Más de 39 mil denuncias por fraude digital fueron registradas en Colombia durante el primer semestre del año, de acuerdo con cifras de Asobancaria. Ante este panorama, el Banco de Bogotá alertó sobre la evolución de las modalidades de ciberdelito y señaló que los delincuentes están recurriendo a estrategias de ingeniería social para manipular a sus víctimas y obtener información confidencial o desviar su dinero.Los fraudes bancarios han evolucionado y ahora los delincuentes adaptan sus métodos de engaño de acuerdo con el perfil y la etapa de vida de sus víctimas. La estrategia consiste, principalmente, en generar confianza, miedo o sensación de urgencia para conseguir que las personas entreguen información personal, claves o datos financieros. Una de las modalidades identificadas son las llamadas fraudulentas, en las que los delincuentes se hacen pasar por funcionarios de entidades financieras y advierten sobre supuestos bloqueos de cuentas o movimientos sospechosos. Con estas llamadas buscan generar preocupación y presionar a las víctimas para que entreguen sus claves o información personal. Esta modalidad afecta principalmente a los adultos mayores.También están las ofertas falsas y fraudes a través de redes sociales, dirigidos especialmente a jóvenes y nativos digitales. En estos casos, los delincuentes utilizan promesas de dinero rápido, atractivas ofertas laborales, descuentos aparentemente imperdibles o inversiones con rentabilidades irreales para captar la atención de sus víctimas.Otra modalidad corresponde a la suplantación de identidad y los comprobantes falsos, que puede afectar principalmente a emprendedores e independientes. Los delincuentes alteran documentos de pago, utilizan enlaces maliciosos de cobro o se hacen pasar por clientes y proveedores con el propósito de desviar recursos.A esto se suma el phishing masivo, mediante el cual los delincuentes duplican páginas web de entidades públicas y privadas para hacerlas pasar por portales oficiales de pagos o trámites. A través de enlaces que pueden parecer legítimos, buscan obtener credenciales y datos financieros de los usuarios. Esta amenaza puede afectar a cualquier persona.Pero los riesgos no se limitan al entorno digital. El Banco de Bogotá también alertó sobre una modalidad presencial que estaría en aumento, se trata de la suplantación de mensajeros o domiciliarios. Los delincuentes llegan hasta el domicilio del cliente y, bajo diferentes pretextos, intentan realizar el llamado “cambiazo” de la tarjeta o fotografiarla para posteriormente utilizar sus datos en compras electrónicas.Marcela Villegas, vicepresidenta de Riesgos y Cumplimiento del Banco de Bogotá, explicó que las modalidades de fraude están cambiando continuamente y que los delincuentes combinan , mensajes, redes sociales y llamadas para generar urgencia y aprovechar la confianza de las personas.Por esta razón, la entidad recordó que nunca solicitará claves, códigos OTP (contraseñas de un solo uso) ni datos confidenciales mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o servicios de mensajería instantánea. Ante cualquier situación sospechosa, recomienda verificar la información únicamente a través de los canales oficiales del banco y evitar ingresar a enlaces recibidos por mensajes de texto o entregar información personal a desconocidos.El aumento de las denuncias y la diversificación de estas modalidades evidencian la importancia de mantener medidas de prevención, verificar siempre el origen de las comunicaciones y desconfiar de solicitudes que busquen generar miedo, presión o la promesa de beneficios económicos rápidos.
