La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
Más allá de la polémica por posibles actos corruptos en torno a los procesos de contratación, cierto es que el desarrollo de proyectos para la prevención de inundaciones en territorios como el Carmen de Bolívar, en Cotorra (Córdoba) y en Saravena (Arauca) sí son necesarios para estas poblaciones, y así también lo reconoce el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo.Carrillo, no obstante, insiste en que primero debe existir una correcta planeación, pues de lo contrario surgen este tipo de problemas en los que muchas veces se contratan obras que no son realmente las que necesita la comunidad.Luego, toda la formulación debe ser desarrollada por los alcaldes municipales, según explicó el funcionario del Gobierno."Así es como funciona. Eso es el diseño institucional y eso puede ser bueno o malo, pero hoy es así: el municipio estructura el proyecto, lo postula, luego nosotros lo estudiamos y lo llevamos al Banco de Proyectos para viabilizarlo", detalló.Carrillo aseguró que la UNGRD le seguirá dando prioridad a las soluciones basadas en la naturaleza o de bioingeniería, así que lo más recomendable es que los alcaldes presenten proyectos con este enfoque si en realidad quieren conseguir un aval y apoyo del Gobierno.UNGRD: minhacienda entregará documentos de contratos a Fiscalía tras iniciar investigaciónEn respuesta a la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía, el equipo jurídico del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice enfáticamente que no se cometieron irregularidades en el manejo del presupuesto asignado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Según Javier Torres, del equipo jurídico del ministro de Hacienda, toda la documentación relacionada con los proyectos y la trazabilidad del presupuesto está disponible para la Fiscalía, asegurando la transparencia del proceso.El anuncio de la investigación se centra en tres contratos cuestionados por exdirectivos de la entidad, además, en una reunión de tres horas, el ministro Bonilla y su equipo legal revisaron líneas de tiempo, documentos y las comunicaciones pertinentes.Además, la defensa del minhacienda asegura que la próxima semana entregarán un paquete inicial de documentos a la Fiscalía y ya han solicitado que el ministro Bonilla sea escuchado en declaración, mostrando su disposición para que las investigaciones avancen rápidamente.
En entrevista con Blu Radio, el director de la UNGRD Carlos Carrillo, se refirió a las próximas imputaciones a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López relacionadas con el escándalo de corrupción que estalló con los carrotanques en La Guajira.“No fue una sorpresa dada la gravedad de los delitos admitidos por los implicados. Espero que se aplique un castigo ejemplar a los responsables, esto ha sido una absoluta mezquindad", dijo Carrillo.Desde el inicio, Carrillo enfatizó la importancia de que su unidad sea reconocida como víctima en estos procesos judiciales. Argumentó que las decisiones tomadas por los criminales continúan afectando gravemente el funcionamiento de la entidad.Asimismo, expresó su preocupación sobre la posible existencia de más cómplices dentro de la unidad, subrayando la necesidad de identificar y enfrentar a todos los involucrados en estos actos de corrupción.En cuanto a la devolución de los fondos desviados, Carrillo destacó que estos recursos pertenecen a todos los colombianos y que lo ideal sería que retornaran al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, destinado históricamente a emergencias y situaciones críticas.En relación con la compulsa de copias que hizo la Fiscalía a los congresistas, Carrillo prefirió no juzgar, dejando esa tarea a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, dejó entrever que podría existir una “cacería de brujas” o que quizás faltan congresistas que también estarían implicados.Andrés David Calle AguasKaren Astrith Manrique OlarteJulio Elías Chagüi FlórezWadith Alberto Manzur ImbettLiliana Esther Bitar CastillaJulián Peinado RamírezJuan Diego Muñoz CabreraJuan Pablo Gallo Maya“El Congreso lamentablemente ha sido muy proclive históricamente en este país a meterse en ese tipo de prácticas. Yo espero que se defiendan. Tienen derecho a la defensa. También creo que podría haber una cacería de brujas. Porque es que estas personas