La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
Más allá de la polémica por posibles actos corruptos en torno a los procesos de contratación, cierto es que el desarrollo de proyectos para la prevención de inundaciones en territorios como el Carmen de Bolívar, en Cotorra (Córdoba) y en Saravena (Arauca) sí son necesarios para estas poblaciones, y así también lo reconoce el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo.Carrillo, no obstante, insiste en que primero debe existir una correcta planeación, pues de lo contrario surgen este tipo de problemas en los que muchas veces se contratan obras que no son realmente las que necesita la comunidad.Luego, toda la formulación debe ser desarrollada por los alcaldes municipales, según explicó el funcionario del Gobierno."Así es como funciona. Eso es el diseño institucional y eso puede ser bueno o malo, pero hoy es así: el municipio estructura el proyecto, lo postula, luego nosotros lo estudiamos y lo llevamos al Banco de Proyectos para viabilizarlo", detalló.Carrillo aseguró que la UNGRD le seguirá dando prioridad a las soluciones basadas en la naturaleza o de bioingeniería, así que lo más recomendable es que los alcaldes presenten proyectos con este enfoque si en realidad quieren conseguir un aval y apoyo del Gobierno.UNGRD: minhacienda entregará documentos de contratos a Fiscalía tras iniciar investigaciónEn respuesta a la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía, el equipo jurídico del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice enfáticamente que no se cometieron irregularidades en el manejo del presupuesto asignado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Según Javier Torres, del equipo jurídico del ministro de Hacienda, toda la documentación relacionada con los proyectos y la trazabilidad del presupuesto está disponible para la Fiscalía, asegurando la transparencia del proceso.El anuncio de la investigación se centra en tres contratos cuestionados por exdirectivos de la entidad, además, en una reunión de tres horas, el ministro Bonilla y su equipo legal revisaron líneas de tiempo, documentos y las comunicaciones pertinentes.Además, la defensa del minhacienda asegura que la próxima semana entregarán un paquete inicial de documentos a la Fiscalía y ya han solicitado que el ministro Bonilla sea escuchado en declaración, mostrando su disposición para que las investigaciones avancen rápidamente.
En entrevista con Blu Radio, el director de la UNGRD Carlos Carrillo, se refirió a las próximas imputaciones a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López relacionadas con el escándalo de corrupción que estalló con los carrotanques en La Guajira.“No fue una sorpresa dada la gravedad de los delitos admitidos por los implicados. Espero que se aplique un castigo ejemplar a los responsables, esto ha sido una absoluta mezquindad", dijo Carrillo.Desde el inicio, Carrillo enfatizó la importancia de que su unidad sea reconocida como víctima en estos procesos judiciales. Argumentó que las decisiones tomadas por los criminales continúan afectando gravemente el funcionamiento de la entidad.Asimismo, expresó su preocupación sobre la posible existencia de más cómplices dentro de la unidad, subrayando la necesidad de identificar y enfrentar a todos los involucrados en estos actos de corrupción.En cuanto a la devolución de los fondos desviados, Carrillo destacó que estos recursos pertenecen a todos los colombianos y que lo ideal sería que retornaran al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, destinado históricamente a emergencias y situaciones críticas.En relación con la compulsa de copias que hizo la Fiscalía a los congresistas, Carrillo prefirió no juzgar, dejando esa tarea a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, dejó entrever que podría existir una “cacería de brujas” o que quizás faltan congresistas que también estarían implicados.Andrés David Calle AguasKaren Astrith Manrique OlarteJulio Elías Chagüi FlórezWadith Alberto Manzur ImbettLiliana Esther Bitar CastillaJulián Peinado RamírezJuan Diego Muñoz CabreraJuan Pablo Gallo Maya“El Congreso lamentablemente ha sido muy proclive históricamente en este país a meterse en ese tipo de prácticas. Yo espero que se defiendan. Tienen derecho a la defensa. También creo que podría haber una cacería de brujas. Porque es que estas personas tienen que probar lo que dicen. Porque también sería muy fácil