Tras una inspección laboral por la equidad de género, el Ministerio del Trabajo emitió una orden de protección a favor de dos de las trabajadoras denunciantes de los actos de acoso laboral y violencia de género en la Institución Universitaria de Colombia, misma que está relacionada con el excongresista Carlos Moreno de Caro.“Como Ministerio del Trabajo debemos prevenir, promocionar e inspeccionar el cumplimiento de las normas laborales, tanto en lo individual como colectivo, así como de seguridad social integral y de empleo. Este Gobierno no permitirá acoso laboral, ni atropellos contra los trabajadores y cada día realizamos esfuerzos por disminuir la ocurrencia de conflictos y riesgos de violación de normas laborales”, dijo la ministra Gloria Inés Ramírez.La medida de protección emitida por la cartera del Trabajo se basa en las recomendaciones médicas de las EPS respectivas, en las que determina para una de las trabajadoras realizar teletrabajo para preservar su salud mental, y para la otra, el no cambio de horario laboral, luego de las quejas presentadas por acoso laboral, intimidación, violencia psicológica y hostigamiento, entre otras acciones.Las denuncias fueron presentadas por varias trabajadoras por acoso laboral, más específicamente por presunta violencia laboral basada en género, en contra del establecimiento que está vinculado con el excongresista Carlos Moreno de Caro.En las denuncias señalan, por ejemplo, que al parecer han sido presionadas para presentar sus renuncias e incluso señalan las presuntas víctimas, que los dueños de la institución les habrían ofrecido dinero a cambio de su silencio.El Ministerio también estableció medidas provisionales y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Secretaría Distrital de la Mujer, para la protección especial a favor de las trabajadoras, por los hechos denunciados y garantizar la prevención como principio fundante de la inspección laboral realizada.Para el cumplimiento obligatorio de estas medidas de protección se fijó el plazo de un día calendario, dada la gravedad e inminencia de protección a las trabajadoras
La Corporación Universitaria de Colombia, una universidad privada con sede en Bogotá, informó que suspendió los vínculos laborales que tenía con el exsenador Carlos Moreno de Caro, producto de las muchas denuncias de acoso y de maltrato laboral.Las denuncias fueron hechas públicas por Leidy, una de las víctimas de maltrato, en un video que se volvió viral. En el video, Moreno de Caro se ve insultando y agrediendo verbalmente a ella y a otras trabajadoras de la universidad.En entrevista con Mañanas Blu, Leidy contó que Moreno de Caro la golpeó en el brazo y la sacó de la oficina de un empujón. También dijo que el exsenador les decía a las mujeres que trabajaban en la universidad que no eran capaces de salir adelante sin un hombre al lado.“Él lleva ya desde algún tiempo con nosotros siempre ha sido así, que hace sus reuniones pidiendo opiniones. Él nos grita, nos dice que no somos capaces como mujeres de poder salir adelante sin un hombre, que siempre debemos tener un nombre a nuestro lado para poder salir adelante”, dijo.El rector de la universidad, Guillermo Hoyos, también fue entrevistado en Mañanas Blu y dijo que Moreno de Caro no tenía ningún cargo dentro de la universidad desde el 2017, pero admitió que sí tenía una oficina en la institución.“Él no ordena pagos. Él no tiene ninguna jurídica dentro de la universidad. Para eso existen los departamentos que tienen que velar por esa por esas acciones. De pronto, como fundador, podría hacer algunos comentarios, pero jurídicamente no tiene Néstor que ver absolutamente nada con la universidad”, dijo Hoyos.Sin embargo, Lady dijo que Moreno de Caro sí tiene injerencia en la universidad: “Él es el que manda ya todo lo que tiene que ver con la universidad. Todo lo relacionado en cuestiones de pagos. Él es el que nos ordena a nosotras absolutamente todo, desde poder imprimirle un papel hasta poder tener que escucharlo por una o dos horas sus discursos.El maltrato, según denunció, no es solo verbal, pues, según su relato hay ocasiones en las que ha sido también físico: “A mis compañeras (las golpea). A unas les ha pegado, así, en el brazo. Para cuando no lo miran, que les mire la jeta. (…) La verdad siempre era que le miráramos la jeta. Nos decía sí, que miráramos la jeta, que a él le gustaba que lo miraran era a la cara”, relató.“Nos suspendieron”La denunciante también dijo que, tras la difusión del video, en el que se ve al exsenador gritar a las trabajadoras, su contrato fue suspendido, versión que contradice lo dicho por el rector de la universidad, quien dijo que no habrá retaliaciones.“Él nos suspendió. Él le dio la orden al abogado que nos suspendiera. Yo tengo la carta de suspensión que me que me hicieron”, relató la mujer.