tienen que probar lo que dicen. Porque también sería muy fácil proteger a unos que acusen a otros. Entonces, bueno, yo no me puedo pronunciar sobre las responsabilidades de los congresistas, estamos atentos a colaborar con la Corte Suprema de Justicia. Yo ya fui citado como testigo en el caso del senador Name y del representante Calle y pues iré a declarar a la Corte Suprema las veces que sean necesarias”, sentenció Carrillo.Sobre los principios de oportunidad que están negociando los abogados de Sneyder Pinilla y Olmedo López, el actual director Carrillo destacó que se necesitan verdades absolutas sobre la corrupción de la cual los dos exfuncionarios tienen conocimiento. En este proceso que apenas comienza las entidades que serán consideradas víctimas, además de la UNGRD, está la Contraloría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo de Jesús López Martínez; el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.Según la indagación adelantada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los tres indiciados serían responsables de diferentes actuaciones ilegales detectadas en varios procesos contractuales de la UNGRD, entre ellos el de la adquisición de carrotanques para garantizar el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira.En las audiencias que fije el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá, estas personas serán vinculadas, de acuerdo con sus particulares conductas, por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.Así mismo, la Fiscalía a cargo del caso dispuso la compulsa de copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que, en el marco de sus competencias, indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos de corrupción identificados. Esto, en atención a las menciones, evidencia y elementos de prueba hallados.Congresistas Iván Leonidas Name VásquezAndrés David Calle AguasKaren Astrith Manrique OlarteJulio Elías Chagüi FlórezWadith Alberto Manzur ImbettLiliana Esther Bitar CastillaJulián Peinado RamírezJuan Diego Muñoz CabreraJuan Pablo Gallo Maya
En una entrevista para Telecafé, Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, habló sobre el escándalo donde se vio involucrado con la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, donde se le señalaba de recibir 1.000 millones de pesos a cambio de favorecer las reformas del presidente Petro en el Congreso de la República."Aquí estamos ante el desafío de una infamia, independientemente si represento a un sector del Gobierno, es la infamia de unos personajes que se vieron al descubierto y los otros iremos en posición de defensa ante nuestro juez natural que es la Corte Suprema”, dijo Calle.Además, añadió que “mi posición política ha sido conocida por el país y por mis colegas, cuando me eligieron como presidente de la Cámara de Representantes sabían que Andrés Calle había acompañado desde la costa caribe al presidente Gustavo Petro, porque creó unas políticas de cambio, sociales, que he defendido en mi postura como parlamentario".Cabe recordar que Calle ahora tendrá que ir ante la Corte para dar declaración sobre lo sucedido. Un hecho que le ha ocasionado gran polémica en su contexto político y además en la que se ha llevado grandes críticas por varias figuras a nivel nacional.Con esta polémica no solo se vio salpicado él sino también el congresista Iván Name, quien ocupaba la presidencia del Senado, y se le señaló de recibir dinero para favorecer proyectos.
Frente a las informaciones sobre el hecho de que un total de 15 árbitros del fútbol profesional colombiano habrían sido retirados por parte de la Comisión Arbitral, aparentemente por sospechas de amaños de partidos en la Liga y otras competiciones, aunque se argumentó el bajo rendimiento de los centrales y que, algunos no pasaron las pruebas físicas y técnicas recientes. la Federación Colombiana de Fútbol, ente al que está adscrita dicha comisión, habló con Blu Radio.Según una serie de datos que se han hecho virales en redes sociales, entre los jueces centrales que habrían sido apartados están el cordobés Éder Vergara y el nortesantandereano Jorge Duarte, quienes durante el certamen del primer semestre protagonizaron decisiones polémicas.En el caso de Vergara, el juez llegó a dirigir una final del rentado criollo: la que disputaron en la ida Atlético Nacional y Deportes Tolima, el 22 de junio de 