandará la propuesta gubernamental al considerar que hay un "riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte".En ese sentido, el Gobierno señaló que busca recaudar 11,1 billones de pesos adicionales en 2026 con los impuestos que decretará en el marco de la emergencia económica declarada la semana pasada para equilibrar la "situación financiera" del país.En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya se refirió a la reunión y el inconformismo por cuenta de las medidas económicas del Gobierno y sobre las cuales, aseguran que se verían gravemente afectadas las finanzas de las regiones. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, confirmó que el próximo lunes 8 de enero a las 8:00 a. m. se llevará a cabo una reunión clave entre los mandatarios departamentales y el Ministerio de Hacienda. El encuentro busca mitigar el descontento generalizado provocado por un decreto de emergencia económica que, según los gobernadores, afecta gravemente las finanzas territoriales al modificar el recaudo de impuestos sobre licores y cigarrillos."Inconformismo" regionalA pesar de que sectores de opinión y algunos mandatarios locales han calificado la postura de las regiones como una "rebelión" o "insubordinación", el gobernador Amaya prefirió definir la situación como un profundo inconformismo. Según Amaya, fue él quien solicitó directamente la reunión al ministro de Hacienda tras la asamblea de gobernadores, argumentando que el Gobierno nacional no puede tomar decisiones de este calibre sin concertar previamente el impacto fiscal en los departamentos.El punto de discordia radica en que los departamentos dependen casi exclusivamente de las rentas provenientes del impuesto a los licores, la cerveza, los cigarrillos y los juegos de azar. El nuevo decreto nacional pondría en riesgo estos ingresos, fundamentales para cumplir con los planes de desarrollo locales.Impacto financiero en las regionesLas cifras en juego son considerables. Por ejemplo, el gobernador de Antioquia ha señalado que su departamento tendría que trasladar cerca de 700.000 millones de pesos al Gobierno Nacional bajo las nuevas directrices. En el caso de Boyacá, el impacto se estima en unos 32.000 millones de pesos.Amaya subrayó que, aunque el aguardiente es un producto cultural y económico vital —mencionando marcas como el Líder y el Ónix 100 de Boyacá o el Amarillo de Manzanares en Caldas—, el debate de fondo es si las regiones deben seguir financiándose con este tipo de impuestos "viciosos" o si es hora de una reforma que fortalezca los impuestos territoriales de manera estructural.Escuche aquí la entrevista:
A pocas horas de que venciera el plazo legal para que los funcionarios públicos renuncien si desean aspirar a la presidencia en 2026, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, disipó toda duda sobre su futuro político: continuará al frente del departamento y no será candidato presidencial. En entrevista con Mañanas Blu, Amaya afirmó que “no es petrista” y aseguró que su decisión responde a un compromiso con el pueblo boyacense, especialmente con los campesinos que lo eligieron.“Me quedo cumpliendo y honrando la palabra con los que yo nomino mis jefes, que son los campesinos que me eligieron”, declaró con firmeza el gobernador.Una decisión desde el corazónAmaya reveló que el dilema sobre su posible candidatura presidencial fue real y profundo. Si bien mantuvo conversaciones con el presidente Gustavo Petro, enfatizó que su decisión no dependía de él, ni de ninguna alianza política.“No dependía de Petro mi decisión, como algunos medios lo decían. Dependía más de lo que yo represento en Boyacá, de lo que podría representar en Colombia: esa necesidad de reconciliar y unir y no de dividir”, explicó.El gobernador narró que la salud de su hijo menor, Benjamín, quien recientemente sufrió una neumonía viral, también influyó profundamente en su decisión de permanecer en el cargo. La experiencia personal lo llevó a reflexionar sobre sus prioridades y el valor de mantener su palabra ante la comunidad boyacense.“Uno también tiene que tomar decisiones desde el corazón, y en el corazón mío está honrar la palabra y cumplirle a los campesinos”, dijo.Relación con Petro y postura política: “No soy petrista”Carlos Amaya, quien hizo parte de la Coalición Centro Esperanza en 2022 y votó por Rodolfo Hernández en las últimas elecciones presidenciales, rechazó categóricamente cualquier vinculación directa con el Pacto Histórico.