Víctimas en el Urabá antioqueño reclaman los títulos de más de 70 predios de Chiquita Brands en zona de influencia de Puerto Antioquia. Radicaron pruebas documentales ante la Fiscalía, Defensoría y la Sociedad de Activos EspecialesA más de tres meses de que la justicia nacional e internacional se pronunciara contra ex directivos de la multinacional Chiquita Brands por haber fungido como financiadores de grupos paramilitares en el Urabá antioqueño, víctimas ahora reclaman que varias de las propiedades de la compañía sirvan para su reparación.Se trata de un total de 73 títulos de propiedad que demuestran que Chiquita Brands, a través de Agrícola El Retiro, tiene predios en cuatro municipios de Urabá, en zona de influencia de Puerto Antioquia. Las tierras superan las 4.000 hectáreas y están avaluadas en más de 1.5 billones de pesos.Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, indicó que esperan celeridad en la actuación de entidades como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Sociedad de Activos Especiales donde ya fue remitida la documentación de estas tierras para evitar que eventualmente vayan a fondos estatales sin impacto directo en la reparación que exigen las víctimas de esta región del departamento.“Hemos entregado los documentos a todas las autoridades en Colombia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, a la Defensoría y también a la Unidad de Víctimas. Lo que se requiere es que se actúe con rapidez”, aseguró.Desde Forjando Futuros indicaron que esperan por parte de la justicia que quede en firme el fallo que condenó a siete ex directivos de Chiquita Brands y que los 13.000 millones de pesos de multa y los más de 70 predios que ahora reclaman puedan ser garantía de reparación para víctimas de despojo por parte de grupos paramilitares, especialmente en los años 90.
Organizaciones sociales exigen que 73 predios vinculados a Chiquita Brands en el Urabá antioqueño, con más de 4.000 hectáreas, sean destinados a la reparación de las víctimas del paramilitarismo financiado por la multinacional.Las tierras, equivalentes en tamaño a la isla de San Andrés, pertenecen a Agrícola El Retiro S.A., empresa socia fundadora de Banadex y filial de Chiquita Brands. Están ubicadas en Chigorodó, Apartadó, Carepa y Turbo, zonas estratégicas para el desarrollo de Puerto Antioquia. Una de ellas ya fue declarada de utilidad pública por la Gobernación.La historia de estas propiedades está marcada por un entramado empresarial que ha dificultado su uso en procesos de justicia y reparación. Banadex vendió sus bienes en 2004 a Banacol, y en 2020 estas compañías pasaron a formar parte de Greenland Investments S.A.S.Sin embargo, investigaciones han demostrado que Agrícola El Retiro financió a la convivir Papagayo entre 1997 y 2004, aportando más de 4.600 millones de pesos mediante descuentos a nóminas de trabajadores y contratistas. Estos recursos se dirigieron a las estructuras paramilitares en la región.Responsabilidades judicialesEn julio de 2025, siete exdirectivos de Chiquita Brands —entre ellos Reinaldo Escobar de la Hoz, partícipe en los acuerdos de pagos a paramilitares con los hermanos Castaño— fueron condenados en Colombia a 11 años y tres meses de prisión y al pago de 13.800 millones de pesos. No obstante, esos dineros no han llegado directamente a las víctimas.En Estados Unidos, la multinacional ya fue sancionada en dos procesos judiciales, incluyendo una condena que ordenó indemnizar con 38 millones de dólares a ocho familias colombianas.La Fundación Forjando Futuros, el IPC, Pares, Cinep y otras organizaciones, reiteran que estos predios no pueden ser tratados como simples activos de mercado. Su exigencia es clara: que las tierras pasen al Fondo de Víctimas y se conviertan en una herramienta real de reparación y reconstrucción para las comunidades afectadas por la violencia en Urabá.
