La movilización reciente de maquinaria amarilla en distintos departamentos de Colombia, destinada a obras de infraestructura vial y proyectos rurales, ha puesto bajo la lupa el cumplimiento de las normas que regulan su operación. Las autoridades han intensificado controles en carretera y zonas de trabajo, recordando que estos equipos deben cumplir requisitos estrictos, entre ellos la instalación obligatoria de sistemas de geolocalización.La exigencia no es nueva. Desde la entrada en vigencia del Decreto 723 de 2014, el país estableció que toda maquinaria pesada debe contar con GPS homologado y estar registrada en el RUNT. El objetivo principal es garantizar la trazabilidad de estos equipos y evitar que sean utilizados en actividades ilegales, especialmente en la minería ilícita, un problema que ha afectado múltiples regiones.En campo, la vigilancia recae sobre la Policía Nacional de Colombia, que verifica que cada máquina tenga su certificado de movilización y la plaqueta de identificación reglamentaria. Estos elementos permiten confirmar que el equipo está vinculado a un sistema de geolocalización válido. En caso de incumplimiento, las consecuencias pueden ser severas: desde multas hasta la inmovilización o incautación de la maquinaria.El impacto económico de no cumplir la norma puede ser significativo. Según Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para América Latina de Zonar Systems, una máquina detenida por irregularidades puede generar pérdidas superiores a los 33 millones de pesos diarios. A esto se suman costos adicionales como patios, grúas, trámites y sanciones que pueden alcanzar el 10 % del valor comercial del equipo.Uno de los principales retos del sector es que no todos los sistemas de rastreo instalados cumplen con los estándares exigidos por las autoridades. Algunas empresas utilizan dispositivos no homologados o sin certificación, lo que impide que la información sea reconocida por las plataformas oficiales. Esta situación genera fallas en la trazabilidad y expone a las compañías a sanciones, incluso cuando creen estar cumpliendo la norma.Además, existen casos en los que la maquinaria no está correctamente registrada en el RUNT, lo que agrava el problema. Sin un registro adecuado y sin un sistema GPS validado, las autoridades no pueden verificar el origen ni el uso del equipo, lo que abre la puerta a irregularidades y limita su operación en proyectos formales.En ese sentido, más allá de ser una obligación legal, el GPS en la maquinaria amarilla se ha convertido en una herramienta clave para la transparencia, la seguridad y la eficiencia operativa.
Después de horas de audiencia pública, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), le adjudicó a la Unión Temporal Efectiva el contrato por más de $110.000 millones para brindar el servicio de brazaletes electrónicos.La empresa seleccionada estará a cargo de vigilar a los presos detenidos con medida domiciliaria a través de dispositivos GPS por medio de ese contrato.Pero esta licitación estuvo en medio de la controversia después de que el ente de control alertó que la Unidad habría modificado criterios para que una de los oferentes salieran favorecidos.Esa hipótesis señalaba a la empresa Buddi Limited Sucursal Colombia, la cual era el actual proveedor del servicio, pero perdió la adjudicación para el 2024 después de las alertas de la Procuraduría.La Procuraduría “ha hecho serias observaciones a los documentos del proceso licitatorio en lo que tiene que ver con aspectos técnicos, jurídicos y financieros, cuya finalidad es que la USPEC garantice la pluralidad de oferentes y la selección objetiva, algunas de ellas sin ser tenidas en cuenta, hasta el momento, por la entidad”.Le puede interesar:
El modo avión es una función que permite desactivar temporalmente todas las conexiones inalámbricas de un teléfono, como el Wi-Fi, el Bluetooth y la red móvil. Sin embargo, una pregunta frecuente es si esta función también desactiva la función de rastreo del teléfono.La respuesta corta es sí, se puede rastrear un teléfono cuando está en modo avión. Aunque el modo avión desactiva las conexiones inalámbricas, no desactiva el GPS. El GPS es un sistema de navegación por satélite que utiliza señales de satélites para determinar la ubicación de un dispositivo.