A partir del 1 de abril de 2025, la Fundación Santa Fe de Bogotá dejó de formar parte de la red de servicios de Coomeva Medicina Prepagada, según lo confirmó la entidad en un reciente comunicado dirigido a sus afiliados. La decisión marca un cambio importante en la prestación del servicio médico para muchos usuarios, aunque la compañía asegura que ha tomado medidas para mitigar el impacto.Coomeva informó que ha ampliado las instalaciones de su Centro Médico en Bogotá, ubicado en la calle 102 # 14A - 70, con el fin de garantizar la continuidad en la atención. Además, se han habilitado beneficios diferenciales en los cupones de pago directo y se mantiene activa una red de clínicas y especialistas reconocidos en la ciudad.Para quienes tienen citas agendadas en la Fundación Santa Fe de Bogotá después del 1 de abril, la entidad indicó que su equipo de atención se comunicará con cada usuario para ofrecer alternativas en su centro médico u otros prestadores aliados. Del mismo modo, los pacientes en tratamiento actualmente en la fundación recibirán acompañamiento para facilitar su transición a otros servicios sin afectar su proceso médico.Finalmente, Coomeva reiteró su compromiso con el bienestar de sus afiliados y aseguró que continuará fortaleciendo su red de atención para ofrecer servicios médicos de alta calidad. La entidad señaló que cualquier novedad sobre este proceso será comunicada oportunamente.
Después de que la Superintendencia de Salud liquidara, en este 2022, a las EPS Coomeva y Medimás, dejando a cerca de tres millones de usuarios perjudicados en manos de otras prestadoras de salud, el balance ha sido positivo.Son en total nueve EPS que pertenecen al régimen contributivo que ya están en contacto y prestando atención al 74 % de los pacientes trasladados, que habían interpuesto tutelas o que cursaban un tratamiento de alto costo. Se trata de las EPS Aliansalud, Comfenalco Valle, Compensar, Coosalud, Famisanar, Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y Sura.Según Acemi (asociación que agremia a las EPS del régimen contributivo en el país), el 17 %, en promedio (446.472), cursa un tratamiento y el 21 % tiene eventos de alto costo (525.052), que son enfermedades que tienen gastos muy altos por tratamientos y medicamentos, debido a su grado de complejidad. Además, el 0,9 % de esos pacientes, es decir un poco más de 23 mil, habían interpuesto previamente acciones de tutela para garantizar la prestación de servicios.Según el reporte de las EPS receptoras agremiadas, el número total de procedimientos efectuados o autorizados asciende a 4.452.604.“Aunque es una cifra importante, hacemos un llamado a los usuarios, en especial a aquellos que están en tratamientos, para que contacten a la EPS que les fue asignada, si aún no lo han hecho, y actualicen sus datos a través de los canales que cada entidad receptora ha definido”, dijo Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi.De acuerdo con las EPS, buena parte de la información recibida está desactualizada e incompleta, especialmente, lo que tiene que ver con la ubicación del paciente. Algunos datos no corresponden con el afiliado asignado, lo que complica la atención oportuna de los usuarios.Le puede interesar: escuche el podcast El Consultorio