proteger a unos que acusen a otros. Entonces, bueno, yo no me puedo pronunciar sobre las responsabilidades de los congresistas, estamos atentos a colaborar con la Corte Suprema de Justicia. Yo ya fui citado como testigo en el caso del senador Name y del representante Calle y pues iré a declarar a la Corte Suprema las veces que sean necesarias”, sentenció Carrillo.Sobre los principios de oportunidad que están negociando los abogados de Sneyder Pinilla y Olmedo López, el actual director Carrillo destacó que se necesitan verdades absolutas sobre la corrupción de la cual los dos exfuncionarios tienen conocimiento. En este proceso que apenas comienza las entidades que serán consideradas víctimas, además de la UNGRD, está la Contraloría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo de Jesús López Martínez; el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.Según la indagación adelantada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los tres indiciados serían responsables de diferentes actuaciones ilegales detectadas en varios procesos contractuales de la UNGRD, entre ellos el de la adquisición de carrotanques para garantizar el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira.En las audiencias que fije el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá, estas personas serán vinculadas, de acuerdo con sus particulares conductas, por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.Así mismo, la Fiscalía a cargo del caso dispuso la compulsa de copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que, en el marco de sus competencias, indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos de corrupción identificados. Esto, en atención a las menciones, evidencia y elementos de prueba hallados.Congresistas Iván Leonidas Name VásquezAndrés David Calle AguasKaren Astrith Manrique OlarteJulio Elías Chagüi FlórezWadith Alberto Manzur ImbettLiliana Esther Bitar CastillaJulián Peinado RamírezJuan Diego Muñoz CabreraJuan Pablo Gallo Maya
En una entrevista para Telecafé, Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, habló sobre el escándalo donde se vio involucrado con la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, donde se le señalaba de recibir 1.000 millones de pesos a cambio de favorecer las reformas del presidente Petro en el Congreso de la República."Aquí estamos ante el desafío de una infamia, independientemente si represento a un sector del Gobierno, es la infamia de unos personajes que se vieron al descubierto y los otros iremos en posición de defensa ante nuestro juez natural que es la Corte Suprema”, dijo Calle.Además, añadió que “mi posición política ha sido conocida por el país y por mis colegas, cuando me eligieron como presidente de la Cámara de Representantes sabían que Andrés Calle había acompañado desde la costa caribe al presidente Gustavo Petro, porque creó unas políticas de cambio, sociales, que he defendido en mi postura como parlamentario".Cabe recordar que Calle ahora tendrá que ir ante la Corte para dar declaración sobre lo sucedido. Un hecho que le ha ocasionado gran polémica en su contexto político y además en la que se ha llevado grandes críticas por varias figuras a nivel nacional.Con esta polémica no solo se vio salpicado él sino también el congresista Iván Name, quien ocupaba la presidencia del Senado, y se le señaló de recibir dinero para favorecer proyectos.
Frente a las informaciones sobre el hecho de que un total de 15 árbitros del fútbol profesional colombiano habrían sido retirados por parte de la Comisión Arbitral, aparentemente por sospechas de amaños de partidos en la Liga y otras competiciones, aunque se argumentó el bajo rendimiento de los centrales y que, algunos no pasaron las pruebas físicas y técnicas recientes. la Federación Colombiana de Fútbol, ente al que está adscrita dicha comisión, habló con Blu Radio.Según una serie de datos que se han hecho virales en redes sociales, entre los jueces centrales que habrían sido apartados están el cordobés Éder Vergara y el nortesantandereano Jorge Duarte, quienes durante el certamen del primer semestre protagonizaron decisiones polémicas.En el caso de Vergara, el juez llegó a dirigir una final del rentado criollo: la que disputaron en la ida Atlético Nacional y Deportes Tolima, el 22 de junio de 2022, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en partido que terminó 3-1 en favor de los locales."Para la Liga Colombiana 2024-II