“No tengo que negar a Petro porque no voté por él. Los que votaron por él y hoy dicen que no son, pues tendrán que explicar sus razones. Yo voté por Rodolfo Hernández”, afirmó. Sobre sus reuniones con el presidente, Amaya explicó que fueron de carácter institucional y basadas en la búsqueda de puentes entre diferentes sectores políticos. Destacó el pragmatismo de Petro, pero negó ser su alfil político.“No soy petrista. Yo creo en una política que no esté supeditada al personalismo”, reiteró.Proyecto de Gobierno y tareas pendientes en BoyacáAmaya también aprovechó la entrevista para enumerar los principales proyectos que seguirá impulsando desde la Gobernación, entre ellos, el tren de mediana velocidad entre Bogotá y Sogamoso, la transformación del campo, la titulación de predios campesinos y el desarrollo de nuevas universidades regionales.“Estoy sacando adelante universidades en Puerto, Suatá, Moniquirá y en Muso. La idea es que la educación llegue a cada rincón del departamento”, señaló.En materia energética, destacó la potencialidad de Boyacá para generar energía solar, gracias a su alta radiación, y subrayó su interés en implementar políticas de sostenibilidad.Un centro político que busca unir al paísAunque descarta su participación en la contienda electoral de 2026, Amaya no renuncia a la posibilidad de que una candidatura de centro logre aglutinar distintas fuerzas políticas en torno a una agenda de unidad nacional. Mencionó que sectores conservadores, de la U, y gremios empresariales le manifestaron apoyo a una eventual candidatura presidencial.“Este país necesita reconciliarse. Líderes que tiendan puentes. Yo creo que una candidatura de centro, respaldada por la base social del progresismo, puede ganar la presidencia y hacerle mucho bien a Colombia”, dijo.Amaya lamentó que figuras como Claudia López hayan abandonado el Partido Verde y aseguró que ella habría sido una candidata natural del centro, aunque respeta su decisión de tomar otro rumbo político.La declaración de Amaya se da en un contexto político clave para Colombia. Hoy 30 de mayo de 2025 marca el último día de plazo legal para que funcionarios públicos renuncien si desean postularse a la presidencia, según lo establece la Constitución. En ese marco, su permanencia en la Gobernación lo deja por fuera del tarjetón de 2026.Frente a la incertidumbre sobre quién será el candidato del presidente Petro, Amaya se limitó a decir: “Habrá que preguntarle al presidente”, aunque reiteró que su rol, como gobernador, es colaborar con el Gobierno Nacional, sin perder su identidad política independiente.
En una rueda de prensa, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se convirtió en el primer mandatario regional del país en respaldar públicamente la consulta popular que el presidente Gustavo Petro presentará al Congreso este 1 de mayo.La iniciativa del Gobierno busca salvar, por vía ciudadana, la reforma laboral que incluyen el pago de recargos nocturnos, dominicales y festivos.Añade que está seguro de que ninguna empresa va a quebrarse por decirle sí a una consulta popular que pretende pagar horas nocturnas, pagar dominicales y festivos.Amaya también habló de los argumentos de algunos sectores empresariales y políticos que señalan que estas medidas afectarían la estabilidad económica del país, frente a esto aseguró que ha dialogado con empresarios que no comparten esa visión alarmista y que no es cierto.Durante su intervención, Amaya subrayó que su respaldo a la consulta no obedece a intereses políticos ni a una alineación automática con el Gobierno nacional. “Esta es una posición coherente con mi historia de vida. Gracias a los dominicales y horas extras de mi papá, hoy estoy aquí”, expresó.Frente a las preocupaciones de los pequeños empresarios, añadió que, precisamente, para darles un alivio a ellos se podría contemplar una futura reforma tributaria.El gobernador también aprovechó la oportunidad para referirse a su futuro político. Aunque no confirmó una eventual candidatura presidencial, dejó la puerta abierta: “Todavía no he decidido si me lanzo a la Presidencia. Según mis cuentas jurídicas, tengo hasta el 30 de mayo”.