La Corte Constitucional le hace una advertencia a los jueces del país acerca de que que los dineros del Sistema de Salud no pueden destinarse para pagar deudas de las IPS y ordenó al Banco Agrario restituir, antes de 48 horas, los más de 53 mil millones de pesos que fueron transferidos por el Banco AV Villas en cumplimiento de una orden judicial proferida por el Juzgado 15 Civil de Barranquilla en contra de la liquidada EPS Coomeva.La decisión fue adoptada al estudiar una tutela que presentó Coomeva EPS al considerar vulnerado su derecho al debido proceso, por la orden de embargo que dio el juez sobre “una cuenta maestra de recaudo en la que reposan dineros destinados a garantizar la operatividad de la entidad y la atención a los usuarios”.Según la Corte Constitucional, el juez alteró las condiciones definidas en la actual jurisprudencia constitucional respecto de “cuándo se pueden someter a embargo los recursos de la salud del sistema general de participaciones y realizó una incorrecta interpretación del alcance del principio de inembargabilidad y sus excepciones”.Lea también:La Corte le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que divulgue esta sentencia entre los despachos judiciales del país, con el fin de que los parámetros establecidos sean tomados en cuenta por los jueces de la República a la hora de resolver sobre la imposición de medidas cautelares respecto de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Según el alto tribunal, entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el Agente Interventor de Coomeva EPS S.A. y el Banco AV Villas, donde se encuentran las cuentas maestras investigadas, contribuyeron con los argumentos de la promotora de la acción.Escuche más noticias:
BLU Radio le sigue la pista al cartel de los embargos de la salud. Se conoció, por medio de dos quejas dirigidas a juzgados y a la Comisión de Disciplina a Judicial, la manera en que entidades prestadoras de salud y hospitales y clínicas estarían, presuntamente, embolatando el pago de más de 148.000 millones de pesos a la EPS Coomeva y Medimas, otra EPS que ha estado varias veces en el ojo del huracán.Precisamente, a esta última EPS le aparecen unos recobros por 8.943 millones de pesos ($8.943.972.669), que le está haciendo la prestadora de servicios de salud Dumian Medical, por lo que también denuncian que se trata del cartel de los embargos.Según Medimás, ese dinero no solamente ya se pagó, sino que la IPS no entregaba soportes que son necesarios a la hora de cobrar, como la historia clínica, contratos de la EPS y registros.Por medio de un informe radicado al Juzgado 12 del circuito de Bucaramanga, Medimás pide revisar los recobros y las cuentas, porque las facturas de la prestadora de servicios Dumian Medical, presuntamente, son falsas y, además, ese dinero supuestamente ya se había cobrado y pagado.BLU Radio consultó a la IPS Dumian MedicalLa prestadora de servicios Dumian Medical respondió en un documento de nueve páginas que se trata de una falsa denuncia, refiriéndose a la petición que elevó Medimás al juzgado. La IPS agregó que la EPS de una manera “descarada” alega que ese dinero ya se pagó y que no se ha violado ningún derecho fundamental del juzgado cuando embargó a Medimás por ese dinero.Medimás puso al tanto al juzgado de Bucaramanga sobre las irregularidades y esto ha propiciado que la misma Comisión de Disciplina Judicial le pidiera rendir cuentas a las secciónales del Huila, Santander, Atlántico y Bogotá.El defensor de las IPS que denuncian a Medimás y Coomeva EPSSe trata del abogado Jhon Franklin Ortiz Angarita, quien además de llevar el proceso de Dumian Medical contra Medimás, es el apoderado de varios procesos ante el Juzgado 15 Civil del Circuito, que llevaron a la EPS Coomeva a su liquidación. Cabe recordar que son más de 138.000 millones de pesos los que se encuentra estudiando la Comisión de Disciplina Judicial, si hacen parte o no del cartel de los embargos.La sociedad Rehabilitdemos LTDA es una de las IPS que demandó a Coomeva por no pagar los servicios, proceso del mismo apoderado Ortiz Angarita.
Personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la Universidad de Antioquia para realizar falsas ofertas de trabajo y estafar a las personas sin importar en qué ciudad se encuentre, según confirmó la propia entidad de educación superior, que aprovechó para llamar la atención de la ciudadanía para que no caiga en estas falsas ofertas.Recientemente la universidad fue notificada que, a través de plataformas web especializadas en publicar ofertas laborales, se están dando casos de suplantación con el nombre y la imagen de la universidad y, una vez los interesados aplican a la oferta, son contactados supuestamente por los empleados de la institución, quienes les exigen consignar o transferir dinero como parte de un fraudulento proceso de contratación. Las estafas, sin embargo, las realizan también a nombre de entidades como Coomeva y Savia Salud."Recibí una llamada telefónica de una persona desde Bogotá haciéndose pasar por alguien vinculado a Coomeva. Me dijo de la oferta de trabajo, pero me decía que para que continuara en la oferta tenía que realizar algunos cursos que tiene que tener el personal de salud", detalló una de las personas víctima de estafa.Unos cursos costosos, pero le ofrecían la posibilidad de realizarlos con la supuesta empresa, por lo que tenía que consignar un dinero."Hicimos la consignación y luego empezaron con un montón de cuentos. Me bloquearon de Whatsapp, ya no recibían las llamadas y no volvieron a responder", añadió.La mujer llamó a tiempo a la entidad bancaria donde realizó la transacción, entonces pudieron bloquear las cuentas y, posteriormente, denunció ante la Fiscalía para poder obtener la devolución del dinero consignado: cerca de 300.000 pesos.En el caso de la Universidad de Antioquia informan que, ante cualquier llamada telefónica o correo electrónico en el que se te ofrezca una vinculación laboral con la UdeA, pidan información de la dependencia o proyecto universitario responsable de la oferta, así como el nombre y cargo de la persona líder del proceso.También puede comunicarse a las líneas gratuitas de atención al ciudadano 018000 416384 o en las redes sociales.Escuche el podcast BLU 4.0:
El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer las EPS que recibirán a los casi 1,2 millones afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado de Coomeva EPS en liquidación a partir del 1 de febrero."Son catorce aseguradoras las que reciben a estos usuarios en 23 departamentos del país, dando prioridad al derecho fundamental a la salud de los colombianos, garantizando la calidad, oportunidad, continuidad y atención en salud de los afiliados y sus familias", explicó Iván Mesa, director de Aseguramiento del Ministerio de Salud y Protección Social.Durante los últimos días del mes de enero de 2022, Coomeva EPS en liquidación deberá seguir ejecutando la gestión del aseguramiento de esta población y, a partir del 1 de febrero, las EPS receptoras deberán empezar a garantizar este derecho a cada uno de estos nuevos usuarios.Así quedaron distribuidos:Nueva EPS : 293.117EPS SURA: 199.090EPS Sanitas: 170.281Salud Total: 154.660Coosalud: 130.338Famisanar: 56.899Compensar: 54.545Comfenalco Valle: 39.521Cajacopi: 24.719Mutual Ser:23.536Comfaoriente:12.122Salud mía: 5.966Aliansalud EPS: 4.374Mallamas EPSI: 4Tras esta distribución, los usuarios de Coomeva EPS en liquidación podrán conocer a qué EPS fueron asignados ingresando a Consulta afiliados asignados a otras EPS.Escuche el podcast Linero, el 'man' en Mañanas:
La decisión de liquidación de Coomeva pone en aprietos el sistema de salud y atención en Antioquia, pues al menos 230.000 afiliados quedan en vilo y a la espera de que los trasladen a otras EPS. El Colegio Médico de Antioquia teme por el futuro de los tratamientos de los usuarios.La preocupación también está con los hospitales del departamento, en especial los públicos, pues si antes había atrasos con los pagos por servicios ya prestados, ahora no saben si se van a pagar o no esas deudas.Luis Alberto Martínez, presidente de Aesa, aseguró que las deudas de esta EPS con los hospitales públicos asciende a los 750 mil millones de pesos, y se suma a lo que ya han dejado de pagar otras entidades como Salucoop, Café Salud y Cruz Blanca, también liquidadas.“Pues entran en un proceso muy tortuoso de reconocimiento de acreencias a los diferentes prestadores de salud, en este caso hospitales públicos y privados de Antioquia, pero viene luego etapa de reclamación y Coomeva debe hacer líquidos sus activos para tener recursos y responder”, manifestó el doctor Martínez.Son varios usuarios que temen que los procedimientos que llevaban con la EPS queden interrumpidos, como Carolina Jiménez, una usuaria que asegura que no sabe a qué EPS la van a trasladar.“Si queda uno como preocupado, para qué EPS pasarse, las veces que tuve que utilizar la EPS no me fue muy bien, me tocó poner la queja ante la Superintendencia para que se me diera la autorización de un medicamento que no podía suspender”, relató.Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico, llama la atención frente al traslado de los usuarios de Coomeva a otras EPS, pide que se les permita continuar con los tratamientos ya iniciados y que se realicen sin ningún obstáculo. Además, criticó a las EPS como forma de intermediación.“Esta situación evidencia la inconveniencia de la intermediación financiera en el sector salud, por causa de la corrupción y deseo de lucro desmedido del sector privado”, criticó.Insistió esa intermediación de las EPS con los recursos de los colombianos y señaló que es indispensable una reforma del sector salud para que permita que el sistema pueda llegar a su fin.
