Un abogado norteamerica llegó a Antioquia para recoger nuevos testimonios y pruebas para que la justicia estadounidense ordene a la multinacional Chiquita Brands a indemnizar a más de 5.000 víctimas en Urabá y Santa Marta tras la condena por financiar grupos paramilitares.El abogado estadounidense Paul David Wolf, representante de las víctimas de la bananera Chiquita Brands, se encuentra en Antioquia para preparar una segunda etapa del juicio sumarial contra la multinacional en la Corte de Apelaciones de La Florida, Estados Unidos.Aunque Chiquita Brands ya pagó 25 millones de dólares de multa en la condena por financiar grupos paramilitares que despojaron a campesinos en Urabá y Santa Marta, ningún dólar ha llegado a las 5 mil víctimas pues la Corte de Estados Unidos en 2007 determinó que si bien era culpable, no había pruebas técnicas de quiénes eran realmente afectados.Por eso, el jurista estará en el país hasta septiembre con el propósito de encontrar a ocho testigos que pidió explícitamente el corte de La Florida y llevarlos a Estados Unidos para que aporten sus testimonios, así como el recaudo de pruebas documentales, de necropsia, periciales o expedientes de la Unidad de Víctimas.Wolf está en la tarea de demostrar que las víctimas de esta alianza paramilitar de Chiquita Brands fueron en varios municipios, incluso, en Chocó.“Con la campaña de las AUC es muy bien conocido en Urabá, Chocó y por el sur a Necoclí, Turbo, Chigorodó, Mutatá y hasta Cañasgordad”, afirmó el jurista.Las víctimas en Colombia esperan que no solo se conozca la condena contra la multinacional, sino que puedan ser reparadas directamente por esta alianza paramilitar.
Ante la Comisión de la Verdad, la corporación Opción Legal presentó el informe: 'La sombra Oscura del Banano en Urabá: conflicto armado y el rol del empresariado'.En este se denuncia la participación del empresariado en la violencia que vivió la subregión entre 1985 y 2014, años en los que se reportan 47.665 homicidios, más de 12,000 desapariciones forzadas y 581,000 desplazamientos.Así mismo, el documento plantea y presenta evidencia de cómo el Estado favoreció a los grandes empresarios y terratenientes por encima de los campesinos y comunidades indígenas, generando problemas con las titularidades de las tierras en el Urabá.Además, el informe da cuenta de la persecución en contra de partidos políticos como Esperanza Paz y Libertad y la Unión Patriótica y asegura que, entre 2008 y 2018, fueron asesinados 25 reclamantes de tierras. Este es el resumen del informe entregado a la Comisión de la Verdad. (Obligatorio)
El pasado sábado, la Fiscalía general acusó a 13 exdirectivos de la empresa bananera estadounidense Chiquita Brands de financiar a grupos paramilitares.Lea acá también: Reclamantes de tierras piden que multa a Chiquita Brands se invierta en víctimasAl respecto, el director del portal Verdad Abierta, Juan Diego Restrepo, medio que ha investigado a fondo el fenómeno del paramilitarismo en la zona de Urabá, dijo que la decisión del organismo acusador valida sus investigaciones, pero que se tiene que ir más allá.“Es importante la decisión. Aún falta porque, de acuerdo con los archivos que nosotros hemos conocido y publicado, la resolución de acusación se limita únicamente a la financiación del frente Arles Hurtado de las AUC”, añadió.En ese sentido, el investigador manifestó que desde 1989 a 1997 la multinacional financió a grupos guerrilleros que operaron en el Urabá antioqueño y cordobés.“Entre estos están las Farc, el ELN y el EPL por más de 800.000 dólares”, dijo.Restrepo, señaló que el pagó se dio en tiempos diferentes, si se tiene en cuenta que desde 1997, tras una supuesta citación de Carlos Castaño a las directivas de Chiquita Brands, les dice que ahora les debe pagar a las AUC.“Inicialmente a la guerrilla se le pagaba para proteger áreas de sembrado de banano y el puerto. Hemos podido establecer que en algún momento se contrataron a guerrilleros del EPL para prestar protección. En el caso de los paramilitares, recordemos que de ahí sale la propuesta que hizo el paramilitar Raúl Hasbún de pagarle 3 centavos de dólar por caja exportada para sostener la infraestructura paramilitar en el Urabá antioqueño”, dijo.Así las cosas, el investigador señaló que la multinacional pagó a los grupos irregulares unos 2.600 millones de dólares.