“Un teléfono puede ser rastreado cuando está en modo avión. Aunque desactiva el Wi-Fi y los servicios de telefonía móvil, el modo avión no desactiva el GPS (una tecnología diferente que envía y recibe señales de los satélites GPS). Tendrá que desactivar el GPS en su dispositivo y activar el modo avión para evitar que su teléfono sea rastreado”, dice la empresa la empresa de seguridad informática Mcafee en un comunicadoPor lo tanto, si un teléfono está en modo avión y tiene el GPS activado, es posible rastrear su ubicación. Esto se puede hacer utilizando una aplicación de rastreo o utilizando los servicios de la policía.¿Cómo se puede rastrear un teléfono en modo avión?Hay dos formas principales de rastrear un teléfono en modo avión:Utilizando una aplicación de rastreo: algunas aplicaciones de rastreo, como Find My Phone de Apple o Find My de Google, permiten a los usuarios rastrear la ubicación de sus teléfonos incluso cuando están en modo avión. Estas aplicaciones utilizan el GPS para determinar la ubicación del teléfono.Utilizando los servicios de la policía: La policía también puede rastrear los teléfonos en modo avión utilizando sus propios métodos. Estos métodos pueden incluir el uso de torres de telefonía móvil o el acceso a los datos del GPS del teléfono.¿Cómo evitar que rastreen mi teléfono en modo avión?Para evitar que rastreen su teléfono en modo avión, debe desactivar el GPS de su dispositivo. Puede hacerlo en la configuración de su teléfono. Además, puede desactivar el modo avión cuando no lo necesite.
A un domiciliario le robaron la moto bajo la modalidad de halado en el barrio Manitas de Ciudad Bolívar. Cuando el hombre se percató del robo, abrió una aplicación de su celular conectada al GPS de su Pulsar 180, uno de los modelos que más hurtan en la ciudad, y alertó de inmediato a la Policía.Los ladrones, muy contentos ya en una casa del barrio Juan Pablo II de la misma localidad, estaban desvalijando la moto para venderla por partes y cuando llegaron las autoridades a la vivienda se encontraron el vehículo del domiciliario junto a otras cuatro más.“Gracias a información de la persona que envió la ubicación de la moto al cuadrante se dio con la ubicación del predio, donde encontramos varias motos hurtadas ya desguazadas para venderlas por partes. Habían sido robadas en varias localidades de la ciudad”, indicó el mayor Mauricio Montoya, subcomandante de la estación de Policía de Ciudad Bolívar.Esta casa, según lo que se encontraron las autoridades, era de uso exclusivo para desguazar motos robadas en toda la ciudad, con el fin de venderlas por partes en el mercado de repuestos.Escuche el podcast El Camerino:
Sweatcoin es una nueva aplicación que monitorea la actividad física y cuenta los pasos. Cada registro ingresado se convierte en logros económicos que después puede gastar en dispositivos, equipos deportivos, servicios y experiencias. Lo máximo que puede recolectar al día son 9,5 sweatcoins, que equivalen a unos 10.000 pasos.Además, la cantidad obtenida en la aplicación se puede compartir con amigos y familiares e incluso, se puede donar a proyectos sociales y causas extraordinarias.¿Cómo funciona la aplicación?Al descargar la aplicación desde su sistema Android o iOS, se solicita un número para entrar en vigencia y luego se requiere crear un perfil para confirmar la identidad.Una vez registrado, se activará la aplicación y empezará a contar los pasos. La aplicación permite un conteo diario que equivalen a unos 10.000 pasos.RecompensasLos precios de los productos que están permitidos para redimir en la aplicación no son exactos y dependen del tipo de recompensa que el usuario quiera adquirir.Además, esta aplicación debe tener el GPS activado todo el tiempo para hacer efectivo el conteo de pasos y pueda redimir el ‘Sweatcoin’.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca el impacto de los ‘Petrovideos’ en la campaña del Pacto Histórico:
El fatídico accidente en el que este hombre de 30 años murió, se produjo en Australia Occidental luego de que su paracaídas no se abriera de manera correcta durante su vuelo en medio del Campeonato de Paracaidismo Virtual Nationals en el que participaba.De acuerdo a las versiones que se conocen del hecho, una compañía de paracaidismo presente en el lugar informó que él se encontraba realizando un salto en solitario.Según la Policía, el paracaidista de 30 años murió en Jurien Bay, 220 kilómetros al norte de Perth. Este lugar se ha convertido en un destino turístico porque permite realizar saltos de paracaidismo durante todo el año.La muerte de Dimitri Didenko será investigada a fondo con el fin de determinar la razón por la que se produjo el accidente, su casco podría convertirse en pieza clave de ello por el GPS que lleva, ya que pudo registrar los últimos instantes.