la Comisión de Árbitros sacó del panel a 15 jueces entre centrales, asistentes, VAR y AVAR'S. Es la barrida más grande de árbitros en los últimos 32 años", indicó el exárbitro y analista José Borda, que por lo general está empapado de estos temas, sin que haya sido desmentido por la FCF.A Vergara y Duarte, se sumaria como silbato principal Wander Mosquera, del colegio de Cundinamarca. Y como asistentes, José Piedrahita yYinfar Bulla; en la labor del VAR Ricardo García; y como AVAR Cristian de la Cruz, Jhon F. Gómez, Herminsul Calderón, Juan Camilo Vaca y Giovani Padilla; entre los árbitros que, presuntamente, fueron apartados.Pese a la gravedad de la información, que es dada como un hecho por parte de quienes están cerca al panel arbitral, hasta el momento el titular de la comisión, el también exárbitro Ímer Machado, no se ha pronunciado al respecto y ha dado pie para que surjan una serie de especulaciones sobre este escándalo de marca mayor.Federación Colombiana de Fútbol se pronunció Al respecto, la FCF, en cabeza de Ramón Jesurún dio a conocer su posición frente al revolcón en el arbitraje colombiano y en diálogo con Blu Radio manifestó su enojo y desacuerdo ante este escándalo.Según el máximo dirigente estos señalamientos por corrupción y falta de transparencia son una “vil canallada” y que la razón por la que no los llamaran es por la discrecionalidad de la comisión arbitral y que esto es una decisión técnica y que el algunos casos se da por edad, indicó a la periodista de Mañanas Blu Camila Carvajal.Además, Jesurún indicó que algunos sobrepasan la edad para ser llamados y unos más que no cumplieron con el puntaje requerido para ser llamados. Se espera una reunión este martes, 25 de junio, para conocer la lista oficial de los centrales que no serán llamados. En la comisión arbitral hay una profunda molestia, porque no fueron tenidos en cuenta para esta decisión.Escuche el informe acá:
El caso de los "pasteles deformados" de Navidad que recibieron en Japón clientes que los compraron en línea en una lujosa tienda, se transformó en un escándalo viral en las redes sociales."Nos disculpamos profundamente por la deformación de nuestros pasteles congelados de Navidad, que no cumplieron con las expectativas de muchos de nuestros clientes", declaró el miércoles en una conferencia de prensa televisiva Kazuhisa Yokoyama, uno de sus altos funcionarios de la cadena japonesa de grandes almacenes Takashimaya, involucrada en el escándalo.A raíz de las numerosas quejas de los clientes en los últimos días en las redes sociales, algunas acompañadas de fotos de los pasteles deformados, el grupo también propuso indemnizaciones.Aunque los pasteles de crema incriminados, facturados 38,5 dólares por unidad, eran aptos para el consumo, su aspecto planteaba un problema.Takashimaya confirmó que más de 800 de los 2.900 pasteles de Navidad congelados que vendió en línea aparecieron deformados al ser sacados del empaque por los clientes.El grupo llevó a cabo una amplia investigación para intentar aclarar lo ocurrido, sin éxito. No se pudo "identificar una causa", precisó Yokoyama.Sin embargo, "somos responsables de nuestros productos, desde la producción hasta la distribución", resaltó Takashimaya.Los consumidores en Japón son particularmente exigentes con la calidad y el aspecto de los productos que adquieren, y esperan la perfección cuando compran en grandes almacenes de lujo como Takashimaya.En la red social X los consumidores expresaron su "tristeza" o bien sus dudas sobre la confianza que pueden tener en el grupo.Le puede interesar:
Las autoridades del Capitolio de los Estados Unidos están inmersas en una investigación completa después de que surgieran informes sobre un empleado del Senado que aparentemente se grabó a sí mismo en un video íntimo gay en una sala histórica de audiencias del Senado en los terrenos del Capitolio.El "Daily Caller", un medio de orientación política extrema, fue el primero en informar sobre la existencia de un video explícito grabado en el Edificio de Oficinas del Senado Hart del Capitolio, evidenciando una intención de perjudicar al partido demócrata.El material visual muestra a dos hombres en un acto íntimo dentro de lo que se presume que es la sala Hart 216, conocida por albergar audiencias del Comité Judicial del Senado.En la grabación, dos hombres no identificados se ven envueltos en el acto dentro de la sala de audiencias, uno de ellos desnudo