Este viernes se desarrolla la Cumbre de Gobernadores en Yopal, Casanare. Al lugar llegó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien no descartó una posible candidatura a las elecciones presidenciales.“Hemos estado reflexionando sobre ese asunto, no es menor que sectores políticos importantes del país y sobre todo sectores empresariales vean una posibilidad de una figura que siempre ha representado el centro y ha representado la necesidad de unir a Colombia pues lo vean posible. En medio de tanta polarización pues creo que es menester que uno reflexione sobre eso si uno puede ser útil o no en ese camino, estamos pensándolo, no he tomado ninguna decisión”, señaló Amaya.Es importante recordar que hay algunos sectores que consideran que Amaya podría ser el candidato del petrismo. Amaya, también considera que, si se lanza, la Alianza Verde, en su mayoría, lo apoyaría. Así están los escenarios para las elecciones 2026La reciente encuesta de Invamer realizada en 56 municipios (15 capitales) con 1.200 encuestas, tiene un margen de error de ±2.83% (muestra total) y ±3.66% (intención de voto). Entre los hallazgos clave:41% de los colombianos afirma que definitivamente votará en las elecciones.17.6% dice que probablemente sí participará.25.8% manifiesta dudas o rechazo al voto.En el escenario con 27 precandidatos, un panorama amplio, los nombres más fuertes son:Gustavo Bolívar (Pacto Histórico): 11.8%Sergio Fajardo (Centro): 9.5%Vicky Dávila (Independiente): 8.3%Juan Manuel Galán (Liberal): 7.8%Germán Vargas Lleras (Cambio Radical): 7.3%Claudia López (Verde): 6.8%
A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2026, En este contexto, el pasado miércoles se realizó una reunión clave en la residencia del embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, quien se encontraba en el país para realizarse exámenes médicos.Según informó Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, la reunión fue convocada para discutir el panorama electoral y la posibilidad de una alianza más amplia, más allá del Pacto Histórico, en lo que el presidente Gustavo Petro ha denominado el "Frente Amplio".A la cita asistieron varias figuras destacadas del Pacto Histórico, incluyendo la senadora Gloria Flórez, el senador Iván Cepeda, el representante a la Cámara Alirio Uribe, la exministra de Salud Carolina Corcho y el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán Calderón, quien acudió en representación de Alexander López. También estuvieron presentes el exministro de Cultura Juan David Correa y la senadora María José Pizarro.Sin embargo, la reunión también reflejó las fracturas internas dentro del movimiento. Gustavo Bólívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), evitó coincidir con la senadora María José Pizarro, lo que evidencia las tensiones entre ambos.El principal punto de discusión fue la estrategia electoral del Pacto Histórico y su posible alianza con sectores de centro. Para ello, se planteó la realización de una consulta interna en octubre de 2025, donde se medirían las fuerzas de los precandidatos del movimiento. Entre los nombres mencionados para participar en dicha consulta están Gustavo Bólívar, Alexander López, Carlos Caicedo, Camilo Romero, Carolina Corcho y María José Pizarro.No obstante, surgen dudas jurídicas sobre si la consulta de octubre podría inhabilitar a los candidatos para participar en la consulta de marzo de 2026, en la que se definiría el candidato del Frente Amplio. En caso de que la consulta de octubre no se realice, todos los aspirantes del Pacto Histórico competirían en la de marzo junto a candidatos de centro e independientes.Uno de los puntos más relevantes de la reunión fue la posibilidad de que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, renuncie a su cargo para postularse como precandidato presidencial por la Alianza Verde. A pesar de haber apoyado a Rodolfo Hernández en las elecciones de 2022, Amaya ha tenido acercamientos con el gobierno de Gustavo Petro, lo que lo convertiría en un actor clave dentro del Frente Amplio.Además, se mencionaron otros nombres que podrían sumarse a la consulta de marzo, como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y el propio Roy Barreras, quien participaría con su partido, Fuerza de la Paz. En el ala santista del espectro político, se discute la participación de Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo y el mismo Barreras, de quienes deberá salir un único candidato para la contienda interna del Frente Amplio.