Las Altas Cortes norteamericanas aceptaron la demanda de las víctimas de la comercializadora Chiquita Brands Internacional en su contra que la señala de apoyar, con el pago de extorsiones, a grupos armados ilegales en las regiones de Urabá y magdalena medio de Antioquia. Son por lo menos 5.000 las familias que celebran la demanda que fue aceptada y ahora, según uno de los abogados del caso, Paul David Woolf, los diez años de litigio comienzan a dar frutos. “La cantidad de la indemnización es mucho más que el valor de Chiquita Brands. Lo que tenemos que hacer es utilizar esas docenas de casos para buscar indemnizaciones de millones de dólares porque no hay límites a los daños a nuestro sistema”, dijo el abogado Woolf. Uno de los motivos por los que habría sido aceptado el caso en los Estados Unidos sería la falta de seguridad para llevarlo a cabo en Colombia.El Estado norteamericano habría impuesto una sanción económica a la comercializadora Chiquita Brands por el supuesto apoyo a grupos ilegales en Colombia.Las víctimas también esperan una reparación económica.
El vicepresidente de una de las filiales de la empresa ‘Chiquita Brands’ habría realizado pagos y transacciones, no solo a paramilitares, sino a las Farc y el ELN. Los registros fueron revelados después de una declaración otorgada en el año 2016 en la que identifica a las personas vinculadas con la multinacional como parte de una investigación pendiente en Estados Unidos. Entre las personas que fueron identificadas en el proceso se incluyen miembros de la junta directiva, el equipo de seguridad, gerentes de operaciones regionales y nacionales vinculados con Colombia, contadores, auditores internos y abogados que durante más de una década negociaron y entregaron pagos directamente a guerrillas como el ELN y las Farc, y grupos paramilitares. Hombres de negocios, junto a alias ‘Individuo J’, eran quienes realizaban los pagos a nombre de la empresa a los grupos armados ilegales en Colombia.
En un lapso que abarca desde septiembre de 2021 hasta finales del tercer trimestre de 2023, un total de 2.252 niñas, niños y adolescentes migrantes que transitan solos por las carreteras colombianas han recibido atención integral, según informó la organización humanitaria World Vision. Este esfuerzo se enmarca en el proyecto "Esperanza Sin Fronteras", una iniciativa respaldada por la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.El proyecto se ha centrado en apoyar a la niñez migrante que parte de Venezuela sin la compañía de sus padres o adultos de confianza y se aventura por las carreteras colombianas. Estos menores, denominados como niñez migrante no acompañada y/o separada, representan una realidad que ha demandado atención urgente.De los 2.252 menores atendidos, la organización World Vision destaco que el 87 % se encuentra en el rango de edades de 12 a 17 años. Esta situación se ha agravado, especialmente en el paso hacia los Estados Unidos a través de la selva del Darién, generando la necesidad de brindar atención psicosocial para identificar factores de protección y riesgo.Adicionalmente, en colaboración con entidades garantes de derechos en Colombia, como el ICBF, la Comisaría de Familia y la Cruz Roja, se han remitido 308 casos de niñez no acompañada. Esta articulación ha permitido incidir para asegurar los derechos a la identidad, educación, salud y a una familia para estas niñas, niños y adolescentes, mejorando sustancialmente sus condiciones de bienestar.María Fernanda Becerra, directora del proyecto World Vision, destacó que uno de los mayores logros ha sido la activación de rutas para la niñez migrante no acompañada y separada, así como los procesos de reunificación familiar. Además, se ha brindado apoyo a la integración económica y sociocultural mediante asistencia para el arriendo de más de 1.000 hogares.En cuanto al bienestar y acceso a un alojamiento digno y seguro, el proyecto ha logrado mejorar las condiciones de vivienda para más de 9.000 migrantes venezolanos y comunidades de acogida en riesgo de desalojo o que carecían de espacios dignos. Más de 6.000 personas han accedido a servicios complementarios, como transporte humanitario, atención médica y apoyo en trámites de regularización, contribuyendo así a procesos de integración socioeconómica en curso en Colombia.El proyecto Esperanza Sin Fronteras tuvo su implementación con la población migrante, refugiada y de acogida en los departamentos de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Antioquia (Necoclí). Estos departamentos son identificados como puntos clave de la ruta migrante en el país.Puede ver:
Finalmente, el próximo 20 de diciembre se llevará a cabo la subasta oficial del 5G en Colombia por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MinTic, que, este lunes, 4 de noviembre, confirmó que los cuatro operadores interesados en participar ya se encuentran habilitados.Se trata de Claro, Wom, Temporal Colombia Móvil-Telefónica y Telecall, quienes se postularon en dicha subasta y luego de un análisis del MinTic ya fueron habilitados para pujar por el 5G en Colombia. "Tras analizar las propuestas presentadas y el cumplimiento de las condiciones establecidas, el Ministerio TIC confirma que los cuatro operadores interesados para participar fueron habilitados para el proceso", indicaron.Por su parte, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, aseguró que el 5G en Colombia "no tiene marcha atrás" y esta subasta marcará el camino a seguir para que esta tecnología llegue y se adapte a las redes del país. "Hemos adelantando un proceso transparente, que ha ido cumpliendo sus tiempos, y así será hasta el último momento, que cada día está más cerca”, dijo.La tecnología 5G, según el MinTic, va a beneficiar al 56 % de la población en Colombia. El Gobierno espera que se recaude por la implementación de esta tecnología entre 1.5 y 2 billones de pesos y las Inversiones que lleguen al país pueden ser de billón de pesos.Asimismo, Lizcano dijo, en su momento, que dicha subasta puede presentar hasta 4 ganadores si se requiere y que esto "no incentiva el monopolio". “Esto no es una licitación, aquí no se van a entregar sobres, no hay que hacer propuestas. El próximo 20 de diciembre son unas empresas frente a un computador poniendo unas cifras y el que más plata dé y el que más invierta por el espectro se queda con una porción del espectro", puntualizó.Le puede interesar
Antes de lo esperado se levantó la discusión de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes y lo decidió el presidente Andrés Calle justo cuando se estaba dando un intenso debate por el polémico artículo 42 que define el procedimiento de meritocracia para la elección de los gerentes de hospitales en la diferentes regiones.La polémica se encendió cuando el ministro del Interior Luis Fernando Velasco defendió ante la plenaria de la Cámara que los gobernadores y alcaldes puedan elegir a los directores de los hospitales en sus regiones, incluyendo un criterio de mérito pero pidió textualmente que no se incluya el término “concurso”.“Si la Cámara no busca fusionar elementos de meritocracia con la posibilidad constitucional de no quitarle la decisión a los gobernadores y los alcaldes, este artículo va a terminar enfrentando el Congreso con buena parte de la opinión de este país”, señaló el ministro repitiendo que no se incluyera el término de concurso.Después, dijo el representante Jaime Salamanca del Partido Verde que “los gobernadores y alcaldes no son todos politiqueros” y pidió que se cree una comisión para buscar una fórmula de elección de los directores de hospitales que pueda combinar el mérito con la decisión de los mandatarios regionales.Allí inició la pelea. Ese artículo 42 que determina elección de directores de hospitales desató una nueva polémica en la Cámara después de que el ministro Velasco pidiera buscar esa fórmula para que los gobernadores y alcaldes tengan la facultad.“Sí lo que se están inventando es una nueva jugadita para quitar la meritocracia, díganselo al país”, reclama la representante Catherine Juvinao.La propuesta de Velasco reveló además una diferencia de opiniones al interior del propio Gobierno por la reforma a la salud. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo dijo que a él sí le gusta el concurso de méritos para elegir gerentes de hospitales, contrario a lo que señaló el ministro Velasco.“A mí personalmente me gustan los concursos de méritos pero no es lo que yo quiera, es lo que decida el Congreso, seguramente habrá un término medio”, aseguró Jaramillo.
El acueducto de Bogotá se pronunció sobre el accidente en el que un menor de edad perdió la vida en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, al parecer, tras caerse a la red de alcantarillado del sector.Según la Empresa de Agua y Alcantarillado de Bogotá, el Cuerpo de Bomberos realiza la inspección pertinente en el lugar de los hechos para determinar qué ocurrió.De igual forma, aseguraron que desde que se tuvo conocimiento del caso se “puso a disposición el equipo técnico, operativo y social para apoyar a las autoridades en la atención de esta situación”.En su comunicado, la EAAB expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares y amigos del menor en este momento de profundo dolor.Puede ver:
Este lunes en La Nube estuvo el colombiano Álex Atala, uno de los hombres creativos en Universal, quien contó las novedades en tecnología de estos parques en el mundo."Nosotros siempre trabajamos con las mejores marcas del mercado, siempre estamos la vanguardia en términos de la red de tecnología", dijo.Además, en la sección 'Hágalo usted mismo', le explicamos cómo puede practicar inglés desde su celular Android a través de Google, pues ya está habilitada la opción de comentarios especializados.