2022, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en partido que terminó 3-1 en favor de los locales."Para la Liga Colombiana 2024-II la Comisión de Árbitros sacó del panel a 15 jueces entre centrales, asistentes, VAR y AVAR'S. Es la barrida más grande de árbitros en los últimos 32 años", indicó el exárbitro y analista José Borda, que por lo general está empapado de estos temas, sin que haya sido desmentido por la FCF.A Vergara y Duarte, se sumaria como silbato principal Wander Mosquera, del colegio de Cundinamarca. Y como asistentes, José Piedrahita yYinfar Bulla; en la labor del VAR Ricardo García; y como AVAR Cristian de la Cruz, Jhon F. Gómez, Herminsul Calderón, Juan Camilo Vaca y Giovani Padilla; entre los árbitros que, presuntamente, fueron apartados.Pese a la gravedad de la información, que es dada como un hecho por parte de quienes están cerca al panel arbitral, hasta el momento el titular de la comisión, el también exárbitro Ímer Machado, no se ha pronunciado al respecto y ha dado pie para que surjan una serie de especulaciones sobre este escándalo de marca mayor.Federación Colombiana de Fútbol se pronunció Al respecto, la FCF, en cabeza de Ramón Jesurún dio a conocer su posición frente al revolcón en el arbitraje colombiano y en diálogo con Blu Radio manifestó su enojo y desacuerdo ante este escándalo.Según el máximo dirigente estos señalamientos por corrupción y falta de transparencia son una “vil canallada” y que la razón por la que no los llamaran es por la discrecionalidad de la comisión arbitral y que esto es una decisión técnica y que el algunos casos se da por edad, indicó a la periodista de Mañanas Blu Camila Carvajal.Además, Jesurún indicó que algunos sobrepasan la edad para ser llamados y unos más que no cumplieron con el puntaje requerido para ser llamados. Se espera una reunión este martes, 25 de junio, para conocer la lista oficial de los centrales que no serán llamados. En la comisión arbitral hay una profunda molestia, porque no fueron tenidos en cuenta para esta decisión.Escuche el informe acá:
El caso de los "pasteles deformados" de Navidad que recibieron en Japón clientes que los compraron en línea en una lujosa tienda, se transformó en un escándalo viral en las redes sociales."Nos disculpamos profundamente por la deformación de nuestros pasteles congelados de Navidad, que no cumplieron con las expectativas de muchos de nuestros clientes", declaró el miércoles en una conferencia de prensa televisiva Kazuhisa Yokoyama, uno de sus altos funcionarios de la cadena japonesa de grandes almacenes Takashimaya, involucrada en el escándalo.A raíz de las numerosas quejas de los clientes en los últimos días en las redes sociales, algunas acompañadas de fotos de los pasteles deformados, el grupo también propuso indemnizaciones.Aunque los pasteles de crema incriminados, facturados 38,5 dólares por unidad, eran aptos para el consumo, su aspecto planteaba un problema.Takashimaya confirmó que más de 800 de los 2.900 pasteles de Navidad congelados que vendió en línea aparecieron deformados al ser sacados del empaque por los clientes.El grupo llevó a cabo una amplia investigación para intentar aclarar lo ocurrido, sin éxito. No se pudo "identificar una causa", precisó Yokoyama.Sin embargo, "somos responsables de nuestros productos, desde la producción hasta la distribución", resaltó Takashimaya.Los consumidores en Japón son particularmente exigentes con la calidad y el aspecto de los productos que adquieren, y esperan la perfección cuando compran en grandes almacenes de lujo como Takashimaya.En la red social X los consumidores expresaron su "tristeza" o bien sus dudas sobre la confianza que pueden tener en el grupo.Le puede interesar:
Las autoridades del Capitolio de los Estados Unidos están inmersas en una investigación completa después de que surgieran informes sobre un empleado del Senado que aparentemente se grabó a sí mismo en un video íntimo gay en una sala histórica de audiencias del Senado en los terrenos del Capitolio.El "Daily Caller", un medio de orientación política extrema, fue el primero en informar sobre la existencia de un video explícito grabado en el Edificio de Oficinas del Senado Hart del Capitolio, evidenciando una intención de perjudicar al partido demócrata.El material visual muestra a dos hombres en un acto íntimo dentro de lo que se presume que es la sala