Siete exdirectivos de Banadex, filial de la multinacional del banano Chiquita Brands International, fueron condenados cada uno a once años y tres meses de prisión por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que los halló culpables de financiar a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Los condenados por concierto para delinquir agravado son Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún, según un fallo conocido este miércoles."Celebramos esta decisión, que llega a dos meses de que el caso prescribiera, y reconoce los nexos de la multinacional con las AUC, a través de más de 100 pagos ilegales", dijo este miércoles la senadora Isabel Zuleta, del partido oficialista Pacto Histórico.Además, el Juzgado les impuso una multa de 13.879 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares)."El fallo identifica al paramilitar Raúl Hasbún, alias 'Pedro Bonito', como el enlace entre Chiquita y el Bloque Bananero de las AUC", añadió Zuleta.En diálogo con Mañanas Blu 10:30, el reconocido periodista e investigador Ignacio Gómez, director de Noticias Uno, enfatizó la trascendencia de este fallo: "No yo creo que este fallo es determinante en todo el caso en general a pesar de las sentencias previas porque el primer acuerdo o más bien el segundo acuerdo que Chiquita logra con el gobierno de Estados Unidos con su Secretaría de Justicia es un acuerdo en el que el Departamento de Justicia norteamericano la justicia de Estados Unidos se compromete a no imputar cargos criminales a los directivos de Chiquita involucrados en la negociación con Carlos Castaño y esta es precisamente la sanción criminal a quienes estuvieron involucrados en ese negocio". Y agregó: "Entonces se me hace que en realidad cambia la perspectiva eh judicial de la historia porque hasta el momento había sido la garantía de impunidad para los involucrados en las negociaciones que como lo explicaban ustedes antes condujeron a a un pacto entre Chiquita Brans y las Autodefensas Unidas de Colombia para comprometerse ellos a financiar práctica la expansión eh la conversión de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá en la organización narcotraficante y paramilitar nacional que fue las Autodefensas Unidas de Colombia Es un fallo que realmente cambia la la historia".¿Qué sigue?Un precedente para otros involucradosAunque la sentencia actual se centró en Chiquita Brands y Banadex, Ignacio Gómez sugiere que este fallo abre un camino para futuras investigaciones. Si bien algunos funcionarios de Banacol, como Javiercho Velázquez, Víctor Manuel Enríquez y Jorge Alper Tuca David, fueron exonerados en este proceso, la información disponible indica que la financiación paramilitar no se limitó a Chiquita. La Asociación de Bananeros de Urabá (Augura) centralizaba la financiación para la expansión de las autodefensas, implicando que "no había empresa bananera que estuviera excluida de la financiación".Esto sugiere que podrían y deberían existir otros procesos judiciales para investigar a empresas y personas que aún no han rendido cuentas por su participación en la financiación del paramilitarismo.
El Juzgado 6 Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a 7 altos directivos de la bananera Chiquita Brandas a 11 años y 3 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir. Según la información que se ha conocido, a estar personas se le impuso una multa de 13.876 millones de pesos.Entre los condenados se encuentran Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo, José Luis Valverde, Víctor Julio Buitrago y Fuad Alberto Giacoman Hasbún. En contraste, tres exdirectivos de Banacol —Javier Ochoa Velásquez, Víctor Manuel Henríquez Velásquez y Jorge Alberto Cadavid Marín— fueron absueltos, ya que las pruebas no lograron desvirtuar su presunción de inocencia.Hay que mencionar que recientemente desde la Fundación Forjando Futuros entregó ante la Fiscalía General de la Nación y a la JEP una serie de documentos en donde pedía que el proceso no prescribiera, situación que sucedería el próximo 17 de septiembre. Esta decisión es la primera que se da contra Chiquita Brands en Colombia, luego de que en Estados Unidos ya enfrentaran dos procesos.Gerardo Vega, abogado de Forjando Futuros, destacó que la justicia haya condenado a estas personas por la financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia en cerca de 1.7 millones de dólares."Son 11 años que condenan a estas personas más una suma de 13.876 millones de pesos para que no quede la idea de que cualquier empresa puede venir acá a financiar grupos ilegales, cometer desastres, masacres, desplazamientos, despojos de tierras y no pasa nada", destacó el abogado.Según la Fundación, Chiquita Brands, a través de su filial Banadex, no solo financió a grupos paramilitares mediante aportes por cada caja de banano exportada, sino que también facilitó la entrada de armamento por sus puertos en UrabáLuego de conocer la decisión del juzgado, Vega recalcó la importancia de que en Colombia exista una condena contra estas personas involucradas en diferentes crímenes en el Urabá antioqueño."Por muy internacional que sean, por muy inversionistas, el primer antecedente me parece supremamente importante para Colombia, esta decisión judicial, es el primer mensaje y que condene a personas que estén obligadas en esa financiación a grupos paramilitares", mencionó Vega.Finalmente, y a pesar de que desde Forjando Futuro celebraron la decisión, dentro del proceso habría otros 4 empresarios bananeros investigados por apoyar económicamente a las AUC en Urabá a través de la Convivir Papagayo.