Los delitos cibernéticos aumentan por el Mundial de fútbol debido a la interconexión de sistemas de boletería, plataformas de apuestas y canales de streaming. El escenario actual, que se juega en tres países simultáneamente, eleva los riesgos de campañas de phishing, robos de credenciales y difusión de malware, convirtiéndose en un objetivo crítico para los cibercriminales.Por qué aumentan los ciberataques durante el MundialLa actual Copa Mundial de la FIFA en Canadá, Estados Unidos y México incrementa la complejidad digital al pasar de 32 a 48 selecciones. Esta expansión genera un mayor uso de redes de telecomunicaciones, aplicaciones de movilidad, hoteles y aeropuertos interconectados."De la misma manera como la Copa dejó de ser un evento concentrado en un único país para convertirse en una operación distribuida globalmente, las organizaciones también han expandido drásticamente sus entornos digitales", explicó Bruno Lobo, gerente general de Commvault para América Latina. Según el experto, los datos corporativos dispersos en múltiples nubes y entornos híbridos crean un ecosistema complejo de proteger, repitiendo tendencias de Qatar 2022 y los Juegos Olímpicos de Tokio y París.Cómo proteger una empresa de ataques cibernéticosLa prioridad empresarial migró de evitar los incidentes a garantizar la continuidad del negocio cuando un ataque inevitablemente ocurra. Aunque las compañías recurren a las copias de seguridad (backup), las amenazas modernas apuntan a comprometer estos entornos de recuperación o permanecer ocultas por semanas.Para mitigar este riesgo, la industria tecnológica implementa herramientas avanzadas como las data clean rooms (DCRs), que permiten restaurar, analizar y validar los datos antes de regresarlos al entorno de producción."El objetivo ya no es solo recuperar datos, sino restaurar datos confiables. Con el uso de inteligencia artificial por parte de los criminales para automatizar ataques, garantizar que no se reintroduzcan códigos maliciosos en la red es tan importante como la propia velocidad de la recuperación", agregó Lobo.La resiliencia cibernética se consolida como el mayor diferencial competitivo para las organizaciones. "La verdadera medida de la madurez en ciberseguridad está en la capacidad de recuperar las operaciones con rapidez, confianza y seguridad", concluyó el especialista.
La suplantación de identidad continúa teniendo terreno en Colombia y ya se consolida como una de las modalidades de fraude que más preocupa a las autoridades. La Superintendencia de Industria y Comercio reveló que desde 2020 ha recibido 40.316 denuncias relacionadas con este delito, una cifra que evidencia el creciente uso indebido de datos personales para adquirir productos, contratar servicios o asumir obligaciones financieras a nombre de terceros.El delito tiene un impacto especialmente fuerte en el sector de las telecomunicaciones, 8 de cada 10 reportes se concentraron en esta actividad económica. De acuerdo con la SIC, entre 2022 y mayo de 2026 se registraron 13.983 reclamaciones por casos de suplantación, de las cuales 11.365 estuvieron asociadas a operadores de telefonía e internet. Las estadísticas también muestran una tendencia ascendente en las denuncias por fraudes relacionados con servicios de telecomunicaciones. Mientras en 2022 se reportaron 1.158 casos, para 2025 la cifra aumentó a 1.822. En total, durante los últimos cuatro años, la SIC recibió 4.718 denuncias vinculadas con irregularidades en procesos de contratación, facturación y suscripción de servicios.Frente a este panorama, la entidad puso en marcha la campaña denominada “No entregues la llave de tu identidad”, una estrategia de prevención que busca alertar a los ciudadanos sobre los riesgos de compartir información personal y brindar herramientas para identificar posibles intentos de engaño.Según el análisis realizado por la Superintendencia, muchas de las personas afectadas descubren el fraude cuando aparecen deudas que nunca adquirieron o reportes negativos en centrales de riesgo.Además de las pérdidas económicas, las víctimas enfrentan dificultades para acceder a créditos, productos financieros y otros servicios, lo que puede afectar de manera significativa su historial y reputación.La SIC informó que desde 2023 ha impuesto sanciones por más de 2.390 millones de pesos a operadores de telecomunicaciones que incumplieron los protocolos de validación de identidad de los usuarios.La recomendación a los colombianos es a no compartir códigos de verificación, desconfiar de mensajes o llamadas urgentes, evitar abrir enlaces sospechosos y revisar periódicamente el historial crediticio en entidades como Datacrédito y TransUnion.
