Víctimas en el Urabá antioqueño reclaman los títulos de más de 70 predios de Chiquita Brands en zona de influencia de Puerto Antioquia. Radicaron pruebas documentales ante la Fiscalía, Defensoría y la Sociedad de Activos EspecialesA más de tres meses de que la justicia nacional e internacional se pronunciara contra ex directivos de la multinacional Chiquita Brands por haber fungido como financiadores de grupos paramilitares en el Urabá antioqueño, víctimas ahora reclaman que varias de las propiedades de la compañía sirvan para su reparación.Se trata de un total de 73 títulos de propiedad que demuestran que Chiquita Brands, a través de Agrícola El Retiro, tiene predios en cuatro municipios de Urabá, en zona de influencia de Puerto Antioquia. Las tierras superan las 4.000 hectáreas y están avaluadas en más de 1.5 billones de pesos.Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, indicó que esperan celeridad en la actuación de entidades como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Sociedad de Activos Especiales donde ya fue remitida la documentación de estas tierras para evitar que eventualmente vayan a fondos estatales sin impacto directo en la reparación que exigen las víctimas de esta región del departamento.“Hemos entregado los documentos a todas las autoridades en Colombia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, a la Defensoría y también a la Unidad de Víctimas. Lo que se requiere es que se actúe con rapidez”, aseguró.Desde Forjando Futuros indicaron que esperan por parte de la justicia que quede en firme el fallo que condenó a siete ex directivos de Chiquita Brands y que los 13.000 millones de pesos de multa y los más de 70 predios que ahora reclaman puedan ser garantía de reparación para víctimas de despojo por parte de grupos paramilitares, especialmente en los años 90.
Organizaciones sociales exigen que 73 predios vinculados a Chiquita Brands en el Urabá antioqueño, con más de 4.000 hectáreas, sean destinados a la reparación de las víctimas del paramilitarismo financiado por la multinacional.Las tierras, equivalentes en tamaño a la isla de San Andrés, pertenecen a Agrícola El Retiro S.A., empresa socia fundadora de Banadex y filial de Chiquita Brands. Están ubicadas en Chigorodó, Apartadó, Carepa y Turbo, zonas estratégicas para el desarrollo de Puerto Antioquia. Una de ellas ya fue declarada de utilidad pública por la Gobernación.La historia de estas propiedades está marcada por un entramado empresarial que ha dificultado su uso en procesos de justicia y reparación. Banadex vendió sus bienes en 2004 a Banacol, y en 2020 estas compañías pasaron a formar parte de Greenland Investments S.A.S.Sin embargo, investigaciones han demostrado que Agrícola El Retiro financió a la convivir Papagayo entre 1997 y 2004, aportando más de 4.600 millones de pesos mediante descuentos a nóminas de trabajadores y contratistas. Estos recursos se dirigieron a las estructuras paramilitares en la región.Responsabilidades judicialesEn julio de 2025, siete exdirectivos de Chiquita Brands —entre ellos Reinaldo Escobar de la Hoz, partícipe en los acuerdos de pagos a paramilitares con los hermanos Castaño— fueron condenados en Colombia a 11 años y tres meses de prisión y al pago de 13.800 millones de pesos. No obstante, esos dineros no han llegado directamente a las víctimas.En Estados Unidos, la multinacional ya fue sancionada en dos procesos judiciales, incluyendo una condena que ordenó indemnizar con 38 millones de dólares a ocho familias colombianas.La Fundación Forjando Futuros, el IPC, Pares, Cinep y otras organizaciones, reiteran que estos predios no pueden ser tratados como simples activos de mercado. Su exigencia es clara: que las tierras pasen al Fondo de Víctimas y se conviertan en una herramienta real de reparación y reconstrucción para las comunidades afectadas por la violencia en Urabá.