La carrera por la presidencia de la Cámara de Representantes continúa generando tensiones dentro del partido Alianza Verde, con movimientos estratégicos y divisiones internas que han captado la atención política en Colombia. Las únicas opciones son Katherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca. Por esa razón, el gobernador de Boyacá y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Carlos Amaya, estuvo en Mañanas Blu, con Néstor Morales.Carlos Amaya se refirió a los rumores que lo vinculan con un presunto respaldo a Jaime Raúl Salamanca como candidato a la presidencia de la Cámara. Según el gobernador, Salamanca, conocido por su respaldo a Gustavo Petro en el Congreso, cuenta con el apoyo mayoritario dentro de la bancada de la Alianza Verde."Yo le dije a él que no se metiera en eso porque yo sé que es una confrontación en la que terminó metido. Él se postuló, aspiró y tiene todo el derecho a la legitimidad", aseguró."No me corresponde a mí pelear con el Gobierno nacional. La decisión de la Cámara es de la Cámara y la decisión de los del partido Verde en la Cámara es de ellos", dijo. Sin embargo, también reconoció las divisiones y dificultades internas dentro del partido Verde, como la salida de Claudia López y otras controversias. "El verde está más roto que el berraco por todo ese montón de dificultades que se han presentado", aseguró.Además de la situación interna del partido, Amaya también compartió su opinión sobre una propuesta que ha generado debate en Colombia: la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente.Al respecto, aseguró que abrir dicha posibilidad podría desencadenar consecuencias imprevisibles en el panorama político del país. "No creo que abrirle la puerta a una constituyente sea pertinente en este momento político del país", señaló y enfatizó en la importancia de buscar respaldo y legitimidad con la ciudadanía como prioridad fundamental.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en entrevista con Mañanas Blu, destacó la importancia de trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional, independientemente de las diferencias ideológicas, ahora que oficia como presidente de la Federación Nacional de Departamentos. "Colombia no es solo un país diverso en lo cultural y geográfico, sino también en lo político. Los gobernadores son de distintas tendencias, pero hemos logrado un consenso que permitió mi elección. La misión es trabajar articuladamente desde las regiones con el Gobierno Nacional", afirmó Amaya.La Federación de Departamentos enfrenta retos significativos, especialmente en lo que respecta a la interlocución con el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, Amaya ve en su elección una oportunidad para un buen entendimiento y colaboración. Amaya confirmó la asistencia del presidente Gustavo Petro a la cumbre de gobernadores, un gesto que Amaya atribuye a un esfuerzo conjunto por promover la unidad y el trabajo articulado. "Es la primera vez que el jefe del Estado se reúne con los treinta y dos mandatarios regionales. Es un muy buen comienzo", señaló.Con retos como el sistema general de participaciones y la necesidad de mejorar la educación, salud, y seguridad en las regiones, Amaya está convencido de que la colaboración con el Gobierno Nacional será clave. "Por encima de las diferencias políticas está el bienestar de los colombianos. Vamos a trabajar articuladamente", aseguró.Pese a las críticas de algunos gobernadores sobre su cercanía con el Gobierno Nacional, Amaya enfatiza que su labor trasciende la política.