Los pacientes de Coomeva EPS en Santander viven un verdadero calvario por la suspensión de sus servicios en salud tras la liquidación de dicha entidad prestadora de salud.En Bucaramanga se conoció el caso de una niña de dos años que debe recibir sus quimioterapias para tratar el cáncer de riñón que padece, sin embargo, su mamá denuncia que su IPS le canceló las citas que tenía programas y los servicios.“Me llamaron de la Clínica San Luis para cancelarme la cita que ella tiene de control de oncología para iniciar ciclo de quimioterapia que debe recibirle este viernes, ya la clínica me dice que no van a atender la niña por la liquidación de la EPS, yo me comuniqué con Coomeva y me dicen que me deben atender hasta el 31”, contó Yesica Álvarez, madre de la menor.En ese mismo sentido, en redes sociales los usuarios de Coomeva EPS también se han quejado por la suspensión de sus servicios.
El anuncio de la Superintendencia de Salud de liquidar la EPS Coomeva le cayó como baldado de agua fría a María Ramírez. Su hija tiene un trasplante de corazón hace 12 años y gracias a tutelas había logrado su atención."Tengo un control y un seguimiento dos veces al año en Medellín en la Cardio Vid, con un comité médico porque lógicamente es un trasplante de corazón y hay que hacerle el seguimiento y unos medicamentos que hay que cumplir con ellos. Entonces sí me preocupa mucho esta situación", señaló.Caso contrario, el de Adán Bernal, un paciente de cáncer, que decidió cambiar de EPS hace un mes. Después de tres años de lucha legal contra Coomeva, tutela en mano, con la Defensoría del Pueblo, prefirió cambiar: "Porque en Coomeva nunca logré lo que yo quería, que era que me dieran la sanidad divina o que me dieran una atención preferencial", manifestó. Dairo González, un habitante de Armenia, también se cambió de EPS al ver las dificultades con Coomeva. "Un médico de allá me operó y me fregó una pierna. Me tocó el nervio femoral y la pierna me quedó fregada", recordó Dairo.Ahora, los pacientes de Coomeva esperan que el cambio de EPS sea lo menos traumático posible para continuar amparados por un servicio de salud que salvaguarde sus derechos.Escuche más noticias del día:
A propósito de la reciente liquidación a la EPS Coomeva por deudas que le suman 1.7 billones de pesos. BLU Radio conoció otro foco del desangre de recursos de la salud que manejó está EPS. Sin embargo, en este caso Coomeva se muestra como víctima ante la Comisión de Disciplina Judicial por recobros en su sistema, una serie de facturas por pacientes ‘fantasmas’ y tratamientos de papel por más de 135.000 millones de pesos que presuntamente nunca existieron, pero que algunas clínicas y hospitales le están cobrando a la ya liquidada EPS. En la Comisión de Disciplina Judicial cursa un proceso contra varios juzgados de Barranquilla y de Corozal, que interpuso la EPS Coomeva porque de ese billón, que los tiene endeudados, 136.000 millones de pesos pertenecen presuntamente al cartel de los embargos, es decir, según la EPS, varias IPS no les pagaron, pasaron presuntamente recobros o facturas falsas y los juzgados, a favor de las IPS, embargaron a Coomeva en siete procesos diferentes por 135.000. 