Siete exdirectivos de Banadex, filial de la multinacional del banano Chiquita Brands International, fueron condenados cada uno a once años y tres meses de prisión por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que los halló culpables de financiar a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Los condenados por concierto para delinquir agravado son Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún, según un fallo conocido este miércoles."Celebramos esta decisión, que llega a dos meses de que el caso prescribiera, y reconoce los nexos de la multinacional con las AUC, a través de más de 100 pagos ilegales", dijo este miércoles la senadora Isabel Zuleta, del partido oficialista Pacto Histórico.Además, el Juzgado les impuso una multa de 13.879 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares)."El fallo identifica al paramilitar Raúl Hasbún, alias 'Pedro Bonito', como el enlace entre Chiquita y el Bloque Bananero de las AUC", añadió Zuleta.En diálogo con Mañanas Blu 10:30, el reconocido periodista e investigador Ignacio Gómez, director de Noticias Uno, enfatizó la trascendencia de este fallo: "No yo creo que este fallo es determinante en todo el caso en general a pesar de las sentencias previas porque el primer acuerdo o más bien el segundo acuerdo que Chiquita logra con el gobierno de Estados Unidos con su Secretaría de Justicia es un acuerdo en el que el Departamento de Justicia norteamericano la justicia de Estados Unidos se compromete a no imputar cargos criminales a los directivos de Chiquita involucrados en la negociación con Carlos Castaño y esta es precisamente la sanción criminal a quienes estuvieron involucrados en ese negocio". Y agregó: "Entonces se me hace que en realidad cambia la perspectiva eh judicial de la historia porque hasta el momento había sido la garantía de impunidad para los involucrados en las negociaciones que como lo explicaban ustedes antes condujeron a a un pacto entre Chiquita Brans y las Autodefensas Unidas de Colombia para comprometerse ellos a financiar práctica la expansión eh la conversión de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá en la organización narcotraficante y paramilitar nacional que fue las Autodefensas Unidas de Colombia Es un fallo que realmente cambia la la historia".¿Qué sigue?Un precedente para otros involucradosAunque la sentencia actual se centró en Chiquita Brands y Banadex, Ignacio Gómez sugiere que este fallo abre un camino para futuras investigaciones. Si bien algunos funcionarios de Banacol, como Javiercho Velázquez, Víctor Manuel Enríquez y Jorge Alper Tuca David, fueron exonerados en este proceso, la información disponible indica que la financiación paramilitar no se limitó a Chiquita. La Asociación de Bananeros de Urabá (Augura) centralizaba la financiación para la expansión de las autodefensas, implicando que "no había empresa bananera que estuviera excluida de la financiación".Esto sugiere que podrían y deberían existir otros procesos judiciales para investigar a empresas y personas que aún no han rendido cuentas por su participación en la financiación del paramilitarismo.
El Juzgado 6 Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a 7 altos directivos de la bananera Chiquita Brandas a 11 años y 3 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir. Según la información que se ha conocido, a estar personas se le impuso una multa de 13.876 millones de pesos.Entre los condenados se encuentran Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo, José Luis Valverde, Víctor Julio Buitrago y Fuad Alberto Giacoman Hasbún. En contraste, tres exdirectivos de Banacol —Javier Ochoa Velásquez, Víctor Manuel Henríquez Velásquez y Jorge Alberto Cadavid Marín— fueron absueltos, ya que las pruebas no lograron desvirtuar su presunción de inocencia.Hay que mencionar que recientemente desde la Fundación Forjando Futuros entregó ante la Fiscalía General de la Nación y a la JEP una serie de documentos en donde pedía que el proceso no prescribiera, situación que sucedería el próximo 17 de septiembre. Esta decisión es la primera que se da contra Chiquita Brands en Colombia, luego de que en Estados Unidos ya enfrentaran dos procesos.Gerardo Vega, abogado de Forjando Futuros, destacó que la justicia haya condenado a estas personas por la financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia en cerca de 1.7 millones de dólares."Son 11 años que condenan a estas personas más una suma de 13.876 millones de pesos para que no quede la idea de que cualquier empresa puede venir acá a financiar grupos ilegales, cometer desastres, masacres, desplazamientos, despojos de tierras y no pasa nada", destacó el abogado.Según la Fundación, Chiquita Brands, a través de su filial Banadex, no solo financió a grupos paramilitares mediante aportes por cada caja de banano exportada, sino que también facilitó la entrada de armamento por sus puertos en UrabáLuego de conocer la decisión del juzgado, Vega recalcó la importancia de que en Colombia exista una condena contra estas personas involucradas en diferentes crímenes en el Urabá antioqueño."Por muy internacional que sean, por muy inversionistas, el primer antecedente me parece supremamente importante para Colombia, esta decisión judicial, es el primer mensaje y que condene a personas que estén obligadas en esa financiación a grupos paramilitares", mencionó Vega.Finalmente, y a pesar de que desde Forjando Futuro celebraron la decisión, dentro del proceso habría otros 4 empresarios bananeros investigados por apoyar económicamente a las AUC en Urabá a través de la Convivir Papagayo.