y en una posición comprometedora sobre el estrado donde suelen sentarse los senadores para llevar a cabo asuntos oficiales e interrogar a testigos.El video incluye una breve panorámica del sello del Senado en la pared.Respuesta de las autoridadesUn portavoz de la Policía del Capitolio confirmó que están al tanto de la situación y están llevando a cabo una investigación exhaustiva. Informes no confirmados sugieren que un miembro del personal del senador demócrata por Maryland, Ben Cardin, podría estar involucrado en el video.Un portavoz de Cardin declaró que, debido a que se trata de un asunto de personal bajo revisión, no harán más comentarios en este momento.Despido de un empleado del SenadoUn asistente del senador demócrata Ben Cardin fue despedido después de que se hiciera público un video que aparentemente muestra a dos hombres en una situación íntima en una sala de audiencias del Senado, en el Capitolio de Estados Unidos.Las imágenes explícitas, compartidas por el periodista Henry Rogers de The Daily Caller el viernes, muestran a dos hombres en una situación íntima en lo que parece ser la sala Hart 216, la sala de audiencias del Comité Judicial del Senado, que ha sido testigo de eventos significativos como las audiencias de la Comisión del 11 de septiembre y el testimonio del ex director del FBI James Comey en 2017 sobre Donald Trump.Le puede interesar:
Dos años después de se destapara el escándalo de Centros Poblados que involucró al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a la entonces jefe de cartera, Karen Abudinen lanzó un libro que cuenta su versión de los hechos.En entrevista con Mañanas Blu 10AM, la exministra Abudinen se refirió al escándalo de los 70.000 millones y al libro que escribió de 168 palabras, en el que recogió documentos, testimonios y evidencia para contar “su verdad”.Según la exministra, escribir el libro era importante hacer un recuento histórico para la vida, para su familia, para los ciudadanos y para hacer una reflexión frente a la ley 80."Yo creo que era importante hacer este recuento histórico para la vida, para mi familia, para, para los ciudadanos, para la gente, porque al final del día sí hay condenados. Algunos se acogieron a sentencias anticipadas. De hecho hay principios de oportunidades, pero aquí lo importante es cómo ocurrieron los hechos y por qué creo yo que hay que hacer una reflexión frente al tema de la ley 80, que es de las cosas que creo que tenemos que iniciar un debate frente a qué le hace falta a la ley 80", destacó Abudinen.Asimismo, la exjefe de cartera habló sobre los conetenidos que aborda en el libro y cómo se ha visto afectada, asegura, no solo ella, sino su familia por todo lo que se ha hablado en redes alrededor del tema."En el libro hay bastantes reflexiones frente a las bodegas, por ejemplo, que creo que a veces ni nosotros mismos entendemos cómo un contenido puede llegar a 90 millones, o sea, a 90 millones de usuarios, de impresiones. Como eso puede afectar la psiquis, inclusive no solo de mi persona y mi familia, sino inclusive de todas las personas que estaban trabajando en el Ministerio de las Tecnologías y Comunicación", comentó.Abudinen también defendió la decisión de entregar el contrato en ese momento que tomó porque dice que no podía haber tomado una decisión diferente porque la ley la llevaba a darle el contrato justamente a ese consorcio, pese a las alertas."Lo que pasa aquí y es importante es que ellos cumplieron con todos los requerimientos, tanto técnicos como jurídicos, como financieros. Dos. La empresa presentó una oferta que era más una oferta cerrada que cumplía con todo el tema de más tiempo, más velocidad, mejor servicio, más años. Entonces eso también conllevó a que esa empresa tuviera, no solamente digamos, cumpliera técnicamente, sino que también cumpliera proponiendo más cosas y más beneficios para los ciudadanos. Ahí, a pesar de las alertas porque son alertas, yo no puedo condenar a alguien donde yo no tengo una prueba", puntualizó la exministra.En ese sentido, Abudinen también reconoció las acciones que llevaron a cabo desde el ministerio que "cumplieron con todos los procedimientos que la ley exige"."Yo quiero como ser muy clara. A los cuatro meses de adjudicado este contrato, se caducó el contrato. Por eso, porque si no hubiéramos abierto un proceso de incumplimiento, si este proceso de incumplimiento no nos lleva a que hay una garantía falsa porque llamamos al garante y cumplimos con todos los procedimientos que la ley te exige, nunca jamás hubiéramos podido caducar el contrato ni adjudicárselo al segundo", detalló."A ellos les suspendieron todos los contratos que tenían con el Estado, que eran más de 4 billones de pesos. Entonces yo lo que creo es se hizo lo correcto. Se protegió 1 billón de pesos porque hay que pensar que el contrato no solamente era de 70.000, sino era de 1.7. (...) Hoy hay más de 8.000 colegios conectados. Los 70.000 están en manos de los criminales", aseguró.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