El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia sentenció a siete antiguos altos cargos de la compañía Chiquita Brands a 135 meses de cárcel, tras encontrarlos culpables del delito de concierto para delinquir agravado, debido a su relación con grupos paramilitares en la región del Urabá antioqueño.Entre los condenados se encuentran Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo, José Luis Valverde, Víctor Julio Buitrago y Fuad Alberto Giacoman Hasbún.La jueza Diana Lucía Monsalve determinó que no podrán acceder a beneficios judiciales como la prisión domiciliaria ni la suspensión de la condena, y ordenó su captura inmediata. Asimismo, impuso una multa que asciende a 13.876 millones de pesos.El fallo se da a conocer a pocas semanas de que el caso prescribiera, lo cual habría ocurrido el 17 de septiembre.En contraste, tres exdirectivos de Banacol —Javier Ochoa Velásquez, Víctor Manuel Henríquez Velásquez y Jorge Alberto Cadavid Marín— fueron absueltos, ya que las pruebas no lograron desvirtuar su presunción de inocencia.La senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico se pronunció al respecto: “Celebramos esta decisión, que llega a dos meses de que el caso prescribiera, y reconoce los nexos de la multinacional con las AUC, a través de más de 100 pagos ilegales. El fallo identifica al paramilitar Raúl Hasbún, alias “Pedro Bonito”, como el enlace entre Chiquita y el Bloque Bananero de las AUC. La empresa había sido sancionada en EE.UU en 2007 pero en Colombia permanecía impune. Seguimos exigiendo la VERDAD de los sucedido en el conflicto”, dijo Zuleta.
La Fundación Forjando Futuros entregó nuevos documentos ante la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, con el objetivo de que la justicia colombiana actúe antes de que el proceso penal contra empresarios vinculados a la multinacional Chiquita Brands prescriba el próximo 17 de septiembre.Los documentos, que incluyen sentencias judiciales y fallos emitidos por tribunales de Estados Unidos, buscan evitar que se extinga la acción penal contra empresarios que habrían financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la subregión de Urabá a través de pagos ilegales por más de 1,7 millones de dólares.La preocupación central de la Fundación es que, a pesar de que la justicia estadounidense ya ha emitido dos fallos contra la empresa, en Colombia el caso lleva más de 20 años sin resolución. Uno de esos fallos, emitido en 2007, incluye una multa de 25 millones de dólares contra Chiquita Brands por financiar a las AUC. Otro, de junio de 2024, condena a la empresa a pagar 38,5 millones de dólares a familias víctimas del conflicto armado. “Si ya hay fallos en Estados Unidos, si ya se demostró que hubo responsabilidad, es inadmisible que en Colombia no haya ni una decisión”, explicó Gerardo Vega, abogado de Forjando Futuros.Además de exigir una decisión judicial en Colombia, Forjando Futuros hizo una petición al Gobierno nacional para que encabece una reclamación directa ante Chiquita Brands y el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de que se repare integralmente a las víctimas en Colombia.Según la Fundación, Chiquita Brands, a través de su filial Banadex, no solo financió a grupos paramilitares mediante aportes por cada caja de banano exportada, sino que también facilitó la entrada de armamento por sus puertos en Urabá. De acuerdo con testimonios en Justicia y Paz, uno de los cargamentos más conocidos, fue el del barco Waterloo, que trajo cerca de 5.000 fusiles que luego fueron distribuidos por todo el Caribe colombiano y los Llanos Orientales."La responsabilidad de Chiquita Brands fue también permitir que en sus puertos, en el puerto que tenía en Urabá, entraran barcos con 5.000 fusiles, ha confesado por los miembros de las autodefensas, narraron allí el barco Waterloo, esos fusiles que llegaron a Urabá no se quedaron solamente en Urabá, según Mancuso