446.000 y 544.000 millones de pesos. Recordemos que por cada ‘paciente fantasma o tratamiento de papel´ por el cual se reclama, se le está quitando el acceso al sistema de salud a pacientes que realmente lo necesitan. Además, el dinero tampoco le estaría llegando a la EPS. Ante esta situación, el Gobierno, en cabeza de la ADRES, que depende del Ministerio de Salud, tendrá que revisar paciente por paciente, factura por factura, para saber si existen o no. Un proceso que puede durar años en investigación. Lo habitual que se demora la ADRES revisando las facturas que se le entregan a las EPS son 90 días, pero el problema es que los juzgados presuntamente hacían el embargo antes de esa revisión y los embargos a la salud son ilegales. El cartel de los embargos parece ser un negocio redondo, porque en medio de este limbo judicial de relaciones y tutelas, en distintos juzgados del país estas reclamaciones se hacen ante pequeños juzgados locales. Según la queja que llegó hasta la Comisión, los embargos que le hicieron a Coomeva son de los juzgados de Barranquilla y Corozal: • Juzgado primero civil del circuito de ejecución de sentencias de Barranquilla• Juzgado trece civil del circuito de Barranquilla• Juzgado primero promiscuo del circuito de Corozal• juzgado quince civil del circuito de Barranquilla• Juzgado segundo civil del circuito de ejecución de Barranquilla Además, la Superintendencia de Salud interpuso en contra del magistrado Jorge Eliecer Mora Copera y el conjuez Teodoro Antonio Deyongh del Tribunal Superior de Barranquilla, una queja disciplinaria por estos casos. Este cartel de los embargos de la salud ya lo tienen identificado desde la Comisión de Disciplina Judicial en donde lleva años siendo denunciado. En este momento cursan en la Comisión Judicial más de 10 casos por el Cartel de los embargos de la Salud. Ahora Coomeva va a ser liquidada por una deuda que está cerca de 1.7 billones de pesos, y aunque recibiera los 136.000 millones de pesos que denuncia le quitaron los juzgados injustamente, no le alcanzaría para pagar esta multimillonaria suma.Además, según la queja conocida por BLU Radio, Coomeva aún tiene en cola un embargo por 46.000 millones de pesos, que el juzgado segundo civil del circuito de Barranquilla le embargó por una deuda a la UCI del Caribe S.A. y otros. Ahora lo que tiene que resolver la Comisión de Disciplina Judicial es si los juzgados que ya habían embargado a EPS Coomeva pertenecen o no al cartel de los embargos.Escuche la noticia en Meridiano BLU:
La fuerte caída del dólar en Colombia ha sorprendido tanto a analistas como a ciudadanos. Con una tasa de cambio cercana a los $3.250, el peso colombiano se convirtió en la moneda con mejor desempeño frente al dólar en el mundo, un comportamiento que, según el economista y gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, Felipe Campos, responde principalmente a factores internos y a las expectativas que han generado las primeras señales del nuevo Gobierno.Durante una entrevista, Campos explicó que para entender el comportamiento de la tasa de cambio es necesario analizar tres niveles. El primero corresponde al contexto internacional, donde el panorama no justificaría una caída del dólar en Colombia."Este año el dólar en el mundo está subiendo 3%. Muy poquitas monedas están cayendo frente al dólar en todo el mundo", afirmó. El economista recordó que la fortaleza de la divisa estadounidense obedece a factores como la inflación global, el comportamiento de los precios