La Agencia Jurídica del Estado aseguró que la decisión de la Corte Penal internacional de archivar las investigaciones por violaciones de derechos humanos, es un reconocimiento al sistema judicial colombiano, incluida la JEP, y llamó la atención de este último organismo a no “sembrar nubarrones” en la comunicación.La disputa entre el presidente Iván Duque, y el magistrado Eduardo Cifuentes, de la JEP, continúa luego de cocerse la decisión de la Corte Penal Internacional de archivar las investigaciones por presuntas violaciones de DD.HH. En su momento, el magistrado Cifuentes dijo que sobre este tema el Gobierno desconoce la Jurisdicción Especial de Paz.Precisamente en las últimas horas la tensión se agudizó por cuenta de la Agencia Jurídica del Estado, quien le envió esta carta a la JEP pidiéndole no insinuar que el presidente fue obligado a firmar el acuerdo de cooperación entre el Gobierno y la Corte Penal Internacional para trabajar de manera más estrecha, "el presidente firmó el acuerdo con la CPI de manera convencida, el día anterior revisamos el documento completo”, precisó Camilo Gómez, director de la agencia.Añadió que la investigación preliminar de la Corte contra Colombia se archivó gracias a un informe de la Agencia Jurídica donde explicó cómo funciona el sistema judicial colombiano, incluida la JEP.“Creo que aquí no se trata de ver quien ha hecho más o quien ha hecho menos, sino que se nota un Estado y un sistema de justicia andando, positivo", puntualizó.Sin embargo, para el magistrado de la JEP, Eduardo Cifuentes, la CPI archivó la investigación por otra razón, “la JEP es el único órgano de la justicia en Colombia que tiene competencias semejantes a la CPI, si no existiera esa capacidad en Colombia a través de la JEP, nunca se habría levantado esa investigación preliminar, son los logros de la JEP los que llevaron a levantar esa investigación".Sobre la carta, BLU Radio conoció que los dos juristas conversaron y dieron por superado el impase.Le puede interesar. Escuche las Noticias del día en Spotify:
La tensión entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el presidente Iván Duque y el resto del uribismo aumentó luego de la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de archivar la investigación preliminar sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en Colombia.En dicha decisión de la CPI, según explicó el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción, se hace un reconocimiento a la JEP por sus logros en los últimos años. “Es una buena noticia para las víctimas, para Colombia, es el reconocimiento a un trabajo intenso”, dijo en Mañanas BLU.Sin embargo, la tensión se marcó, sobre todo, cuando se realizó el anuncio en la Casa de Nariño, pues el presidente Duque no mencionó a la JEP en sus declaraciones.“Fue contrastante las repetidas afirmaciones del fiscal de la CPI, Karim Khan, sobre los logros de la JEP y las obligaciones que se le imponen al Gobierno y el presidente no hizo una mención en ese sentido”, señaló Cifuentes.En ese sentido, el magistrado agregó que fue cierto que él le reclamó al mandatario: "Yo le dije, presidente (Duque), pareciera que para usted no existiera la JEP. Él no contestó, pero de todas maneras firmó el documento. (…) Yo no me hago cargo de las debilidades de personalidad de los sujetos. Yo aplico el derecho y entiendo que en este documento el jefe de Estado asume y reitera sus compromisos derivados de la Constitución y el Estatuto de Roma".Por otro lado, el magistrado Cifuentes advirtió que, de aprobarse un proyecto del Centro Democrático que modifica la funcionalidad de la JEP, la CPI podría reversar su decisión.“Ese proyecto busca alterar la estructura constitucional informativa de la Jurisdicción. De tener curso positivo, sería una causal de intervención de las CPI”, manifestó.Y es que, según el magistrado, la iniciativa del uribismo “introduce una unidad de investigación especial para militares, crea una sala de reconocimiento para militares, crea una sección de revisión para militares, crea una sección de apelación para militares. (…) Altera la estructura normativa de la Jurisdicción”.Uribismo le responde al presidente de la JEPTras las palabras del magistrado Cifuentes sobre el proyecto del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia afirmó que la “JEP tiene unos problemas de legitimidad”.Además, se refirió sobre la advertencia del presidente de la Jurisdicción: "Yo no quiero interpretar el mensaje del fiscal de la CPI como una amenaza contra la libertad democrática de los colombianos. Esa interpretación del presidente de la JEP es amenazante".Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