El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia sentenció a siete antiguos altos cargos de la compañía Chiquita Brands a 135 meses de cárcel, tras encontrarlos culpables del delito de concierto para delinquir agravado, debido a su relación con grupos paramilitares en la región del Urabá antioqueño.Entre los condenados se encuentran Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo, José Luis Valverde, Víctor Julio Buitrago y Fuad Alberto Giacoman Hasbún.La jueza Diana Lucía Monsalve determinó que no podrán acceder a beneficios judiciales como la prisión domiciliaria ni la suspensión de la condena, y ordenó su captura inmediata. Asimismo, impuso una multa que asciende a 13.876 millones de pesos.El fallo se da a conocer a pocas semanas de que el caso prescribiera, lo cual habría ocurrido el 17 de septiembre.En contraste, tres exdirectivos de Banacol —Javier Ochoa Velásquez, Víctor Manuel Henríquez Velásquez y Jorge Alberto Cadavid Marín— fueron absueltos, ya que las pruebas no lograron desvirtuar su presunción de inocencia.La senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico se pronunció al respecto: “Celebramos esta decisión, que llega a dos meses de que el caso prescribiera, y reconoce los nexos de la multinacional con las AUC, a través de más de 100 pagos ilegales. El fallo identifica al paramilitar Raúl Hasbún, alias “Pedro Bonito”, como el enlace entre Chiquita y el Bloque Bananero de las AUC. La empresa había sido sancionada en EE.UU en 2007 pero en Colombia permanecía impune. Seguimos exigiendo la VERDAD de los sucedido en el conflicto”, dijo Zuleta.
La Fundación Forjando Futuros entregó nuevos documentos ante la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, con el objetivo de que la justicia colombiana actúe antes de que el proceso penal contra empresarios vinculados a la multinacional Chiquita Brands prescriba el próximo 17 de septiembre.Los documentos, que incluyen sentencias judiciales y fallos emitidos por tribunales de Estados Unidos, buscan evitar que se extinga la acción penal contra empresarios que habrían financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la subregión de Urabá a través de pagos ilegales por más de 1,7 millones de dólares.La preocupación central de la Fundación es que, a pesar de que la justicia estadounidense ya ha emitido dos fallos contra la empresa, en Colombia el caso lleva más de 20 años sin resolución. Uno de esos fallos, emitido en 2007, incluye una multa de 25 millones de dólares contra Chiquita Brands por financiar a las AUC. Otro, de junio de 2024, condena a la empresa a pagar 38,5 millones de dólares a familias víctimas del conflicto armado. “Si ya hay fallos en Estados Unidos, si ya se demostró que hubo responsabilidad, es inadmisible que en Colombia no haya ni una decisión”, explicó Gerardo Vega, abogado de Forjando Futuros.Además de exigir una decisión judicial en Colombia, Forjando Futuros hizo una petición al Gobierno nacional para que encabece una reclamación directa ante Chiquita Brands y el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de que se repare integralmente a las víctimas en Colombia.Según la Fundación, Chiquita Brands, a través de su filial Banadex, no solo financió a grupos paramilitares mediante aportes por cada caja de banano exportada, sino que también facilitó la entrada de armamento por sus puertos en Urabá. De acuerdo con testimonios en Justicia y Paz, uno de los cargamentos más conocidos, fue el del barco Waterloo, que trajo cerca de 5.000 fusiles que luego fueron distribuidos por todo el Caribe colombiano y los Llanos Orientales."La responsabilidad de Chiquita Brands fue también permitir que en sus puertos, en el puerto que tenía en Urabá, entraran barcos con 5.000 fusiles, ha confesado por los miembros de las autodefensas, narraron allí el barco Waterloo, esos fusiles que llegaron a Urabá no se quedaron solamente en Urabá, según Mancuso en sus declaraciones dice que se repartieron por lo menos en los siete departamentos de la zona caribe, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Urabá y en los Llanos Orientales", expresó el abogado Gerardo Vega."Con esos fusiles, con esas armas que fueron financiados y que entraron por el puerto de Chiquita, se hizo la masacre en Mapiripán por ejemplo, entonces las víctimas no han sido solamente en Urabá, impactó a todo el país la financiación de Chiquita Brands, por eso es que este caso es de suma importancia para que la justicia lo resuelva, no puede quedarse en la impunidad", completó.La Fundación también indicó que la información entregada a la JEP podría ser clave para esclarecer el rol de actores económicos en el conflicto armado, especialmente en el Macrocaso 04 sobre Urabá. Se espera que estos cinco documentos se integren al proceso que involucra a 14 empresarios bananeros investigados por apoyar económicamente a las AUC en Urabá a través de la Convivir Papagayo.
