La Fundación Forjando Futuros entregó nuevos documentos ante la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, con el objetivo de que la justicia colombiana actúe antes de que el proceso penal contra empresarios vinculados a la multinacional Chiquita Brands prescriba el próximo 17 de septiembre.
Los documentos, que incluyen sentencias judiciales y fallos emitidos por tribunales de Estados Unidos, buscan evitar que se extinga la acción penal contra empresarios que habrían financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la subregión de Urabá a través de pagos ilegales por más de 1,7 millones de dólares.
La preocupación central de la Fundación es que, a pesar de que la justicia estadounidense ya ha emitido dos fallos contra la empresa, en Colombia el caso lleva más de 20 años sin resolución. Uno de esos fallos, emitido en 2007, incluye una multa de 25 millones de dólares contra Chiquita Brands por financiar a las AUC. Otro, de junio de 2024, condena a la empresa a pagar 38,5 millones de dólares a familias víctimas del conflicto armado.
“Si ya hay fallos en Estados Unidos, si ya se demostró que hubo responsabilidad, es inadmisible que en Colombia no haya ni una decisión”, explicó Gerardo Vega, abogado de Forjando Futuros.
Además de exigir una decisión judicial en Colombia, Forjando Futuros hizo una petición al Gobierno nacional para que encabece una reclamación directa ante Chiquita Brands y el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de que se repare integralmente a las víctimas en Colombia.
Según la Fundación, Chiquita Brands, a través de su filial Banadex, no solo financió a grupos paramilitares mediante aportes por cada caja de banano exportada, sino que también facilitó la entrada de armamento por sus puertos en Urabá. De acuerdo con testimonios en Justicia y Paz, uno de los cargamentos más conocidos, fue el del barco Waterloo, que trajo cerca de 5.000 fusiles que luego fueron distribuidos por todo el Caribe colombiano y los Llanos Orientales.
"La responsabilidad de Chiquita Brands fue también permitir que en sus puertos, en el puerto que tenía en Urabá, entraran barcos con 5.000 fusiles, ha confesado por los miembros de las autodefensas, narraron allí el barco Waterloo, esos fusiles que llegaron a Urabá no se quedaron solamente en Urabá, según Mancuso en sus declaraciones dice que se repartieron por lo menos en los siete departamentos de la zona caribe, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Urabá y en los Llanos Orientales", expresó el abogado Gerardo Vega.
"Con esos fusiles, con esas armas que fueron financiados y que entraron por el puerto de Chiquita, se hizo la masacre en Mapiripán por ejemplo, entonces las víctimas no han sido solamente en Urabá, impactó a todo el país la financiación de Chiquita Brands, por eso es que este caso es de suma importancia para que la justicia lo resuelva, no puede quedarse en la impunidad", completó.
La Fundación también indicó que la información entregada a la JEP podría ser clave para esclarecer el rol de actores económicos en el conflicto armado, especialmente en el Macrocaso 04 sobre Urabá. Se espera que estos cinco documentos se integren al proceso que involucra a 14 empresarios bananeros investigados por apoyar económicamente a las AUC en Urabá a través de la Convivir Papagayo.
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