La Corte Constitucional le exigió al Gobierno nacional cumplir nuevas órdenes para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en materia de seguridad para los excombatientes de las Farc que dejaron las armas. El alto tribunal estableció plazos de 20 y 30 días hábiles para que distintas entidades demuestren qué están haciendo y cómo garantizarán el cumplimiento de los compromisos."Para la Corte, la exigencia de la implementación normativa del Acuerdo no es una simple formalidad, sino que “(…) representa la sujeción (i) al principio democrático y de legalidad, conforme al cual las autoridades públicas solo están sometidas al ordenamiento jurídico", se lee en la decisión. Entre las principales exigencias está incluir un componente específico de paz en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, con recursos, proyectos y acciones concretas para cumplir lo pactado."En primer lugar, la Sala reitera que el Acuerdo Final de Paz constituye una política pública de Estado y que su implementación, desarrollo y seguimiento vinculan de buena fe a todas las autoridades. También explica que el Gobierno nacional cuenta con un amplio margen de apreciación para adoptar las acciones necesarias y para definir los medios de cumplimiento", señala la alta Corte.Además, pidió incorporar medidas para superar las fallas en las garantías de seguridad de los firmantes, situación que fue declarada como un estado de cosas inconstitucional en 2022. Para este punto, el Gobierno tendrá 30 días hábiles para entregar un informe detallado. Asimismo, la Corte requirió garantizar el funcionamiento efectivo de una entidad encargada de coordinar y hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz dentro del Gobierno. Esta instancia deberá contar con presupuesto, personal, capacidad institucional y suficiente autoridad para coordinar a las diferentes entidades.En cuanto al seguimiento de los compromisos, el alto tribunal exigió a los representantes del Gobierno en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) garantizar la continuidad de esta instancia y su trabajo conjunto con los representantes de los firmantes. Para demostrar cómo se hará ese seguimiento, deberán presentar un informe en un plazo de 20 días hábiles. De igual forma, les pidió a los ministros del Interior, Defensa y Justicia, junto con los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía, la Unidad Nacional de Protección y otros funcionarios, poner en funcionamiento el sistema encargado de planear, recopilar información y medir los avances en materia de seguridad. También deberán definir y entregar indicadores que permitan establecer si las medidas de protección están dando resultados. El plazo es de 20 días hábiles.Por otra parte, la Corte requirió a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección garantizar el seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contempla medidas para proteger la vida y la integridad de los firmantes de paz. Esta instancia deberá demostrar en 20 días cómo está verificando que las medidas se cumplan efectivamente. A estas exigencias se suma la orden al Ministerio del Interior de presentar un balance sobre la Política Pública Nacional de Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización. El Gobierno deberá explicar en 20 días qué acciones adelanta para evitar la discriminación y los señalamientos contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz y cómo está haciendo seguimiento a su implementación.La Corte también pidió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad asegurar la implementación y el seguimiento de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra la construcción de paz. Esto implica demostrar qué acciones se están ejecutando para combatir las estructuras ilegales que amenazan a los firmantes y otros sectores protegidos por el Acuerdo. Finalmente, el alto tribunal requirió a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que encabeza el Sistema Nacional de Reincorporación, garantizar el funcionamiento efectivo del subcomité encargado de coordinar, planificar y hacer seguimiento al Programa de Reincorporación Integral. La entidad deberá explicar cómo está articulando las acciones para que los excombatientes avancen en su reincorporación económica y social.La decisión de la Corte Constitucional se conoce en medio de las dificultades presupuestales que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que se aprobara un recorte de $170.000 millones para su funcionamiento en 2027. La reducción obligó a la entidad a anunciar medidas de austeridad que incluyen entregar, en marzo del próximo año, su actual sede en Bogotá, trasladarse a un edificio más pequeño y convertir la virtualidad en la principal modalidad de trabajo.Además, el nuevo presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas, anunció una reducción del 85 % de los contratos de prestación de servicios y ajustes en los esquemas de seguridad de magistrados, víctimas, testigos y comparecientes.