En las últimas horas se conoció la lista que entregó la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía de Medellín como respuesta a un derecho de petición interpuesto por el concejal Alfredo Ramos y que contiene 17 nombres, entre los que se encuentra la misma secretaria de despacho que firma la respuesta, Ingrid Vanessa González Montoya.De acuerdo con la norma, los empleados oficiales, tienen el beneficio de poder acceder a créditos para vivienda con un interés del 1.5% efectivo anual. La molestia de algunos ciudadanos es que en muchos casos, cuando se trata de los empleados de libre nombramiento y remoción, que cambian constantemente, puede ocurrir un aprovechamiento no ético del beneficio.La abogada Gloria Jaramillo explicó a Blu Radio que "ahí hay muchas personas que ya se fueron, una que está de secretaria en Itagüí, otras que han renunciado hay otro muchacho, Harrys, que también era de Gestión Humana y se fue, entonces esto no debería ser ni para todos ni en las mismas condiciones".Y es que al estudiar la lista de solicitantes, al menos 5 de ellos ya no trabajan para la Administración Distrital, entre quienes están Alejandro Arias García, exsecretario de Desarrollo Económico, hoy Concejal electo para la ciudad por el Partido Verde y quien renunció a su cargo antes de la notificación del préstamo; y Daniela Cardona Duque, líder de programa, a quien le desembolsaron el crédito en mayo de este año y tras eso renunció a la Alcaldía para ser la Secretaria de Vivienda en Itagüí.También aparece en esa lista Alethia Arango Gil, hoy subdirectora para la Reducción del Riesgo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y quien tuvo una serie de escándalos por el uso de camionetas de la Alcaldía para temas personales.Pero en la lista también aparecen 4 funcionarios, aún vinculados con la Administración Distrital, pero que están envueltos en varios escándalos, entre ellos Luis Fernando Gómez Marín, quién está a cargo de la Secretaría de Hacienda, pero antes era el Tesorero y miembro del comité de fondos fijos; Ingrid Vanessa González Montoya, actual secretaria de Gestión Humana y quien se habría auto otorgado un subsidio para estudio, además del de vivienda; Natalia Andrea Jiménez Pérez, quien ha sido Secretaria General de la Alcaldía y hoy es secretaria general de Telemedellín, envuelta en los actuales escándalos de contratación; y la asesora Diana Cecilia Ramírez Álvarez, hermana de Juan Pablo Ramírez Álvarez, gerente de campaña de Juan Carlos Upegui.Ante esto, la abogada Jaramillo explica que si bien no hay ilegalidad, sí debería existir una cláusula que permita condicionar la solicitud de los créditos y que esté supeditada al tiempo que lleven en la Alcaldía, pero también condicione el tiempo antes de renunciar tras recibir el beneficio."Debería al menos tener una cláusula aceleratoria donde se le cobrará a todos en el momento en que renunciara o se fuera, porque esto permite entonces que una persona que lleve más de un año acceda a un crédito, una vez se lo den, salga y ya siga el tiempo que dure el crédito pagando a una mínima tasa de interés, entonces esto verdaderamente lo que genera es un detrimento", puntualiza la abogada.A la fecha, al menos 8 de los 17 préstamos a empleados de libre nombramiento y remoción ya fueron desembolsados, dos renunciaron al crédito voluntariamente, dos tienen desistimiento con sanción y los demás están en proceso de legalización.Le puede interesar:
Un fuerte sismo de magnitud preliminar 6.7 se registró en Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. Según el informe preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 07:34 hora local.El reporte gráfico publicado por la entidad técnica ubica el epicentro del evento sísmico en el occidente del territorio nacional, en una zona limítrofe entre los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, con afectación percibida en varias regiones del centro y suroccidente del país.Detalles del informe preliminar del Servicio Geológico ColombianoDe acuerdo con el boletín preliminar oficial del Servicio Geológico Colombiano, la información procesada de manera automática señala los siguientes datos del evento sísmico:Fecha y hora: 10 de agosto de 2026 a las 07:34 (hora local).Magnitud: 6.7 en la escala de Richter.Ubicación del epicentro: Suroccidente y región del Pacífico colombiano.La entidad aclaró en su reporte inicial que la información proporcionada en el mapa es automática y preliminar, por lo que aún no ha sido revisada en su totalidad por un sismólogo. Asimismo, el SGC precisó que los datos oficiales definitivos de la localización de los eventos ocurridos en el área sombreada corresponden al procesamiento técnico posterior e información de agencias sismológicas internacionales, sujeto a actualización según avance la revisión.Sensación del sismo en el territorio nacionalPor la magnitud del evento, las ondas sísmicas alcanzaron a percibirse en principales centros urbanos del país, entre los que se destacan ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué y Bogotá. Habitantes de diversas zonas residenciales e institucionales reportaron la evacuación preventiva de edificaciones tras la sacudida inicial.Hasta el momento de emisión de este reporte, las autoridades locales de gestión del riesgo y los cuerpos de bomberos municipales adelantan el monitoreo en los departamentos más cercanos al epicentro para evaluar posibles afectaciones en infraestructuras físicas o líneas de servicios públicos.
La captura de alias ‘Bonito’ o ‘Boni’, señalado como segundo cabecilla de los ‘Comandos de Frontera’ e integrante de las disidencias de las Farc, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país. El coronel Styk Reyes, comandante del Gaula Militar, confirmó que este objetivo de alto valor utilizaba tácticas de ocultamiento sofisticadas, que incluían intervenciones quirúrgicas para modificar su apariencia física y evadir a las autoridades.¿Quién es alias ‘Bonito’ y por qué era un objetivo prioritario?Alias ‘Bonito’ mantenía una trayectoria criminal de más de 20 años. Según el coronel Reyes, el capturado no solo tenía injerencia en departamentos como Caquetá, Huila y Putumayo, sino que extendía sus tentáculos hasta el Amazonas y el vecino país de Ecuador. “Coordinaba todas las actividades de narcotráfico y acciones contra la fuerza pública y población civil. Tenía un alcance importante”, explicó el oficial. Este hombre, que respondía a cabecillas como alias ‘El Árabe’, era pieza clave en el control de economías ilícitas y el sicariato en la región.¿Cómo lograba evadir a las autoridades este cabecilla?La investigación reveló que ‘Bonito’ adoptó el perfil de los denominados "narcos invisibles". En lugar de refugiarse en campamentos tradicionales en la selva, el criminal se hacía pasar por un próspero empresario o ganadero de la región. Esta fachada, sumada a su capacidad económica, le permitía vivir en propiedades de lujo que contrastaban con su actividad delictiva.El aspecto físico fue una de sus herramientas de camuflaje más recurrentes. "Estos sujetos, con su capacidad económica, pueden lograr cambios en su aspecto con cirugías. Al parecer sí se había hecho algunas mejoras o cambios en su fisonomía, por eso no era tan fácil llegar a ellos", señaló el coronel Reyes.¿Qué implica esta captura para la seguridad en el Meta?La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, resaltó que este resultado es fruto de una fuerza pública que hoy se siente "más confiada y tranquila" para ejecutar operativos. La mandataria enfatizó que, más allá de la acción militar, es imperativo un trabajo mancomunado que incluya la presencia integral del Estado. “Necesitamos llegarle más a la población con inversión en vías, salud y educación, para contrarrestar el control territorial que ejercen estos grupos insurgentes mediante la coerción a las comunidades”, indicó la gobernadora.Tras ser conducido a Bogotá, alias ‘Bonito’ quedó a disposición de las autoridades competentes. La operación, que requirió meses de trabajo conjunto entre el Gaula, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial, es vista como un golpe contundente a la estructura de los ‘Comandos de Frontera’, debilitando así la cadena de mando del narcotráfico en el sur del país.
