Luego de que la Procuraduría hiciera una visita de inspección a la Penitenciaría el Bosque, donde se tomaron declaraciones juramentadas a Emilio Tapia, quien está recluido por el escándalo de los Centros Poblados, y al comandante de vigilancia para alimentar la indagación previamente abierta por el Ministerio Público para determinar si Tapia salió o no de la cárcel.“Hoy ni podemos decir si salió o no, porque la Procuraduría está haciendo las respectivas investigaciones y en su momento dará los resultados”, expresó el coronel Gutiérrez.En este caso, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó un operativo en la celda de Emilio Tapia para determinar si tiene elementos no permitidos (como teléfonos celulares) y dependiendo de lo que allí se encuentre se tomarán decisiones con la dirección de la cárcel, no solo en el caso de Tapia, sino para garantizar el mejoramiento del servicio penitenciario.“Queremos evitar dejar manto de duda sobre situaciones de corrupción por parte de cualquier servidor penitenciario que no esté alineado a las políticas anticorrupción del Gobierno Nacional”, dijo Daniel Gutiérrez, director del Inpec.Además, el coronel Daniel Gutiérrez anunció con preocupación el hallazgo de la Procuraduría, donde encontraron que solo 16 cámaras de seguridad funcionan en la Penitenciaría el Bosque, y que ya se solicitó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) el mantenimiento de esas cámaras.Ante esto, el director del Inpec reiteró que se ha hecho la solicitud a la Uspec en reiteradas ocasiones, y que esta situación es usual en muchas cárceles del país.Por último, ante el cuestionamiento de si Emilio Tapia seguiría recluido en el Bosque, el coronel Gutiérrez respondió que sí, ya que un juez de la república ordena tenerlo en reclusión en la ciudad de Barranquilla.
Los rumores sobre supuestas salidas de Emilio Tapia de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, a bordo de una camioneta blanca de su posesión, sin que esto tuviera algún tipo de autorización oficial, llevaron a la Procuraduría a abrir una indagación preliminar en búsqueda de evidencia que desvirtúe o confirme esta sospecha. Según expone el Ministerio Público, Tapia estaría saliendo a diligencias personales, a plena luz del día, sin que al respecto se tome algún tipo de sanción, pues dichas salidas "irregulares" estarían contando con la "presunta anuencia de la dirección y la guardia del penal", la cual se encuentra a cargo del Inpec. Para esto no solo pedirán registros de salidas, incluso para citas médicas, por parte de Tapia, sino también el registro de ingreso de vehículos y el detalle de los horario y funciones del cuerpo de custodia y vigilancia a cargo del polémico ex contratista. "Con la información recaudada, la Procuraduría definirá si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria e identificará los posibles autores de la falta disciplinaria", indicó el ente a través de un comunicado. DefensaPrevio a la apertura de esta indagación preliminar, el pasado 17 de abril la directora del penal Elsy Torres, respondió un derecho de petición presentado por el mismo Tapia, en el que establecen que este recluso "no ha solicitado u obtenido permisos en los términos indicados en su solicitud para atender requerimientos personales o medicas fuera de este establecimiento". A la comunicación le agregan que las salidas del establecimiento solo se realizan en los vehículos del establecimiento y que, de ninguna manera, esto podría ser en un vehículo particular, tal y como se ha indicado en las denuncias publicadas a través de la red social X. "Los traslados o Remisiones de las Personas Privadas de la Libertad previamente verificados y autorizados, se realizan en los vehículos Institucionales con todas las medidas de seguridad establecidas bajo el manual de remisiones", expone el documento.