Las fiestas de fin de año podrían verse afectadas en las tradiciones de millones de hogares colombianos. En muchas familias, el consumo de cerveza hace parte de la temporada decembrina y, ante esto, el precio de esta bebida alcohólica podría aumentar si el Congreso aprueba el esquema tributario propuesto en la Ley de Rescate Económico.La propuesta ha generado preocupación entre los tenderos, que temen una reducción de las ventas durante diciembre, una temporada en la que estos establecimientos registran un mayor movimiento comercial por la venta de bebidas.De acuerdo con las estimaciones de Fenaltiendas, en el país hay cerca de 450.000 tiendas de barrio, que registran ventas anuales por alrededor de $48 billones. De ese total, $25,8 billones corresponden a cerveza y $22 billones a otras bebidas alcohólicas.Sin embargo, si la iniciativa se aprueba en los términos presentados, los ingresos por la comercialización de cerveza podrían bajar a $13 billones y los de bebidas no alcohólicas, a $11 billones. El gremio señala que esta caída podría deberse al aumento de los precios y a una eventual disminución del consumo.La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, presentó una estimación sobre el impacto que tendría el cambio en el precio al consumidor. Según sus cálculos, una cerveza que actualmente cuesta en promedio $2.400 podría pasar a valer entre $3.571 y $3.841, lo que representaría un incremento de entre el 49 % y el 60 %.La congresista también advirtió que las tiendas de barrio comercializan cerca del 92 % de la cerveza que se vende en Colombia, por lo que un aumento de precios podría afectar los ingresos de estos negocios.¿Por qué podría subir el precio de la cerveza?El proyecto de Ley 477 de 2026 de la Cámara, radicado el 29 de octubre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, propone reemplazar el actual impuesto al consumo de cerveza, que corresponde al 48 % del precio de venta del productor al detallista.En su lugar, los artículos 33 a 36 plantean un impuesto a la producción con dos componentes: uno del 10 % sobre el precio de venta al público sin impuestos y otro de $330 por cada grado de alcohol en una presentación de 330 centímetros cúbicos. Las cervezas sin alcohol quedarían excluidas del cobro fijo por grado de alcohol.El valor final dependería de la graduación de la bebida, la marca y la proporción del impuesto que los productores y comercializadores trasladen al consumidor.¿Qué impacto tendría el nuevo impuesto para los tenderos?Según la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno espera recaudar $7,1 billones adicionales con el impuesto a la producción de cerveza para financiar el aseguramiento en salud. A esa cifra se sumarían $2,1 billones provenientes del impuesto al consumo de licores.No obstante, el propio Gobierno estima que los cambios tributarios sobre alcohol y tabaco podrían elevar la inflación hasta 0,6 puntos porcentuales en 2027, si el aumento de los impuestos se traslada completamente a los consumidores.Por ahora, el incremento no es un hecho. La propuesta debe ser discutida en el Congreso, donde también están en debate sus posibles efectos sobre el consumo, los pequeños comerciantes y las rentas de los departamentos.
En medio de una riña por presuntamente haber orinado en su vehículo, un hombre disparó contra otros dos en el occidente de Medellín. Todos los involucrados fueron capturados por las autoridades.Un nuevo hecho de intolerancia en la capital antioqueña terminó con tres heridos que fueron capturados por las autoridades, tras protagonizar una riña en plena vía pública en el occidente de la ciudad.Fueron disparos de arma de fuego los que alertaron a los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades para que atendieran la situación en la que inicialmente un hombre de 41 años de edad relató a las autoridades que había accionado su arma en defensa propia tras ser víctima de un intento de hurto.Sin embargo, tras la revisión de cámaras de seguridad de la zona, la Policía pudo determinar que la situación respondió a un altercado entre esta persona y otros dos sujetos, de 27 y 30 años de edad, aparentemente porque el primero les reclamó por orinar sobre su carro.En medio de la discusión estos sacaron armas cortopunzantes que llevaron al propietario del vehículo a desenfundar una pistola de su propiedad que los dejó heridos a la altura de la cadera y las piernas por lo que fueron trasladados a la Unidad Intermedia de Belén para recibir atención.Por su parte, el responsable de accionar el arma de fuego se presentó ante las autoridades para poner a disposición de las investigaciones una pistola calibre nueve milímetros que contaba con el permiso de porte vigente.Las autoridades confirmaron que los tres implicados en el caso están fuera de peligro. Sin embargo, fueron capturados para esclarecer lo ocurrido y responder ante las respectivas autoridades judiciales.