La gobernadora del departamento del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, respaldó las recientes acciones de la fuerza pública en el territorio departamental tras la concreción de operaciones militares contra estructuras de las disidencias de las FARC pertenecientes al mando de alias Iván Mordisco. En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria territorial analizó el impacto operativo registrado en el municipio de Mapiripán, donde se produjo la captura de alias Bonito y la neutralización de alias El Ruso.Operativa militar y disputas territoriales en MapiripánEl municipio de Mapiripán, caracterizado por su extensión geográfica y su posición limítrofe con el departamento del Guaviare, se ha consolidado como un punto estratégico en las dinámicas delictivas de la región. De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, esta zona enfrenta complejos desafíos de seguridad debido a la confrontación directa entre distintas facciones armadas ilegales.Durante el despliegue militar reciente, las autoridades ejecutaron la captura de alias Bonito, presunto integrante de la estructura de alias Iván Mordisco, a quien se le atribuyen actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el amedrentamiento a la población local. Asimismo, en el marco de estos mismos procedimientos, las fuerzas armadas reportaron la baja de alias El Ruso (también conocido como alias El Alemán), señalando su rol como presunto cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias, desplazado desde el departamento de Arauca con la consigna de disputar el control territorial frente a los grupos comandados por alias Calarcá."Mapiripán es uno de los municipios más extensos del departamento, pero es uno de los municipios también que tiene unos problemas de seguridad muy fuertes porque aquí están estos grupos peleándose esta zona. Ayer se capturó a Leal Bonito, quien hace parte de la estructura de Iván Mordisco, un delincuente que hacía muchísimo tiempo estaba incursionando por ese sector generando extorsión, zozobra"."Este señalado como el cabecilla principal de la estructura 28 de la disidencia de las FARC de Iván Mordisco... ahí es cuando uno empieza a decir, vea que sí funciona un gobierno que llega con mano fuerte y cuando toma decisiones claras frente a nuestras fuerzas militares".Evaluación del rol de la fuerza pública y la postura institucionalAl ser indagada sobre la inmediatez de los resultados operativos tras el cambio de mando en la Presidencia de la República, asumida formalmente por Abelardo de La Espriella, la gobernadora del Meta manifestó su perspectiva sobre la operatividad de las tropas en el territorio y la determinación ejecutiva en materia de orden público.Cortés argumentó que, según su lectura institucional, existía prevención en las actuaciones de los mandos militares en periodos anteriores debido a la incertidumbre sobre la condición jurídica de algunos integrantes de grupos armados en el marco de acercamientos de paz."Siempre he sentido que ellos no saben si es por este lado, si están algunos grupos que son gestores de paz, y si estos están en procesos de paz... Entonces siempre como ese temor... Y ya habíamos visto varios casos que habían pasado de nuestras fuerzas militares actuando, en algunos casos capturando alguna de estas personas, pero después o removían al comandante o al coronel que estuviera haciendo el operativo de las fuerzas militares o soltaban al otro día a los capturados".Articulación regional y recursos para la seguridad públicaLa administración departamental del Meta ha reiterado que mantendrá el esquema de colaboración con la fuerza pública mediante el uso de herramientas como bolsas de recompensas, apoyo logístico y articulación con la ciudadanía para incentivar la denuncia comunitaria.La mandataria señaló que la inteligencia militar ha mantenido un seguimiento constante a los movimientos de las organizaciones al margen de la ley en la Orinoquía, por lo que la efectividad de las acciones armadas del Estado requiere un respaldo político e institucional permanente a los procedimientos en terreno."Nosotros felices como departamento del Meta y con toda la disposición, los recursos, con todo el acompañamiento y con, por supuesto, con la comunidad para que nos denuncien estos casos, para que nuestras fuerzas armadas, fuerzas militares puedan llegar a realizar estas capturas y podamos avanzar en temas de seguridad. Ya tenemos un gobierno que le cree a la fuerza pública, ya tenemos un gobierno que acompaña las operaciones de la fuerza pública... Vamos a actuar con todas nuestras fuerzas militares, con toda la inteligencia, y por supuesto con todos los recursos posibles para podernos mermar y combatir estos grupos insurgentes".
