El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de una demanda presentada por Coomeva EPS contra el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), mediante la cual la entidad buscaba el pago de más de $13.000 millones por concepto de gastos administrativos asumidos entre 2015 y 2016.Según la demanda, esos recursos correspondían a los costos en los que incurrió la EPS por la gestión de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el entonces Plan de Beneficios en Salud (PBS), así como por los trámites de recobro realizados para obtener el reembolso de dichos servicios. Al analizar el caso, el Tribunal determinó que la reclamación no podía resolverse a través del medio de control de reparación directa, ya que el supuesto perjuicio alegado tenía origen en actos administrativos de carácter general que no contemplaban el reconocimiento de esos gastos administrativos.La corporación explicó que, cuando se considera que una regulación omitió incluir un aspecto que la ley o la Constitución exigen, la controversia corresponde a una presunta omisión reglamentaria. En esos casos, el mecanismo judicial procedente es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues lo que se debate es la legalidad de los actos expedidos por la administración.El Tribunal también recordó que el juez contencioso administrativo puede adecuar el medio de control escogido por las partes al que realmente corresponde, incluso al momento de proferir la sentencia, cuando advierta que la demanda fue presentada por una vía procesal distinta a la prevista por la ley.Una vez reencauzó el proceso como una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la corporación concluyó que la demanda había caducado, debido a que fue presentada después del término legal de cuatro meses contados desde la publicación de los actos administrativos generales objeto de cuestionamiento. En consecuencia, negó las pretensiones de Coomeva EPS.
A partir del 1 de abril de 2025, la Fundación Santa Fe de Bogotá dejó de formar parte de la red de servicios de Coomeva Medicina Prepagada, según lo confirmó la entidad en un reciente comunicado dirigido a sus afiliados. La decisión marca un cambio importante en la prestación del servicio médico para muchos usuarios, aunque la compañía asegura que ha tomado medidas para mitigar el impacto.Coomeva informó que ha ampliado las instalaciones de su Centro Médico en Bogotá, ubicado en la calle 102 # 14A - 70, con el fin de garantizar la continuidad en la atención. Además, se han habilitado beneficios diferenciales en los cupones de pago directo y se mantiene activa una red de clínicas y especialistas reconocidos en la ciudad.Para quienes tienen citas agendadas en la Fundación Santa Fe de Bogotá después del 1 de abril, la entidad indicó que su equipo de atención se comunicará con cada usuario para ofrecer alternativas en su centro médico u otros prestadores aliados. Del mismo modo, los pacientes en tratamiento actualmente en la fundación recibirán acompañamiento para facilitar su transición a otros servicios sin afectar su proceso médico.Finalmente, Coomeva reiteró su compromiso con el bienestar de sus afiliados y aseguró que continuará fortaleciendo su red de atención para ofrecer servicios médicos de alta calidad. La entidad señaló que cualquier novedad sobre este proceso será comunicada oportunamente.