La Corte Penal Internacional (CPI) decidió en las últimas horas retirar la etapa de investigación preliminar en Colombia sobre violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Parte de los acuerdos que firmaron el presidente Iván Duque y el fiscal de la CPI, Karim Kham está en la autonomía que tendría la Justicia Especial para la Paz con recursos económicos e independencia política para tratar y estudiar los macro casos en el marco del proceso de Paz.Ante esto, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, alegó que no se permitirá que movimientos políticos quieran modificar la Jurisdicción Especial para la Paz de acuerdo a intereses privados y que si esto llega a suceder, la CPI retomaría sus investigaciones preliminares en el país.“El proyecto que ha radicado el Centro Democrático en el Congreso de la República para alterar la Jurisdicción Especial para la Paz, para crear en su interior salas para militares, es una afrenta directa a este acuerdo. Un proyecto de esos inmediatamente pondría en acción a la Corte Penal Internacional tal y cómo ha quedado plasmado en el acuerdo que ha suscrito hoy el presidente Duque”, explicó el magistrado Cifuentes.El magistrado Cifuentes, a su vez, declaró en Mañanas BLU 10:30 que junto al fiscal general de la Nación, se han establecido un marco de lo que debe respetar tanto este gobierno, como los futuros, sobre los compromisos de la JEP. Esto porque en Colombia, la Jurisdicción Especial ha dado resultado respecto a la investigación de dichos actos desarrollados en el conflicto armado. Además porque se seguirá en una relación estrecha con la CPI.De igual forma, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa se comprometió a velar por la independencia de la JEP en el país para seguir trabajando e investigando sobre crímenes cometidos en el marco de la violencia nacional.“Cómo fiscal general de la Nación, me opondré personalmente a cualquier modificación o alteración a la Jurisdicción Especial para la Paz y seré un opositor de grupos o partidos o movimientos que pretendan alterar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Quiero que quede claro para el país, de que el fiscal general está jugado con la institucionalidad en Colombia”, mencionó el fiscal Barbosa.Desde la JEP y la Fiscalía se comprometen a trabajar en conjunto para fortalecer esa independencia de la jurisdicción. Por parte de los acuerdos firmados, la CPI tendrá periódicamente reuniones con el Gobierno colombiano para evaluar cómo avanzan estos procesos en el país.El magistrado Cifuentes expreso también el los micrófonos de BLU Radio que tras el discurso del presidente Iván Duque por el reconocimiento de la CPI sobre que "Colombia está a la altura de las obligaciones internacionales", tuvieron un acercamiento en el cual le comunicó que la JEP existe. Esto debido a que en el discurso realizado por el mandatario, no mencionó de forma directa al organismo."Yo creo que en la presentación del presidente Duque, no se resaltó el papel central de la Jurisdicción Especial para la Paz, por eso yo le dije al presidente, después de su intervención, la JEP existe señor presidente".Escuche las declaraciones del magistrado Eduardo Cifuentes en Mañanas BLU 10:30:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
El Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, explicó en Mañanas BLU las razones por las que Musa Besaile fue expulsado de esta jurisdicción."La sala no encontró que sus supuestos aportes a la verdad sean relevantes en su caso, eran generalidades. Quienes no hacen aportes a la verdad resultad expulsados por un incidente de incumplimiento. La JEP no puede ser un escampadero de políticos", enfatizó el presidente de la Justicia Especial de Paz en BLU Radio."Se limitó a repetir lo que ya había señalado"El magistrado Cifuentes dijo que la información que reveló Besaile "no era exacta ni concreta".¿Podría volver a la JEP Musa Besaile si decide hablar con la verdad?"Solo en Cien Años de Soledad hay oportunidad para este señor", aseveró el magistrado Cifuentes.Escuche la entrevista completa aquí:
El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, presentó ante el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, un informe sobre el asesinato y la violencia que están viviendo los líderes sociales y excombatientes desde la firma del acuerdo de paz. Esto, para solicitarle trazar una hoja de ruta que detenga el asesinato de estos actores del proceso de paz.Allí, señaló que desde que desde el año 2016 y hasta el 2020, se ha presentado el asesinato de 904 líderes sociales, una cifra mucho más alta de la que se había registrado por el mismo organismo de 864 víctimas de este hecho.Sobre la situación, el magistrado Cifuentes expresó: "La pregunta no es cómo afrontar la situación presente (la violencia contra líderes sociales y excombatientes), pues la respuesta se conoce hace tiempo. Es más bien cuándo y si mañana no será demasiado tarde".Además, la JEP señaló que estos homicidios vienen en aumento desde el 2016 y el pico más alto se registró en el 2020, con 297 asesinatos. Esto, ha afectado mayormente a 17 zonas del país que concentran el 32% de los casos. Entre ellas, se encuentran los departamentos del Cauca, Nariño, y los municipios de Tumaco, Caloto y Tarazá.Sobre el asesinato a excombatientes, el magistrado Eduardo Cifuentes, informó que se han asesinado a 276, 66 de ellos en el 2020 y 12 en lo que ha transcurrido en el 2021.“En el 55% de estos asesinatos de ex integrantes de las FARC, las autoridades no han podido dar con los autores del hecho. En los casos en los que sí se ha dado con los responsables, se ha encontrado que son atribuidos las disidencias de las FARC en su mayoría” explicó Cifuentes.Así mismo, la JEP señaló que, con este llamado de atención, no se busca un enfrentamiento con el Estado, sino buscar que el mismo, brinde una política que garantice la protección de la vida para que haya verdad y se pueda lograr la correcta implementación del Acuerdo de Paz.