Chiquita Brands apeló la decisión que ordenó una indemnización por 38 millones de dólares a víctimas del paramilitarismo en Antioquia, tras condena en Estados Unidos. Desde el Urabá defensa de víctimas rechazaron esta acción y continúan en la búsqueda de justicia en Colombia.La defensa jurídica de los empresarios de la multinacional bananera Chiquita Brands apelaron la decisión que los obligaba a indemnizar a las víctimas, luego de que un tribunal de Estados Unidos emitiera un fallo el año anterior, tras casi tres décadas de denuncias y por lo menos 20 años de litigio. Ante la justicia estadounidense, la empresa admitió que entregó entre 1997 y 2004 casi 2 millones de dólares a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia para financiar sus acciones violentas.En este caso, y, aunque el proceso se desarrolló en Estados Unidos, la defensa de las víctimas aclaró que “se debe aplicar el código civil colombiano”, por lo que se debería avanzar hacia un proceso de indemnización y de reparación de quienes se vieron afectados por estos delitos, no obstante esta posibilidad no estaría tan cerca, ante este recurso jurídico presentado por los empresarios.Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, indicó que están buscando evadir pagar 38 millones de dólares a familias de 8 víctimas de la violencia paramilitar en Urabá."Nosotros queremos decir que en la región de Urabá, con la presencia de Banadex, que era la filial de Chiquita Brand, desde el año 1994 al año 2007, hubo 5.600 personas que fueron asesinadas, homicidios, que es por los hechos por los cuales se está buscando juzgar a Chiquita Brand en segunda instancia", indicó Vega.Los principales argumentos para este recurso legal es que Chiquita Brands no fue victimaria sino víctima de extorsiones; que no hay prueba que los vincule directamente con los homicidios y que lo que hay es una manipulación y compra de testigos contra la empresa.Víctimas como Raquel Sena, a quien los paramilitares le asesinaron en Urabá a su esposo, Fidel Hernández, son conscientes que ya no hay ninguna decisión que devuelva a la vida a su ser querido, pero esperan que se siente un precedente frente a estos hechos y que haya una efectiva reparación económica tras haber sido desplazados de la zona perdiendo propiedades y cultivos de los que vivían.Piden justicia en ColombiaAhora de quién se esperan acciones en la misma vía es de parte de la justicia colombiana, en donde el proceso avanza lento en medio de cambios de fiscales, jueces y solicitudes de nulidad por parte de la defensa de algunos de los acusados que incluyen tanto a empresarios bananeros como a mandatarios locales y militares de aquel entonces, encargados de aprobar la operación de estos grupos en la zona.Se teme que si no hay avances pronto las primeras decisiones que se tomaron en septiembre 2019 con la resolución de acusación puedan prescribir en el mismo mes de 2025.
