Cerrejón aspira a aumentar su producción de carbón de 17 millones de toneladas anuales este año a 20 millones de toneladas el próximo año, con lo que comenzarían a revertir los malos números de los últimos años, según las proyecciones del presidente de la compañía, Edgar Alfonso."Cerrejón viene de unos años difíciles, especialmente el año pasado, que tuvimos que bajar producción. Nosotros veníamos produciendo alrededor de 20 o 21 millones de toneladas y tuvimos que bajar el año pasado a 16 millones de toneladas. Este año esperamos producir 17, pero ese nivel de producción es un nivel muy bajo para lo que está diseñada la operación, y eso hace que, desde el punto de vista de costo, sea muy complicado. Han sido años difíciles, pero lo que estamos viendo ahora en este congreso y con los mensajes que estamos viendo desde el gobierno es positivismo, que ojalá permitan que se den las condiciones para que Cerrejón pueda volver a los niveles de producción que se esperan, y que eso genere también el impacto en regalías, en empleo, que todos queremos", dijo Alfonso.Entre las razones que llevaron a Cerrejón a reducir su producción están, entre otras, el aumento de los bloqueos a su línea férrea y, en los últimos meses, una serie de atentados contra su infraestructura.La compañía también está trabajando para recuperar clientes en el mercado de Israel, pero no es un proceso fácil. Colombia dejó de vender abruptamente su carbón a las plantas de generación de energía en ese país por cuenta del bloqueo económico que el gobierno de Gustavo Petro quiso imponer a Israel por la guerra en la Franja de Gaza y el asesinato de civiles.Israel terminó por conseguir nuevos proveedores de carbón, especialmente en Sudáfrica, pero las mineras colombianas aún no logran reemplazar ese mercado con otros compradores.
La multinacional minera Cerrejón anunció este lunes la parálisis total de sus actividades industriales, debido a un bloqueo persistente en la infraestructura de transporte, lo que afecta directamente la cadena de suministro y exportación de la compañía.La decisión responde a una interrupción en el corredor ferroviario que impide el transporte del carbón hacia el puerto y el ingreso de suministros a la mina.Ante la imposibilidad de movilizar el mineral y recibir los insumos necesarios para la operación diaria, la empresa confirmó que las actividades "férreas, mineras y portuarias quedan suspendidas desde este lunes". Consecuencias laborales y excepcionesLa suspensión de las operaciones conlleva un fuerte impacto en la fuerza de trabajo de la compañía. Cerrejón explicó que, debido a esta contingencia, "la mayoría de los contratos de trabajo quedan suspendidos".Sin embargo, para garantizar la seguridad mínima y el cumplimiento de compromisos legales, la empresa detalló que "solo continuarían quienes estén a cargo de labores esenciales, sociales y obligaciones ambientales". Hasta el momento, no se ha definido una fecha estimada para el reinicio de las labores, lo cual dependerá del levantamiento del bloqueo en la vía férrea.
Una controversia laboral en la empresa minera Cerrejón llegó a instancias internacionales y abrió una discusión sobre el respeto a los derechos de los trabajadores en Colombia, tras una queja presentada ante la OCDE.El caso gira en torno a un extrabajador que, según la denuncia, perdió su empleo poco después de intentar vincularse a un sindicato. Este hecho ha generado dudas sobre si la decisión de la empresa estuvo relacionada con su intención de ejercer ese derecho.De acuerdo con la información presentada, el despido ocurrió en un periodo muy cercano al momento en que la empresa fue informada de la afiliación sindical."El expediente también sostiene que, posteriormente, Cerrejón habría restringido el ingreso del trabajador a instalaciones portuarias necesarias para el ejercicio de sus funciones en otra empresa del sector marítimo, lo que habría derivado en un segundo despido y profundizado su situación de vulnerabilidad socioeconómica", se lee en el comunicado.Por esa razón, quienes impulsan la denuncia consideran que podría tratarse de una medida en contra de la organización de los trabajadores.La situación es más delicada porque el extrabajador tenía una condición de salud que le otorgaba una protección especial en su empleo. Esto implica que su desvinculación debía cumplir condiciones más estrictas, lo que ahora es parte central del análisis.Tras salir de la compañía, el afectado también habría enfrentado obstáculos para continuar trabajando en actividades relacionadas con el sector. Esto, según la denuncia, terminó afectando su estabilidad económica y sus posibilidades de mantenerse laboralmente activo.Los representantes legales sostienen que este caso podría no ser único, sino reflejar una forma de actuar que dificulta la creación o el fortalecimiento de sindicatos dentro de la empresa, especialmente en ciertos tipos de cargos.El proceso será revisado por una instancia en Colombia adscrita a la OCDE, que buscará analizar lo ocurrido y promover un acercamiento entre las partes. Aunque no se trata de un juicio, lo que allí se concluya podría influir en futuras decisiones sobre derechos laborales y prácticas empresariales.