La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los colombianos. Los robos y la violencia dominan hoy el debate político del país. Hurtos, extorsiones, estafas y delitos digitales hacen parte del día a día en varias ciudades y municipios de Colombia. A esto se suma el reconocimiento de las autoridades sobre una capacidad de respuesta insuficiente frente al alto volumen de denuncias.En ese contexto, desde el Congreso avanza una iniciativa que busca darle un giro al papel de la ciudadanía en la prevención del delito.Se trata de un proyecto de ley que ya superó su primer debate en la Cámara de Representantes y que promete convertirse en una de las apuestas más relevantes en materia de seguridad comunitaria, justo cuando la agenda electoral empieza a ocupar el centro de la discusión nacional.Ley de seguridad ciudadana busca frenar la delincuencia en ColombiaLa Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de Ley 161 de 2025, una iniciativa que recibió 10 votos a favor y solo 2 en contra. La propuesta busca crear un marco normativo para los llamados Frentes de Seguridad Ciudadana, figuras que ya existen en el país, pero que hasta ahora no cuentan con reglas claras ni un respaldo estructural del Estado.Según cifras de la Cámara, actualmente existen más de 1.900 frentes de seguridad en Colombia, integrados por alrededor de 46.000 ciudadanos. El objetivo del proyecto es fortalecer estas organizaciones para que tengan un mayor impacto en la prevención del delito y en la articulación con las autoridades.Ciudadanos y autoridades, una estrategia conjunta contra el delitoUno de los puntos centrales de la iniciativa es que no contempla la creación de grupos armados ni promueve la justicia por mano propia. Desde el Congreso se ha reiterado que la ley apunta a una articulación directa entre comunidad y autoridades, con acciones coordinadas, responsables y bajo supervisión institucional.Entre los principales objetivos del proyecto se destacan:Garantizar financiación pública para los frentes de seguridad.Fortalecer su estructura operativa a nivel local.Promover una participación comunitaria activa y organizada.Mejorar la prevención y atención de problemáticas de seguridad.La intención es que los ciudadanos cuenten con herramientas para organizarse, alertar y colaborar con las autoridades, sin exponerse a riesgos innecesarios ni asumir funciones que no les corresponden.Proyecto de Ley 161 de 2025 sigue su trámite en el CongresoEn las próximas semanas, la iniciativa continuará su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes. Allí se analizarán aspectos clave como los controles, los alcances reales del proyecto y las salvaguardas institucionales para evitar abusos o situaciones que pongan en riesgo a la comunidad.El proyecto fue presentado por los representantes Óscar Leonardo Villamizar, Christian Munir Garcés, Jhon Jairo Berrío, Juan Fernando Espinel, Edinson Olaya, Juan Felipe Corzo y Hugo Lozano, todos del partido Centro Democrático.
En un operativo desarrollado tras ocho meses de investigación, las autoridades capturaron en Antioquia a cuatro integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Ilegales, dedicado al hurto informático y la clonación de tarjetas bancarias. Entre los detenidos está alias “El Socio”, señalado como uno de los hackers más buscados de Suramérica durante 2024.Las diligencias se realizaron en Medellín, Itagüí y Bogotá, donde fueron allanadas seis viviendas. En los procedimientos se incautaron un revólver calibre 32, un arma traumática, seis cartuchos, cinco celulares, tres computadores, tres memorias USB, 15 tarjetas en blanco, una tableta, tres cascos de motocicleta, una motocicleta y más de 3.800 dólares en efectivo.De acuerdo con la investigación, los ilegales utilizaban la técnica conocida como “skimming”, mediante la cual instalaban dispositivos electrónicos y microcámaras en cajeros automáticos para copiar la información de las tarjetas y las claves de los usuarios. Con esos datos fabricaban tarjetas falsas utilizadas en compras y retiros no autorizados.Alias 'El Socio' era el encargado de instalar los dispositivos y liderar la parte técnica del grupo; Mafe gestionaba el desbloqueo de las tarjetas clonadas; mientras que Juli y Mari realizaban las transacciones fraudulentas.Las autoridades confirmaron que esta red extendía sus operaciones a países como República Dominicana, El Salvador, Chile, Panamá y Colombia. La investigación se inició tras denuncias de dos entidades comerciales afectadas por retiros irregulares y la instalación de dispositivos en cajeros.Hasta el momento se han identificado 81 víctimas y un perjuicio económico cercano a 130 millones de pesos, lo que convierte a Los Ilegales en una de las estructuras más activas en delitos informáticos de la región.