en sus declaraciones dice que se repartieron por lo menos en los siete departamentos de la zona caribe, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Urabá y en los Llanos Orientales", expresó el abogado Gerardo Vega."Con esos fusiles, con esas armas que fueron financiados y que entraron por el puerto de Chiquita, se hizo la masacre en Mapiripán por ejemplo, entonces las víctimas no han sido solamente en Urabá, impactó a todo el país la financiación de Chiquita Brands, por eso es que este caso es de suma importancia para que la justicia lo resuelva, no puede quedarse en la impunidad", completó.La Fundación también indicó que la información entregada a la JEP podría ser clave para esclarecer el rol de actores económicos en el conflicto armado, especialmente en el Macrocaso 04 sobre Urabá. Se espera que estos cinco documentos se integren al proceso que involucra a 14 empresarios bananeros investigados por apoyar económicamente a las AUC en Urabá a través de la Convivir Papagayo.
Chiquita Brands apeló la decisión que ordenó una indemnización por 38 millones de dólares a víctimas del paramilitarismo en Antioquia, tras condena en Estados Unidos. Desde el Urabá defensa de víctimas rechazaron esta acción y continúan en la búsqueda de justicia en Colombia.La defensa jurídica de los empresarios de la multinacional bananera Chiquita Brands apelaron la decisión que los obligaba a indemnizar a las víctimas, luego de que un tribunal de Estados Unidos emitiera un fallo el año anterior, tras casi tres décadas de denuncias y por lo menos 20 años de litigio. Ante la justicia estadounidense, la empresa admitió que entregó entre 1997 y 2004 casi 2 millones de dólares a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia para financiar sus acciones violentas.En este caso, y, aunque el proceso se desarrolló en Estados Unidos, la defensa de las víctimas aclaró que “se debe aplicar el código civil colombiano”, por lo que se debería avanzar hacia un proceso de indemnización y de reparación de quienes se vieron afectados por estos delitos, no obstante esta posibilidad no estaría tan cerca, ante este recurso jurídico presentado por los empresarios.Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, indicó que están buscando evadir pagar 38 millones de dólares a familias de 8 víctimas de la violencia paramilitar en Urabá."Nosotros queremos decir que en la región de Urabá, con la presencia de Banadex, que era la filial de Chiquita Brand, desde el año 1994 al año 2007, hubo 5.600 personas que fueron asesinadas, homicidios, que es por los hechos por los cuales se está buscando juzgar a Chiquita Brand en segunda instancia", indicó Vega.Los principales argumentos para este recurso legal es que Chiquita Brands no fue victimaria sino víctima de extorsiones; que no hay prueba que los vincule directamente con los homicidios y que lo que hay es una manipulación y compra de testigos contra la empresa.Víctimas como Raquel Sena, a quien los paramilitares le asesinaron en Urabá a su esposo, Fidel Hernández, son conscientes que ya no hay ninguna decisión que devuelva a la vida a su ser querido, pero esperan que se siente un precedente frente a estos hechos y que haya una efectiva reparación económica tras haber sido desplazados de la zona perdiendo propiedades y cultivos de los que vivían.Piden justicia en ColombiaAhora de quién se esperan acciones en la misma vía es de parte de la justicia colombiana, en donde el proceso avanza lento en medio de cambios de fiscales, jueces y solicitudes de nulidad por parte de la defensa de algunos de los acusados que incluyen tanto a empresarios bananeros como a mandatarios locales y militares de aquel entonces, encargados de aprobar la operación de estos grupos en la zona.Se teme que si no hay avances pronto las primeras decisiones que se tomaron en septiembre 2019 con la resolución de acusación puedan prescribir en el mismo mes de 2025.