Una joven de etnia wayúu fue víctima de un aparatoso accidente y murió tras ser arrollada por un tren de Cerrejón que iba rumbo hacia Puerto Bolívar en la alta Guajira.El hecho se registró exactamente en el kilómetro 93 de la férrea de Cerrejón, justo cuando la menor iba cruzando el camino del tren junto a un burro en el que, al parecer, transportaba agua que trasladaba hasta su comunidad indígena.La menor pertenecía a la comunidad Ouspa, ubicada cerca al lugar del accidente, en jurisdicción de la zona rural de Uribia, en La Guajira. Cerrejón se pronuncióA través de un comunicado, la empresa Cerrejón lamentó el hecho y manifestó que acompañan a las autoridades competentes y a los familiares para adelantar las investigaciones pertinentes del hecho."Las autoridades competentes hacen presencia en el sitio para la atención correspondiente y realizar las investigaciones pertinentes. La empresa manifiesta sus más sentidas condolencias a los familiares y está presta a brindar toda la colaboración y apoyo a la comunidad", se lee en el comunicado de la empresa.
La empresa carbonífera Cerrejón, ubicada en el departamento de La Guajira y considerada una de las minas a cielo abierto más grandes de Latinoamérica, presentó un informe de sostenibilidad en el que explicó que durante el año 2024 le pagó al Gobierno Nacional, por concepto de regalías, cerca de $895.000 millones.Cerrejón se sigue consolidando como la principal organización que dinamiza la economía del departamento de La Guajira.“Cerrejón aportó $70.000 millones por concepto de impuestos y contribuciones a los municipios del área de influencia y a La Guajira. Además, invirtió $86.000 millones en proyectos sociales”, explicó la compañía en un comunicado.Durante 2024, Cerrejón enfrentó 334 bloqueos que implicaron 135 días de interrupción en la vía férrea, lo que afectó sus operaciones.“A pesar de un año lleno de desafíos, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de La Guajira, la sostenibilidad y el trabajo conjunto con las comunidades”, señaló la empresa carbonífera.La compañía enfatizó que también dinamizó la economía a través de contratistas y proveedores locales, por un valor superior a los $300.000 millones.
Cerrejón, una de las principales compañías de producción de carbón en el país, cortará su producción entre 5 y 10 toneladas al año lo que la ubicará en un rango de producción de entre 11 y 16 millones de toneladas.La reducción de producción de Cerrejón podría profundizar la caída en el sector de minería, que ha venido reportando caídas en el crecimiento económico en los últimos meses."La razón principal de esta reducción se debe a los precios insostenibles del carbón térmico transportado vía marítima. Esta reducción de la producción no impactará los compromisos sociales o ambientales vigentes de Cerrejón", explicó la compañía en un comunicado.Según datos recopilados por el Ministerio de Comercio, el precio del carbón en enero llegó a los 118.6 dólares por tonelada, apenas un 5 % por debajo del precio de un año atrás. Sin embargo, las exportaciones de carbón colombianas cayeron un 44 % en el mismo periodo. Solo las exportaciones de carbón al Medio Oriente cayeron un 75 % frente al año pasado.¿Qué está pasando con las exportaciones de carbón?En agosto del año pasado el Gobierno colombiano prohibió las exportaciones de carbón a Israel como una medida de bloqueo económico y de prostesta contra lo que llamó el 'genocidio' en Gaza. Desde entonces los productores de carbón han tenido que conseguir nuevos clientes y la información que circula en la industria es que los costos logísticos, es decir, los del transporte marítimo, están haciendo poco viable el negocio."Si bien Cerrejón ha implementado numerosas iniciativas para responder a las difíciles condiciones actuales del mercado, creemos que la decisión de reducir laproducción contribuirá a garantizar la sostenibilidad de las operaciones y la capacidad de la empresa para seguir generando ingresos para la región y el país", señaló la compañía.El carbón sigue siendo uno de los principales productos de exportación colombianos junto con el petróleo y el café."La razón principal de esta reducción se debe a los precios insostenibles del carbón térmico transportado vía marítima y a que el mercado natural de carbón colombiano que se encuentra en Europa y el Mediterráneo ha reducido su demanda, provocando así una mayor venta de carbón a Asia, donde los costos de transporte marítimo son mucho más altos, lo que resulta en precios de venta bastante bajos", señaló Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón.