La Sala Plena de la Corte Constitucional tomó una decisión clave en un problema que afecta a miles de personas: cuando son víctimas de suplantación y empiezan a recibir cobros por parte de bancos y operadores de telefonía.El Alto Tribunal declaró la constitucionalidad, en la mayor parte de su texto, del proyecto de ley estatutaria que crea mecanismos de protección para las personas que son víctimas de suplantación de identidad frente a reportes negativos en centrales de riesgo y cobros indebidos por parte de entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y comercios.La iniciativa establece obligaciones concretas para operadores de información, entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y establecimientos comerciales, con el fin de proteger a las personas suplantadas.Esto se hará mediante medidas de seguridad digital para verificar identidades, validar documentación al contratar bienes o servicios, suspender cobros y reportes cuando haya sospecha de suplantación, y tramitar con prioridad las quejas de las víctimas.Asimismo, la ley define tipos de suplantación (física y digital) y obliga a crear canales de atención y rutas públicas de asistencia.Cuando una persona denuncia ser víctima de suplantación, el operador o la entidad debe suspender de inmediato el cobro del bien o servicio, incluyendo intereses y gastos de cobranza.Limitaciones y correcciones que ordenó la CorteLa Sala Plena declaró inconstitucionales algunas expresiones del artículo 5, en particular las frases que condicionaban la entrega de la información a la copia de la denuncia penal y a otros requisitos. Imponer la denuncia como requisito para acceder a la propia información vulnera los principios de transparencia y acceso al habeas data.La Corte ordenó que el texto del proyecto de ley estatutaria sea ajustado según su fallo, firmado por los dignatarios de ambas cámaras y remitido de inmediato a la Presidencia para sanción y promulgación.La norma entrará en vigencia seis meses después de su promulgación, con excepción de ciertos parágrafos del artículo 5 que operarán desde la promulgación, tal como lo señala la sentencia.
Colombia enfrenta una creciente amenaza de fraude digital que podría estar drenando silenciosamente las utilidades del comercio electrónico, según un nuevo estudio presentado por Koin, compañía experta en prevención de fraude, en alianza con la consultora Gmattos.El informe, titulado “El impacto del fraude online”, analiza cómo el vertiginoso crecimiento del e-commerce colombiano —que en 2024 alcanzó un volumen de 52.000 millones de dólares— ha traído consigo un incremento proporcional de riesgos operativos y financieros.Colombia: un mercado digital atractivo para los ciberdelincuentesCon un 95 % de los adultos bancarizados y un 88 % que ya ha realizado compras en línea, Colombia exhibe un alto nivel de digitalización. Sin embargo, esta misma madurez ha convertido al país en terreno fértil para fraudes digitales sofisticados.El estudio estima que el fraude online podría representar hasta el 1.9 % de los ingresos de una tienda virtual, al considerar no solo las pérdidas por transacciones fraudulentas (como chargebacks), sino también los gastos en infraestructura de prevención.En contraste, los comercios que operan con las soluciones de Koin reportan cifras significativamente menores: tasas de fraude de solo 0.10 % y un índice de rechazo del 1.5 %, lo que permite mejorar la conversión y rentabilidad de forma notable.Reducir el fraude mejora directamente la rentabilidadMás allá de evitar pérdidas, combatir el fraude digital de manera eficiente tiene un impacto directo sobre las ganancias de los comercios. Según el informe, reducir el fraude a la mitad puede incrementar el EBITDA hasta en un 30 %, mientras que mejorar la tasa de conversión en solo 5 puntos porcentuales puede aumentar la rentabilidad hasta en un 50 %.“Muchas plataformas antifraude están mal calibradas: rechazan operaciones legítimas, afectan la experiencia del usuario y frenan las ventas. Nuestra tecnología está enfocada en identificar perfiles positivos, no solo detectar amenazas”, explicó Dieter Spangenberg, Chief Fraud Officer de Koin.Redes delictivas y nuevas formas de fraude digitalEl estudio revela además un ecosistema delictivo estructurado que opera en múltiples niveles: desde la venta de bases de datos por tan solo 5 dólares, hasta la reventa de productos obtenidos con tarjetas robadas con descuentos de hasta el 50 %. Aunque el fraude con tarjeta de crédito sigue liderando (51 % de las transacciones), están surgiendo nuevas amenazas a través de métodos de pago instantáneo, como Pix en Brasil, que ya representa el 35 % de los pagos en línea de ese país.Koin ha traído esa experiencia a Colombia para anticipar tendencias similares, centrándose en la detección de fraudes en tiempo real con base en modelos predictivos de comportamiento del consumidor.Inteligencia artificial y aprendizaje automático: claves para proteger sin bloquearUna de las principales conclusiones del informe es que muchas pérdidas no provienen del fraude consumado, sino de transacciones legítimas que son rechazadas erróneamente. Por eso, Koin apuesta por algoritmos de machine learning personalizados según el tipo de comercio y perfil del cliente.Con una base de datos acumulada por más de 10 años, la empresa ajusta continuamente sus modelos para minimizar los falsos positivos, maximizar la aceptación y potenciar los ingresos.“El desafío no es solo detectar al estafador, sino validar de forma silenciosa y precisa la identidad digital de los compradores legítimos. Nuestro objetivo es asegurar una experiencia sin fricción, en la que el cliente real no se sienta observado ni interrumpido. Eso es lo que define a una plataforma antifraude moderna y centrada en la conversión”, concluyó Spangenberg.
