La movilización reciente de maquinaria amarilla en distintos departamentos de Colombia, destinada a obras de infraestructura vial y proyectos rurales, ha puesto bajo la lupa el cumplimiento de las normas que regulan su operación. Las autoridades han intensificado controles en carretera y zonas de trabajo, recordando que estos equipos deben cumplir requisitos estrictos, entre ellos la instalación obligatoria de sistemas de geolocalización.La exigencia no es nueva. Desde la entrada en vigencia del Decreto 723 de 2014, el país estableció que toda maquinaria pesada debe contar con GPS homologado y estar registrada en el RUNT. El objetivo principal es garantizar la trazabilidad de estos equipos y evitar que sean utilizados en actividades ilegales, especialmente en la minería ilícita, un problema que ha afectado múltiples regiones.En campo, la vigilancia recae sobre la Policía Nacional de Colombia, que verifica que cada máquina tenga su certificado de movilización y la plaqueta de identificación reglamentaria. Estos elementos permiten confirmar que el equipo está vinculado a un sistema de geolocalización válido. En caso de incumplimiento, las consecuencias pueden ser severas: desde multas hasta la inmovilización o incautación de la maquinaria.El impacto económico de no cumplir la norma puede ser significativo. Según Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para América Latina de Zonar Systems, una máquina detenida por irregularidades puede generar pérdidas superiores a los 33 millones de pesos diarios. A esto se suman costos adicionales como patios, grúas, trámites y sanciones que pueden alcanzar el 10 % del valor comercial del equipo.Uno de los principales retos del sector es que no todos los sistemas de rastreo instalados cumplen con los estándares exigidos por las autoridades. Algunas empresas utilizan dispositivos no homologados o sin certificación, lo que impide que la información sea reconocida por las plataformas oficiales. Esta situación genera fallas en la trazabilidad y expone a las compañías a sanciones, incluso cuando creen estar cumpliendo la norma.Además, existen casos en los que la maquinaria no está correctamente registrada en el RUNT, lo que agrava el problema. Sin un registro adecuado y sin un sistema GPS validado, las autoridades no pueden verificar el origen ni el uso del equipo, lo que abre la puerta a irregularidades y limita su operación en proyectos formales.En ese sentido, más allá de ser una obligación legal, el GPS en la maquinaria amarilla se ha convertido en una herramienta clave para la transparencia, la seguridad y la eficiencia operativa.
Después de horas de audiencia pública, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), le adjudicó a la Unión Temporal Efectiva el contrato por más de $110.000 millones para brindar el servicio de brazaletes electrónicos.La empresa seleccionada estará a cargo de vigilar a los presos detenidos con medida domiciliaria a través de dispositivos GPS por medio de ese contrato.Pero esta licitación estuvo en medio de la controversia después de que el ente de control alertó que la Unidad habría modificado criterios para que una de los oferentes salieran favorecidos.Esa hipótesis señalaba a la empresa Buddi Limited Sucursal Colombia, la cual era el actual proveedor del servicio, pero perdió la adjudicación para el 2024 después de las alertas de la Procuraduría.La Procuraduría “ha hecho serias observaciones a los documentos del proceso licitatorio en lo que tiene que ver con aspectos técnicos, jurídicos y financieros, cuya finalidad es que la USPEC garantice la pluralidad de oferentes y la selección objetiva, algunas de ellas sin ser tenidas en cuenta, hasta el momento, por la entidad”.Le puede interesar:
El modo avión es una función que permite desactivar temporalmente todas las conexiones inalámbricas de un teléfono, como el Wi-Fi, el Bluetooth y la red móvil. Sin embargo, una pregunta frecuente es si esta función también desactiva la función de rastreo del teléfono.La respuesta corta es sí, se puede rastrear un teléfono cuando está en modo avión. Aunque el modo avión desactiva las conexiones inalámbricas, no desactiva el GPS. El GPS es un sistema de navegación por satélite que utiliza señales de satélites para determinar la ubicación de un dispositivo.“Un teléfono puede ser rastreado cuando está en modo avión. Aunque desactiva el Wi-Fi y los servicios de telefonía móvil, el modo avión no desactiva el GPS (una tecnología diferente que envía y recibe señales de los satélites GPS). Tendrá que desactivar el GPS en su dispositivo y activar el modo avión para evitar que su teléfono sea rastreado”, dice la empresa la empresa de seguridad informática Mcafee en un comunicadoPor lo tanto, si un teléfono está en modo avión y tiene el GPS activado, es posible rastrear su ubicación. Esto se puede hacer utilizando una aplicación de rastreo o utilizando los servicios de la policía.¿Cómo se puede rastrear un teléfono en modo avión?Hay dos formas principales de rastrear un teléfono en modo avión:Utilizando una aplicación de rastreo: algunas aplicaciones de rastreo, como Find My Phone de Apple o Find My de Google, permiten a los usuarios rastrear la ubicación de sus teléfonos incluso cuando están en modo avión. Estas aplicaciones utilizan el GPS para determinar la ubicación del teléfono.Utilizando los servicios de la policía: La policía también puede rastrear los teléfonos en modo avión utilizando sus propios métodos. Estos métodos pueden incluir el uso de torres de telefonía móvil o el acceso a los datos del GPS del teléfono.¿Cómo evitar que rastreen mi teléfono en modo avión?Para evitar que rastreen su teléfono en modo avión, debe desactivar el GPS de su dispositivo. Puede hacerlo en la configuración de su teléfono. Además, puede desactivar el modo avión cuando no lo necesite.
