Luego de conocer el próximo presidente que liderará al país los próximos cuatro años, los diferentes sectores de la sociedad ya alzan su voz y le piden al nuevo presidente electo, Gustavo Petro, que trabaje en varios aspectos para mejorar a Colombia, uno de los más importantes, en materia de seguridad. El exsecretario de Seguridad Hugo Acero, habló de esos aspectos a mejorar. La seguridad en las ciudades y territorios del país es un tema fundamental que sebe estar dirigido por el presidente y los dirigentes de cada región, precisó Acero. Gustavo Petro, como presidente electo, debe ser el mismo que se encargué en velar por la seguridad del país”.“El presidente es el encargado de liderar las cuestiones en materia de seguridad. No se puede velar por la seguridad si no se hay un compromiso entre el mandatario y las fuerzas públicas”, aseguró.Según Acero, en los territorios donde más se sufren de inseguridad por parte del conflicto armado, hay que crear un panorama para tomar decisiones y empezar a exigir resultados.“Hay que analizar los grupos criminales que operan hoy en día, ya no son los mismos de comienzo de siglo. La guerra se volvió defender los intereses del narcotráfico”.Para el exsecretario de Seguridad, uno de los principales puntos que debe atender el presidente es “crear consejos (de seguridad) permanentes y deben estar liderados por él mismo.”
El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, habló en Mañanas BLU sobre el caso del ingeniero Cristian Camilo Vélez a quienes vándalos le quitaron la vida al cruzar un cable sobre la avenida de Las Américas en el occidente de Bogotá. "Lo que sí podemos afirmar es que fue un acto criminal. Esto (la cuerda) se coloca de manera específica para detener el avance de los policías, particularmente el Esmad y la Fuerza Disponible que se mueven en motocicletas. Esto es una intención criminal que desafortunadamente terminó con la vida de este joven ingeniero que pasaba por el sitio y desafortunadamente no se dio cuenta", sostuvo el funcionario. "Es un cable metálico que no se ve a simple vista y atravesando la vía lo amarran a postes o cualquier objeto estático, a lado y lado. Eso lo tiemplan de tal forma que el que va a pasar no lo ve de manera de frente. Fue lo que sucedió lamentablemente al ingeniero", agregó Acero. De acuerdo con Acero, se cuentan con grabaciones del hecho antes, durante y después. Los registros se encuentran en manos de funcionarios judiciales, con el fin de establecer las responsabilidades. "En el video se hace el seguimiento de las personas que no solamente instalaron (el cable), sino que luego se dedicaron a quitarla. Ellos mismos procedieron a quitar el cable que había provocado este criminal hecho", sostuvo el secretario de Seguridad. Acero contó que hay algunas versiones que aseguran que el motociclista se negó a pagar peaje a los manifestantes. "Parece que él se negó, como debe hacerlo cualquier ciudadano, porque no pueden exigirle a uno plata por movilizarse en la ciudad, aceleró y esto sucedió", afirmó. Escuche a Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, en entrevista con Mañanas BLU:
Este viernes se conoció la renuncia del secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, quien argumentó razones personales al presentar su dimisión. "No tengo más que palabras de agradecimiento y valoro la confianza en mí depositada, al designarme como Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, cargo al cual presento mi renuncia irrevocable a partir del 1 de julio de 2021, por motivos de índole personal", comunicó Acero a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Fuentes en la Alcaldía refieren una aparente molestia del funcionario tras una aparente desautorización en el tratamiento de lo desmanes registrados recientemente en el Portal Suba, en el noroccidente de Bogotá. En reemplazo de Hugo Acero, llega a la Alcaldía el ex vicemnistro del Interior Aníbal Fernandez de Soto, abogado, especialista en Economía y con magister en Acción Política y Participación Ciudadana.
Los residentes de los barrios de Carimagua y Camilo Torres, cerca al Hospital de Kennedy, en el sur occidente de Bogotá, no salen de la conmoción tras hallar los restos en contenedores de basuras.“Algo no de creer, los restos se encontraban al lado bolsas de basura (…) Esto es una cosa salida de lo normal. Se está perdiendo el respeto por la vida”, relató rechazando el crimen, Carlos Carreño, habitante del barrio Carimagua.La víctima fue decapitada y su cuerpo fue encontrado, además, sin extremidades inferiores. Residentes del sector de Camilo Torres pidieron a las autoridades esclarecer los hechos.“La comunidad está consternada. Aquí en el territorio estamos solicitando que sean retirados estos contenedores de basuras, no podemos permitir que más personas sean asesinadas de esta manera”, dijo Germán Murillo, líder comunal de la localidad de Kennedy.El secretario de Seguridad, Hugo Acero, se refirió a este caso. El funcionario aseguró que ya hay un equipo especializado a cargo del proceso investigativo. Además, Acero pidió a la Fiscalía priorizar la investigación para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables del crimen.El cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal, las autoridades pidieron a la ciudadanía denunciar o suministrar cualquier tipo de información a la Línea 123 de manera anónima, que permita avanzar en las labores de investigación.