El equipo de Migración Colombia dejó a disposición de la OCN, oficina central de Interpol, a un colombiano requerido con circular roja por fraude informático, el cual se encontraba en las salas internacionales del Aeropuerto José María Córdova y pretendía viajar a México.Cabe recordar que este año, en enero, ya se había realizado una detención en el aeropuerto de Rionegro a una persona con esta notificación de Interpol. Se trató de Nabil Abida, un narco francés que se hacía pasar por un empresario serbio y que era de los más buscados en Europa. En su país de origen era requerido por los delitos de tráfico de estupefacientes y asociación criminal y las autoridades esperaron a que se bajara del avión en Medellín para no permitirle el ingreso y trabajar en conjunto con la Interpol. En esa ocasión, igual que en la más reciente, los funcionarios de Migración Colombia identificaron en las salas internacionales que el individuo era requerido por la Interpol, así que fue puesto a disposición de las autoridades para que se hiciera efectiva la circular.La circular roja de Interpol es una notificación internacional en la que un país miembro solicita que se busque una persona y se detenga provisionalmente para que posteriormente sea extraditada o se enjuicie.
En redes sociales han circulado versiones de que, cuando al contestar una llamada en la que del otro lado del teléfono no habla nadie, se trata de delincuentes que intentan grabar la voz de la persona para recrearla con inteligencia artificial y exigir sumas de dinero a sus allegados, versión que aunque no ha sido confirmada por las autoridades, sí se conoció que indagan en el uso de nuevas tecnologías en este delito.El comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño, señaló que de los 1.327 casos de los que tuvieron conocimiento el año anterior, el 42% fueron extorsiones digitales, un indicio de que no solo la ciudadanía sigue cayendo, sino que continúan siendo más frecuentes las modalidades de falso servicio, la suplantación de un grupo al margen de la ley y la modalidad de devolución de bienes, que es ante el reporte de un objeto o bien hurtado, son contactados por personas que prometen devolverlo a cambio de una recompensa económica. "Con la utilización de inteligencia, seguramente sí, claro que sí. Ha habido casos de llamadas con lo cual utilizan modificación a la voz para poder intimidar a las personas para que caigan en el delito de extorsión", destacó Castaño.De momento, las autoridades insistieron a la ciudadanía denunciar inmediatamente este tipo de situaciones, no realizar pagos y corroborar que sea la persona directamente que está solicitando ayuda o dinero.De otro lado, destacaron que durante 2024 con la operatividad de las autoridades se logró que los grupos criminales dejaran de recibir más de 163.000 millones de pesos en extorsiones, a través de acciones de pedagogía que impactaron 400.000 personas en Medellín y su área metropolitana, con siete alianzas, 1.222 jornadas de capacitación, 308 conferencias, 6 encuentros antiextorsión, 58 reuniones estratégicas y 489 despliegues comunicacionales, desde el componente de prevención del Gaula.
Este jueves se reunió en Barranquilla el Frente de Seguridad Bancaria, del que hacen parte representantes del sector financiero, Gobernación, Alcaldía y Policía.Durante el mencionado encuentro, el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, reportó reducciones en diversas modalidades de robo que impactan al gremio bancario en este territorio."Tenemos 40% de disminución en materia de fleteo, 37% de reducción en los taquillazos, modalidad de hurto en entidad financiera, y una reducción del 14% en delitos informáticos", dijo."Es un importante resultado al igual que el de nuestra Seccional de Investigación Criminal que ha logrado 15 capturas, con dos estructuras desarticuladas", agregó.Alejandro Rincón, director de seguridad de Asobancaria, destacó que estas reducciones son resultado de un trabajo conjunto entre todas las autoridades, quienes deben seguir la lucha para poner tras las rejas a los delincuentes que atacan a los bancos y sus clientes.En la misma vía se pronunció Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia del Distrito: "esta articulación entre el sector privado, la Administración distrital, la Policía y Fiscalía siempre dan buenos resultados en materia de prevención, principalmente, pero también para adoptar estrategias que permitan atacar el delito", dijo.El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó, además, que este año se han logrado 5.100 capturas por diferentes delitos y 450 de ellas se han materializado a través de órdenes judiciales.A la fecha, el Distrito de Barranquilla ha entregado 409 motocicletas, 70 camionetas, más de 350 radios de comunicaciones y ha hecho la instalación de 100 cámaras de seguridad priorizadas en lugares estratégicos de la ciudad para mejorar la vigilancia en la ciudad y su área metropolitana.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