A un domiciliario le robaron la moto bajo la modalidad de halado en el barrio Manitas de Ciudad Bolívar. Cuando el hombre se percató del robo, abrió una aplicación de su celular conectada al GPS de su Pulsar 180, uno de los modelos que más hurtan en la ciudad, y alertó de inmediato a la Policía.Los ladrones, muy contentos ya en una casa del barrio Juan Pablo II de la misma localidad, estaban desvalijando la moto para venderla por partes y cuando llegaron las autoridades a la vivienda se encontraron el vehículo del domiciliario junto a otras cuatro más.“Gracias a información de la persona que envió la ubicación de la moto al cuadrante se dio con la ubicación del predio, donde encontramos varias motos hurtadas ya desguazadas para venderlas por partes. Habían sido robadas en varias localidades de la ciudad”, indicó el mayor Mauricio Montoya, subcomandante de la estación de Policía de Ciudad Bolívar.Esta casa, según lo que se encontraron las autoridades, era de uso exclusivo para desguazar motos robadas en toda la ciudad, con el fin de venderlas por partes en el mercado de repuestos.Escuche el podcast El Camerino:
Sweatcoin es una nueva aplicación que monitorea la actividad física y cuenta los pasos. Cada registro ingresado se convierte en logros económicos que después puede gastar en dispositivos, equipos deportivos, servicios y experiencias. Lo máximo que puede recolectar al día son 9,5 sweatcoins, que equivalen a unos 10.000 pasos.Además, la cantidad obtenida en la aplicación se puede compartir con amigos y familiares e incluso, se puede donar a proyectos sociales y causas extraordinarias.¿Cómo funciona la aplicación?Al descargar la aplicación desde su sistema Android o iOS, se solicita un número para entrar en vigencia y luego se requiere crear un perfil para confirmar la identidad.Una vez registrado, se activará la aplicación y empezará a contar los pasos. La aplicación permite un conteo diario que equivalen a unos 10.000 pasos.RecompensasLos precios de los productos que están permitidos para redimir en la aplicación no son exactos y dependen del tipo de recompensa que el usuario quiera adquirir.Además, esta aplicación debe tener el GPS activado todo el tiempo para hacer efectivo el conteo de pasos y pueda redimir el ‘Sweatcoin’.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca el impacto de los ‘Petrovideos’ en la campaña del Pacto Histórico:
El fatídico accidente en el que este hombre de 30 años murió, se produjo en Australia Occidental luego de que su paracaídas no se abriera de manera correcta durante su vuelo en medio del Campeonato de Paracaidismo Virtual Nationals en el que participaba.De acuerdo a las versiones que se conocen del hecho, una compañía de paracaidismo presente en el lugar informó que él se encontraba realizando un salto en solitario.Según la Policía, el paracaidista de 30 años murió en Jurien Bay, 220 kilómetros al norte de Perth. Este lugar se ha convertido en un destino turístico porque permite realizar saltos de paracaidismo durante todo el año.La muerte de Dimitri Didenko será investigada a fondo con el fin de determinar la razón por la que se produjo el accidente, su casco podría convertirse en pieza clave de ello por el GPS que lleva, ya que pudo registrar los últimos instantes.
