El gobierno de Venezuela afirmó este domingo que desde 2018 han regresado al país 28.521 venezolanos de 21 países con el denominado "Plan Vuelta a la Patria" tras una última repatriación de 247 ciudadanos desde Perú este fin de semana."Cifra de venezolanos beneficiados con el Plan Vuelta a la Patria asciende a 28.521 pasajeros, procedentes de 21 países, a través de 165 vuelos y un traslado marítimo", señaló la Cancillería venezolana en su cuenta de Twitter.En otro mensaje, indicó que en una nueva jornada de este programa 247 venezolanos llegaron al país desde Perú.El pasado 22 de marzo, el organismo anunció el inicio de una nueva fase del "Plan Vuelta a la Patria", que se puso en marcha en septiembre de 2018, para facilitar el regreso de migrantes que fueron víctimas de xenofobia en países receptores.La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) estima que 6.041.690 personas han abandonado el país ante la crisis de los últimos años. Dicha plataforma indica que, de ese total de migrantes, 4.992.215 viven en América Latina y el Caribe.Escuche el podcast Cómo Como:
La Talanquera es un monumento que anuncia la entrada al municipio de Tame, en Arauca. En medio del conflicto que se ha desatado por los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN, desde hace casi un mes, llegan decenas de venezolanos a este punto para seguir su camino hacia otras zonas de Colombia o hacia otros países vecinos.Ramón viaja junto a 15 personas, salió de Venezuela hace 8 días y espera llegar a Yopal. En este tiempo se ha movilizado caminando, pero también en mulas o camiones que deciden movilizarlos.“Caminando, o de cola en cola; pero con la bendición de Dios primeramente y pa’ lante”, afirmó.Sobre su decisión de salir de Venezuela asegura que, en ese país, “no se puede, todo esta caro y no hay empleo, no hay nada. Pienso llegar a Yopal, pero si es la voluntad de Dios llegar a otro lado pues bueno, amén”.Julio viaja con su esposa y su hijo, dice que va para Perú porque allá tiene familiares que lo están esperando, decidió salir de Calabozo, en Venezuela, hace cinco días.“Allá si comes hoy no comes mañana y lo que se está ganando es demasiado poco para el venezolano, para poder sustentar a su familia hoy en día. Me he visto en la obligación de salir del país porque tenemos que buscar la manera de sustentar a nuestros hijos y a nuestra familia”, puntualizó.Él viene con un grupo de otras 15 personas y manifiesta que “muchas veces se ganan 15, 20 dólares en los establecimientos donde se trabaja y eso no alcanza. Acá hay gente de San Fernando. La mayoría del tiempo hemos venido caminando y ‘agarrando cola’”.A este punto de Arauca llegan algunos ciudadanos venezolanos que buscan oportunidades en otros países. Paran a descansar y esperar un “aventón” de alguien que los pueda acercar a sus destinos.Vea el video: Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Alcaldes de 12 ciudades colombianas, entre ellos los de Bogotá, Cúcuta y Pasto, firmaron un manifiesto en el que rechazan la xenofobia y apoyan la integración de los migrantes venezolanos para vincularlos a la economía del país.La iniciativa la impulsa la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a través de su campaña "Somos Panas Colombia", y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales)."Promovemos la integración entre colombianos y venezolanos, que entendamos que a pesar de ser una situación desafiante para todos, también se abren oportunidades si abrimos los canales de integración", dijo Rocío Castañeda, oficial de Información Pública de Acnur Colombia, en entrevista con Mañanas BLU. La Acnur informó que hasta el momento el documento lo han respaldado los mandatarios de Bogotá, Bucaramanga, Montería, Pereira, Popayán, Cúcuta, Arauca, Armenia, Florencia, Mocoa, Pasto y Sincelejo."La firma de este manifiesto es un hito importante para la integración de personas refugiadas y migrantes a la sociedad colombiana", dijo la representante adjunta de Acnur en Colombia, Elizabeth Eyster.La funcionaria agregó que las ciudades capitales "sin duda juegan un rol fundamental para abrir caminos para que ellos y ellas puedan aportar cultural, social y económicamente".Recalcó que con la firma del documento los alcaldes también manifiestan el compromiso para rechazar cualquier discriminación y fortalecer los caminos de inclusión y que eso significará protección y bienestar tanto para las personas venezolanas como para las comunidades colombianas que los han acogido.Por su lado, los alcaldes dijeron que entienden la situación que vive el país por múltiples factores, entre ellos la pandemia del coronavirus."Entendemos que la situación que vivimos no es, ni ha sido fácil, que tanto colombianos como refugiados y migrantes, sufrimos la dura realidad del desempleo; la angustia por el acceso a la salud, a la educación; la urgencia de suplir las necesidades básicas", expresaron.A renglón seguido aseguran que son "conscientes también que solo trabajando juntos, hombro a hombro y con miras a proteger los derechos de todos y todas", se va "a salir adelante".Para el alcalde de Montería (norte) y presidente de Asocapitales, Carlos Ordosgoitia, esto significa "pensar en el otro"."Es buscar, a través de esas complejidades que hoy se viven, soluciones integrales al desarrollo del ser humano", expresó.Según Migración Colombia, en el país hay cerca de dos millones de migrantes venezolanos que están principalmente en Bogotá (393.716), Medellín (148.714), Cúcuta (98.680), Barranquilla (93.321), Cali (84.160), Cartagena (50.026), Santa Marta (45.245) y Bucaramanga (41.460).Le puede interesar. Escuche las Noticias del día:
A través de un canje de notas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la Gerencia de Fronteras y la Embajada del gobierno interino de Venezuela en Bogotá, se adoptó un mecanismo temporal, transitorio, expedito, excepcional y alternativo para que los migrantes venezolanos con títulos universitarios puedan apostillarlos frente a las autoridades colombianas.El proceso, de carácter gratuito, busca certificar exclusivamente títulos de educación superior como pregrado, posgrado, maestría y doctorado. No se aceptarán solicitudes en este mecanismo sobre partidas de nacimiento, matrimonio u otros.La certificación podrá solicitarla ingresando a la página web de la Embajada interina de Venezuela en Colombia co.embajadavenezuela.org y seguir los pasos. Además, recuerde que debe estar inscritos en el Registro Único Consular (RUC).Según el encargado de Negocios y jefe de Misión de la Embajada de Venezuela en Colombia, Eduardo Battistini, han recibido a 24 de noviembre, 3.000 solicitudes. Battistini agradeció a los ciudadanos venezolanos que se han acercado a realizar el proceso y pidió paciencia. Además, hace un llamado a no caer en falsos tramitadores que prometen facilitar estas gestiones, que son gratuitas y no necesitan intermediarios.El trámite puede demorar de 48 a 72 horas y hasta semanas, según las particularidades de cada caso. Por ejemplo, si su título universitario tiene el GTU, la convalidación podría recibir respuesta en un lapso corto, pero si no tiene el GTU, el trámite se demoraría mucho más. También hay algunas excepciones, los títulos expedidos por la Universidad Bolivariana de Venezuela no son reconocidos por el momento.Cuando la Embajada expida la certificación, el ciudadano venezolano podrá seguir el trámite en línea a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia www.cancilleria.gov.co , allí deberá presentar la carta y realizar un pago en línea de 21.000 pesos colombianos.Luego de este proceso ante la Cancillería, podrá continuar con la presentación de la documentación certificada ante el Ministerio de Educación Nacional en Colombia para el trámite de convalidación.
En medio de una cumbre de gobernadores adelantada en Cúcuta, la Contraloría reveló que en los últimos tres años la atención médica de la población venezolana en zonas limítrofes le ha costado al Gobierno colombiano 407.000 millones de pesos.El organismo de control advirtió a los mandatarios de frontera que la política migratoria requiere una eficiente gestión del gasto público porque los manejos imprevistos podrían desafiar el régimen legal vigente.“La política migratoria, que demanda una articulación de esfuerzos entre el Gobierno Nacional y las administraciones departamentales, exige un compromiso de ustedes en materia fiscal”, dijo el contralor, Felipe Córdoba.Y es que el Gobierno aún le debe al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, que recibe la mayor cantidad de venezolanos, una suma de 108.000 millones de pesos.Los cálculos que realizó el Fondo Monetario Internacional arrojaron que la atención a la población migrante y refugiada en Colombia tendrá de aquí al 2023 un enorme impacto fiscal.El Banco de la República también añadió que los costos relacionados en salud de los extranjeros se aproximarán a los 620.000 millones de pesos que equivalen a un 0,06% del PIB.Le puede interesar. Escuche La Intérprete en Spotify:
En un informe especial realizado por Noticias Caracol, se conocieron algunas de las situaciones terribles que deben pasar varios menores, en gran parte venezolanos, para lograr superar el hambre.En Villa del Rosario, Norte de Santander, ha sido el espacio para que cientos de migrantes menores de edad lleguen desamparados, sin algún apoyo estatal se vean obligados a recurrir a la prostitución como método de sobrevivencia.En testimonios recogidos por este informe, se conoció que las niñas ingresan en este mundo obligadas por las necesidades, otras son abusadas sexualmente de quienes se aprovechan de su desamparo.Montos desde 8 mil pesos son los montos que en ocasiones reciben por prestar servicios sexuales a pedófilos.Existen fundaciones que buscan ser un alivio para esta población, rescatándolos del mundo de la prostitución, brindándoles una educación y apoyarlos sicológicamente.Sin embargo, ante el crecimiento que registró la ONU de menores venezolanos llegando a Colombia desprotegidos, es necesario incrementar todos los esfuerzos.En respuesta a esto, las autoridades afirmaron que constantemente se encuentran en operativos los cuales buscan frenar las actividades de explotación sexual a los menores.
Los Informantes de Caracol Televisión, retrataron el drama de los niños venezolanos que migran solos de Venezuela a Colombia en busca de oportunidades.