Usando los datos de posicionamiento global que entregan los celulares inteligentes, las autoridades en Antioquia han logrado avanzar significamente en la identificación de los casos confirmados de COVID-19. Esto permite conocer los contactos y hacer más rápidamente los aislamientos, para evitar contagios.Luis Gonzalo Morales, gerente para la atención del coronavirus en Antioquia explicó que con ayuda de Google, se ha creado una base de datos de todos los casos confirmados para determinar así, según el GPS de sus equipos, dónde estuvieron en los últimos 15 días.Lea también: Aíslan profesionales de Hospital General que, sin saber, atendieron caso de COVID-19Luego, revisan esas zonas visitadas e identifican los IP o códigos de los celulares de las personas que estuvieron allí, y se les contacta con mensajes de texto o publicidad sobre el coronavirus.“Esta herramienta nos permite que, a través de la señal de los celulares les puedo decir a las personas si estuvieron cerca de un caso confirmado de COVID-19, advertirle que se pudo haber contagiado y que, si tuvo o ha tenido síntomas, debe aislarse y contactar a la autoridades”, señaló el gerente.Hasta la fecha se han enviado más de 82.000 mensajes y se debe aclarar que recibirlos no es sinónimo de estar contagiado, sino que se estuvo cerca a un caso confirmado y se debe estar alerta.Con esta herramienta, agregó Morales, se buscará hacer pronósticos para la toma de decisiones y mejorar con los cercos epidemiológicos, teniendo en la cuenta que, por cada caso positivo, se están tomando hasta 46 muestras de contactos estrechos o conocidos, cuando según esa herramienta de Google, los contactos sospechosos pueden ascender hasta los 400.Lea también: Discotecas Mango's y Dulce Jesús Mío en Medellín cerraron definitivamente por COVID-19“Es una cifra muy variable, pero es el promedio que hoy se maneja en Antioquia. Con la información que nos entrega cada caso confirmado hemos tomado hasta 46 muestras y aislado preventivamente, aunque estás se pueden multiplicar hasta por diez, según los otros contactos que no recuerde o no haya informado”, puntualizó Morales.
Recientemente se habría presentado el primer caso de hackeo a la señal del GPS en el mundo, algo conocido como GPS spoofing, que se convertiría en un arma militar de ciberguerra.El hecho habría sucedido cuando 20 barcos que pasaban por el Mar Negro cerca a la costa de Ucrania de un momento a otro cambiaron su ubicación.Lo más curioso es que los GPS de los barcos mostraron la misma ubicación, a más de 30 kilómetros de donde se encontraban realmente.Y es que las posibilidades del ‘spoofing’ en el ámbito militar son grandes, pues en este caso lo que se hace es mostrar una ubicación falsa para confundir al enemigo o enviarlo a un lugar no planeado.El ataque significaría que el dueño de la tecnología podría desviar incluso a aviones o buques enemigos.