Usando los datos de posicionamiento global que entregan los celulares inteligentes, las autoridades en Antioquia han logrado avanzar significamente en la identificación de los casos confirmados de COVID-19. Esto permite conocer los contactos y hacer más rápidamente los aislamientos, para evitar contagios.Luis Gonzalo Morales, gerente para la atención del coronavirus en Antioquia explicó que con ayuda de Google, se ha creado una base de datos de todos los casos confirmados para determinar así, según el GPS de sus equipos, dónde estuvieron en los últimos 15 días.Lea también: Aíslan profesionales de Hospital General que, sin saber, atendieron caso de COVID-19Luego, revisan esas zonas visitadas e identifican los IP o códigos de los celulares de las personas que estuvieron allí, y se les contacta con mensajes de texto o publicidad sobre el coronavirus.“Esta herramienta nos permite que, a través de la señal de los celulares les puedo decir a las personas si estuvieron cerca de un caso confirmado de COVID-19, advertirle que se pudo haber contagiado y que, si tuvo o ha tenido síntomas, debe aislarse y contactar a la autoridades”, señaló el gerente.Hasta la fecha se han enviado más de 82.000 mensajes y se debe aclarar que recibirlos no es sinónimo de estar contagiado, sino que se estuvo cerca a un caso confirmado y se debe estar alerta.Con esta herramienta, agregó Morales, se buscará hacer pronósticos para la toma de decisiones y mejorar con los cercos epidemiológicos, teniendo en la cuenta que, por cada caso positivo, se están tomando hasta 46 muestras de contactos estrechos o conocidos, cuando según esa herramienta de Google, los contactos sospechosos pueden ascender hasta los 400.Lea también: Discotecas Mango's y Dulce Jesús Mío en Medellín cerraron definitivamente por COVID-19“Es una cifra muy variable, pero es el promedio que hoy se maneja en Antioquia. Con la información que nos entrega cada caso confirmado hemos tomado hasta 46 muestras y aislado preventivamente, aunque estás se pueden multiplicar hasta por diez, según los otros contactos que no recuerde o no haya informado”, puntualizó Morales.
Recientemente se habría presentado el primer caso de hackeo a la señal del GPS en el mundo, algo conocido como GPS spoofing, que se convertiría en un arma militar de ciberguerra.El hecho habría sucedido cuando 20 barcos que pasaban por el Mar Negro cerca a la costa de Ucrania de un momento a otro cambiaron su ubicación.Lo más curioso es que los GPS de los barcos mostraron la misma ubicación, a más de 30 kilómetros de donde se encontraban realmente.Y es que las posibilidades del ‘spoofing’ en el ámbito militar son grandes, pues en este caso lo que se hace es mostrar una ubicación falsa para confundir al enemigo o enviarlo a un lugar no planeado.El ataque significaría que el dueño de la tecnología podría desviar incluso a aviones o buques enemigos.
En entrevista con BLU Radio, el hombre relató que la aplicación le permitió rastrear el vehículo durante su recorrido por la avenida Ciudad de Cali, así como apagarlo. Esto hizo que los ladrones tuvieran que empujar la moto hasta una casa en el sector de Patio Bonito, sur occidente de la ciudad. Hasta allí Caicedo llegó con su familia y con la Policía y, después de varias horas, logra recuperar la moto. Escuche la historia en los siguientes audios:
A partir del 4 de diciembre, los alumnos que se presenten a la prueba deberán seguir las indicaciones del aparato de geolocalización durante unos 20 minutos, además de atender a las instrucciones del examinador durante el resto del examen. Las autoridades británicas han introducido este cambio en el examen, que definen como el más significativo desde 1996, ante los datos que indican que más de la mitad de los conductores utiliza ese tipo de dispositivos. "Resulta vital que el test de conducción esté al día con las tecnologías que usan los vehículos y con las áreas que suponen un riesgo mayor para los nuevos conductores una vez hayan superado el examen", dijo en un comunicado el director ejecutivo de la DVSA, Gareth Llewellyn. El secretario de Estado de Transporte, Andrew Jones, afirmó por su parte que la medida "ayudará a reducir el número de muertos y heridos en las carreteras". "Tenemos que asegurarnos de que el examen de conducir continúa siendo relevante en el siglo XXI", indicó Jones. Los nuevos test pondrán asimismo menos énfasis en maniobras a baja velocidad en calles poco transitadas para centrarse en zonas de mayor densidad de tráfico, donde se producen la mayor parte de los accidentes.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