Terminaron los alegatos de conclusión de la defensa de los 10 empresarios de Chiquita Brands, quienes enfrentan acusaciones de concierto para delinquir por presunta financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 1997 y 2004. Las víctimas del paramilitarismo en Urabá han denunciado constantes dilaciones en el proceso judicial, que ahora se aproxima a su desenlace.En esta etapa final, la defensa de los acusados dijo que los empresarios fueron objeto de extorsiones por parte de las AUC. Según su versión, los pagos realizados a través de las Convivir fueron legales y quedaron registrados en el sistema financiero. Además, sostienen que en esa época no se conocía públicamente la vinculación de estas cooperativas con el paramilitarismo, lo cual ha sido contradicho con evidencias.Por otro lado, el abogado Jaime Lombana, representante de Jorge Cadavid, señaló que la responsabilidad de los pagos recaía sobre Chiquita Brands y no sobre Banacol, empresa que adquirió a Banadex, filial de Chiquita Brands. Sin embargo, según las investigaciones, los pagos continuaron hasta 2004, lo que sigue siendo objeto de escrutinio judicial. Al respecto se refirió el abogado de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega."Dicen también que no conocían la relación entre las Convivir y los paramilitares. Eso era un hecho notorio, era un hecho de conocimiento público. Todo el mundo en Urabá sabía que las Convivir eran cooperativas de seguridad en el día y paramilitares de noche", destacó Vega.El caso, que fue denunciado hace más de 18 años, está en riesgo de prescribir el próximo 17 de septiembre si la Juez Sexta Penal del Circuito Especializado de Antioquia no dicta sentencia a tiempo, por lo que las víctimas piden justicia. Así lo expresó Alfranio Solano Morales, víctima del conflicto y líder social de Urabá."Es bastante preocupante porque ya está que prescribe toda esta solitud y que se han hecho y nosotros no hemos recibido ninguna reparación, ninguna ayuda, nos tocó levantarnos desde cero nuevamente. La idea es que todos los que fueron, que se les hizo un daño, hoy puedan volver a su tierra", manifestó Solano.Este juicio es crucial para las víctimas directas del paramilitarismo en Colombia, teniendo en cuenta que esta compañía ya fue objeto de decisiones judiciales en Estados Unidos.
El proceso judicial contra 10 empresarios de Chiquita Brands, acusados de financiar el paramilitarismo en Urabá entre 1997 y 2004, periodo en el que hubo más de 64.000 víctimas allí, está muy cerca de prescribir, por lo que la Juez Sexta Penal del Circuito Especializado de Antioquia tendría que dictar sentencia antes del mes de septiembre.Le puede interesar: Por ahora, tanto el Ministerio Público, como la Fiscalía y la parte civil, pidieron una condena contra estos empresarios, tras la finalización de los alegatos de conclusión del caso.Específicamente, el Ministerio Público pidió sentencia condenatoria para todos los acusados, excepto para Jorge Alberto Cadavid Marín, quien fue vicepresidente financiero de Banacol entre 1992 y 2008, argumentando que los pagos que él autorizó a los Servicios Especiales de Seguridad de Urabá se hicieron efectivos en diciembre de 2004, con posterioridad a la desmovilización del Bloque Bananero. El abogado de la Fundación Forjando Futuros, Jahson Andrey Taborda, pidió celeridad en el caso."Le hacemos un llamado respetuoso a la juez para que de manera acelere emita sentencia de primera instancia con el rigor jurídico que amerita un caso de esta envergadura y así evitar que este prescriba y así cumplir a las víctimas que durante décadas han reclamado verdad y justicia en Colombia", expuso el abogado. En el juicio, iniciado en 2019 y que ya finalizó su etapa probatoria, la Fiscalía contradijo con evidencias la versión de los empresarios, quienes señalan que el dinero entregado al Bloque Bananero de las Autodefensas fue producto de extorsiones. La fiscal delegada aseguró que los exdirectivos de la multinacional conocían para qué serían destinados los tres centavos de dólar entregados por cada caja de bananos exportada.El 26 de marzo, los apoderados de los empresarios presentarán sus alegatos de defensa. Hay que recordar que la multinacional ya fue condenada dos veces en Estados Unidos, en 2007 y en 2024. Además, en el juicio, los exdirectivos reconocieron que se reunieron con los paramilitares en Montecasino, lugar en el que habrían pactado la cuota para la guerra, según lo que también han confesado los excomandantes de las AUC.Esta sentencia sería de primera instancia y habría lugar a recurso de apelación.