En entrevista con BLU Radio, el hombre relató que la aplicación le permitió rastrear el vehículo durante su recorrido por la avenida Ciudad de Cali, así como apagarlo. Esto hizo que los ladrones tuvieran que empujar la moto hasta una casa en el sector de Patio Bonito, sur occidente de la ciudad. Hasta allí Caicedo llegó con su familia y con la Policía y, después de varias horas, logra recuperar la moto. Escuche la historia en los siguientes audios:
A partir del 4 de diciembre, los alumnos que se presenten a la prueba deberán seguir las indicaciones del aparato de geolocalización durante unos 20 minutos, además de atender a las instrucciones del examinador durante el resto del examen. Las autoridades británicas han introducido este cambio en el examen, que definen como el más significativo desde 1996, ante los datos que indican que más de la mitad de los conductores utiliza ese tipo de dispositivos. "Resulta vital que el test de conducción esté al día con las tecnologías que usan los vehículos y con las áreas que suponen un riesgo mayor para los nuevos conductores una vez hayan superado el examen", dijo en un comunicado el director ejecutivo de la DVSA, Gareth Llewellyn. El secretario de Estado de Transporte, Andrew Jones, afirmó por su parte que la medida "ayudará a reducir el número de muertos y heridos en las carreteras". "Tenemos que asegurarnos de que el examen de conducir continúa siendo relevante en el siglo XXI", indicó Jones. Los nuevos test pondrán asimismo menos énfasis en maniobras a baja velocidad en calles poco transitadas para centrarse en zonas de mayor densidad de tráfico, donde se producen la mayor parte de los accidentes.
Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las "labores de socorro" por los terremotos del miércoles que han dejado hasta el momento más de 180 muertos.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre de 2026, que "de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés)".La directriz deja claro que esta autorización no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones, en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).Tampoco aplica a "ninguna otra transacción o actividad prohibida por otra Orden Ejecutiva o por cualquier parte" estipulada en el capítulo de sanciones aplicadas.Desde la captura del expresidente, Nicolás Maduro, en enero pasado, Estados Unidos ha emitido contados permisos y licencias entorno a la explotación y comercialización del petróleo, de la mano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, lo que supone una flexibilización del régimen de sanciones.La autorización de hoy se aplica en virtud de la tragedia desencadenada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 que se registraron con apenas 39 segundos de diferencia, los más devastadores de su historia reciente.Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó radicalmente el destino judicial del exrepresentante a la Cámara del partido Cambio Radical, Carlos Alberto Cuenca Chaux. En un fallo de segunda instancia, el alto tribunal determinó que la Fiscalía General de la Nación no logró recopilar las pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia del político. Bajo este argumento constitucional, la corporación ordenó su absolución definitiva y archivó el expediente que lo vinculaba con el delito de corrupción de sufragante, conocido comúnmente como compra de votos.Con esta nueva resolución se cae por completo el fallo emitido por la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Corte. En esa primera etapa del proceso, el excongresista, quien consolidó su fortín político en el sur del país desde el año 2010, había recibido una dura condena de 92 meses y un día de prisión (equivalente a más de siete años de cárcel).Además, la justicia le había impuesto en su momento una millonaria multa superior a los 588 salarios mínimos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la pena.La investigación penal se centraba en las presuntas irregularidades cometidas durante su campaña en el municipio de Inírida, capital del departamento de Guainía. La hipótesis acusatoria señalaba a Cuenca Chaux como el supuesto determinador de un esquema de corrupción electoral enfocado en la comunidad indígena de la "Y", de la etnia Piapoco.Según los cargos originales, la campaña habría distribuido dádivas materiales que incluían dinero en efectivo, bultos de cemento y láminas de zinc, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad de los habitantes a cambio de su respaldo en las urnas.Sin embargo, al revisar la apelación interpuesta por la defensa, la Sala de Casación Penal halló profundas grietas en los testimonios que sostenían el caso. El detonante clave de la absolución fue el desplome del denunciante principal, Miller Garrido Pacheco, quien terminó confesando bajo juramento que la acusación original fue un montaje inducido, presionado y financiado por la oposición local, puntualmente por el exgobernador de Guainía, Iván Vargas Silva.En el documento citado en la sentencia, Garrido manifestó de forma explícita: "me retracto y desisto de la demanda que interpuse en contra del señor Carlos Cuenca Chaux por compra de votos en las elecciones del periodo pasado y dejando constancia de que he sido presionado, he recibido prevenda alguna por parte de la persona afectada en el cual el señor Iván Vargas Silva sí me presionó y me sobornó con prevendas para que yo injuriara al señor Carlos Cuenca dañando su imagen y su buen nombre".Los investigadores del caso también descubrieron que Garrido armó el grupo de testigos con sus propios familiares directos e intentó pagar a otros pobladores para que mintieran sobre reuniones políticas a las que jamás asistieron.A la par con la desacreditación de los testigos, el tribunal encontró que los supuestos comprobantes de la entrega de tejas y cemento eran completamente inválidos. Los dueños de las ferreterías locales negaron cualquier pacto comercial con el político y explicaron que el documento usado como "prueba reina" era solo una cotización sin valor legal, la cual pertenecía a unos talonarios que habían sido robados previamente de sus locales.Finalmente, la corporación judicial desestimó el material audiovisual aportado por los denunciantes, coincidiendo con análisis técnicos previos que ya había realizado el Consejo de Estado. Las grabaciones contenían cortes de edición sospechosos y un libreto de preguntas altamente sugestivas que aunaban la falta de espontaneidad en las declaraciones.Al contrastar estas anomalías con los testimonios de asistentes a esas reuniones, que confirmaron que solo se debatieron propuestas de electrificación y presupuestos a las comunidades indígenas, la Corte Suprema de Justicia ratificó que mantener la condena era insostenible, devolviéndole la libertad jurídica plena al exparlamentario.