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Óscar Obeso Hernández, el exfuncionario de la Procuraduría Provincial de Barranquilla que en julio de este año apremió al comandante del Batallón de Ingenieros de Combate Vergara y Velasco para que cumpliera con un fallo de tutela de recibir en las instalaciones a Emilio Tapia, todo bajo amenaza de suspensión.Por esto, el Ministerio Público le imputó cargos por presunta falta disciplinaria como gravísima dolosa al, presuntamente, actuar en motu proprio al adoptar tal determinación, con la que además se habría extralimitado en sus funciones en medio de un posible abuso de la función pública.De acuerdo con documentos que conoció en exclusiva Blu Radio, en medio de la investigación fue detectado que Obeso no estaba en funciones de atención al público en su cargo como profesional universitario grado 17 para la fecha en la que se dio la asignación del estudio del caso, por lo que consideran que su intervención para quedar al frente del mismo pudo ser indicio de que “le asistía un interés para que se le asignara el caso y proceder como lo hizo”.En consecuencia, la Procuraduría decidió archivar el proceso en contra de Jorge Antonio Vásquez, procurador provincial de Barranquilla, por considerar que Obeso Hernández habría actuado a espaldas de su entonces jefe, pues no habría pruebas que comprometieran la responsabilidad de Vásquez.Es importante mencionar que una vez fue abierta en julio una investigación contra Obeso por lo ocurrido, este renunció a su cargo en la Procuraduría, por lo que le proceso lo enfrentará en calidad de exfuncionario.Este es otro caso que enreda más las movidas judiciales en torno a la solicitud de traslado de Emilio Tapia de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla al batallón Vergara y Velasco de Malambo, por lo que, incluso, fueron ordenados días de arresto contra militares por desacato, siendo que también está bajo investigación al juez primero promiscuo de Malambo Franklyn Bedoya que fallo la tutela a favor de Tapia para que se diera su movilización.Le puede interesar:
BLU Radio Barranquilla conoció en exclusiva un escrito radicado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo, Atlántico, ante el Consejo Superior de la Judicatura en el que se dio por culminado el proceso judicial que se desató por un incidente de desacato a raíz de una tutela interpuesta, en principio, por Natalia Morales, esposa del polémico contratista Emilio Tapia, para que éste fuera trasladado al Batallón Militar Vergara y Velasco.El auto, con fecha del 06 de diciembre de 2023, se emite en medio del estricto seguimiento que el equipo periodístico de BLU Radio ha venido realizando al pleito jurídico que mantenía enfrentados los autos de dicha tutela, teniendo en cuenta las consideraciones de la Procuraduría y el Ejército, en el sentido de que no había un lugar para recibirlo, pues el único espacio con el que se contaba lo ocupó la ex congresista Aida Merlano.En este sentido, en la misiva se informa que el hoy condenado desistió de continuar con el recurso y, siendo así, ya no buscará que lo trasladen al Batallón Militar Vergara y Velasco.Y es que, como se recordará, esta confrontación jurídica también se vio permeado por una exigencia de que Tapia fuera trasladado a una casa fiscal, sin embargo, un juez de Soledad resolvió enviarlo a una celda en la Cárcel de Mediana Seguridad para Militares, a la cual se negó el polémico contratista.Así las cosas, con el desistimiento de Emilio Tapia y su familia, en cabeza de su esposa y sus dos hijos menores de edad; también se reversan las consecuencias del no traslado por parte del Inpec al Batallón Militar y, por lo tanto, queda sin efecto la sanción económica por valor de cinco salarios mínimos legales vigentes y la orden de arresto por cinco días contra el teniente coronel Oscar Javier Fernández Gómez, comandante del Batallón Vergara y Velasco.De igual forma, la medida también cobija al brigadier general Roger Gómez Herrera, como superior jerárquico del teniente coronel Fernández, pues las sanciones antes impuestas contra él quedarán también sin efecto.En cuanto al Inpec, el Juzgado Promiscuo Municipal lo exhorta a seguir garantizándole a Emilio Tapia su seguridad en el interior de la Penitenciaría El Bosque donde continuará pagando su condena de 17 años por el denominado 'Carrusel de la Contratación' registrado en la ciudad de Bogotá. MalamboLe puede interesar:
No para el rifirrafe entre el juez primero promiscuo de Malambo y el Ejército por el traslado de Emilio Tapia hacia el batallón militar Vergara y Velasco, pues aunque en las últimas horas estaba listo el operativo para que este fuera remitido al Centro de Reclusión de Mediana Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública ubicado en esta guarnición, el procedimiento tuvo que ser aguantado por un auto del mencionado juez, quien señaló que este no era lugar para el condenado contratista, debido a sus condiciones de seguridad y salud. Esto en medio de una polémica reclamación que se ha dado vía tutela, en los últimos seis meses, luego de que Tapia terminara en una celda de la Penitenciaría El Bosque, junto a delincuentes comunes, tras el cierre del pabellón de funcionarios públicos.El Juez Franklin Bedoya, quien ha insistido a través de varios autos sobre el urgente traslado y quien además sancionó con días de arresto a varios funcionarios del Ejército, determinó que el sitio de reclusión debía ser “la habitación número 1 transeúnte, ubicada dentro del casino de oficiales”, porque solo así podrían garantizar la seguridad y el cuidado de la salud de Tapia.Este argumento fue polemizado por el Inpec, que ya tenía lista y firmada la orden de traslado, pues contrario al juez, consideran que no hay condiciones de seguridad en dicho espacio, el cual no cuenta con custodios por ser una zona de tránsito libre para quienes prestan su servicio en la mencionada base.“Sin conceptos de seguridad, habitabilidad, infraestructura y espacios apropiados para resocialización, el INPEC no podría avalar un espacio, porque terminaría vulnerando derechos del PPL, de la comunidad y los protocolos que competen a nuestra institución”, indicó el documento.Por lo pronto, el Ejército volvió a apelar los fallos del polémico juez Bedoya, que recientemente entró a ser investigado por parte de la Comisión de Disciplina Judicial por sus reiterativas decisiones a favor de los intereses de Emilio Tapia.
El juez promiscuo de Malambo Franklin Bedoya se mantiene firme en su orden de que el Ejército debe recibir a Emilio Tapia en el batallón Vergara y Velasco, debido a los problemas de seguridad que este supuestamente enfrenta en su permanencia en la penitenciaría El Bosque, donde tiene una celda lejos del pabellón de funcionarios públicos, el cual fue cerrado en mayo pasado.Blu Radio conoció en exclusiva el documento mediante el cual el pasado viernes 17 de noviembre el Ejército fue notificado de una orden de cinco días de arresto contra el brigadier general Roger Gómez Herrera, comandante de la Primera División, y contra el coronel Óscar Javier Fernández, quien es director del batallón al que envían a Tapia, por el incumplimiento de la orden.Debido a que en anteriores comunicaciones el ejército había indicado que no contaban con un espacio disponible para el recluso, debido a que tenían a Aida Merlano, ahora la orden fue más allá, en el sentido de que deben ser desplegados "los medios disponibles y necesarios" para cumplir con la tutela que desde junio de este año fue emitida con la misma orden.De manera detallada explica que debe ser en una habitación dentro del "casino de oficiales o casa fiscal, y que de ningún modo podría ser en la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad para Miembros del Ejército que allí también funcionaAdicional, solicitó el juez que fuera enviada una copia de la sanción a la Procuraduría y a la Fiscalía para que asumiera las acciones disciplinarias y penales que corresponde por el presunto desacato contra los funcionarios.