Después de un terremoto pueden presentarse cambios en el estado emocional de las personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las situaciones de emergencia pueden generar manifestaciones como ansiedad, tristeza, desesperanza, problemas de sueño, cansancio, irritabilidad e ira.Coomeva Medicina Prepagada explicó que, después de un evento de estas características, algunas personas pueden permanecer en estado de alerta, sentir temor de ingresar nuevamente a determinados lugares o experimentar angustia ante movimientos, sonidos o situaciones asociadas con lo ocurrido.La Dra. Jenny Cabrejo, neuropsicóloga de Coomeva Medicina Prepagada, indicó que estas reacciones no necesariamente corresponden a un trastorno mental. Según la especialista, es necesario observar cuánto duran, qué intensidad tienen y si afectan las actividades cotidianas.La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que las consecuencias psicológicas y sociales de una emergencia pueden presentarse a corto plazo y permanecer durante más tiempo. Entre los grupos que pueden requerir mayor acompañamiento están los niños, adolescentes, adultos mayores, personas que tuvieron pérdidas y quienes estuvieron directamente expuestos a situaciones de peligro.Ante estas situaciones, Coomeva recomienda recuperar de manera progresiva las rutinas, mantener contacto con familiares y amigos, procurar espacios de descanso, mantener una alimentación regular e hidratación y limitar la exposición constante a imágenes, videos y testimonios relacionados con la emergencia.También recomienda reconocer y expresar las emociones, consultar información de fuentes oficiales y evitar tomar decisiones importantes durante momentos de alta angustia cuando estas puedan aplazarse.Para los niños, la recomendación es explicar lo sucedido de acuerdo con su edad, responder sus preguntas, escuchar sus temores y conservar, en la medida de lo posible, sus horarios y actividades habituales.Coomeva señala que se debe buscar atención profesional cuando el miedo o la angustia persisten, se presentan crisis recurrentes, aislamiento, alteraciones del sueño, dificultades para realizar las actividades cotidianas o una sensación prolongada de desesperanza.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de una demanda presentada por Coomeva EPS contra el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), mediante la cual la entidad buscaba el pago de más de $13.000 millones por concepto de gastos administrativos asumidos entre 2015 y 2016.Según la demanda, esos recursos correspondían a los costos en los que incurrió la EPS por la gestión de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el entonces Plan de Beneficios en Salud (PBS), así como por los trámites de recobro realizados para obtener el reembolso de dichos servicios. Al analizar el caso, el Tribunal determinó que la reclamación no podía resolverse a través del medio de control de reparación directa, ya que el supuesto perjuicio alegado tenía origen en actos administrativos de carácter general que no contemplaban el reconocimiento de esos gastos administrativos.La corporación explicó que, cuando se considera que una regulación omitió incluir un aspecto que la ley o la Constitución exigen, la controversia corresponde a una presunta omisión reglamentaria. En esos casos, el mecanismo judicial procedente es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues lo que se debate es la legalidad de los actos expedidos por la administración.El Tribunal también recordó que el juez contencioso administrativo puede adecuar el medio de control escogido por las partes al que realmente corresponde, incluso al momento de proferir la sentencia, cuando advierta que la demanda fue presentada por una vía procesal distinta a la prevista por la ley.Una vez reencauzó el proceso como una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la corporación concluyó que la demanda había caducado, debido a que fue presentada después del término legal de cuatro meses contados desde la publicación de los actos administrativos generales objeto de cuestionamiento. En consecuencia, negó las pretensiones de Coomeva EPS.
A partir del 1 de abril de 2025, la Fundación Santa Fe de Bogotá dejó de formar parte de la red de servicios de Coomeva Medicina Prepagada, según lo confirmó la entidad en un reciente comunicado dirigido a sus afiliados. La decisión marca un cambio importante en la prestación del servicio médico para muchos usuarios, aunque la compañía asegura que ha tomado medidas para mitigar el impacto.Coomeva informó que ha ampliado las instalaciones de su Centro Médico en Bogotá, ubicado en la calle 102 # 14A - 70, con el fin de garantizar la continuidad en la atención. Además, se han habilitado beneficios diferenciales en los cupones de pago directo y se mantiene activa una red de clínicas y especialistas reconocidos en la ciudad.Para quienes tienen citas agendadas en la Fundación Santa Fe de Bogotá después del 1 de abril, la entidad indicó que su equipo de atención se comunicará con cada usuario para ofrecer alternativas en su centro médico u otros prestadores aliados. Del mismo modo, los pacientes en tratamiento actualmente en la fundación recibirán acompañamiento para facilitar su transición a otros servicios sin afectar su proceso médico.Finalmente, Coomeva reiteró su compromiso con el bienestar de sus afiliados y aseguró que continuará fortaleciendo su red de atención para ofrecer servicios médicos de alta calidad. La entidad señaló que cualquier novedad sobre este proceso será comunicada oportunamente.