La Cancillería realizó en Cali el encuentro “Diplomacia cultural: Encuentro de Café y Cacao colombiano”, un espacio en el que presentó los avances de la estrategia “La Ruta del Café y Cacao”, que busca promover estos productos en mercados internacionales y fortalecer las oportunidades comerciales para asociaciones de productores.Según la entidad, entre 2025 y 2026 la iniciativa ha desarrollado ocho eventos en Asia, América y Europa con la participación de 76 asociaciones y cooperativas. La Cancillería aseguró que estas actividades han permitido representar a más de 5.000 productores, generar más de 1.300 contactos comerciales y concretar exportaciones superiores a 100 toneladas. También informó sobre la apertura de mercados en China y un preacuerdo comercial con Rumanía, además de acciones de promoción en países como España, Estados Unidos, Alemania, Italia, Chile, Países Bajos, Bélgica y Canadá.Durante el evento, la canciller Rosa Villavicencio señaló que la estrategia busca reducir la intermediación, fortalecer la asociatividad y facilitar el acceso de los productores a mercados de mayor valor agregado. Además, reiteró que el café puede convertirse en una alternativa económica para comunidades vinculadas a programas de sustitución de cultivos ilícitos.La instalación contó con la participación de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, así como representantes del cuerpo diplomático y organismos de cooperación internacional. En dos paneles se discutió el papel del café y el cacao en la internacionalización de la economía rural y su aporte a procesos de desarrollo en distintas regiones del país.
Ante la proyección de ingreso de más de 310.000 vehículos por el corredor de la Autopista Sur durante el puente festivo, la Alcaldía de Soacha activó un plan especial de movilidad. La estrategia busca mitigar la congestión vial en este acceso clave a Bogotá, considerando que desde la capital se estima la salida de más de un millón de automotores.El contraflujo y los controles operativos especiales se concentrarán en las jornadas de éxodo y retorno para garantizar el flujo vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento de los viajeros.Las autoridades locales advirtieron que la movilidad en el municipio se encuentra impactada por las obras de construcción de las fases II y III de TransMilenio, las cuales generan reducciones de carril en la Autopista Sur. Por ello, se recomienda planificar los viajes con anticipación.Horarios del pico y placa regional en Soacha (lunes festivo)La medida de restricción vehicular se aplicará durante la operación retorno del lunes festivo 29 de junio de 2026 en los siguientes horarios:Placas PARES (0, 2, 4, 6, 8): Ingreso autorizado de 12:00 m. a 4:00 p.m.Placas IMPARES (1, 3, 5, 7, 9): Ingreso autorizado de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.Fuera de horario: antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p.m. no aplica la restricción de placas.Reversible en vía Indumil y medidas operativasPara aumentar la capacidad vial del corredor, la Secretaría de Movilidad de Soacha confirmó que se habilitará un reversible por la vía Indumil entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. del lunes festivo. Esta alternativa agilizará el desvío y tránsito de los vehículos que buscan conectar con el sur de Bogotá.El dispositivo en vía contará con un contingente de más de 200 personas, integrado por:Agentes de tránsito y vigías de la Secretaría de Movilidad de Soacha.Unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) de la Policía Nacional.Agentes de tránsito de la Gobernación de Cundinamarca.Uso del carril de TransMilenio y contingenciasLa Alcaldía de Soacha, en coordinación con la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio, acordó la adopción de contingencias operativas. Entre ellas, se contempla el uso controlado del carril exclusivo de TransMilenio si se presentan escenarios de alta congestión o represamiento crítico sobre la Autopista Sur.Asimismo, durante el Plan Éxodo se instalará un Punto Seguro en el corredor vial para realizar campañas pedagógicas y de sensibilización técnica con conductores y motociclistas.