Hart 216, conocida por albergar audiencias del Comité Judicial del Senado.En la grabación, dos hombres no identificados se ven envueltos en el acto dentro de la sala de audiencias, uno de ellos desnudo y en una posición comprometedora sobre el estrado donde suelen sentarse los senadores para llevar a cabo asuntos oficiales e interrogar a testigos.El video incluye una breve panorámica del sello del Senado en la pared.Respuesta de las autoridadesUn portavoz de la Policía del Capitolio confirmó que están al tanto de la situación y están llevando a cabo una investigación exhaustiva. Informes no confirmados sugieren que un miembro del personal del senador demócrata por Maryland, Ben Cardin, podría estar involucrado en el video.Un portavoz de Cardin declaró que, debido a que se trata de un asunto de personal bajo revisión, no harán más comentarios en este momento.Despido de un empleado del SenadoUn asistente del senador demócrata Ben Cardin fue despedido después de que se hiciera público un video que aparentemente muestra a dos hombres en una situación íntima en una sala de audiencias del Senado, en el Capitolio de Estados Unidos.Las imágenes explícitas, compartidas por el periodista Henry Rogers de The Daily Caller el viernes, muestran a dos hombres en una situación íntima en lo que parece ser la sala Hart 216, la sala de audiencias del Comité Judicial del Senado, que ha sido testigo de eventos significativos como las audiencias de la Comisión del 11 de septiembre y el testimonio del ex director del FBI James Comey en 2017 sobre Donald Trump.Le puede interesar:
Dos años después de se destapara el escándalo de Centros Poblados que involucró al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a la entonces jefe de cartera, Karen Abudinen lanzó un libro que cuenta su versión de los hechos.En entrevista con Mañanas Blu 10AM, la exministra Abudinen se refirió al escándalo de los 70.000 millones y al libro que escribió de 168 palabras, en el que recogió documentos, testimonios y evidencia para contar “su verdad”.Según la exministra, escribir el libro era importante hacer un recuento histórico para la vida, para su familia, para los ciudadanos y para hacer una reflexión frente a la ley 80."Yo creo que era importante hacer este recuento histórico para la vida, para mi familia, para, para los ciudadanos, para la gente, porque al final del día sí hay condenados. Algunos se acogieron a sentencias anticipadas. De hecho hay principios de oportunidades, pero aquí lo importante es cómo ocurrieron los hechos y por qué creo yo que hay que hacer una reflexión frente al tema de la ley 80, que es de las cosas que creo que tenemos que iniciar un debate frente a qué le hace falta a la ley 80", destacó Abudinen.Asimismo, la exjefe de cartera habló sobre los conetenidos que aborda en el libro y cómo se ha visto afectada, asegura, no solo ella, sino su familia por todo lo que se ha hablado en redes alrededor del tema."En el libro hay bastantes reflexiones frente a las bodegas, por ejemplo, que creo que a veces ni nosotros mismos entendemos cómo un contenido puede llegar a 90 millones, o sea, a 90 millones de usuarios, de impresiones. Como eso puede afectar la psiquis, inclusive no solo de mi persona y mi familia, sino inclusive de todas las personas que estaban trabajando en el Ministerio de las Tecnologías y Comunicación", comentó.Abudinen también defendió la decisión de entregar el contrato en ese momento que tomó porque dice que no podía haber tomado una decisión diferente porque la ley la llevaba a darle el contrato justamente a ese consorcio, pese a las alertas."Lo que pasa aquí y es importante es que ellos cumplieron con todos los requerimientos, tanto técnicos como jurídicos, como financieros. Dos. La empresa presentó una oferta que era más una oferta cerrada que cumplía con todo el tema de más tiempo, más velocidad, mejor servicio, más años. Entonces eso también conllevó a que esa empresa tuviera, no solamente digamos, cumpliera técnicamente, sino que también cumpliera proponiendo más cosas y más beneficios para los ciudadanos. Ahí, a pesar de las alertas porque son alertas, yo no puedo condenar a alguien donde yo no tengo una prueba", puntualizó la exministra.En ese sentido, Abudinen también reconoció las acciones que llevaron a cabo desde el ministerio que "cumplieron con todos los procedimientos que la