del petróleo y la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.El segundo nivel corresponde a América Latina. Allí, explicó, el buen desempeño de algunas economías exportadoras de materias primas, especialmente petróleo, ha favorecido la apreciación de monedas como el real brasileño, el peso mexicano y el colombiano. Sin embargo, advirtió que este factor solo explica una parte de la caída del dólar."De los 600 pesos que está cayendo el dólar en Colombia, uno afuera lo puede explicar por mucho 100 o 200 pesos del tema internacional, sobre todo por el lado del petróleo", señaló.Para Campos, la verdadera explicación está en el tercer nivel: la coyuntura interna. Aunque reconoció que las altas tasas de interés del Banco de la República han contribuido a estabilizar la moneda, considera que no son suficientes para explicar una apreciación tan marcada.En su opinión, el principal impulso proviene de la confianza que han generado las promesas del nuevo Gobierno, particularmente en materia fiscal."Por primera vez en décadas, la primera política de un Gobierno es decir que va a recortar una barbaridad de plata. Eso es música para los mercados por el problema fiscal", aseguró.El economista comparó la reacción de los mercados con la vivida hace cuatro años tras la elección de Gustavo Petro. En ese entonces, recordó, el dólar reaccionó al alza por la incertidumbre frente a las propuestas del nuevo mandatario."Nos estamos saliendo del mundo por unas promesas políticas y hay que ver cuáles puede cumplir y cómo las va a cumplir", explicó, al advertir que la evolución de la tasa de cambio dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para materializar sus anuncios.Frente a la pregunta sobre si este es un buen momento para comprar dólares, Campos fue prudente. Aunque considera que la divisa estadounidense ya no tendría una tendencia alcista sostenida, recomendó mantener una parte del patrimonio en dólares como mecanismo de protección."El dólar siempre es bueno tenerlo, pero yo ahorita lo considero un seguro de vida. No pienso que usted se va a volver rico, pero si algunas cosas pasan mal, le va a ayudar a diversificar", sostuvo.Incluso proyectó que durante el próximo año la tasa de cambio podría mantenerse en un rango entre $2.800 y $3.200, reflejando un escenario de mayor estabilidad para la moneda colombiana.Campos también descartó que una eventual reducción de las tasas de interés represente un riesgo para el peso. Por el contrario, explicó que una inflación más baja y una política monetaria menos restrictiva atraerían inversionistas de largo plazo, como fondos de pensiones internacionales, fortaleciendo la confianza en el país.Respecto a las perspectivas económicas, recordó que los efectos de las decisiones del Banco de la República se sienten con varios meses de retraso. "Las tasas de interés cuando suben afectan la economía entre ocho y doce meses después", indicó, razón por la cual el menor crecimiento previsto para el próximo año respondería, en buena parte, al endurecimiento monetario aplicado durante los últimos meses.Finalmente, destacó que, pese a los episodios de incertidumbre política registrados antes de las elecciones, Colombia continúa siendo un destino atractivo para los inversionistas extranjeros gracias a los altos rendimientos que ofrecen los bonos de deuda pública.