Terminaron los alegatos de conclusión de la defensa de los 10 empresarios de Chiquita Brands, quienes enfrentan acusaciones de concierto para delinquir por presunta financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 1997 y 2004. Las víctimas del paramilitarismo en Urabá han denunciado constantes dilaciones en el proceso judicial, que ahora se aproxima a su desenlace.En esta etapa final, la defensa de los acusados dijo que los empresarios fueron objeto de extorsiones por parte de las AUC. Según su versión, los pagos realizados a través de las Convivir fueron legales y quedaron registrados en el sistema financiero. Además, sostienen que en esa época no se conocía públicamente la vinculación de estas cooperativas con el paramilitarismo, lo cual ha sido contradicho con evidencias.Por otro lado, el abogado Jaime Lombana, representante de Jorge Cadavid, señaló que la responsabilidad de los pagos recaía sobre Chiquita Brands y no sobre Banacol, empresa que adquirió a Banadex, filial de Chiquita Brands. Sin embargo, según las investigaciones, los pagos continuaron hasta 2004, lo que sigue siendo objeto de escrutinio judicial. Al respecto se refirió el abogado de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega."Dicen también que no conocían la relación entre las Convivir y los paramilitares. Eso era un hecho notorio, era un hecho de conocimiento público. Todo el mundo en Urabá sabía que las Convivir eran cooperativas de seguridad en el día y paramilitares de noche", destacó Vega.El caso, que fue denunciado hace más de 18 años, está en riesgo de prescribir el próximo 17 de septiembre si la Juez Sexta Penal del Circuito Especializado de Antioquia no dicta sentencia a tiempo, por lo que las víctimas piden justicia. Así lo expresó Alfranio Solano Morales, víctima del conflicto y líder social de Urabá."Es bastante preocupante porque ya está que prescribe toda esta solitud y que se han hecho y nosotros no hemos recibido ninguna reparación, ninguna ayuda, nos tocó levantarnos desde cero nuevamente. La idea es que todos los que fueron, que se les hizo un daño, hoy puedan volver a su tierra", manifestó Solano.Este juicio es crucial para las víctimas directas del paramilitarismo en Colombia, teniendo en cuenta que esta compañía ya fue objeto de decisiones judiciales en Estados Unidos.
El proceso judicial contra 10 empresarios de Chiquita Brands, acusados de financiar el paramilitarismo en Urabá entre 1997 y 2004, periodo en el que hubo más de 64.000 víctimas allí, está muy cerca de prescribir, por lo que la Juez Sexta Penal del Circuito Especializado de Antioquia tendría que dictar sentencia antes del mes de septiembre.Le puede interesar: Por ahora, tanto el Ministerio Público, como la Fiscalía y la parte civil, pidieron una condena contra estos empresarios, tras la finalización de los alegatos de conclusión del caso.Específicamente, el Ministerio Público pidió sentencia condenatoria para todos los acusados, excepto para Jorge Alberto Cadavid Marín, quien fue vicepresidente financiero de Banacol entre 1992 y 2008, argumentando que los pagos que él autorizó a los Servicios Especiales de Seguridad de Urabá se hicieron efectivos en diciembre de 2004, con posterioridad a la desmovilización del Bloque Bananero. El abogado de la Fundación Forjando Futuros, Jahson Andrey Taborda, pidió celeridad en el caso."Le hacemos un llamado respetuoso a la juez para que de manera acelere emita sentencia de primera instancia con el rigor jurídico que amerita un caso de esta envergadura y así evitar que este prescriba y así cumplir a las víctimas que durante décadas han reclamado verdad y justicia en Colombia", expuso el abogado. En el juicio, iniciado en 2019 y que ya finalizó su etapa probatoria, la Fiscalía contradijo con evidencias la versión de los empresarios, quienes señalan que el dinero entregado al Bloque Bananero de las Autodefensas fue producto de extorsiones. La fiscal delegada aseguró que los exdirectivos de la multinacional conocían para qué serían destinados los tres centavos de dólar entregados por cada caja de bananos exportada.El 26 de marzo, los apoderados de los empresarios presentarán sus alegatos de defensa. Hay que recordar que la multinacional ya fue condenada dos veces en Estados Unidos, en 2007 y en 2024. Además, en el juicio, los exdirectivos reconocieron que se reunieron con los paramilitares en Montecasino, lugar en el que habrían pactado la cuota para la guerra, según lo que también han confesado los excomandantes de las AUC.Esta sentencia sería de primera instancia y habría lugar a recurso de apelación.