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Este lunes se tenía programada una audiencia preparatoria de juicio contra Emilio Tapia por el delito de peculado, pero se pospuso debido a que Tapia está tratando de alcanzar un acuerdo previo con la Fiscalía. En ese contexto, se comprometió a restituir la parte del dinero que debe en relación con el caso de Centros Poblados.El director Anticorrupción de la Fiscalía sostiene que la cantidad por peculado por apropiación asciende a 15.000 millones de pesos, de los cuales solo 6.000 millones corresponden a Emilio Tapia. Lo cierto es que el juez, en la audiencia de este lunes, le concedió plazo hasta enero a Tapia para reintegrar la mitad de la deuda, motivo por el cual devolverá 2,500 millones de pesos.La próxima audiencia se llevará a cabo en enero, y si Emilio Tapia ha cumplido con su parte y ha devuelto los 2,500 millones de pesos para esa fecha, la Fiscalía procederá a firmar un acuerdo previo que deberá ser avalado por un juez, permitiendo a Tapia obtener dicho beneficio.Cabe recordar que Emilio Tapia fue acusado por la Fiscalía por su presunta participación en graves hechos de corrupción relacionados con el contrato de 2020 suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal Centros Poblados, que tenía como objetivo llevar internet a 7.000 escuelas rurales del país.Emilio Tapia se habría apropiado de una parte del anticipo que le fue desembolsado, exactamente 6,182 millones de los 70.000 millones de pesos del anticipo del caso de Centros Poblados, y con ese dinero habría adquirido obras de arte, apartamentos y automóviles de lujo. Esta suma deberá ser restituida para compensar a las víctimas.Puede ver:
Ante instancias disciplinarias, la Corporación Excelencia en la Justicia solicitará que se abran investigaciones y, “de ser oportuno, se impongan las sanciones que eventualmente merezca el juez primero promiscuo de Malambo (Atlántico), Franklin Bedoya”, a raíz de la orden de arresto y multas que emitió contra dos oficiales del Ejército Nacional porque estos no cumplieron con el traslado de Emilio Tapia al Batallón Vergara y Velasco.La CEJ se opone a que el condenado contratista sea trasladado a un batallón militar, porque “no reúne los requisitos para merecer condiciones especiales y estar recluido en una casa fiscal”.A esto se suma la respuesta que emitió el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla a una petición de la Procuraduría en la que deja claro que Tapia debe permanecer en la cárcel El Bosque.Según el mencionado Juzgado, en la cárcel El Bosque ya le brindan a Tapia las condiciones adecuadas para su reclusión y, además, él "no goza de fuero especial que permita su reclusión en otro tipo de centro carcelario”.“(...) un juez, al resolver la tutela interpuesta por su cónyuge, evaluó las garantías dadas por ese establecimiento a ese privado de la libertad y consideró que dicho establecimiento era el idóneo para albergarlo; por ello, considera esta judicatura que el condenado debe permanecer privado de la libertad en ese establecimiento, pues brinda las condiciones que garantizan la dignidad de las personas allí recluidas”, se lee en la respuesta.Le puede interesar:
En una nueva decisión tomada este martes, el Juez Primero Promiscuo de Malambo, Franklin Bedoya, ordenó una vez más que se cumpla el traslado de Emilio Tapia al Batallón Vergara y Velasco, tal como este mismo juzgado lo había fallado en junio pasado en respuesta a una acción de tutela que interpusieron la esposa e hijos del ex contratista.En su reciente decisión, el juez Bedoya también sanciona al teniente coronel Mauricio Calvo Restrepo, comandante del Batallón Vergara y Velasco, con tres días de arresto que deberá cumplir en la Estación de Policía de Malambo y el pago de 5 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 5.800.000 pesos.De igual manera, sanciona al brigadier general Jaime Eduardo Torres, comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, con el pago de la misma multa de cinco salarios mínimos mensuales.Ambos son sancionados por desacatar la orden de traslado de Emilio Tapia; sin embargo, este proceso no se ha llevado a cabo porque el juzgado Segundo Civil de Soledad había suspendido dicha orden por considerarse imposible de cumplir.Y es que, en medio de todo, hay que recordar que la excongresista Aida Merlano ocupa el único lugar dispuesto en esta guarnición militar para recibir a civiles que pagan condena, por lo tanto el batallón no cuenta con espacio para acoger a Tapia.Así las cosas, la situación vuelve a poner en jaque al Ejército, entidad que terminó bajo un juego cruzado de órdenes de juzgado que se contraponen por cuenta de los intereses del condenado empresario Tapia.A esto se suma el pronunciamiento de la Procuraduría General que en su momento anunció investigar al profesional universitario Óscar Obeso Hernández, de esa institución, quien sin autorización solicitó al Ejército el traslado urgente de Tapia al batallón, so pena de requerirlos por desacato.Además, la Procuraduría declaró insubsistente al procurador provincial de Barranquilla, Jorge Vásquez, dentro de la misma investigación, por emitir dos oficios que buscaban el traslado del contratista al cantón militar.