La Corporación Universitaria de Colombia reaccionó a la denuncia publicada por Noticias Caracol en donde el exsenador Carlos Moreno de Caro humilla y realiza diferentes tipos de improperios contra las trabajadoras de este centro educativo. Incluso se escucha en uno de los videos al expolítico decir: “Le pego dos veces para que hable”.A través de un comunicado de siete puntos, la Corporación Universitaria de Colombia rechazó la conducta de Moreno de Caro, pidió a las autoridades competentes realizar las investigaciones respectivas y señaló que suspende cualquier tipo de vinculo con el exsenador. Asimismo, la institución aclaró que Moreno de Caro no tiene ningún rol activo en la universidad desde el 2017.La Corporación Universitaria de Colombia también informó que, desde que conocieron los videos del presunto abuso laboral, activaron los protocolos establecidos para escuchar a las personas que fueron víctimas de estas conductas, respetar sus derechos y, si es el caso, acompañarlas en el proceso de denuncia.En este sentido, la universidad puso a la disposición de las personas que sufrieron presunto acoso laboral el correo electrónico recursoshumanosiudc@gmail.com para que cuenten sus historias y seguir el debido protocolo."La institución es liderada por el señor Guillermo Hoyos Gómez, actual rector y representante legal, quien en el encargado junto con el Consejo Directivo de tomar las decisiones académicas y administrativas, y no el señor Carlos Moreno de Caro", añade el comunicado.Este caso llegó hasta el Ministerio de Trabajo, cartera que recibirá este martes, 9 de enero, a las trabajadoras que presuntamente fueron víctimas de Moreno de Caro para acompañarlas en el proceso de denuncia.Vale recordar que uno de los testimonios de las denunciantes afirma que el exsenador Moreno de Caro las amenaza con despedirlas de su trabajo, las humilla, hay agresiones e incluso les pide que bajen de peso.Aquí el comunicado completo de la universidad:Puede ver:
La Institución Universitaria de Colombia se encuentra bajo la lupa del Ministerio de Trabajo tras la recepción de denuncias por acoso laboral y maltrato. El excongresista Carlos Moreno de Caro está en el centro de la investigación, luego de que salieran a la luz unos videos revelados por Noticias Caracol. El viceministro de Trabajo, Edwin Palma Egea, anunció una investigación inmediata después de recibir pruebas de las funcionarias de la institución. "Me puse en contacto personalmente con una de estas trabajadoras, quien presentó la denuncia hasta ayer. La próxima semana, en el marco de nuestras competencias, realizaremos labores de inspección, vigilancia y control", dijo.El funcionario añadió que la revisión del caso asociado a la universidad desde inicio de semana, el 9 de enero. Uno de los puntos cruciales será determinar si la institución educativa cuenta con un comité de convivencia laboral y aborda adecuadamente la materia de riesgo psicosocial, asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad en salud y trabajo.Además, Palma Egea destacó que las pruebas y denuncias evidencian un aparente abuso y maltrato a la dignidad de las mujeres trabajadoras. En este contexto, el Ministerio de Trabajo se compromete a asesorar y atender a cada una de las funcionarias de la institución universitaria, proporcionando orientación sobre los procedimientos a seguir."Esto también nos brinda la oportunidad de hacer pedagogía. Según la ley 1010, el juez laboral ordinario tiene la facultad para sancionar conductas de acoso laboral en el sector privado. Ya hemos atendido a las trabajadoras, las hemos orientado y la próxima semana sostendremos conversaciones con ellas", dijo Edwin Palma Egea.Vea también
