Fuentes de BLU Radio confirmaron que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno será traslado este viernes a primera hora a la Escuela de Artillería, donde permanecía antes de su extradición.En este lugar de reclusión está el exmagistrado Gustavo Malo, uno de los que enfrenta un proceso como presunto integrante del cartel de la toga por las declaraciones que ha dado Moreno a la justicia.Ya está en curso una tutela de la defensa de Moreno con la que se busca que el exfuncionario sea trasladado a Cespo por motivos de seguridad; recurso interpuesto ante la negativa de las autoridades.En el documento tutelan los derechos de Moreno a la vida, a la integridad personal, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.En su momento, el entonces director de la Policía, general Óscar Atehortúa, dijo que “la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, antes CESPO, cumple una misión especial en la capacitación, entrenamiento y formación del personal uniformado y no uniformado de la institución en diferentes ámbitos del saber y que la directora de la escuela indicó que no cuenta con la disponibilidad para recluir al Luis Gustavo Moreno Rivera, que la institución educativa se halla ocupada en un 100% de su capacidad instalada, en tal sentido la petición no puede ser atendida favorablemente por la imposibilidad planteada”.
El procurador general, Fernando Carrillo, aseguró que se le deben dar todas las garantías al exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien fue trasladado el pasado 31 de diciembre a la cárcel Modelo de Bogotá y quien el próximo lunes tiene previsto declarar en el proceso que se adelanta por el denominado cartel de la toga.El traslado de Moreno a la cárcel Modelo se dio ante la negativa de la Policía de recibirlo en el Centro de Educación Superior Policial, Cespo, al indicar que este centro es de estudios.El exfuncionario permanecía en el búnker de la Fiscalía desde su llegada a Colombia, tras ser deportado desde Estados Unidos a principios del mes de diciembre, donde se encontraba pagando una pena por lavado de activos por recibir un anticipo de un soborno del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.Actualmente, el exfiscal enfrenta una condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia de 4 años y 10 meses de prisión por haber hecho parte del cartel de la toga, una red que operó dentro del alto tribunal y en la que, él junto con exmagistrados de este tribunal, favoreció a particulares y políticos a cambio de grandes sumas de dinero.
El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno fue trasladado este jueves 31 de diciembre a la cárcel Modelo, en Bogotá, luego de una solicitud hecha por un juez.El exfuncionario permanecía en el búnker de la Fiscalía desde su llegada a Colombia tras ser deportado desde Estados Unidos a principios del mes de diciembre, donde se encontraba pagando una pena por lavado de activos por recibir un anticipo de un soborno del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.El traslado de Luis Gustavo Moreno a la cárcel Modelo se da ante la negativa de la Policía de recibirlo en el Centro de Educación Superior Policial, Cespo, al indicar que este centro es de estudios.El exfiscal enfrenta una condena, que le impuso la Corte Suprema de Justicia, de 4 años y 10 meses de prisión por haber hecho parte del cartel de la toga, una red que operó dentro del alto tribunal, y en la que él, junto con exmagistrados de este tribunal, favoreció a particulares y políticos a cambio de jugosas sumas de dinero.Moreno responde por los delitos de concusión y uso indebido de información privilegiada.
A pesar de que el pasado 17 de diciembre fue asignada la tutela que interpuso el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno ante la negativa de que lo trasladaran a Cespo, la judicatura respondió que no será procesada por la vacancia judicial que inició el pasado 19 de diciembre. Es decir, que el futuro de su centro de reclusión se sabrá en el 2021.La tutela es contra el director del Inpec, Norberto Mujica, y el saliente director de la Policía, general Óscar Atehortua, ya que no fue trasladado a ese establecimiento a pesar de la orden de una juez de garantías que escogió ese centro por temas de seguridad.En el documento tutelan los derechos de Moreno a la vida, a la integridad personal, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.El general Óscar Atehortúa dijo en su momento “que la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, antes Cespo, cumple una misión especial en la capacitación, entrenamiento y formación del personal uniformado y no uniformado de la institución en diferentes ámbitos del saber y que la directora de la escuela indicó que no cuenta con la disponibilidad para recluir a Luis Gustavo Moreno Rivera, que la institución educativa está ocupada en un 100% de su capacidad instalada, en tal sentido la petición no puede ser atendida favorablemente por la imposibilidad planteada”.Sin embargo, argumenta la tutela que eso mostraría discriminación.
