Organizaciones piden que bienes de Chiquita Brands sirvan para saldar la deuda con víctimas
Los bienes de Chiquita Brands en Urabá, más de 4.000 hectáreas, podrían convertirse en tierras de reparación para las víctimas.
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Organizaciones sociales exigen que 73 predios vinculados a Chiquita Brands en el Urabá antioqueño, con más de 4.000 hectáreas, sean destinados a la reparación de las víctimas del paramilitarismo financiado por la multinacional.
Las tierras, equivalentes en tamaño a la isla de San Andrés, pertenecen a Agrícola El Retiro S.A., empresa socia fundadora de Banadex y filial de Chiquita Brands. Están ubicadas en Chigorodó, Apartadó, Carepa y Turbo, zonas estratégicas para el desarrollo de Puerto Antioquia. Una de ellas ya fue declarada de utilidad pública por la Gobernación.
La historia de estas propiedades está marcada por un entramado empresarial que ha dificultado su uso en procesos de justicia y reparación. Banadex vendió sus bienes en 2004 a Banacol, y en 2020 estas compañías pasaron a formar parte de Greenland Investments S.A.S.
Sin embargo, investigaciones han demostrado que Agrícola El Retiro financió a la convivir Papagayo entre 1997 y 2004, aportando más de 4.600 millones de pesos mediante descuentos a nóminas de trabajadores y contratistas. Estos recursos se dirigieron a las estructuras paramilitares en la región.
En julio de 2025, siete exdirectivos de Chiquita Brands —entre ellos Reinaldo Escobar de la Hoz, partícipe en los acuerdos de pagos a paramilitares con los hermanos Castaño— fueron condenados en Colombia a 11 años y tres meses de prisión y al pago de 13.800 millones de pesos. No obstante, esos dineros no han llegado directamente a las víctimas.
En Estados Unidos, la multinacional ya fue sancionada en dos procesos judiciales, incluyendo una condena que ordenó indemnizar con 38 millones de dólares a ocho familias colombianas.
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La Fundación Forjando Futuros, el IPC, Pares, Cinep y otras organizaciones, reiteran que estos predios no pueden ser tratados como simples activos de mercado. Su exigencia es clara: que las tierras pasen al Fondo de Víctimas y se conviertan en una herramienta real de reparación y reconstrucción para las comunidades afectadas por la violencia en Urabá.