Nuevamente y por tercera vez consecutiva hay un ataque con explosivos a la vía férrea de Cerrejón, esto en el kilómetro 78 en jurisdicción del municipio de Uribia, en la vía férrea que comunica exactamente la mina ubicada en Albania hasta Puerto Bolívar.Toda la operación carbonífera de transporte se encuentra actualmente detenida. La empresa ha pedido apoyo por parte de las autoridades para investigar este hecho.El atentado solo dejó daños materiales, pese a que la a explosión ocurrió muy cerca en el kilómetro 80, desde donde se encuentra una protesta por parte de funcionarios del ICBF.Este incidente marca el tercer ataque de este tipo en menos de un mes, lo que enciende las alarmas sobre la seguridad en la zona y el posible accionar de grupos al margen de la ley.Atentados contra CerrejónEl pasado 26 de diciembre, se registró un atentado con explosivos contra un tren de Cerrejón en el kilómetro 82 en la vía férrea que conduce de la mina hasta Puerto Bolívar , en un recorrido aproximado de 4 horas y 150 kilómetros.Luego de la detonación, el transporte de carbón hacia el puerto está detenido por el ataque dejó únicamente daños materiales, en la vía férrea y en un tren. Por fortuna, no hubo pérdidas humanas.Casi 15 días después, desconocidos activaran una carga de explosivos que ocasionó graves afectaciones en la línea ferroviaria en Maicaco."Se perpetró un nuevo atentado con explosivos contra nuestra infraestructura ferroviaria en el kilómetro 51, municipio de Maicao. Este es el segundo atentado en menos de 15 días", manifestó la empresa a través de un comunicado.
Desde el pasado 28 de octubre, la línea férrea de la empresa Cerrejón se está viendo afectada por cuenta de bloqueos ininterrumpidos que se encuentran adelantando comunidades pertenecientes al caserío Tabaco (La Guajira) que, según la compañía, mantienen paralizado el transporte de carbón hasta Puerto Bolívar y, en esta medida, el abastecimiento de suministros esenciales. La situación, inclusive, ha llevado a que la empresa presente dificultades para cumplir con compromisos comerciales y otras actividades relacionadas con su operación.A través de un comunicado, la compañía expresó que entendía el nivel de complejidad por el que atravesaban las comunidades de La Guajira: “Lamentamos profundamente que se acuda a estas vías de hecho. La Guajira es un departamento con una alta conflictividad social y muchas necesidades básicas insatisfechas que necesitan urgente atención”.En esta misma línea, afirmaron que “Cerrejón ha estado y estará dispuesta a apoyar y generar espacios de diálogo que permitan encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados”.Así las cosas, la empresa informó que, en lo corrido de este 2024, han enfrentado 282 bloqueos que han paralizado gran parte de sus operaciones, argumentando que esta situación “afecta la sostenibilidad de la compañía, al tiempo que impacta de manera negativa a todas las comunidades del país”."Hacemos un llamado a las comunidades y a todas las entidades públicas y privadas presentes en el departamento para que de manera urgente trabajemos de para encontrar una pronta solución a este flagelo", acotaron por medio de su página web.
Pese a que la empresa Cerrejón viene adelantado diálogos con un grupo de manifestantes pertenecientes al caserío Tabaco (La Guajira) que, desde el pasado 28 de octubre mantienen bloqueado el kilómetro 3 de la línea férrea, hasta este domingo han resultado infructuosos los intentos por llegar a unos acuerdos que permitan levantar la protesta.La situación, que completa un total de seis días, ha generado que la empresa carbonífera esté operando a media máquina, pues ante las restricciones para el paso de trenes sobre la vía, ya se están registrando afectaciones en el flujo de carbón y otros suministros esenciales.A través de un comunicado, la compañía indicó lo siguiente: “Los miembros de la comunidad de Tabaco presentes en el bloqueo están siendo asesorados por la ONG Internacional Redher y la organización indígena del Cauca “Congreso de los Pueblos”.Así mismo, precisaron que les preocupa el estado de salud de algunos de los manifestantes, pues se trata de adultos mayores que completan varios días expuestos a las condiciones climáticas de la zona. “Dado el riesgo que representan las condiciones meteorológicas, especialmente en el contexto de un bloqueo al aire libre, solicitamos a los manifestantes tomar en cuenta esta alerta”.No obstante, la empresa reiteró que busca soluciones pacíficas, confirmando que viene trabajando “activamente con los representantes designados por la comunidad de Tabaco en un proceso de diálogo que cuenta con la participación de las autoridades competentes”."Cerrejón reafirma su compromiso con el respeto a los Derechos Humanos y la seguridad de todos los involucrados y sigue dispuesto a trabajar conjuntamente para construir soluciones que beneficien tanto a la comunidad de Tabaco como a la región en general, sin exponer a las personas a riesgos innecesarios", detallaron en el comunicado que se encuentra colgado en su página web oficial.
Un camión minero se volcó totalmente al interior de la mina del Cerrejón ubicada en La Guajira resultando una persona herida. El hecho se registró en la mañana de este miércoles en el tajo conocido como Anex, ubicado al interior del complejo carbonífero.El herido fue trasladado hasta un centro asistencial para recibir atención médica urgente, debido a algunas lesiones en su cuerpo. Estos vehículos normalmente tienen una capacidad de carga extremadamente pesada, tal es así que algunos soportan hasta 60 toneladas.En la mina se activó el plan de contingencia y, hasta el momento, se pudo saber que el herido es un joven conductor de estos vehículos de carga pesada conocido como Luis Rodríguez, quien se encuentra estable.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.