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Este lunes el Juzgado Segundo Civil Del Circuito De Soledad falló en favor de una tutela interpuesta por el coronel Hernán Daniel Narváez Torres, director del centro de reclusión Militar del Batallón Vergara y Velasco de Malambo, Atlántico, ordenando suspender la decisión del Juzgado Primero Promiscuo Municipal De Malambo que pedía el traslado de Emilio Tapia a dicho cantón militar.Así las cosas, quedaron suspendidos todos los efectos jurídicos ordenados en un auto emitido el 21 de junio de 2023, lo que indica que el contratista condenado por actos de corrupción deberá permanecer, al menos por ahora, en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, junto a otros delincuentes comunes.Blu Radio conoció que en la acción de tutela interpuesta por el coronel Narváez, este pidió suspender todos los efectos jurídicos de otra acción de tutela argumentando que estaban imposibilitados para cumplir dicha orden judicial.“En la práctica no es posible cumplir con la orden judicial, en la que primeramente nos fuimos vinculados, notificados, ni enterados y adicionalmente por la capacidad de recibir civiles bajo estas condiciones especiales que ocasionarían un daño en la operatividad del centro de reclusión militar y su normal funcionamiento”, se lee en el documento al que tuvo acceso BLU Radio.Este fallo se da luego de luego de conocerse el pronunciamiento de la Procuraduría General que anunció investigar al profesional universitario, Óscar Obeso Hernández, de esa institución, quien sin autorización solicitó al Ejército el traslado urgente de Tapia al batallón, so pena de requerirlos por desacato.En las últimas horas se conoció, además, que la Procuraduría General declaró insubsistente al procurador provincial de Barranquilla, Jorge Vásquez, dentro de la misma investigación, por emitir dos oficios que buscaban el traslado del contratista al cantón militar.
La Procuraduría General de la Nación llama al Ministerio de Minas y Energía a presentar un informe detallado de las propuestas que plantea el Gobierno Nacional para solucionar los altos costos de la tarifa energética que les cobrada a los usuarios de Air-e y Afinia cada mes en el Caribe. Este requerimiento del Ministerio Público se da luego de los anuncios hechos por el Ministro Andrés Camacho, en Barranquilla, durante el más reciente Consejo Gobierno Escucha, en donde se plantearon cuatro soluciones para aliviar los altos costos en las facturas de los usuarios de estas comercializadoras de energía. El informe que pide la PGN debe contener los fundamentos constitucionales y legales, de las propuestas planteadas por el Gobierno Nacional para mitigar la situación tarifaria en esta región del país, así lo explica el Procurador delegado de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero."Queremos conocer ¿Cuál es la base económica de estas propuestas? Como también los estudios financieros y técnicos que las soportan, pero también ¿Cuáles son las propuestas de solución que allegaron otros actores del sistema, como lo son generadores y transmisores?", explicó el Procurador delegado.Las propuestas planteadas por el Gobierno son: Costos de generación en Áreas Especiales'; Financiación solidaria de los saldos de Opción Tarifaria; Plan de inversión para Comunidades Energéticas y generación distribuida; y Titularización de la deuda generada por la Opción Tarifaria.Ante estas propuestas planteadas por el Gobierno Nacional, el Procurador delegado ha sido enfático en manifestar, que las acciones que se vayan a poner en práctica deben buscar no afectar, de manera directa o indirecta, ni el bolsillo ni las arcas públicas, pero también, que las soluciones puedan ser sostenibles en el tiempo, para así brindar un alivio definitivo, en temas de costos tarifarios de energía, a los habitantes de la costa caribe de Colombia.