Tras un operativo realizado por la Policía, Personería y Alcaldía de Barrancabermeja, fueron rescatados 11 menores de edad que eran usados para pedir limosna en las calles del puerto petrolero.Según indicaron las autoridades, los niños eran ubicados en los semáforos de las comunas 1, 2 y 3 en Barrancabermeja, donde pedían limosna a los peatones y conductores.“Se rescatan a los 11 menores y se captura a una mujer de 30 años, de nacionalidad venezolana, por el delito de explotación de menor de edad, se pudo establecer que esta mujer tenía una menor de 22 meses que no corresponde a su núcleo familiar”, informó el coronel Gustavo Martínez, comandante de la Policía del Magdalena Medio.Los menores de edad quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Este lunes, el presidente Iván Duque reveló una nueva estrategia del Gobierno para regularizar la situación de venezolanos en Colombia. Duque presentó el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, para la regularización masiva de los connacionales que viven en Colombia. Quienes se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir visa de residentesBeneficiarios: venezolanos con permiso de ingreso y permanencia, solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto SC-2, que están tramitando una visa y migrantes en condición irregular que demuestren estaban en Colombia antes de la entrada en vigencia de la medida.Una vez termine la vigencia del Estatuto, todo migrante venezolano deberá solicitar una visa para vivir en Colombia y el que no lo haga incurrirá en permanencia irregular y será sancionado.Esta tarde el presidente, la canciller, Claudia Blum y el gerente para la frontera, Lucas Gómez, socializaron el Estatuto con la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi.ABECÉ DEL NUEVO ESTATUTO DE PROTECCIÓN TEMPORAL PARA MIGRANTES VENEZOLANOSEl presidente Iván Duque presentó en el Palacio de San Carlos el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, que busca la regularización masiva de cerca de 1 millón de connacionales que viven en Colombia de forma irregular.¿POR QUÉ?Teniendo en cuenta que más del 56% de los venezolanos que se encuentran en Colombia están en condición irregular y entendiendo que la irregularidad afecta no solo al migrante, sino también al país.¿QUÉ CAMBIA?Los migrantes venezolanos que se encuentran en un régimen de protección temporal pasarán a un régimen migratorio ordinario. Obligatoriamente debe hacerse la transición de PEP a Permiso por protección temporal para unificación y control.¿CUÁL ES SU VIGENCIA?Los migrantes venezolanos que se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes.¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?Migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia de manera regular, beneficiarios de un permiso de ingreso y permanencia, porque realizaron una prórroga de permanencia o porque cuentan con un PEP.Migrantes venezolanos solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto SC-2, es decir, que están tramitando una visa ante la Cancillería.Migrantes venezolanos en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia a 31 de enero de 2021.Como una medida para desincentivar la irregularidad, aquellos migrantes venezolanos que ingresen de manera regular al país durante los primeros dos años de vigencia del Estatuto.¿QUÉ PASA CON LOS MIGRANTES IRREGULARES?Para los migrantes irregulares en Colombia a la fecha de entrada en vigencia del Estatuto, este tiempo será amplio y suficiente para obtener su permiso por protección temporal y posteriormente acumular el tiempo de permanencia requerida para aplicar a la visa de residente.El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, contempla dos herramientas jurídicas: El Registro Único de Migrantes Venezolanos bajo régimen de protección temporalEl Permiso por Protección Temporal.¿SE EXPEDIRÁN MÁS PERMISOS ESPECIALES DE PERMANENCIA?A partir de la entrada en vigencia del Estatuto, NO se expedirá ni prorrogará ningún Permiso Especial de Permanencia y, aquellos que se encuentren vigentes, harán tránsito al Permiso por Protección Temporal.DOS FASES DE IMPLEMENTACIÓN90 días después a la publicación del Decreto que pone en marcha el Estatuto, se implementará en dos fases:Fase 1: Registro único de Migrantes Venezolanos que hace parte del Proyecto de Identificación y Registro de Ciudadanos venezolanos.Fase 2: Expedición del Permiso por Protección Temporal.IMPORTANTE Quienes se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir visa de residentes. Una vez termine la vigencia del Estatuto, todo migrante venezolano deberá solicitar una visa para vivir en Colombia y el que no lo haga incurrirá en permanencia irregular y será objeto de las medidas administrativas sancionatorias correspondientes, entre ellas la deportación.
El presidente Iván Duque manifestó que Colombia gasta anualmente más de 1.000 millones de dólares para atender a la población migrante de Venezuela y que los recursos de la comunidad internacional no superan los 100 millones de dólares. Por eso hizo un llamado a que se desembolsen ayudas para atender esa situación.Manifestó que no es por quejarse y que los recursos “se agradecen”, pero que se debe generar mayor acción de la comunidad internacional para poder atender temas tan apremiantes como los pagos acumulados en el sistema de salud en la frontera por la atención de venezolanos.“La solución para ponerle fin a la situación migratoria es ponerle fin a la dictadura de Venezuela. La comunidad internacional tiene que ser activa, persistente y contundente para que cese la dictadura”, reiteró el presidente Iván Duque.Hizo un llamado a la comunidad internacional para que sea consciente en que “no se puede seguir en declaraciones de recursos que nunca se desembolsan. Necesitamos que los compromisos hechos en las mesas se traduzcan en la asignación efectiva de recursos económicos”, dijo.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.