La Asociación de Ciudades Intermedias (Asointermedias), que agrupa a 52 municipios clave del país, ha formalizado su disposición para trabajar de la mano con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. El alcalde de Yumbo y vocero de la agremiación, Edgar Ruiz, confirmó que ya han entregado un documento con 10 iniciativas estratégicas diseñadas para integrarse al próximo Plan Nacional de Desarrollo.Ruiz destacó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga la relevancia económica y social de los territorios que representa, señalando que estas ciudades no son solo centros urbanos, sino motores de desarrollo. “Somos 52 ciudades intermedias que aportamos a la nación el 23.7% del PIB y que somos 14 millones de habitantes”, indicó el mandatario. A pesar de no ser capitales departamentales, el vocero subrayó que son un ente “independiente y complementario” que busca soluciones directas desde los territorios para las necesidades de los colombianos.Seguridad y tecnología: el bloque urbanoUno de los puntos en los que existe mayor coincidencia con el plan de gobierno "Patria Milagro" es el fortalecimiento de la seguridad. Ruiz manifestó que la asociación ve con buenos ojos la creación de los bloques de seguridad urbana propuestos por De la Espriella.“Sería muy interesante poderlo fortalecer con sistemas tecnológicos para tener en las ciudades intermedias más cámaras que tengan reconocimiento facial, que tengan reconocimiento de placa”, aseveró. El objetivo, según el alcalde, es permitir la georreferenciación del delito y aumentar el pie de fuerza para prevenir actos criminales en los territorios.Infraestructura y reactivación económicaEn materia de competitividad, Asointermedias celebró la designación de Elsa Noguera como futura ministra de Transporte y su intención de reactivar las vías 4G y 5G. Ruiz puso como ejemplo la vía Mulaló-Loboguerrero, que conecta a Yumbo con Buenaventura, como una obra vital para el suroccidente colombiano.“Con todas estas obras vamos a reactivar economía, vamos a volvernos más competitivos y llegará inversión extranjera”, afirmó el mandatario, recalcando que las ciudades intermedias aportan actualmente el 50% en los índices de productividad y formalizaron el 17.1% del empleo el año pasado.Finalmente, el vocero hizo un llamado a profundizar en la descentralización para garantizar que los recursos lleguen con equidad a las regiones. “Queremos que se pueda avanzar en la ley de competencias para poder reglamentar esos recursos que deben llegar con equidad a los territorios”, afirmó. Asimismo, instó al gobierno nacional a apoyar el ordenamiento territorial inteligente, ya que muchas ciudades intermedias carecen de fondos para actualizar sus planes de ordenamiento (POT) y requieren de la tecnología para un uso eficiente del suelo. “Tenemos todas las puertas abiertas, los alcaldes y las alcaldesas lo estamos esperando para que podamos articularnos”, concluyó Ruiz, reiterando la invitación al presidente electo a visitar regiones como Antioquia, el Valle y el Pacífico.Escuche la entrevista aquí:
Un sismo de magnitud 3,9 se registró este viernes en Venezuela, con el epicentro a 10 kilómetros al noreste de la parroquia Naiguatá, en el estado La Guaira, así lo dio a conocer la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).Debido a la ubicación del epicentro en el litoral central, el sismo se sintió con particular claridad en las zonas costeras y en varios sectores de Caracas, donde ciudadanos reportaron la vibración en edificios y viviendas a través de redes sociales.Sin reportes de dañosA pesar de la alarma inicial entre la población, la magnitud de 3,9 se considera moderada. Funvisis y los organismos de gestión de riesgos no han informado sobre afectaciones materiales de gravedad ni víctimas como consecuencia del temblor.Sin embargo, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma y estar atentos a los canales oficiales ante posibles réplicas.
La agresión de una profesora contra una estudiante en plena jornada escolar quedó registrada en video y desató una fuerte polémica en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que la docente sostiene una acalorada discusión con la menor, la reta a llevar a sus padres al colegio y, segundos después, la golpea e insulta frente al resto de sus compañeros. El caso generó indignación entre cientos de usuarios y dio paso a una investigación por parte de las autoridades.El hecho ocurrió en el Centro Educativo República de Cuba, ubicado en la comunidad de Nueva Esperanza, en Morazán, Yoro, Honduras. De acuerdo con el video que comenzó a circular en plataformas digitales, la profesora, identificada como Perla Díaz, reprendía a la alumna por su comportamiento dentro del salón de clases. Durante el intercambio de palabras, la docente le exige que lleve a sus papás