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un exmilitar por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre ocurrido el 24 de agosto de 2014, en el municipio de Girón, Santander.De acuerdo con la investigación, durante la noche de ese día varias personas se encontraban reunidas en una calle del municipio de Girón cuando fueron abordadas por un grupo de soldados profesionales que adelantaba labores de patrullaje, vigilancia y registro.Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el entonces soldado profesional Benjamín Méndez Asenso habría disparado por la espalda contra uno de los hombres, quien se retiraba del lugar. El impacto le habría ocasionado la muerte.El ente investigador también estableció que, la víctima presuntamente no se opuso a la requisa. Por la acción del entonces soldado profesional la víctima falleció."Se cuenta con materia probatorio que evidencia que el exintegrante del Ejército Nacional estuvo en el lugar de los hechos y que sostuvo una conversación con la víctima, a quien, al parecer, le disparó sin justificación alguna", dice el fiscal del caso. La investigación fue coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, con sede en Bucaramanga. Los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios que ubicarían a Méndez Asenso en el lugar de los hechos y que indicarían que habría sostenido una conversación con la víctima antes del disparo.Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.La Fiscalía aclaró que los hechos son materia del proceso judicial y que la responsabilidad penal del exmilitar deberá ser determinada por las autoridades competentes.
Para muchos colombianos, tener una cuenta en Nequi o Daviplata ha sido una manera de controlar su dinero, además de recibir y realizar pagos sin mayores demoras, por lo que tanto ciudadanos como comerciantes se han beneficiado de estas plataformas. Sin embargo, tras la llegada del Registro Universal de Ingresos (RUI) y su transición dejando atrás el Sisbén, muchos se han preguntado si este tipo de cuentas pueden afectar la clasificación socioeconómica de los colombianos.Teniendo en cuenta que uno de los puntos relevantes del RUI es que su clasificación dependerá de más de 43 entidades, muchos se preguntan si tener una billetera digital puede condicionar su clasificación, ubicando a las familias en un grupo diferente y que esto, por consiguiente, las lleve a no cumplir con las condiciones para acceder a programas sociales. Ante este panorama, el DNP aclaró la inquietud.¿Nequi y Daviplata afectan la clasificación del RUI?Antes que todo, vale aclarar que la clasificación del RUI parte de los ingresos de las personas y los hogares. El sistema cruza esta información con datos de entidades administradoras del Estado.Por lo tanto, la idea es identificar los ingresos reales de los hogares y su situación económica a partir de información disponible en bases de datos. Tener una cuenta en alguna billetera digital no basta, pues no refleja por sí sola información administrativa que permita determinar los ingresos.El Registro Universal de Ingresos integra información de varias fuentes del Estado, como el Registro Social de Hogares, la DIAN y la PILA, además de otros registros que se utilizan para realizar los respectivos procesos de focalización.Por lo tanto, no debe preocuparse si tiene una cuenta en Nequi, Daviplata o cualquier otra billetera digital. Lo que sí será tenido en cuenta en la clasificación del RUI es la información relacionada con los ingresos del hogar.¿Cuáles ingresos son tomados en cuenta en el RUI?Tenga en cuenta que la clasificación puede cambiar si la información disponible muestra condiciones económicas diferentes a las que estaban registradas anteriormente en el Sisbén.Un ejemplo de ello es que, si los registros muestran que los ingresos reales superan los límites establecidos para determinados grupos, esa información podría influir en la clasificación que establece el RUI.Por lo tanto, existe una diferencia entre contar con una billetera digital y los movimientos o ingresos que pueden estar reflejados en las fuentes utilizadas para determinar la situación económica de una persona o un hogar.¿Cómo consultar la clasificación del RUI?Los ciudadanos pueden verificar la información de su hogar únicamente a través de la plataforma oficial de la Ventanilla Social.Para realizar la consulta deben seguir estos pasos:Ingresar al portal oficial de la Ventanilla Social.Seleccionar el tipo de documento.Digitar el número de identificación.Hacer clic en "Consultar".El Gobierno recomienda utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar fraudes y proteger la información personal. Asimismo, recordó que la implementación del RUI será gradual y que, durante la transición, continuarán vigentes los mecanismos actuales de focalización mientras las entidades completan los ajustes técnicos.