Después de que la Superintendencia de Salud liquidara, en este 2022, a las EPS Coomeva y Medimás, dejando a cerca de tres millones de usuarios perjudicados en manos de otras prestadoras de salud, el balance ha sido positivo.Son en total nueve EPS que pertenecen al régimen contributivo que ya están en contacto y prestando atención al 74 % de los pacientes trasladados, que habían interpuesto tutelas o que cursaban un tratamiento de alto costo. Se trata de las EPS Aliansalud, Comfenalco Valle, Compensar, Coosalud, Famisanar, Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y Sura.Según Acemi (asociación que agremia a las EPS del régimen contributivo en el país), el 17 %, en promedio (446.472), cursa un tratamiento y el 21 % tiene eventos de alto costo (525.052), que son enfermedades que tienen gastos muy altos por tratamientos y medicamentos, debido a su grado de complejidad. Además, el 0,9 % de esos pacientes, es decir un poco más de 23 mil, habían interpuesto previamente acciones de tutela para garantizar la prestación de servicios.Según el reporte de las EPS receptoras agremiadas, el número total de procedimientos efectuados o autorizados asciende a 4.452.604.“Aunque es una cifra importante, hacemos un llamado a los usuarios, en especial a aquellos que están en tratamientos, para que contacten a la EPS que les fue asignada, si aún no lo han hecho, y actualicen sus datos a través de los canales que cada entidad receptora ha definido”, dijo Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi.De acuerdo con las EPS, buena parte de la información recibida está desactualizada e incompleta, especialmente, lo que tiene que ver con la ubicación del paciente. Algunos datos no corresponden con el afiliado asignado, lo que complica la atención oportuna de los usuarios.Le puede interesar: escuche el podcast El Consultorio
La Corte Constitucional le hace una advertencia a los jueces del país acerca de que que los dineros del Sistema de Salud no pueden destinarse para pagar deudas de las IPS y ordenó al Banco Agrario restituir, antes de 48 horas, los más de 53 mil millones de pesos que fueron transferidos por el Banco AV Villas en cumplimiento de una orden judicial proferida por el Juzgado 15 Civil de Barranquilla en contra de la liquidada EPS Coomeva.La decisión fue adoptada al estudiar una tutela que presentó Coomeva EPS al considerar vulnerado su derecho al debido proceso, por la orden de embargo que dio el juez sobre “una cuenta maestra de recaudo en la que reposan dineros destinados a garantizar la operatividad de la entidad y la atención a los usuarios”.Según la Corte Constitucional, el juez alteró las condiciones definidas en la actual jurisprudencia constitucional respecto de “cuándo se pueden someter a embargo los recursos de la salud del sistema general de participaciones y realizó una incorrecta interpretación del alcance del principio de inembargabilidad y sus excepciones”.Lea también:La Corte le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que divulgue esta sentencia entre los despachos judiciales del país, con el fin de que los parámetros establecidos sean tomados en cuenta por los jueces de la República a la hora de resolver sobre la imposición de medidas cautelares respecto de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Según el alto tribunal, entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el Agente Interventor de Coomeva EPS S.A. y el Banco AV Villas, donde se encuentran las cuentas maestras investigadas, contribuyeron con los argumentos de la promotora de la acción.Escuche más noticias:
BLU Radio le sigue la pista al cartel de los embargos de la salud. Se conoció, por medio de dos quejas dirigidas a juzgados y a la Comisión de Disciplina a Judicial, la manera en que entidades prestadoras de salud y hospitales y clínicas estarían, presuntamente, embolatando el pago de más de 148.000 millones de pesos a la EPS Coomeva y Medimas, otra EPS que ha estado varias veces en el ojo del huracán.Precisamente, a esta última EPS le aparecen unos recobros por 8.943 millones de pesos ($8.943.972.669), que le está haciendo la prestadora de servicios de salud Dumian Medical, por lo que también denuncian que se trata del cartel de los embargos.Según Medimás, ese dinero no solamente ya se pagó, sino que la IPS no entregaba soportes que son necesarios a la hora de cobrar, como la historia clínica, contratos de la EPS y registros.Por medio de un informe radicado al Juzgado 12 del circuito de Bucaramanga, Medimás pide revisar los recobros y las cuentas, porque las facturas de la prestadora de servicios Dumian Medical, presuntamente, son falsas y, además, ese dinero supuestamente ya se había cobrado y pagado.BLU Radio consultó a la IPS Dumian MedicalLa prestadora de servicios Dumian Medical respondió en un documento de nueve páginas que se trata de una falsa denuncia, refiriéndose a la petición que elevó Medimás al juzgado. La IPS agregó que la EPS de una manera “descarada” alega que ese dinero ya se pagó y que no se ha violado ningún derecho fundamental del juzgado cuando embargó a Medimás por ese dinero.Medimás puso al tanto al juzgado de Bucaramanga sobre las irregularidades y esto ha propiciado que la misma Comisión de Disciplina Judicial le pidiera rendir cuentas a las secciónales del Huila, Santander, Atlántico y Bogotá.El defensor de las IPS que denuncian a Medimás y Coomeva EPSSe trata del abogado Jhon Franklin Ortiz Angarita, quien además de llevar el proceso de Dumian Medical contra Medimás, es el apoderado de varios procesos ante el Juzgado 15 Civil del Circuito, que llevaron a la EPS Coomeva a su liquidación. Cabe recordar que son más de 138.000 millones de pesos los que se encuentra estudiando la Comisión de Disciplina Judicial, si hacen parte o no del cartel de los embargos.La sociedad Rehabilitdemos LTDA es una de las IPS que demandó a Coomeva por no pagar los servicios, proceso del mismo apoderado Ortiz Angarita.
Personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la Universidad de Antioquia para realizar falsas ofertas de trabajo y estafar a las personas sin importar en qué ciudad se encuentre, según confirmó la propia entidad de educación superior, que aprovechó para llamar la atención de la ciudadanía para que no caiga en estas falsas ofertas.Recientemente la universidad fue notificada que, a través de plataformas web especializadas en publicar ofertas laborales, se están dando casos de suplantación con el nombre y la imagen de la universidad y, una vez los interesados aplican a la oferta, son contactados supuestamente por los empleados de la institución, quienes les exigen consignar o transferir dinero como parte de un fraudulento proceso de contratación. Las estafas, sin embargo, las realizan también a nombre de entidades como Coomeva y Savia Salud."Recibí una llamada telefónica de una persona desde Bogotá haciéndose pasar por alguien vinculado a Coomeva. Me dijo de la oferta de trabajo, pero me decía que para que continuara en la oferta tenía que realizar algunos cursos que tiene que tener el personal de salud", detalló una de las personas víctima de estafa.Unos cursos costosos, pero le ofrecían la posibilidad de realizarlos con la supuesta empresa, por lo que tenía que consignar un dinero."Hicimos la consignación y luego empezaron con un montón de cuentos. Me bloquearon de Whatsapp, ya no recibían las llamadas y no volvieron a responder", añadió.La mujer llamó a tiempo a la entidad bancaria donde realizó la transacción, entonces pudieron bloquear las cuentas y, posteriormente, denunció ante la Fiscalía para poder obtener la devolución del dinero consignado: cerca de 300.000 pesos.En el caso de la Universidad de Antioquia informan que, ante cualquier llamada telefónica o correo electrónico en el que se te ofrezca una vinculación laboral con la UdeA, pidan información de la dependencia o proyecto universitario responsable de la oferta, así como el nombre y cargo de la persona líder del proceso.También puede comunicarse a las líneas gratuitas de atención al ciudadano 018000 416384 o en las redes sociales.Escuche el podcast BLU 4.0:
El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer las EPS que recibirán a los casi 1,2 millones afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado de Coomeva EPS en liquidación a partir del 1 de febrero."Son catorce aseguradoras las que reciben a estos usuarios en 23 departamentos del país, dando prioridad al derecho fundamental a la salud de los colombianos, garantizando la calidad, oportunidad, continuidad y atención en salud de los afiliados y sus familias", explicó Iván Mesa, director de Aseguramiento del Ministerio de Salud y Protección Social.Durante los últimos días del mes de enero de 2022, Coomeva EPS en liquidación deberá seguir ejecutando la gestión del aseguramiento de esta población y, a partir del 1 de febrero, las EPS receptoras deberán empezar a garantizar este derecho a cada uno de estos nuevos usuarios.Así quedaron distribuidos:Nueva EPS : 293.117EPS SURA: 199.090EPS Sanitas: 170.281Salud Total: 154.660Coosalud: 130.338Famisanar: 56.899Compensar: 54.545Comfenalco Valle: 39.521Cajacopi: 24.719Mutual Ser:23.536Comfaoriente:12.122Salud mía: 5.966Aliansalud EPS: 4.374Mallamas EPSI: 4Tras esta distribución, los usuarios de Coomeva EPS en liquidación podrán conocer a qué EPS fueron asignados ingresando a Consulta afiliados asignados a otras EPS.Escuche el podcast Linero, el 'man' en Mañanas:
La decisión de liquidación de Coomeva pone en aprietos el sistema de salud y atención en Antioquia, pues al menos 230.000 afiliados quedan en vilo y a la espera de que los trasladen a otras EPS. El Colegio Médico de Antioquia teme por el futuro de los tratamientos de los usuarios.La preocupación también está con los hospitales del departamento, en especial los públicos, pues si antes había atrasos con los pagos por servicios ya prestados, ahora no saben si se van a pagar o no esas deudas.Luis Alberto Martínez, presidente de Aesa, aseguró que las deudas de esta EPS con los hospitales públicos asciende a los 750 mil millones de pesos, y se suma a lo que ya han dejado de pagar otras entidades como Salucoop, Café Salud y Cruz Blanca, también liquidadas.“Pues entran en un proceso muy tortuoso de reconocimiento de acreencias a los diferentes prestadores de salud, en este caso hospitales públicos y privados de Antioquia, pero viene luego etapa de reclamación y Coomeva debe hacer líquidos sus activos para tener recursos y responder”, manifestó el doctor Martínez.Son varios usuarios que temen que los procedimientos que llevaban con la EPS queden interrumpidos, como Carolina Jiménez, una usuaria que asegura que no sabe a qué EPS la van a trasladar.“Si queda uno como preocupado, para qué EPS pasarse, las veces que tuve que utilizar la EPS no me fue muy bien, me tocó poner la queja ante la Superintendencia para que se me diera la autorización de un medicamento que no podía suspender”, relató.Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico, llama la atención frente al traslado de los usuarios de Coomeva a otras EPS, pide que se les permita continuar con los tratamientos ya iniciados y que se realicen sin ningún obstáculo. Además, criticó a las EPS como forma de intermediación.“Esta situación evidencia la inconveniencia de la intermediación financiera en el sector salud, por causa de la corrupción y deseo de lucro desmedido del sector privado”, criticó.Insistió esa intermediación de las EPS con los recursos de los colombianos y señaló que es indispensable una reforma del sector salud para que permita que el sistema pueda llegar a su fin.
Los pacientes de Coomeva EPS en Santander viven un verdadero calvario por la suspensión de sus servicios en salud tras la liquidación de dicha entidad prestadora de salud.En Bucaramanga se conoció el caso de una niña de dos años que debe recibir sus quimioterapias para tratar el cáncer de riñón que padece, sin embargo, su mamá denuncia que su IPS le canceló las citas que tenía programas y los servicios.“Me llamaron de la Clínica San Luis para cancelarme la cita que ella tiene de control de oncología para iniciar ciclo de quimioterapia que debe recibirle este viernes, ya la clínica me dice que no van a atender la niña por la liquidación de la EPS, yo me comuniqué con Coomeva y me dicen que me deben atender hasta el 31”, contó Yesica Álvarez, madre de la menor.En ese mismo sentido, en redes sociales los usuarios de Coomeva EPS también se han quejado por la suspensión de sus servicios.
El anuncio de la Superintendencia de Salud de liquidar la EPS Coomeva le cayó como baldado de agua fría a María Ramírez. Su hija tiene un trasplante de corazón hace 12 años y gracias a tutelas había logrado su atención."Tengo un control y un seguimiento dos veces al año en Medellín en la Cardio Vid, con un comité médico porque lógicamente es un trasplante de corazón y hay que hacerle el seguimiento y unos medicamentos que hay que cumplir con ellos. Entonces sí me preocupa mucho esta situación", señaló.Caso contrario, el de Adán Bernal, un paciente de cáncer, que decidió cambiar de EPS hace un mes. Después de tres años de lucha legal contra Coomeva, tutela en mano, con la Defensoría del Pueblo, prefirió cambiar: "Porque en Coomeva nunca logré lo que yo quería, que era que me dieran la sanidad divina o que me dieran una atención preferencial", manifestó. Dairo González, un habitante de Armenia, también se cambió de EPS al ver las dificultades con Coomeva. "Un médico de allá me operó y me fregó una pierna. Me tocó el nervio femoral y la pierna me quedó fregada", recordó Dairo.Ahora, los pacientes de Coomeva esperan que el cambio de EPS sea lo menos traumático posible para continuar amparados por un servicio de salud que salvaguarde sus derechos.Escuche más noticias del día:
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.