El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín confirmó que Chiquita Brands entregó cerca de 1.7 millones de dólares a paramilitares entre 1997 y 2004. Según se ha podido conocer la multinacional realizó pagos en más de 100 oportunidades a las Autodefensas Unidas de Colombia en menos de 7 años.Luego de 17 años el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín logró emitir una sentencia en contra de Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, y otros exintegrantes del Bloque Bananero por diferentes delitos cometidos en las subregiones de Urabá y el Magdalena Medio. Sin embargo, en medio de las revisiones documentales y tras escuchar diferentes testimonios se logró establecer el vínculo de la empresa Chiquita Brands con el accionar paramilitar en el Urabá antioqueño.En la sentencia, que terminará de ser leída el 31 de marzo de 2025, se lee cómo queda en evidencia que a partir de 1997 se habría gestado un acuerdo entre Chiquita Brands y los paramilitares por medio de la filial Banadex para pagar tres centavos de dólar por cada caja de plátano exportada. Es por ello que entre 1997 y el 2004 se pudo establecer que se transfirieron cerca de 1.7 millones de dólares a las AUC de forma directa o indirecta.Según el documento este pacto se habría efectuado luego de reuniones en Medellín entre Reynaldo Brand, representante legal de la multinacional; Raúl Hasbún, comandante de los paramilitares; Charles Keiser, gerente general de Chiquita Brands en Colombia; y Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia.El abogado de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, aseguró que aunque la multinacional fue condenada en 2007 y 2024 en Estados Unidos, en Colombia no hay ninguna sanción ni reparación para las más de 64.000 víctimas del paramilitarismo en Urabá.“Pero lo importante es que allí no se incluye a los bananeros, empresarios Chiquita Brands, que financiaron, fomentaron, pusieron la plata y financiaron el paramilitarismo en la región de Urabá. Queda nuevamente en la impunidad de sus hechos. Se narra, se cuenta la historia, pero no hay una decisión jurídica”, afirmó.La información que arroja la sentencia explica que Banadex habría hecho más de 100 pagos durante cada mes de los años antes mencionados, primero en Urabá y luego en el departamento del Magdalena. Además, se lee que la filial hizo los desembolsos, “actuación que avaló la empresa principal a sabiendas de las consecuencias que acarreaba y no solo eso, sino que también mantuvo la decisión de contribuir de forma periódica a esta organización ilegal”.Por ahora y mientras avanzan los procesos, hay que recordar que en Colombia cursa un proceso contra 10 empresarios de Chiquita Brands acusados de concierto para delinquir, situación que avanza con la advertencia del Tribunal Superior de Antioquia sobre el riesgo de prescripción.Expertos indican que si no hay fallo antes del 17 de septiembre del presente año, los empresarios quedarán impunes pese a las pruebas que han sido registradas como, por ejemplo, las evidenciadas en la sentencia contra Raúl Hasbún y otros exparamilitares.
El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y cuenta con miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite a los participantes seguir en vivo el anuncio de los resultados oficiales.Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 9 de noviembreEl resultado del sorteo de Paisita Día de este lunes 9 de noviembre de 2026 permitirá a los jugadores verificar sus apuestas y comprobar si acertaron las cifras ganadoras.Número ganador: resultado en breve.Dos últimas cifras: resultado en breve.Tres últimas cifras: resultado en breve.La quinta balota: resultado en breve.Desde 2025, los participantes pueden agregar una quinta balota o número adicional a su apuesta. Esta modalidad amplía las posibilidades de obtener premios cuando también se aciertan las demás cifras, de acuerdo con las condiciones del juego.Las apuestas tienen valores que van desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.¿A qué hora juega Paisita Día?El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días, con horarios que varían según la jornada:De lunes a sábado: a la 1:00 p. m.Domingos y días festivos: a las 2:00 p. m.Los resultados pueden consultarse después del sorteo a través de los canales autorizados. Además, los participantes tienen la posibilidad de seguir la transmisión en vivo por Teleantioquia.¿Cómo se juega el chance Paisita Día?Este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Día?Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar algunos documentos básicos:Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premioPremios inferiores a 48 UVT: únicamente se solicitan los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, el ganador debe diligenciar y presentar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta (PDV).Premios superiores a 182 UVT: también se requiere una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Para evitar inconvenientes durante el cobro, se recomienda conservar el tiquete en buen estado y verificar las condiciones vigentes con el operador autorizado.