El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reveló que, tan pronto se enteró de la denuncia de una servidora de la entidad contra el magistrado Juan Ramón Martínez por acoso sexual, envió el caso a la Cámara de Representantes.En un escueto comunicado, sin dar mayores detalles para no afectar el buen nombre de la servidora ni los alcances de la investigación, la JEP explica que envió la denuncia a la Comisión de Acusación del organismo.“Atendiendo los mandatos constitucionales y legales, el presidente y la vicepresidenta de la JEP dieron oportuno traslado de esa denuncia a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que es el órgano competente para investigar a los magistrados de la Jurisdicción”, aclara.Cifuentes, en la comunicación, aclara que “como parte de la política de género adoptada por el órgano de gobierno, en la JEP hay cero tolerancia frente a cualquier tipo de conducta de acoso en materia sexual”.Finalmente, advierte que “la JEP ratifica la importancia de que en este tipo de casos se respeten las debidas garantías procesales”.
Un agrio enfrentamiento sostienen el presidente Álvaro Uribe y el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, luego de que este último le reclamara al presidente Iván Duque abstenerse de cualquier pronunciamiento relacionado con las sanciones contra exjefes de la extinta guerrilla de las Farc por sus crímenes. Según Cifuentes, los pronunciamientos de Duque atentan contra el Estado de Derecho. A través de Twitter, el magistrado dijo que las sanciones serán impuestas de manera autónoma por la jurisdicción de paz. Mientras el presidente Duque no se refirió a la controversia, quien sí opinó con vehemencia fue Uribe, quien aseguró que el acuerdo de paz consagró la impunidad para responsables de delitos atroces. Uribe, en su respuesta al presidente de la JEP insistió en su idea de impulsar un referendo para reformar la JEP. Además, aseguró que los congresistas que hicieron parte de las Farc y sean señalados de delitos atroces deberían renunciar a sus curules. La polémica se da en medio de avances en la jurisdicción de paz frente al tema de los secuestros cometidos por las Farc, así como el inicio del estudio formal de los crímenes de guerra cometidos por la extinta guerrilla en contra de integrantes de la fuerza pública, compilados en el llamado "Caso 5". El Caso 5 investiga las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al DIH durante el conflicto armado en 17 municipios del Cauca y Valle del Cauca, dos de los más golpeados por la violencia.En este caso se han acreditado 83 "sujetos colectivos", entre los que hay 34 pueblos indígenas, 47 consejos comunitarios y dos organizaciones de víctimas.En total, de estos grupos hacen parte más de 180.000 víctimas, mientras que también se "ha acreditado al territorio ancestral y colectivo, e individualmente a 67 personas".
El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, respondió ante la revelación hecha por El Espectador sobre ‘Jesús Santrich’ y los episodios de narcotráfico y la investigación de la Fiscalía antes de la salida de ‘Santrich’ de la JEP.Cifuentes, recordó que ese tribunal hizo repetidas peticiones a la Fiscalía con el fin obtener suficientes elementos de prueba para tomar una decisión sobre ‘Santrich’ para definir si era expulsado o no de la JEP.El presidente de la JEP manifestó que “esos requerimientos nunca fueron respondidos de manera satisfactoria” por parte de la Fiscalía.La JEP reiteró que el 12 de septiembre de 2018 se ordenó requerir al fiscal general de la Nación para que remitiera el expediente completo del trámite de extradición de Hernández Solarte, incluyendo la documentación y el respaldo probatorio, audios y videos que estuvieran en su poder.Cifuentes dijo que en distintos medios de comunicación exhibieron videos sin audio que, se entiende, fueron suministrados por la Fiscalía General de la Nación, pero que estos jamás fueron entregados a la Sección de Revisión de la JEP.“El Espectador reveló que hubo 24.000 audios en la investigación contra Hernández Solarte, pero la Fiscalía solo le entregó 12 audios a la JEP”, manifestó el magistrado Cifuentes, quien invitó a trabajar de manera conjunta a las autoridades para esclarecer la verdad.