BLU Radio conoció que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno interpuso una tutela contra el director del Inpec, general Norberto Mujica, y el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, ante la negativa de que fuera traslado a Cespo, a pesar de la orden de una juez de garantías que escogió ese establecimiento por temas de seguridad.En el documento tutelan los derechos de Moreno a la vida, a la integridad personal, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.Explica el documento que, en julio de este año, el juez 75 penal municipal con funciones de Control de Garantías, efectuó control posterior a la prórroga del principio de oportunidad, la cual fue avalada y, en esa audiencia, autorizó que cuando Moreno regresara de la extradición purgaría la pena impuesta por la Corte Suprema de Justicia, de 58 meses y 15 días de prisión, en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional - CESPO.Posteriormente, el director del Inpec se dirigió a través de un oficio al director general de la Policía Nacional solicitando la viabilidad de un cupo, para dar cumplimiento a la orden judicial. Sin embargo, el 9 de diciembre de 2020, el general Atehortúa respondió “que la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, antes Cespo, cumple una misión especial en la capacitación, entrenamiento y formación del personal uniformado y no uniformado de la institución en diferentes ámbitos del saber y que la directora de la escuela indicó que no cuenta con la disponibilidad para recluir al señor Luis Gustavo Moreno Rivera, que la institución educativa está ocupada en un 100% de su capacidad instalada, en tal sentido la petición no puede ser atendida favorablemente por la imposibilidad planteada”.No obstante, en la tutela hacen un listado de los privados de la libertad que están y han estado en ese establecimiento como Andrés Camacho, exdirector de IDU; general Mauricio Santoyo; general Flavio Buitrago; el exconcejal Orlando Parada, entre otros.Finalmente, dice la tutela que la finalidad de la misma no es otra sino proteger la vida de un exfuncionario judicial, que por razón del cargo que desempeñaba envió personas a prisión, y es apenas obvio que no puede estar en un sitio donde se encuentren personas que él mismo ordenó capturar o judicializar. Más aún, que es testigo de la Fiscalía, en procesos donde se juzgaran altos dignatarios de la justicia colombiana.
A pesar de que el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, dijo que Cespo era un centro de estudios y que no podía recibir al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno porque no era un lugar de reclusión, BLU Radio investigó sobre quiénes están actualmente pagando su pena en ese establecimiento y el listado no es menor. Ante la negativa, la defensa de Moreno estudia interponer tutela.Hay desde exuniformados privados de la libertad, como el caso del general Miguel Maza Márquez, hasta civiles como Roberto Prieto. ¿Por qué la negativa de recibir a Moreno?Sin embargo, aunque el listado es mayor, BLU Radio pudo confirmar los nombres de personas que se encuentran recluidas en Cespo.Dentro del listado aparecen el general (r) de la Policía Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán, perpetrado en 18 de agosto de 1989.También está el general (r) Mauricio Santoyo, a quien la Fiscalía acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por constituir un supuesto patrimonio ilícito de $6.193’415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensa, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009.Aunque podría pensarse que en Cespo solo están exuniformados, pudimos confirmar que también están recluidos el exconcejal Orlando Parada, condenado por el denominado carrusel de contratos de Bogotá, y Roberto Prieto, exgerente de campaña del expresidente Juan Manuel Santos, acusado de recibir dineros por debajo de la mesa, por parte del empresario Eduardo Zambrano, para tapar supuestos huecos de la campaña.Pero el listado de quienes han pasado por Cespo es aún mayor: el general (r) Flavio Buitrago, Carlos Albornoz, Piedad Zucardi, Dilyan Francisco Toro, Andrés Camacho Casado, Joselito Guerra, entre otros.Así las cosas, ante la negativa de recibir a Moreno, a pesar de la orden de una juez de garantías, la defensa estudia interponer una tutela en los próximos días.