Desde la Alcaldía de Bogotá se refirieron a la muerte de Dylan Barbosa, el joven artista quien falleció en la noche de este viernes al sufrir un accidente de tránsito con una tanqueta del Esmad.El accidente se presentó sobre la Avenida Villavicencio con Primero de Mayo, alrededor de las 11:45 de la noche, y según han logrado establecer las autoridades por medio de videos y reconstrucción de los hechos, este líder de hip hop perdió el control en su moto al intentar sobrepasar a esta tanqueta por el lado derecho. En ese momento se habría encontrado con un carro, lo que habría llevado a que perdiera el control.“En este caso la investigación la asume la Unidad de Vida de la Fiscalía, a quien le solicitamos que haga una investigación detallada sobre el lugar de los hechos para mirar finalmente qué fue lo que sucedió”, señaló el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero.Por otro lado, la familia de Barbosa ha pedido que les permitan el acceso a los videos de las cámaras, pues quieren aclarar lo sucedido ya que no tuvieron información del siniestro sino hasta este sábado en la tarde.
El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, habló en Mañanas BLU del asesinato del patrullero Edwin Caro a mano de delincuentes en la localidad de Chapinero. Según la Policía, los responsables del homicidio del uniformado fueron venezolanos.“Desafortunadamente, la gran mayoría de población venezolana de nuestro país es gente tratando de sobrevivir. La gran mayoría es gente honrada y trabajadora, pero desafortunadamente hay algunos dedicados a la delincuencia”Según Acero, a pesar de casos como las balaceras en Chapinero y el sector del Restrepo en Bogotá registrados este miércoles, las estadísticas muestran avances en la lucha contra la inseguridad en la capital.El funcionario manifestó su preocupación por la forma en que las redes criminales se están abasteciendo de armas.“También están utilizando armas de fogueo. Allí hemos venido avanzando con el Gobierno nacional para que haya una reglamentación estricta en tenencia y comercialización de estas que se están usando para hurtos”, indicó el funcionario.Acero dijo que se investiga si el delincuente abatido y el otro detenido hacen parte de una banda criminal organizada.“Hay un proceso de investigación tratando de identificar si hay más personas implicadas”, señaló el secretario.Escuche a Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, en entrevista con Mañanas BLU:
El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, reveló las atenciones que hubo el año 2020 por llamados de posibles acciones que perturbarían la tranquilidad en Bogotá.“El año pasado tuvimos más de 30 alertas que se trabajaron. Algunas, desde luego, no tenían nada que ver y en otras hubo detención de personas”, dijo el funcionario distrital. "El trabajo de seguridad se ha venido adelantando de la mano con el Gobierno desde el Centro Integrado de Inteligencia, donde además hay reuniones mensuales para debatir eventualidades", agregó. Ante el presunto atentado que estaría planeando el ELN en Bogotá, que fue advertido por representantes del gobierno cubano, se han adelantado algunos encuentros e inclusive ya se han tomado medidas.“Es una alerta importante, tuvimos una reunión en el comando de la Policía metropolitana con las agencias de inteligencia e igualmente en la tarde había una reunión en la presidencia”, declaró Acero. Por tal motivo, se citó este miércoles un consejo de seguridad en donde hace presencia la alcaldesa Claudia López, así como parte de la bancada que respalda su administración, junto al ministro de Defensa Diego Molano, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas y el ministro del Interior, Daniel Palacios.“Esperamos que hoy, antes de comenzar el consejo, recibamos un informe completo, por parte sobre todo del ministro de Defensa, respecto a esa reunión que se desarrolló en el palacio presidencial", agregó el funcionario. En cuanto al anuncio que realizó el Gobierno nacional en las últimas horas, de 1.500 nuevos uniformados para reforzar la seguridad en la capital, Hugo Acero dijo que ellos, vendrán de la mano con más elementos para reforzar la seguridad.“Lo que necesitamos es saber cuándo llegan estos policías, cómo vamos a trabajar con ellos y mirar la posibilidad de seguir fortaleciendo la ciudad en este campo y en otros campos que tienen que ver con la inteligencia y la investigación criminal", declaró. Medidas en Bogotá El secretario de Seguridad dio detalles de las medidas que ya adoptó la capital ante la alerta. ”En entradas y salidas de la ciudad presencia permanente, se fortalece. También controles en calle por parte del Ejército y la Policía”, reveló. Además, las autoridades continúan las labores de inteligencia. Finalmente, Acero hizo una invitación para que los ciudadanos contribuyan y denuncien ante irregularidades que puedan detectar. “A través de la línea 123 estamos atendiendo cualquier hecho sospechoso, nos pueden llamar y las autoridades vamos a reaccionar", indicó.