La Procuraduría abrió una indagación previa contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez; el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; y el subdirector de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía, para que respondan por las presuntas irregularidades cometidas con el manejo de la conversación de paz con el Clan del Golfo.La indagación llega luego de la revelación de Noticias Caracol sobre los ofrecimientos que habría hecho el Gobierno, a través de Danilo Rueda, a delegados del grupo ilegal a cambio de que estos siguieran en el proyecto de la Paz Total.El informe incluyó documentos, grabaciones y testimonios que darían cuenta de reuniones sostenidas entre representantes del Gobierno y delegados del Clan del Golfo en el marco de la política de paz total.Danilo Rueda, según la investigación, es el principal encargado de los acercamientos con el Clan del Golfo. Según los audios revelados, habría ofrecido gestos del Gobierno para facilitar un eventual proceso de negociación, entre ellos la suspensión de bombardeos, el retiro de algunos oficiales de la Fuerza Pública y la posibilidad de intervenir ante el Ministerio de Defensa si continuaban operaciones militares.En diálogo con BLU Radio, Danilo Rueda rechazó que hubiera pactado concesiones ilegales con el Clan del Golfo y sostuvo que las conversaciones reveladas correspondían únicamente a una fase exploratoria, previa al inicio de una negociación formal. Aseguró además que nunca hubo una orden del presidente Gustavo Petro para suspender operaciones militares contra esa organización.Sobre la frase "juguemos a los congelados", que aparece en los audios, Rueda lo calificó como una metáfora con la que buscaba explicar que para poder dialogar era necesario generar un espacio de confianza y reducir temporalmente las tensiones, pero no significaba que el Estado fuera a detener su acción contra el Clan del Golfo ni que existiera un acuerdo para paralizar a las Fuerzas Militares.En cuanto al exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, este fue mencionado por Rueda como la persona con la que se coordinarían decisiones relacionadas con operaciones militares. Aunque Velásquez no aparece participando directamente en las reuniones reveladas y ha negado haber autorizado compromisos con el grupo armado, la Procuraduría decidió incluirlo en la indagación para establecer si tuvo algún conocimiento, participación o responsabilidad en los hechos descritos.Por su parte, el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y el exsubdirector Ricardo Rey Rosanía fueron vinculados porque habrían participado en una reunión con un intermediario relacionado con el Clan del Golfo para discutir asuntos vinculados a un eventual proceso de sometimiento.En este caso, la Procuraduría busca determinar si estas reuniones se desarrollaron dentro del marco legal de sus funciones o si pudieron constituir actuaciones disciplinariamente relevantes.Pruebas ordenadas por la ProcuraduríaPara avanzar con la investigación, el Ministerio Público ordenó una serie de pruebas que permitan recopilar nuevas pruebas y testimonios.Por ello, solicitó documentación al Ministerio de Defensa, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre las reuniones, acercamientos y actuaciones relacionadas con el Clan del Golfo durante el periodo mencionado.A estas entidades, también les requirió informes oficiales que permitan establecer si existieron instrucciones, autorizaciones o decisiones relacionadas con la suspensión de operaciones militares, bombardeos, movimientos de oficiales o cualquier otro compromiso mencionado en el reportaje.Así mismo, la Procuraduría abrió el espacio para que el general (r ) Henry Sanabria, director de la Policía entre 2022 y 2023, rinda bajo declaración juramentada su testimonio sobre todo lo denunciado.