El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín confirmó que Chiquita Brands entregó cerca de 1.7 millones de dólares a paramilitares entre 1997 y 2004. Según se ha podido conocer la multinacional realizó pagos en más de 100 oportunidades a las Autodefensas Unidas de Colombia en menos de 7 años.Luego de 17 años el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín logró emitir una sentencia en contra de Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, y otros exintegrantes del Bloque Bananero por diferentes delitos cometidos en las subregiones de Urabá y el Magdalena Medio. Sin embargo, en medio de las revisiones documentales y tras escuchar diferentes testimonios se logró establecer el vínculo de la empresa Chiquita Brands con el accionar paramilitar en el Urabá antioqueño.En la sentencia, que terminará de ser leída el 31 de marzo de 2025, se lee cómo queda en evidencia que a partir de 1997 se habría gestado un acuerdo entre Chiquita Brands y los paramilitares por medio de la filial Banadex para pagar tres centavos de dólar por cada caja de plátano exportada. Es por ello que entre 1997 y el 2004 se pudo establecer que se transfirieron cerca de 1.7 millones de dólares a las AUC de forma directa o indirecta.Según el documento este pacto se habría efectuado luego de reuniones en Medellín entre Reynaldo Brand, representante legal de la multinacional; Raúl Hasbún, comandante de los paramilitares; Charles Keiser, gerente general de Chiquita Brands en Colombia; y Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia.El abogado de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, aseguró que aunque la multinacional fue condenada en 2007 y 2024 en Estados Unidos, en Colombia no hay ninguna sanción ni reparación para las más de 64.000 víctimas del paramilitarismo en Urabá.“Pero lo importante es que allí no se incluye a los bananeros, empresarios Chiquita Brands, que financiaron, fomentaron, pusieron la plata y financiaron el paramilitarismo en la región de Urabá. Queda nuevamente en la impunidad de sus hechos. Se narra, se cuenta la historia, pero no hay una decisión jurídica”, afirmó.La información que arroja la sentencia explica que Banadex habría hecho más de 100 pagos durante cada mes de los años antes mencionados, primero en Urabá y luego en el departamento del Magdalena. Además, se lee que la filial hizo los desembolsos, “actuación que avaló la empresa principal a sabiendas de las consecuencias que acarreaba y no solo eso, sino que también mantuvo la decisión de contribuir de forma periódica a esta organización ilegal”.Por ahora y mientras avanzan los procesos, hay que recordar que en Colombia cursa un proceso contra 10 empresarios de Chiquita Brands acusados de concierto para delinquir, situación que avanza con la advertencia del Tribunal Superior de Antioquia sobre el riesgo de prescripción.Expertos indican que si no hay fallo antes del 17 de septiembre del presente año, los empresarios quedarán impunes pese a las pruebas que han sido registradas como, por ejemplo, las evidenciadas en la sentencia contra Raúl Hasbún y otros exparamilitares.