a la institución para hablar sobre la situación, pero poco después pierde el control y le propina una cachetada mientras la insulta con expresiones ofensivas.En otro momento de la grabación, la profesora se percata de que otra estudiante está registrando lo sucedido con su teléfono celular y decide quitarle el dispositivo para impedir que continúe grabando.Tras conocerse los hechos, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició las diligencias correspondientes y sostuvo comunicación con el director de la institución educativa para recopilar información. Debido a que la presunta víctima es menor de edad, parte del proceso se manejó inicialmente bajo reserva.Horas después, la Policía Nacional de Honduras confirmó la detención de Perla Díaz. Según informaron las autoridades, la profesora es investigada como presunta responsable del delito de trato degradante y fue puesta a disposición del Ministerio Público, entidad que continuará con el proceso judicial de acuerdo con la legislación vigente.Después de la captura, una de las hijas de la docente salió públicamente en defensa de su madre. Si bien reconoció que lo ocurrido fue un error, aseguró que la familia lamenta profundamente la situación y considera que la profesora ha sido expuesta de manera desproporcionada."Mi mamá ha dedicado su vida al magisterio y nunca había pasado algo así", expresó la joven, quien señaló que tanto ella como su hermana también son maestras y conocen de primera mano el compromiso de Perla Díaz con la educación.Además, explicó que su madre perdió a sus padres cuando tenía apenas 11 años y que durante años ha contribuido al bienestar de la comunidad educativa, incluso financiando con recursos propios actividades escolares, materiales didácticos y vestuarios para eventos culturales.No obstante, aclaró que la familia no pretende justificar la agresión. Según indicó, la profesora ya había manifestado anteriormente que la estudiante presuntamente le había faltado al respeto en otras oportunidades y que ese día volvió a responderle de forma desafiante durante la clase.
La Jefatura de Despacho de la Presidencia de la República respondió formalmente a la solicitud del equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, negando el apoyo institucional para realizar visitas anticipadas a instalaciones militares con miras a una eventual posesión presidencial fuera del Capitolio Nacional. El documento califica la petición de la delegación entrante como "no procedente", señalando que el gobierno actual no tiene la competencia para autorizar que la ceremonia se realice en una sede distinta a la tradicional.Las cinco sedes en disputaLa solicitud había sido presentada formalmente el pasado 8 de julio por Nicolás Gómez Arenas, designado jefe de Despacho del gobierno entrante. La delegación de empalme protocolario, que también incluye a Sebastián Restrepo, Rodrigo Pinzón Navarro y al coronel en retiro Jorge Iván Pantoja Mora, buscaba apoyo para recorrer cinco escenarios militares considerados como posibles sedes para el 7 de agosto.Entre los puntos solicitados para inspección se encontraban la Vigésima Brigada en Popayán, el CACOM 7 y el Cantón Militar Pichincha en Cali, la Base de Tolemaida y la CAMAN en Madrid, Cundinamarca. Sin embargo, la Presidencia aclaró que la solicitud de logística militar no tiene fundamento para ser tramitada por la vía del Ejecutivo.Los pilares jurídicos de la negativaEl sustento de la Jefatura de Despacho para negar las visitas se apoya en tres argumentos legales fundamentales:Protocolo Presidencial: El decreto 770 de 1982 establece que la posesión debe darse obligatoriamente ante el Congreso Nacional reunido en el CapitolioAutonomía del Congreso: Según la ley 5 de 1992, solo el propio Congreso de la República, mediante un acuerdo entre ambas cámaras, tiene la facultad de trasladar su sede a otro lugar. Ni el gobierno saliente ni el entrante poseen esa atribuciónProhibición de armas: La carta invoca el artículo 223 de la Constitución, el cual prohíbe el porte de armas en sesiones de corporaciones públicas, lo que representaría un conflicto legal al realizar una sesión del Congreso en instalaciones militaresAunque la respuesta no cierra definitivamente la puerta a una posesión en una base militar, traslada la responsabilidad total al nuevo Congreso, que se instalará el próximo 20 de julio.A menos de un mes de la transmisión de mando, queda planteado el interrogante de si en apenas dos semanas y media el legislativo logrará surtir el trámite de traslado de sede o si, por el contrario, Abelardo de la Espriella deberá ceder y posesionarse en el Capitolio Nacional como manda la tradición. Con esta postura, el gobierno de Gustavo Petro se limita a aclarar que la decisión escapa a su competencia y queda bajo la voluntad y gestión del Congreso entrante.