ley exige"."Yo quiero como ser muy clara. A los cuatro meses de adjudicado este contrato, se caducó el contrato. Por eso, porque si no hubiéramos abierto un proceso de incumplimiento, si este proceso de incumplimiento no nos lleva a que hay una garantía falsa porque llamamos al garante y cumplimos con todos los procedimientos que la ley te exige, nunca jamás hubiéramos podido caducar el contrato ni adjudicárselo al segundo", detalló."A ellos les suspendieron todos los contratos que tenían con el Estado, que eran más de 4 billones de pesos. Entonces yo lo que creo es se hizo lo correcto. Se protegió 1 billón de pesos porque hay que pensar que el contrato no solamente era de 70.000, sino era de 1.7. (...) Hoy hay más de 8.000 colegios conectados. Los 70.000 están en manos de los criminales", aseguró.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
En las últimas horas se conoció la lista que entregó la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía de Medellín como respuesta a un derecho de petición interpuesto por el concejal Alfredo Ramos y que contiene 17 nombres, entre los que se encuentra la misma secretaria de despacho que firma la respuesta, Ingrid Vanessa González Montoya.De acuerdo con la norma, los empleados oficiales, tienen el beneficio de poder acceder a créditos para vivienda con un interés del 1.5% efectivo anual. La molestia de algunos ciudadanos es que en muchos casos, cuando se trata de los empleados de libre nombramiento y remoción, que cambian constantemente, puede ocurrir un aprovechamiento no ético del beneficio.La abogada Gloria Jaramillo explicó a Blu Radio que "ahí hay muchas personas que ya se fueron, una que está de secretaria en Itagüí, otras que han renunciado hay otro muchacho, Harrys, que también era de Gestión Humana y se fue, entonces esto no debería ser ni para todos ni en las mismas condiciones".Y es que al estudiar la lista de solicitantes, al menos 5 de ellos ya no trabajan para la Administración Distrital, entre quienes están Alejandro Arias García, exsecretario de Desarrollo Económico, hoy Concejal electo para la ciudad por el Partido Verde y quien renunció a su cargo antes de la notificación del préstamo; y Daniela Cardona Duque, líder de programa, a quien le desembolsaron el crédito en mayo de este año y tras eso renunció a la Alcaldía para ser la Secretaria de Vivienda en Itagüí.También aparece en esa lista Alethia Arango Gil, hoy subdirectora para la Reducción del Riesgo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y quien tuvo una serie de escándalos por el uso de camionetas de la Alcaldía para temas personales.Pero en la lista también aparecen 4 funcionarios, aún vinculados con la Administración Distrital, pero que están envueltos en varios escándalos, entre ellos Luis Fernando Gómez Marín, quién está a cargo de la Secretaría de Hacienda, pero antes era el Tesorero y miembro del comité de fondos fijos; Ingrid Vanessa González Montoya, actual secretaria de Gestión Humana y quien se habría auto otorgado un subsidio para estudio, además del de vivienda; Natalia Andrea Jiménez Pérez, quien ha sido Secretaria General de la Alcaldía y hoy es secretaria general de Telemedellín, envuelta en los actuales escándalos de contratación; y la asesora Diana Cecilia Ramírez Álvarez, hermana de Juan Pablo Ramírez Álvarez, gerente de campaña de Juan Carlos Upegui.Ante esto, la abogada Jaramillo explica que si bien no hay ilegalidad, sí debería existir una cláusula que permita condicionar la solicitud de los créditos y que esté supeditada al tiempo que lleven en la Alcaldía, pero también condicione el tiempo antes de renunciar tras recibir el beneficio."Debería al menos tener una cláusula aceleratoria donde se le cobrará a todos en el momento en que renunciara o se fuera, porque esto permite entonces que una persona que lleve más de un año acceda a un crédito, una vez se lo den, salga y ya siga el tiempo que dure el crédito pagando a una mínima tasa de interés, entonces esto verdaderamente lo que genera es un detrimento", puntualiza la abogada.A la fecha, al menos 8 de los 17 préstamos a empleados de libre nombramiento y remoción ya fueron desembolsados, dos renunciaron al crédito voluntariamente, dos tienen desistimiento con sanción y los demás están en proceso de legalización.Le puede interesar:
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