La sostenibilidad en la industria hotelera ha dejado de medirse únicamente por indicadores ambientales. Aunque la reducción del consumo de agua, energía o plásticos sigue siendo una prioridad, cada vez cobra más fuerza un enfoque que también busca generar oportunidades para las comunidades, promover la inclusión laboral y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones sociales.Así lo explicó Agustina Nadellini, líder de Up for People en América, quien considera que el reto del sector es demostrar que la sostenibilidad no puede limitarse al discurso, sino traducirse en acciones que tengan un impacto real sobre las personas.Uno de los ejes de este modelo es el voluntariado corporativo. A través de diferentes jornadas durante el año, colaboradores participan en actividades con fundaciones que apoyan a niños en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos, juguetes y otros insumos. A esto se suman iniciativas de economía circular, en las que la ropa donada por los propios empleados se intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente son destinados a organizaciones sociales.La inclusión laboral también hace parte de esta transformación. En Colombia, por ejemplo, se desarrollan programas que facilitan el acceso al empleo de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, en alianza con fundaciones especializadas. El propósito es ofrecer oportunidades de trabajo formal que contribuyan a su autonomía económica y a una mayor inclusión en el mercado laboral.Otra de las iniciativas busca brindar apoyo a familias con niños que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos o cumplir actividades organizadas por fundaciones. La idea es que los menores puedan permanecer acompañados por sus familiares durante estos procesos, aprovechando la infraestructura hotelera como una herramienta de apoyo.Nadellini explicó que el impacto de estos programas se mide a través de indicadores como el número de beneficiarios, voluntarios y donaciones, además de la capacidad de adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad.Este modelo hace parte de la estrategia de sostenibilidad de Minor Hotels, que divide su trabajo entre los programas Up for Planet, enfocado en el cuidado del medio ambiente, y Up for People, orientado al desarrollo de las comunidades. "La sostenibilidad llegó para quedarse. No solo se trata de cuidar el planeta, sino también de construir comunidades más fuertes, inclusivas y con mejores oportunidades para las futuras generaciones", concluyó Nadellini.
Saber qué hacer y cómo reacciona el cuerpo tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia es clave para recuperar la tranquilidad. El evento, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se percibió en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, convirtiéndose en el más fuerte de la última década en el país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).Frente a sensaciones físicas persistentes como la percepción de que el suelo se sigue moviendo, Denisse Morales, directora de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, explicó las causas médicas de este fenómeno y estructuró pautas de manejo emocional.Qué es el síndrome de mareo postsismoLa especialista señaló que manifestaciones como mareo, taquicardia, insomnio, dificultad para concentrarse o temor a ingresar a edificios responden a una activación del sistema de alarma del cuerpo para protegerse.De acuerdo con un estudio publicado en 2021 por la revista científica PLOS ONE sobre los terremotos de Kumamoto (Japón, 2016) citado por la institución, de 4.231 personas encuestadas, 1.543 mantuvieron la sensación de mareo posterior al evento. Este fenómeno combina la respuesta del oído interno, encargado del equilibrio, el sistema nervioso y factores emocionales como la ansiedad.Las réplicas del movimiento telúrico reactivan temporalmente la vigilancia del organismo, por lo que la calma suele retornar de forma paulatina.Cinco consejos psicológicos tras el temblor de 7.4Para controlar la respuesta de alerta sin descuidar las medidas de prevención ante posibles réplicas, Morales entregó cinco recomendaciones prácticas:Anclar el cuerpo: sentarse con ambos pies apoyados firmemente en el piso, fijar la vista en un punto fijo de la pared y nombrar en voz alta cinco objetos a su alrededor para devolver estabilidad al cerebro.Alargar la exhalación: inhalar contando hasta cuatro y expulsar el aire lentamente contando hasta seis. Repetir la secuencia durante dos minutos para bajar las pulsaciones del corazón.Limitar el uso del teléfono celular: revisar de forma puntual las fuentes oficiales del SGC y la UNGRD, evitando la sobreexposición a imágenes o videos de la emergencia que incrementen la ansiedad.Hablar con claridad a los niños: explicarles con palabras sencillas lo ocurrido y las acciones a seguir si vuelve a temblar, manteniendo las rutinas habituales de alimentación y sueño.Estructurar un plan de acción: Definir un punto de encuentro familiar, despejar las vías de evacuación de la vivienda y alistar una maleta de emergencia con agua, botiquín, linterna, radio y documentos.¿Cuándo solicitar atención médica o psicológica?El análisis académico establece que se debe buscar ayuda profesional si los síntomas no ceden al cabo de una semana; si la persona no logra dormir, comer o laborar; si existe evasión a ingresar a inmuebles o si un menor de edad registra regresiones conductuales.Asimismo, si el mareo se acompaña de vómito intenso, zumbidos constantes o pérdida de audición, la recomendación es acudir a valoración médica para descartar cuadros de vértigo y evitar la automedicación.El Ministerio de Salud cuenta con la línea gratuita 106 para atención en salud mental las 24 horas, mientras que las emergencias inmediatas se atienden a través del número 123.