Las variaciones climáticas extremas entre temporadas de calor y lluvias están generando un impacto directo en el sector agrícola de Antioquia, donde la pérdida de cultivos por sequías e inundaciones amenaza con encarecer la canasta familiar. De acuerdo con un análisis económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, las afectaciones en las zonas de siembra del departamento reducirán la oferta de productos básicos, presionando el alza de precios en los mercados locales.El estudio, desarrollado por el docente e investigador Iván Montoya, señala que la alteración en las fuentes de agua impacta tanto a la agricultura como a la ganadería antioqueña, afectando la producción de leche, carne y vegetales. Según las proyecciones del analista, el desabastecimiento de alimentos y el incremento en los servicios de energía y agua podrían encarecer hasta en un 19 % el costo de la canasta básica de los hogares paisas, debido a los mayores costos que asumen los campesinos para mantener sus plantaciones. "Todas estas implicaciones macro muy seguramente van a tener repercusiones económicas en el bolsillo de los hogares; por un lado, se ha venido mencionando para ver un aumento, pues, en los costos de producción, sobre todo los costos agrícolas fundamentalmente, y eso va a generar un aumento en la producción de alimentos que termina generando, pues, inflación; ya había mencionado el caso", indicó el docente.El análisis económico contempla que la región Andina sufrirá el mayor impacto estructural por la disminución en los caudales de los ríos y una reducción de un tercio en las precipitaciones. Esta situación compromete a los embalses del interior del país, que concentran el 95 % de la capacidad nacional, y afecta a otras regiones como la Caribe, el Pacífico y la Orinoquía, donde la falta de agua de riego e inundaciones repentinas impiden que los cultivos prosperen, reduciendo la oferta de alimentos a nivel nacional.Ante la imposibilidad de aumentar la producción agrícola local por los daños en la tierra, la investigación prevé que el país deba recurrir a la importación de insumos y granos básicos mediante la revisión de salvaguardas comerciales; un panorama que ya se refleja en las calles de Medellín, donde comerciantes y familias observan transformaciones en sus dinámicas cotidianas y se abstienen de comprar ciertos productos que antes adquirían habitualmente, dado que, según señalan los propios habitantes, sus costos actuales se han vuelto inalcanzables. "Una semana dicen no, la otra semana sube tal cosa, entonces cada ratico están subiendo, están subiendo. Eso sí ha afectado y se han disminuido las ventas también. Nos han subido la crema de leche, nos suben el queso. Tenemos que subir de precio las cosas", indicaron algunos ciudadanos consultados por BLU Radio.Asimismo, el docente señala que este fenómeno generará una presión inflacionaria originada por la caída en la oferta de alimentos, lo que dejaría al Banco de la República con un margen muy reducido para bajar las tasas de interés en los próximos meses.
La decisión, con 23 votos a favor y ninguno en contra, se tomó en segundo debate del Proyecto de Ordenanza que busca garantizar la continuidad de los estudios y las etapas necesarias para sacar adelante el denominado Tren Multipropósito de Antioquia.Con esta capitalización se financiarán las fases 3 y 4 de la estructuración del proyecto, luego de que durante 2025 se completaran las dos primeras etapas. En ese periodo se revisaron los estudios de factibilidad, se actualizó la información técnica y la proyección de demanda de pasajeros y carga, y se evaluaron diferentes alternativas de trazado y financiación.Como resultado de ese trabajo, el corredor Bello-Puerto Berrío fue definido como prioritario para continuar con el desarrollo del proyecto ferroviario, que busca conectar el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio.La tercera fase contempla la actualización de estudios y diseños, la estructuración del modelo financiero y la definición de la matriz de asignación de riesgos. Posteriormente, en la cuarta etapa se elaborarán los documentos contractuales y los insumos necesarios para una eventual salida al mercado.Para ese proceso se contempla la posibilidad de utilizar un esquema de Asociación Público-Privada (APP) u otro mecanismo de financiación que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto.El corredor ferroviario priorizado tendrá una extensión de 182,1 kilómetros, desde Bello hasta Puerto Berrío, y conectará dos subregiones estratégicas del departamento: el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio.De acuerdo con la presentación del proyecto, su área de influencia comprende 12 municipios y una población estimada de 3.706.611 habitantes. Además, se proyecta como una alternativa para fortalecer la conexión logística de Antioquia y facilitar una eventual conexión con los puertos del mar Caribe.