La autoridad ambiental de Santander confirmó que el rey gallinazo, ave que fue encontrada herida en días pasados por la comunidad del municipio de La Belleza, a pesar de los esfuerzos médicos, finalmente murió.La exótica ave, una especie de cóndor, que fue encontrada en la vereda El Rubí del municipio de La Belleza, Santander con una grave herida producto de un disparo recibió toda la atención medica por parte de la Corporación Autónoma de Santander CAS, hace algunos días, sin embrago a pesar del esfuerzo del equipo médico veterinario el ave murió.“La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) lamenta informar a la comunidad que, a pesar de los esfuerzos incansables del equipo médico veterinario, el Rey Gallinazo encontrado en la vereda El Ruby del municipio de La Belleza el pasado 12 de mayo, ha fallecido. El ave fue entregada inicialmente a la Policía de Carabineros y posteriormente trasladada a la Regional Vélez de la CAS, donde recibió una primera valoración médica. Se le encontró una grave lesión en el ala derecha, producto de un posible impacto de bala, con el cubito y radio expuestos”, explicó Luis Atuesta funcionario de la CAS.Según los veterinarios Desafortunadamente, la infección había progresado durante aproximadamente por doce días antes de su rescate, afectando gravemente la salud del ave y reduciendo sus defensas.“Recibió los primeros cuidados antes de ser trasladada a la sede principal de la CAS en San Gil para una atención más especializada. A su llegada a San Gil, profesionales de la Corporación determinaron que el ave no podría volver a volar debido a una osteomielis ascendente, resultado de las lesiones óseas. A pesar de recibir una atención pertinente y mostrar signos iniciales de recuperación, incluyendo una alimentación normal, la condición del ave empeoró”, agregó Atuesta. El equipo médico veterinario de la CAS brindó todos los tratamientos terapéuticos necesarios para controlar la osteomielitis y mitigar las complicaciones derivadas de la infección causada por la herida. Desafortunadamente, la infección había progresado durante aproximadamente diez a doce días antes de su rescate, afectando gravemente su salud y reduciendo sus defensas.
El nivel de los embalses que le suministran agua a la capital del país continúa subiendo. Según el más reciente reporte de la Alcaldía de Bogotá, con corte al 17 de mayo, el Sistema Chingaza llegó al 24,05% y ya completa más de 5 días consecutivos con esta tendencia de aumento.Por su parte, el consumo de agua diario volvió a bajar y se ubicó en 15,67 metros cúbicos por segundo. La meta es mantener la cifra que se logró para el 13 de mayo cuando el consumo llegó al 14,86. Ante esto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó a través de su cuenta de X que se puede seguir reduciendo el consumo. Según el mandatario, “usando solo un vaso de agua para lavarnos los dientes. Es suficiente”. Asimismo, Galán destacó que, tras la implementación de las medidas, se ha logrado reducir en más del 20% el agua que se trae de Chingaza.Para este sábado, 18 de mayo, se está llevando a cabo el segundo turno del quinto ciclo de racionamiento. En esta ocasión, son exactamente 290 barrios de la localidad de Engativá, 21 de Fontibón y el municipio de Cota, los que no tienen suministro de agua desde las 8:00 de la mañana.La medida comprende las siguientes zonas:- De la calle 24 a la calle 98, entre la Avenida Ciudad de Cali y el límite del Río Bogotá.- De la calle 26 a la 95, entre carrera 68 y la Avenida Ciudad de Cali.- La zona industrial de Cota.