Noticias Caracol reveló unos videos donde se ve como el exsenador Carlos Moreno de Caro, quien dirige la Corporación Universitaria de Colombia, golpea, humilla y comete todo tipo de improperios a las trabajadoras.“Le pego dos veces para que hable”, se puede escuchar en uno de los múltiples videos revelados por Noticias Caracol.Las trabajadoras de la universidad manifiestan que el acoso laboral es constante, y que los golpes y amenazas que reciben por parte del excongresista son reiterativos. “Nos humilla y nos amenaza con despedirnos, además nos pide que bajemos de peso”, contó una de las denunciantes.Noticias Caracol trató de buscar a Moreno de Caro, sin embargo, no respondió los llamados, y una vez contestó el celular, se hizo llamar, como “perico de los palotes”.El viceministro de trabajo anunció a través de X, antes Twitter, que el exsenador no tendrá ninguna injerencia en la entidad y que las trabajadoras serán escuchadas.Videos muestran a exsenador Carlos Moreno de Caro gritar e insultar a sus empleadasEl excongresista Carlos Moreno de Caro enfrenta serias acusaciones de acoso laboral tras ser denunciado por varias mujeres que trabajan en la Institución Universitaria de Colombia, fundada por él en el año 2010.Según las empleadas, han sido víctimas de maltratos, insultos y agresiones, todo documentado en videos que han salido a la luz.En uno de los incidentes registrados en video, Moreno de Caro bloquea el paso a una de las empleadas, quien, visiblemente aterrorizada, le suplica que la deje salir del lugar.
El excongresista Carlos Moreno de Caro enfrenta serias acusaciones de acoso laboral tras ser denunciado por varias mujeres que trabajan en la Institución Universitaria de Colombia, fundada por él en el año 2010. Según las empleadas, han sido víctimas de maltratos, insultos y agresiones, todo documentado en videos que han salido a la luz.En uno de los incidentes registrados en video, Moreno de Caro bloquea el paso a una de las empleadas, quien, visiblemente aterrorizada, le suplica que la deje salir del lugar.La joven, identificada como María Fernanda Ríos, asistente administrativa en la institución, le contó a Noticias Caracol que:Otra empleada, Leidy Tatiana Martínez, quien presenció el incidente, envió una carta al Ministerio de Trabajo con copia a recursos humanos para solicitar la intervención de un comité y evaluar el caso.“Él ha sido muy grosero. Dice que no quiere personas gordas en el call center, que solo personas flacas, que si estamos gordos que hay un gimnasio para hacer ejercicio. Nos dice que no quiere personas ignorantes, que por eso nadie va a ser empresario, porque él es una persona pensante porque aprendió de personas de alto rango”, denunció Martínez.Martínez también relató que la agresión más reciente que sufrió fue el 2 de enero durante una reunión convocada por Moreno de Caro. “Él se para y me grita que ‘hable’, y yo le digo: ‘¿Pero qué le digo?’. Se para y me pega un puño, yo le digo: ‘No me pegue’, y me respondió: ‘Si quiere le pegó dos puños’”.En otro video, Moreno de Caro expresó su rechazo a permitir la presencia de personas enfermas en la institución, amenazando con despedir a quienes presenten problemas de salud. Las trabajadoras denunciaron sufrir dos semanas de abusos y citaron frases despectivas como: “Que él no tiene personas enfermas en la universidad, que si tuviera personas enfermas estaría en el hospital, que es el lugar de ellos, y que los muertos están en el cementerio”.Aquí el video de la denunciante:Ante estas denuncias, el Ministerio de Educación informó que, al tratarse de un tema laboral, la cartera laboral es la encargada de investigar el presunto acoso laboral. Edwin Palma Egea, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, instó a las empleadas a comunicarse directamente con él para iniciar la investigación, asegurando que Moreno de Caro no tiene incidencia alguna en el Ministerio de Trabajo. Le puede interesar:
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.