Desde la dirección de la institución, se negó el préstamo de las instalaciones del Centro de Estudios de la Policia Nacional, Cespo, para recluir al exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien después de llegar a Colombia, espera que un juez de ejecución de penas reconozca lo que pagó en Estados Unidos como parte de su pena.El director de la Policía nacional, general Óscar Atehortúa, se pronunció sobre el requerimiento del Inpec para el traslado de Moreno a este lugar, a lo que se dio respuesta de manera inmediata. "Cespo es un instituto educativo de la Policía Nacional, no es un lugar de reclusión", comunicó el oficial. El general Atehortúa pidió al Inpec contemplar alguno de sus más de 130 establecimientos carcelarios para recluir a Gustavo Moreno, ya que en su centro de estudios, sólo hay capacidad para la educación y tareas en este ámbito.El exfiscal Anticorrupción, llegó deportado de Estados Unidos el pasado viernes 4 de diciembre, luego de cumplir una pena de 48 meses de prisión en Estados Unidos, por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada.
La Fiscalía, en cabeza del fiscal general Néstor Humberto Martínez, decidió remover de los procesos por corrupción que adelanta, al fiscal Juan Vicente Valbuena, tras considerar que no actuó conforme a la ley al ordenar el traslado a Cespo del exdirector de Conalvías Andrés Jaramillo. La determinación se tomó luego de que BLU Radio revelará dos documentos en los que Valbuena insistía y avalaba el traslado a este centro de Jaramillo, investigado por el escándalo de Odebrecht. En la primera carta Valbuena insistió en la petición del traslado urgente de los calabozos del búnker de la Fiscalía hacia otro sitio de Andrés Jaramillo, presidente de Conalvías, investigado por carrusel de la contratación en Bogotá. La solicitud fue finalmente autorizada para el centro de estudios de la Policía Nacional (Cespo), en el noroccidente de Bogotá. La carta fue dirigida al brigadier general Jorge Luis Ramírez Aragón, director del Inpec, en la cual el fiscal Valbuena dice que al haber estudiado las solicitudes que hizo la defensa de Andrés Jaramillo, la Fiscalía no encontró objeción alguna para que el detenido fuera trasladado, con las debidas medidas de seguridad, a alguno de los dos sitios propuestos por el defensor.
En las últimas horas la sala penal le otorgó la libertad provisional a la exsenadora, quien enfrenta un proceso penal por sus presuntos vínculos con el Bloque Norte de las Autodefensas. La excongresista del Partido de la U, quien se encontraba privada de su libertad desde enero de 2013 en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo) en el norte de Bogotá, seguirá vinculada al proceso. (Lea también: Piedad Zuccardi, en libertad por vencimiento de términos). A comienzos de marzo, la Procuraduría puso fin a la investigación que adelantaba en contra de la excongresista por presuntos nexos con grupos de autodefensa. Según el Ministerio Público, no se pudo probar de forma certera que la excongresista Piedad Zuccardi se haya reunido con miembros del paramilitarismo, así como tampoco que los votos que recibió hubiesen sido conseguidos con la ayuda de dicha organización. Ante esta situación se archivó el proceso. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -La Cruz Roja advirtió sobre una creciente súbita del Río Magdalena en el sector de El Paso entre Flandes y Girardot. -El Consejo de Estado admitió la demanda contra elección de Eduardo Verano De la Rosa como Gobernador del Atlántico. -Poco a poco va desapareciendo el fantasma del apagón en el país. El Gobierno levantó la restricción que impedía a las entidades del Estado mantener luces encendidas después de las 6:00 de la tarde. -Cancillería y Embajada de Colombia en Perú rechazan los actos de violencia y vandalismo protagonizados por hinchas de Nacional en Lima. -La ministra de Transporte pidió ponerle freno a las excesivas fotomultas por no estar cumpliendo su objetivo. -El vicepresidente Germán Vargas Lleras reiteró que los recursos de Isagén deben ser para financiar obras de infraestructura y no el déficit fiscal. -Duro golpe de la policía al Clan Úsuga en Antioquia. En las últimas horas fueron capturados 19 integrantes de esa banda criminal.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.