Después de que la Superintendencia de Salud liquidara, en este 2022, a las EPS Coomeva y Medimás, dejando a cerca de tres millones de usuarios perjudicados en manos de otras prestadoras de salud, el balance ha sido positivo.Son en total nueve EPS que pertenecen al régimen contributivo que ya están en contacto y prestando atención al 74 % de los pacientes trasladados, que habían interpuesto tutelas o que cursaban un tratamiento de alto costo. Se trata de las EPS Aliansalud, Comfenalco Valle, Compensar, Coosalud, Famisanar, Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y Sura.Según Acemi (asociación que agremia a las EPS del régimen contributivo en el país), el 17 %, en promedio (446.472), cursa un tratamiento y el 21 % tiene eventos de alto costo (525.052), que son enfermedades que tienen gastos muy altos por tratamientos y medicamentos, debido a su grado de complejidad. Además, el 0,9 % de esos pacientes, es decir un poco más de 23 mil, habían interpuesto previamente acciones de tutela para garantizar la prestación de servicios.Según el reporte de las EPS receptoras agremiadas, el número total de procedimientos efectuados o autorizados asciende a 4.452.604.“Aunque es una cifra importante, hacemos un llamado a los usuarios, en especial a aquellos que están en tratamientos, para que contacten a la EPS que les fue asignada, si aún no lo han hecho, y actualicen sus datos a través de los canales que cada entidad receptora ha definido”, dijo Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi.De acuerdo con las EPS, buena parte de la información recibida está desactualizada e incompleta, especialmente, lo que tiene que ver con la ubicación del paciente. Algunos datos no corresponden con el afiliado asignado, lo que complica la atención oportuna de los usuarios.Le puede interesar: escuche el podcast El Consultorio
La Corte Constitucional le hace una advertencia a los jueces del país acerca de que que los dineros del Sistema de Salud no pueden destinarse para pagar deudas de las IPS y ordenó al Banco Agrario restituir, antes de 48 horas, los más de 53 mil millones de pesos que fueron transferidos por el Banco AV Villas en cumplimiento de una orden judicial proferida por el Juzgado 15 Civil de Barranquilla en contra de la liquidada EPS Coomeva.La decisión fue adoptada al estudiar una tutela que presentó Coomeva EPS al considerar vulnerado su derecho al debido proceso, por la orden de embargo que dio el juez sobre “una cuenta maestra de recaudo en la que reposan dineros destinados a garantizar la operatividad de la entidad y la atención a los usuarios”.Según la Corte Constitucional, el juez alteró las condiciones definidas en la actual jurisprudencia constitucional respecto de “cuándo se pueden someter a embargo los recursos de la salud del sistema general de participaciones y realizó una incorrecta interpretación del alcance del principio de inembargabilidad y sus excepciones”.Lea también:La Corte le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que divulgue esta sentencia entre los despachos judiciales del país, con el fin de que los parámetros establecidos sean tomados en cuenta por los jueces de la República a la hora de resolver sobre la imposición de medidas cautelares respecto de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Según el alto tribunal, entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el Agente Interventor de Coomeva EPS S.A. y el Banco AV Villas, donde se encuentran las cuentas maestras investigadas, contribuyeron con los argumentos de la promotora de la acción.Escuche más noticias:
BLU Radio le sigue la pista al cartel de los embargos de la salud. Se conoció, por medio de dos quejas dirigidas a juzgados y a la Comisión de Disciplina a Judicial, la manera en que entidades prestadoras de salud y hospitales y clínicas estarían, presuntamente, embolatando el pago de más de 148.000 millones de pesos a la EPS Coomeva y Medimas, otra EPS que ha estado varias veces en el ojo del huracán.Precisamente, a esta última EPS le aparecen unos recobros por 8.943 millones de pesos ($8.943.972.669), que le está haciendo la prestadora de servicios de salud Dumian Medical, por lo que también denuncian que se trata del cartel de los embargos.Según Medimás, ese dinero no solamente ya se pagó, sino que la IPS no entregaba soportes que son necesarios a la hora de cobrar, como la historia clínica, contratos de la EPS y registros.Por medio de un informe radicado al Juzgado 12 del circuito de Bucaramanga, Medimás pide revisar los recobros y las cuentas, porque las facturas de la prestadora de servicios Dumian Medical, presuntamente, son falsas y, además, ese dinero supuestamente ya se había cobrado y pagado.BLU Radio consultó a la IPS Dumian MedicalLa prestadora de servicios Dumian Medical respondió en un documento de nueve páginas que se trata de una falsa denuncia, refiriéndose a la petición que elevó Medimás al juzgado. La IPS agregó que la EPS de una manera “descarada” alega que ese dinero ya se pagó y que no se ha violado ningún derecho fundamental del juzgado cuando embargó a Medimás por ese dinero.Medimás puso al tanto al juzgado de Bucaramanga sobre las irregularidades y esto ha propiciado que la misma Comisión de Disciplina Judicial le pidiera rendir cuentas a las secciónales del Huila, Santander, Atlántico y Bogotá.El defensor de las IPS que denuncian a Medimás y Coomeva EPSSe trata del abogado Jhon Franklin Ortiz Angarita, quien además de llevar el proceso de Dumian Medical contra Medimás, es el apoderado de varios procesos ante el Juzgado 15 Civil del Circuito, que llevaron a la EPS Coomeva a su liquidación. Cabe recordar que son más de 138.000 millones de pesos los que se encuentra estudiando la Comisión de Disciplina Judicial, si hacen parte o no del cartel de los embargos.La sociedad Rehabilitdemos LTDA es una de las IPS que demandó a Coomeva por no pagar los servicios, proceso del mismo apoderado Ortiz Angarita.
Personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la Universidad de Antioquia para realizar falsas ofertas de trabajo y estafar a las personas sin importar en qué ciudad se encuentre, según confirmó la propia entidad de educación superior, que aprovechó para llamar la atención de la ciudadanía para que no caiga en estas falsas ofertas.Recientemente la universidad fue notificada que, a través de plataformas web especializadas en publicar ofertas laborales, se están dando casos de suplantación con el nombre y la imagen de la universidad y, una vez los interesados aplican a la oferta, son contactados supuestamente por los empleados de la institución, quienes les exigen consignar o transferir dinero como parte de un fraudulento proceso de contratación. Las estafas, sin embargo, las realizan también a nombre de entidades como Coomeva y Savia Salud."Recibí una llamada telefónica de una persona desde Bogotá haciéndose pasar por alguien vinculado a Coomeva. Me dijo de la oferta de trabajo, pero me decía que para que continuara en la oferta tenía que realizar algunos cursos que tiene que tener el personal de salud", detalló una de las personas víctima de estafa.Unos cursos costosos, pero le ofrecían la posibilidad de realizarlos con la supuesta empresa, por lo que tenía que consignar un dinero."Hicimos la consignación y luego empezaron con un montón de cuentos. Me bloquearon de Whatsapp, ya no recibían las llamadas y no volvieron a responder", añadió.La mujer llamó a tiempo a la entidad bancaria donde realizó la transacción, entonces pudieron bloquear las cuentas y, posteriormente, denunció ante la Fiscalía para poder obtener la devolución del dinero consignado: cerca de 300.000 pesos.En el caso de la Universidad de Antioquia informan que, ante cualquier llamada telefónica o correo electrónico en el que se te ofrezca una vinculación laboral con la UdeA, pidan información de la dependencia o proyecto universitario responsable de la oferta, así como el nombre y cargo de la persona líder del proceso.También puede comunicarse a las líneas gratuitas de atención al ciudadano 018000 416384 o en las redes sociales.Escuche el podcast BLU 4.0:
El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer las EPS que recibirán a los casi 1,2 millones afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado de Coomeva EPS en liquidación a partir del 1 de febrero."Son catorce aseguradoras las que reciben a estos usuarios en 23 departamentos del país, dando prioridad al derecho fundamental a la salud de los colombianos, garantizando la calidad, oportunidad, continuidad y atención en salud de los afiliados y sus familias", explicó Iván Mesa, director de Aseguramiento del Ministerio de Salud y Protección Social.Durante los últimos días del mes de enero de 2022, Coomeva EPS en liquidación deberá seguir ejecutando la gestión del aseguramiento de esta población y, a partir del 1 de febrero, las EPS receptoras deberán empezar a garantizar este derecho a cada uno de estos nuevos usuarios.Así quedaron distribuidos:Nueva EPS : 293.117EPS SURA: 199.090EPS Sanitas: 170.281Salud Total: 154.660Coosalud: 130.338Famisanar: 56.899Compensar: 54.545Comfenalco Valle: 39.521Cajacopi: 24.719Mutual Ser:23.536Comfaoriente:12.122Salud mía: 5.966Aliansalud EPS: 4.374Mallamas EPSI: 4Tras esta distribución, los usuarios de Coomeva EPS en liquidación podrán conocer a qué EPS fueron asignados ingresando a Consulta afiliados asignados a otras EPS.Escuche el podcast Linero, el 'man' en Mañanas:
La decisión de liquidación de Coomeva pone en aprietos el sistema de salud y atención en Antioquia, pues al menos 230.000 afiliados quedan en vilo y a la espera de que los trasladen a otras EPS. El Colegio Médico de Antioquia teme por el futuro de los tratamientos de los usuarios.La preocupación también está con los hospitales del departamento, en especial los públicos, pues si antes había atrasos con los pagos por servicios ya prestados, ahora no saben si se van a pagar o no esas deudas.Luis Alberto Martínez, presidente de Aesa, aseguró que las deudas de esta EPS con los hospitales públicos asciende a los 750 mil millones de pesos, y se suma a lo que ya han dejado de pagar otras entidades como Salucoop, Café Salud y Cruz Blanca, también liquidadas.“Pues entran en un proceso muy tortuoso de reconocimiento de acreencias a los diferentes prestadores de salud, en este caso hospitales públicos y privados de Antioquia, pero viene luego etapa de reclamación y Coomeva debe hacer líquidos sus activos para tener recursos y responder”, manifestó el doctor Martínez.Son varios usuarios que temen que los procedimientos que llevaban con la EPS queden interrumpidos, como Carolina Jiménez, una usuaria que asegura que no sabe a qué EPS la van a trasladar.“Si queda uno como preocupado, para qué EPS pasarse, las veces que tuve que utilizar la EPS no me fue muy bien, me tocó poner la queja ante la Superintendencia para que se me diera la autorización de un medicamento que no podía suspender”, relató.Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico, llama la atención frente al traslado de los usuarios de Coomeva a otras EPS, pide que se les permita continuar con los tratamientos ya iniciados y que se realicen sin ningún obstáculo. Además, criticó a las EPS como forma de intermediación.“Esta situación evidencia la inconveniencia de la intermediación financiera en el sector salud, por causa de la corrupción y deseo de lucro desmedido del sector privado”, criticó.Insistió esa intermediación de las EPS con los recursos de los colombianos y señaló que es indispensable una reforma del sector salud para que permita que el sistema pueda llegar a su fin.
Los pacientes de Coomeva EPS en Santander viven un verdadero calvario por la suspensión de sus servicios en salud tras la liquidación de dicha entidad prestadora de salud.En Bucaramanga se conoció el caso de una niña de dos años que debe recibir sus quimioterapias para tratar el cáncer de riñón que padece, sin embargo, su mamá denuncia que su IPS le canceló las citas que tenía programas y los servicios.“Me llamaron de la Clínica San Luis para cancelarme la cita que ella tiene de control de oncología para iniciar ciclo de quimioterapia que debe recibirle este viernes, ya la clínica me dice que no van a atender la niña por la liquidación de la EPS, yo me comuniqué con Coomeva y me dicen que me deben atender hasta el 31”, contó Yesica Álvarez, madre de la menor.En ese mismo sentido, en redes sociales los usuarios de Coomeva EPS también se han quejado por la suspensión de sus servicios.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