Como consecuencia del terremoto registrado en Colombia y con el propósito de proteger la integridad de colaboradores, empresarios y usuarios, las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura modificaron temporalmente la atención presencial en sus sedes. La medida se mantendrá mientras se adelantan las inspecciones técnicas para determinar las condiciones de seguridad de las edificaciones y establecer las reparaciones locativas que sean necesarias.La decisión fue adoptada en el marco de lo establecido por la Circular Externa 100-000002 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, que permite a las cámaras de comercio modificar temporalmente la atención presencial cuando se presentan circunstancias extraordinarias o situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, la normativa establece que estas entidades deben garantizar la continuidad de los servicios mediante sus canales virtuales e informar oportunamente a los usuarios y a la autoridad de supervisión sobre cualquier modificación en la prestación del servicio.Por esta razón, los servicios registrales y demás trámites a cargo de las Cámaras de Comercio no quedan suspendidos. Los empresarios y ciudadanos podrán continuar realizando sus diligencias a través de los canales virtuales habilitados por cada entidad, los cuales se encuentran disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.La modificación temporal de la atención presencial aplica para las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura. En cada una de estas ciudades se adelantan las respectivas verificaciones técnicas para establecer si las instalaciones presentan afectaciones derivadas del movimiento telúrico y determinar las condiciones necesarias para retomar la atención al público de manera segura.De acuerdo con la información suministrada por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia, la atención presencial será restablecida una vez finalicen las inspecciones y se compruebe que existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Cualquier cambio en los horarios o en las condiciones de atención será comunicado por cada Cámara de Comercio mediante sus canales oficiales.Finalmente, la Red de Cámaras de Comercio recomendó consultar los sitios web y las redes sociales oficiales de cada entidad para conocer el estado de la atención presencial y acceder a los canales virtuales disponibles para realizar trámites y servicios mientras se normaliza la atención en las sedes físicas.
El Operador Nacional de Juegos realizó el sorteo del Baloto y Baloto Revancha correspondiente a este lunes, 10 de agosto de 2026, dos de los juegos de azar con los premios acumulados más altos del país.En esta jornada, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de quedarse con el premio mayor. A continuación, puede consultar los números ganadores de ambas modalidades y conocer cómo quedaron los acumulados para el siguiente sorteo.Números ganadores del Baloto y Baloto RevanchaEstos son los resultados del sorteo de este lunes, 10 de agosto de 2026.BalotoNúmeros ganadores: 14 - 04 - 35 - 27 - 19.Super Balota: 14.Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 31 - 13 - 21 - 36 - 09.Super Balota: 03.¿Cómo quedaron los premios del Baloto y Revancha?Si bien el resultado del premio mayor se conoce al finalizar el sorteo, el Operador Nacional de Juegos también publica el balance de ganadores en cada una de las categorías de premiación, desde los cinco aciertos con Super Balota hasta los premios por aproximaciones.En esta publicación se actualizarán el número de ganadores, los valores entregados en cada categoría y el reporte oficial de premiación una vez la información sea divulgada.¿Cuánto está acumulado el Baloto y la Revancha?Para este lunes, 10 de agosto de 2026, el Baloto ofrece un premio acumulado de $52.000 millones, mientras que la modalidad Revancha entrega un acumulado de $10.000 millones.En caso de que no se registre un ganador del premio mayor, ambos acumulados aumentarán para el próximo sorteo, programado para el miércoles, de acuerdo con el calendario oficial del juego.Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales del operador en todo el país.
El sorteo número 586 de MiLoto, jugado este lunes, 10 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $450 millones de pesos.A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.Números ganadores de MiLoto 10 de agosto (Sorteo 586)La combinación ganadora del sorteo 586 de este lunes 10 de agosto de 2026 fue: 02 - 19 - 14 - 29 - 08.¿Cómo jugar MiLoto?Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.