Iván Cepeda, senador de la República y miembro del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz con el ELN, envió un derecho de petición a la fiscal General Luz Adriana Camargo en el que le solicitó brindar información sobre un supuesto proceso que se estaría adelantando en su contra y que estaría relacionado con un miembro del Clan del Golfo.“He recibido información acerca de que se estaría fraguando una especie de complot en mi contra a partir de un principio de oportunidad en la Fiscalía. Que algún dirigente del Clan del Golfo estaría buscando implicarme en acciones ilegales a través de esa búsqueda de beneficios jurídicos en el ente investigador”, explicó el congresista a Blu Radio.La petición, consagrada en el artículo 23 de la Constitución, es que se le aclare si existe alguna actuación procesal relacionada con su denuncia y que, en caso de existir, le notifiquen qué autoridad adelanta la investigación, qué personas están investigadas y cuál es el estado actual del proceso. El parlamentario aseguró que pide dicha información por dos razones: poder defenderse e impedir que se brinde el principio de oportunidad.“La anterior información la necesito para, si he sido objeto de falsos señalamientos en dicha investigación, poder intervenir en la actuación procesal en condición de víctima y, en general, ejercer mis derechos constitucionales y legales, Asimismo, para que si, en efecto, se está negociando un principio de oportunidad con fundamento en falsos señalamientos en mi contra, oponerme a que sea concedido dicho beneficio judicial”, se leyó en el documento que Cepeda envió a la Fiscalía.Cabe destacar que Cepeda fue declarado víctima en otro proceso judicial: el que afronta el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, señalado de los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno.
Tras recientes anuncios del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sobre la tentativa de cerrar la frontera con Colombia, muchos sectores han manifestado su preocupación.Por ejemplo, los lancheros del Urabá antioqueño afirman que se quedarían sin trabajo, recordemos que diariamente transitan un promedio de 1.500 personas entre Urabá y Panamá. Precisamente sobre esta problemática se refirió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón."Pasan más de 500.000 migrantes por Urabá anualmente, que lo hagan en las peores condiciones, dejándole eso a las economías ilícitas, es algo en lo que se debe trabajar al más alto nivel entre el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos y el de Panamá", indicó el mandatario.Pero no solo son los lancheros sino la población en general de esta subregión del departamento los que se verían afectados por el represamiento de personas que no podrían migrar. Carlos Camargo, defensor del pueblo, mostró su preocupación e hizo énfasis en que migrar es un derecho humano."Donde ese punto de control migratorio ha sido levantado por el gobierno nacional, nos preocupa mucho que haya un represamiento de población migrante de distintas nacionalidades. Nos preocupa sobre todo en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos ahí, comenzando por el derecho a la vida", aseguró Camargo.Finalmente, señala que es una problemática muy grande que no solo debe atender el gobierno de Colombia y el de Panamá, sino que es un asunto de carácter internacional donde muchos países involucrados deberían intervenir.Defensoría del Pueblo desestimó cierre de frontera con Panamá como solución a la crisis migratoriaAnte la preocupación de lancheros y alcaldes del Urabá antioqueño sobre el anuncio del posible cierre de la frontera con Panamá, que generaría un represamiento de migrantes en municipios de esa zona, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, manifestó que esta no puede ser la solución a esta problemática y que no puede ser abordada por un solo país, pues su entidad ha solicitado que haya un abordaje transnacional donde cada país tome un rol activo.Y es que tras la elección de José Raúl Mulino como presidente de Panamá, hay preocupación, ya que el hombre de derecha prometió en reiteradas ocasiones cerrar el Darién para frenar la crisis migratoria en este paso fronterizo con Colombia.El defensor dijo que la entidad vigilará, ante la aplicación de estas medidas, que se lleve a cabo una migración segura, teniendo en cuenta además que hay varias rutas para llegar a Centroamérica y posteriormente a los Estados Unidos."La problemática no puede ser abordada o la solución no está sobre la base de que hay que cerrar las fronteras, sino porque eso genera, que generaría de que las condiciones de dignidad humana se deterioren", dijo Camargo durante una visita a la Cárcel El Pedregal de Medellín.