Las autoridades en el departamento de Antioquia han alzado la mano para mostrar su preocupación por la guerra que se vive en el Suroeste antioqueño entre el Clan del Golfo y al menos 17 estructuras delincuenciales que están buscando apoderarse del territorio.Las alarmantes cifras fueron entregadas por la Gobernación de Antioquia quien advirtió que está buscando con el Ejército Nacional y la Policía Nacional la manera para poder acabar con la disputa que ha creado temor entre la comunidad.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que en esta subregión del departamento se han reportado algunos homicidios producto de la confrontación entre los grupos delincuenciales."Esos homicidios del enfrentamiento de criminales del clan del golfo contra criminales de 17 estructuras delincuenciales que quieren apoderarse del del microtráfico. Aquí sabemos que esta, que ha sido una zona pacífica trabajadora por excelencia, tiene una incidencia criminal bastante grande por cuenta de la factura de esa renta que persiguen estos bandidos", indicó el mandatario.Hay que mencionar que en el Suroeste antioqueño no solo hay presencia del Clan del Golfo sino también del ELN, que sería uno de los mayores dinamizadores de la violencia, y las disidencias que como en otras zonas del departamento estaría en alianza con el Clan del Golfo buscando mayor control territorial.Por ahora las autoridades en Antioquia están tras la pista de los intereses que hay detrás de los 17 grupos delincuenciales con presencia en el Suroeste antioqueño, ya que no se descarta que el ELN tenga relación con alguna de estas facciones que buscan quitarle las rentas ilícitas al Clan del Golfo.
En el Valle de Aburrá, la Policía Nacional adelantó dos operativos de control y registro que dejaron como resultado la captura de 13 personas y la incautación de cerca de 3.900 dosis de sustancias estupefacientes. Las acciones institucionales se desarrollaron de manera simultánea en el municipio de Bello y en el sector del centro de Medellín para contrarrestar el tráfico local de drogas y las economías ilícitas en ambas localidades.El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de El Carmelo, en el municipio de Bello, donde las patrullas de vigilancia interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres de 29 y 36 años. Durante la inspección, según el Teniente Coronel José Fernando Mazo, comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hallaron un bolso con cerca de 900 dosis de marihuana listas para su distribución. Los dos ciudadanos fueron capturados e individualizados para ser puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes."El procedimiento se desarrolló en el sector del Carmelo, donde nuestras patrullas de vigilancia durante actividades de registro y control interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban estos dos ciudadanos. Al realizar la inspección, nuestros uniformados encontraron en el interior un bolso con las sustancias estupefacientes, las cuales, de acuerdo con las verificaciones preliminares, iban a ser distribuidas en este sector". indicó.Por otra parte, en el barrio Estación Villa del centro de Medellín, la fuerza pública y la Alcaldía Distrital ejecutaron una intervención integral que culminó con la captura de 11 personas y la incautación de 3.000 dosis de sustancias ilícitas. En el sitio se materializaron tres órdenes judiciales por concierto para delinquir, receptación y falsedad marcaria, mientras que ocho personas más fueron judicializadas en flagrancia. Las autoridades precisaron que los detenidos presuntamente estarían vinculados al grupo delincuencial 'Los Carabanudos', alineado con la estructura 'La Terraza'.Entre los procesados en la capital antioqueña figura un hombre conocido como alias 'Cachetón', quien registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por tráfico de estupefacientes. Asimismo, de acuerdo con el Coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se capturó a una mujer identificada como alias 'La Cucha', señalada por las investigaciones de administrar una vivienda que era utilizada como centro de acopio y expendio de sustancias alucinógenas y otras actividades delictivas en el sector."Entre los capturados se encuentran alias Cachetón, quien registra nueve anotaciones por tráfico de estupefacientes, y alias La Cucha, señalado de administrar un inmueble utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas. Estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida para contrarrestar las economías criminales y prevenir hechos de violencia", señaló. Durante la jornada en el centro de la ciudad, los uniformados decomisaron 97 armas cortopunzantes, recuperaron dos motocicletas reportadas como robadas y aplicaron el cierre temporal a tres establecimientos comerciales por incumplimiento normativo. Los 13 capturados en ambos municipios quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.