A tres meses del terremoto, Risaralda exige celeridad al Gobierno Nacional para acelerar la reconstrucción y el pago de ayudas. Tres meses después del terremoto que sacudió al Eje Cafetero el pasado 10 de agosto, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, hizo un enfático llamado al Gobierno nacional. El mandatario departamental urgió en Mañanas Blu a agilizar la transferencia de recursos y la ejecución de los planes diseñados para atender a las familias damnificadas y restaurar la infraestructura afectada. Un llamado urgente a pasar de los anuncios a las accionesAunque el gobernador reconoció la presencia del Gobierno nacional en la zona, destacando que el presidente de la República ha visitado cinco veces la ciudad de Pereira, recalcó que la comunidad requiere resultados inmediatos y desembolsos efectivos. Al referirse a la necesidad de acelerar la llegada de los giros e inversiones, Patiño declaró: "Hoy aprovechando estos micrófonos, hacer un llamado de atención especial para la celeridad. Ya son tres meses, ya hay un Fondo Milagro creado y estamos de verdad expectantes a que podamos avanzar rápidamente en el territorio para la reconstrucción de lo que la gente hoy está esperando". En ese sentido, el mandatario precisó que su petición no responde a una rivalidad política, sino al clamor de las comunidades damnificadas: "Más que una queja, es la voz de la gente que hoy está solicitando no más anuncios, sino ya acciones contundentes en el territorio". Plan de Acción Específica y estado de los subsidiosPara orientar la recuperación, el departamento formuló un Plan de Acción Específica (PAE) que abarca 15 planes (uno por cada uno de los 14 municipios más el departamental), el cual ya cuenta con la aprobación del Gobierno Nacional. No obstante, el gobernador explicó que la ejecución depende de la disponibilidad de liquidez del recién creado Fondo Milagro, cuya gerencia fue asignada a la doctora Ana María Cuartas.En materia de ayudas financieras directas, se han dispersado 13.000 millones de pesos en un primer giro a través de un convenio con Supergiros. Actualmente está pendiente la firma para un segundo paquete por 17.000 millones de pesos, así como la asignación de 70.000 millones de pesos adicionales para culminar los tres meses de subsidios prometidos a los inscritos en el Registro Único de Damnificados con viviendas colapsadas o inhabitables. Paralelamente, la Gobernación de Risaralda ha avanzado con fuentes propias, destinando el 60 % de sus regalías para adjudicar contratos de reconstrucción, además de radicar proyectos por 80.000 millones de pesos ante el Ministerio de Vivienda para mejoramiento de viviendas, 17.000 millones de pesos para infraestructura educativa y 5.000 millones de pesos para seguridad alimentariaSobre la gestión de la administración local, Patiño enfatizó: "Seguiremos avanzando con los recursos limitados que tenemos, pero de verdad accionando todos los procesos". Frente a los retos del proceso reconstructivo, Patiño resaltó la unión institucional existente entre la Gobernación, los alcaldes municipales y la gerencia del Fondo Milagro, así como el interés en impulsar la figura de obras por impuestos con el sector privado. Escuche aquí la entrevista:
Atlético Bucaramanga trabaja en la recuperación de sus jugadores lesionados con la expectativa de tener alternativas para afrontar los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. El departamento médico del equipo entregó un nuevo reporte sobre la condición de cuatro futbolistas que presentan diferentes lesiones musculares y articulares.Uno de los casos es el de Nilson Castrillón, quien sufrió un esguince grado I del retináculo patelofemoral lateral durante el compromiso frente a Atlético Nacional. El defensor adelanta un proceso de rehabilitación y su regreso a las canchas dependerá de su evolución clínica y funcional.Por su parte, Fabry Castro presenta una distensión muscular leve del gastrocnemio medial de la pierna derecha, también sufrida en el partido contra Nacional. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación y manejo terapéutico.En el caso de Diego Novoa, el guardameta presenta un desgarro muscular del glúteo medio izquierdo. Según el reporte médico, su evolución es favorable y ya avanza en la fase de readaptación deportiva, con trabajos específicos en campo.El cuarto jugador es Luis Mateus, quien sufrió un desgarro muscular grado I del recto femoral del muslo derecho durante una sesión de entrenamiento. Actualmente realiza un programa individualizado de fisioterapia.La recuperación de estos futbolistas resulta importante para Atlético Bucaramanga de cara a los cuadrangulares semifinales, una instancia en la que el equipo necesitará alternativas en diferentes posiciones para competir por un cupo en la final.Aunque Diego Novoa presenta una evolución favorable y ya realiza trabajos en campo, los otros tres jugadores continúan en sus respectivos procesos de rehabilitación.El club no estableció fechas para el regreso de ninguno de los futbolistas y aclaró que la reincorporación a los entrenamientos y la competencia dependerá de la evolución clínica y funcional de cada uno.