Un bus chocó con un vehículo tipo niñera en el tunel # 6 de la carretera, entre Loboguerrero y el puerto sobre el Pacífico.De manera preliminar se habla de varios fallecidos, entre ellos, el conductor del bus.En desarrollo.
La ley de rescate económico, o ajuste fiscal, contempla un aumento del costo final de la medicina prepagada y una reducción de ese costo para quienes tienen seguros complementarios de salud y otro tipo de pólizas.La medicina prepagada pagaría un IVA del 19 % y los demás planes quedarían excluidos del impuesto, un tratamiento diferencial que ha sido objeto de debate en redes sociales. El IVA a la medicina prepagada es el punto que más reclamos ha generado.¿Por qué se tomó la decisión? Según el Gobierno Nacional, esa decisión tiene que ver con el nivel de ingresos de quienes compran seguros privados de salud, porque solo los más adinerados están accediendo a la medicina prepagada."El 80 % de las personas con medicina prepagada pertenece al 20 % de la población de mayores ingresos, mientras que el 66 % se concentra en el 10 % de mayores ingresos. En contraste, entre quienes adquieren otros planes voluntarios de salud, como pólizas y planes complementarios, solo el 29 % pertenece al 10 % de mayores ingresos", dijo el Ministerio de Hacienda en respuesta a consultas de Blu Radio.En los últimos años, el deterioro del sistema de salud llevó a una verdadera explosión de demanda de seguros privados. Según Acemi, hoy hay cerca de 1,5 millones de personas en Colombia con contratos de medicina prepagada, un 35 % por encima de las cifras registradas hace tres años.El mercado de las pólizas también está creciendo. Al cierre de 2025, 1,8 millones de colombianos tenían contratos con aseguradoras para financiar su atención en salud, según Fasecolda.Las cifras no incluyen una amplia gama de servicios 'plus' o 'complementarios' que son ofrecidos por las propias EPS con el objetivo de dar un acceso preferencial a una lista corta de servicios. Todos ellos verían una reducción del IVA a pagar, que pasaría del 5 % al 0 %.¿Recibe compensación de IVA? Esto es lo que cambiaría para usted con la reformaDesde la pandemia, el Gobierno colombiano está compensando el IVA pagado por los hogares de menores ingresos. Actualmente, unos 700 mil hogares están en el programa de devolución del DPS y reciben por este concepto unos 111 mil pesos cada uno.Con la reforma tributaria, la compensación de IVA desaparece y se crearía el programa EfectIVA, que implica devoluciones para 35 millones de personas. La promesa del Gobierno es que las familias beneficiarias de la compensación que existe hoy (las que van a recibir los giros desde este fin de semana) serán protegidas en la transición."Ningún hogar que actualmente recibe la compensación perderá ese beneficio durante la transición, ni recibirá menos de lo que recibe hoy", explicó el Ministerio de Hacienda.Hay varias diferencias entre el programa actual y EfectIVA. Por ejemplo, el nuevo programa funcionaría por personas y no por familias.Si se aprueba la reforma, el monto máximo de IVA que le van a devolver a una persona equivale a unos 288 mil pesos mensuales y, dependiendo de su nivel de ingresos, esa devolución será total o parcial. Le pueden devolver el 30 %, el 50 % o el 100 % del IVA."La compensación que opera hoy es una transferencia monetaria que estima el IVA pagado por cada hogar a partir de un nivel de consumo calculado. La devolución, en cambio, le regresa a cada persona el IVA que efectivamente pagó", agregó el Gobierno.No hay que perder de vista que en el nuevo sistema la devolución se haría únicamente por compras con factura electrónica.
Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la Alta Guajira han generado dificultades de movilidad y dejado incomunicadas a varias comunidades indígenas, cuyos habitantes enfrentan problemas para acceder a servicios y productos esenciales.La situación ha impedido que algunas familias puedan salir en busca de agua potable, alimentos y medicamentos, así como trasladar a personas enfermas hacia los cascos urbanos de municipios como Uribia y Manaure, para que reciban atención médica. Las crecientes de los arroyos han complicado aún más el panorama en esta zona del departamento.A estas afectaciones se suman las dificultades que enfrentan los transportadores para movilizarse por las trochas. Las malas condiciones del terreno y el aumento de los caudales han obstaculizado el paso de vehículos que llevan alimentos y otros productos hacia diferentes sectores de la región.Habitantes y transportadores manifiestan su preocupación por las consecuencias que puede traer esta situación, especialmente para las comunidades indígenas que dependen del abastecimiento externo para acceder a productos de primera necesidad y servicios básicos.“ Para esta temporada, la situación es muy difícil a los operadores de estos programas del ICBF han tenido pérdidas porque se mojan los productos porque los camiones se llevaran en las trochas y cualquier cantidad de dificultades para llevar los alimentos y también pasa lo mismo con los medicamentos”, dijo Wilberto Teherán, habitante de la Alta Guajira.Ante este panorama, las comunidades hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que atienda las afectaciones, facilite el acceso a agua a las comunidades y disponga las acciones necesarias para garantizar el suministro del líquido, alimentos, medicamentos y atención médica a las familias damnificadas.
El representante a la Cámara Héctor Chaparro, integrante de la Comisión Tercera y del Partido Liberal, expuso los reparos de su bancada frente a la Ley de rescate económico presentada por el Gobierno nacional. Tras una reunión en Barranquilla con integrantes del Ejecutivo y representantes de diferentes partidos, señaló que existe preocupación por los impuestos propuestos para la canasta familiar, el sector agropecuario y las personas con ingresos superiores a cinco millones de pesos.El congresista reconoció la necesidad de tomar medidas para enfrentar el déficit fiscal, pero advirtió que el proyecto debe tener viabilidad política en el Congreso y contemplar alternativas de recaudo. “La magnitud de la crisis fiscal puede afectar a todos los hogares colombianos”, afirmó.Chaparro indicó que los partidos de gobierno e independientes presentaron sus inquietudes durante el encuentro, en el que participaron el vicepresidente de la República, los ministros de Comercio, Transporte e Interior y el director de la Dian.¿Qué reparos tiene el Partido Liberal frente a la Ley de rescate económico?Uno de los principales puntos de preocupación es el aumento del IVA para productos de la canasta básica y elementos utilizados en el sector agropecuario, como fertilizantes, plaguicidas y distritos de riego. También mencionó los cambios en el impuesto de renta para personas que reciben más de cinco millones de pesos, el incremento de los parafiscales y los posibles efectos de los impuestos a las bebidas alcohólicas sobre las rentas territoriales.El representante recordó que el Gobierno busca reducir una brecha fiscal superior a 90 billones de pesos, por lo que considera necesario revisar las fuentes de financiación. “Es necesario que hoy se trabaje articuladamente entre el Gobierno y el Congreso para buscar una ley que realmente logre generar unas medidas para el ajuste fiscal”, sostuvo.¿Qué opina Héctor Chaparro del IVA a las compras en plataformas digitales?Chaparro también se refirió a la propuesta de eliminar la exclusión del IVA para los envíos urgentes de menos de 200 dólares. La medida implicaría que compras realizadas mediante plataformas como Amazon, Temu y Shein paguen la tarifa general del 19 %.El congresista consideró que el tema debe discutirse en el Legislativo. Explicó que la exclusión comenzó en 2014, antes de la expansión del comercio electrónico, y que actualmente puede generar diferencias entre quienes compran en plataformas digitales y quienes adquieren los mismos productos en establecimientos físicos.“Hay un desnivel en esta cancha”, señaló. Además, mencionó el llamado pitufeo, una práctica que describió como la agrupación de cientos de pedidos de bajo valor en una misma dirección para evitar el pago del impuesto.Sobre las alternativas de recaudo, cuestionó que se plantee reducir el impuesto de renta a las empresas mientras se proponen nuevos cobros para otros sectores. “Tenemos que pensar precisamente en cuáles son los impuestos que realmente vamos a aumentar”, afirmó.Finalmente, anunció que el Partido Liberal presentará en los próximos días una propuesta como bancada de las comisiones económicas para plantear alternativas frente al proyecto del Gobierno.