La Secretaría de Seguridad analiza la posibilidad de volver al chaleco reflectivo con número de placa para motociclistas, de forma permanente, norma que fue tumbada por el propio Congreso hace algunos años.La propuesta tiene sustento en los casos recurrentes de hurtos cometidos por algunos motociclistas, sobretodo en horas de la noche en barrios de Bogotá, cuando delincuentes aprovechan para hurtar a transeúntes que se bajan del sistema de transporte masivo cuando llegan a su casa, o aquellas que caminan hablando por celular o después de alguna compra.El Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero, manifestó que en el pasado la norma del chaleco sirvió para reducir en hurto de motos en la ciudad.“Eso nos permitió hacer controles y poner en duda a las personas cuyo número de chaleco no correspondía a la placa de la moto. En muchos casos encontramos personas que acababan de robar una moto”, declaró Acero. Además, el secretario argumentó que otra ventaja es la de reducir el número de muertos en accidentes de motociclistas porque se harían más visibles.El funcionario manifestó que la propuesta la tiene sustentada y que se la va a presentar a la alcaldesa para luego ponerla a consideración de congresistas para volverla ley.Esta norma traería también una ventaja para la judicialización de personas que comenten hurtos en moto, ya que habría plena identificación a través de personas que sean testigos o víctima de un delito y mayor seguimiento a través de cámaras de seguridad.El secretario Acero indicó que esta reglamentación para los motociclistas fue implementada en el pasado en la época sicarial, justo después del asesinato de Jaime Garzón, y dio resultados.
El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, se pronunció sobre la encuesta de la Cámara de Comercio sobre percepción de seguridad en la capital en la que el 76 % de los consultados dijeron sentirse inseguros, mientras que el 78% aseguraron que TransMilenio es muy peligroso. De acuerdo con Acero, el Distrito hace esfuerzos para lograr una mayor presencia de policías y que para este año es de 16.700 uniformados en la ciudad. En esta tarea, dijo, se han invertido recursos de la ciudad. “Ha venido disminuyendo particularmente por retiro de aquellas personas que tienen derecho a la pensión, a los 20 años de servicios, algunos de ellos muy jóvenes”, afirmó Acero. “En el último año tiene otro efecto y es que no ha habido promociones de policías nuevos en la medida en que las escuelas y academias de la Policía tampoco pudieron podido funcionar, como pasa con universidades o colegios”, añadió. “Esos dos elementos, adicional a mucha gente que se retira o la institución los retira por malos comportamientos, ha afectado desde luego el número de policías en Bogotá”, complementó el funcionario. Acero aseguró que en la capital del país cada vez más los ciudadanos denuncian los delitos y que es un esfuerzo que viene desde la administración pasada. “Allí hay que trabajar en temas locales, más barrial, de calle, con los ciudadanos. Hemos venido fortaleciendo los frentes locales de seguridad”, agregó. Escuche al secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, en entrevista con Mañanas BLU:
La Alcaldía de Bogotá señaló que luego de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020, en el que fueron afectados 71 Comandos de Atención Inmediata (CAI), se completó la entrega de 67 totalmente reparados y puestos en funcionamiento.Tras los daños presentados, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, realizó las visitas técnicas para determinar “el nivel de afectación y los costos de reparación y segundo, trabajó con las comunidades para recuperar la confianza, la convivencia y el tejido social entre la Policía, la ciudadanía y las autoridades”.Desde el 9 de octubre se empezó la reparación de los CAI en diferentes fases de intervención que tuvieron que ver con arreglos hidráulicos y eléctricos, cambios e instalación de vidrios blindados y acabados de exteriores que cumplieron con la normatividad vigente establecida para el óptimo funcionamiento de estos equipamientos.El secretario Acero resaltó que se ha cumplido con el cronograma establecido para entregarlos a las comunidades vecinas. “Ya hemos entregado 67 de los 71, los otros cuatro, que están en obra, requieren más trabajo por sus afectaciones”.
Una nueva jornada de violencia sacudió a Bucaramanga durante las últimas horas. Tres atentados sicariales registrados en distintos sectores de la ciudad dejaron un saldo de cuatro personas muertas y dos más heridas, hechos que son materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana.Uno de los ataques ocurrió entre los barrios Ciudad Bolívar y Los Naranjos, donde hombres armados dispararon contra dos personas. Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde una de ellas falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra permanece bajo atención médica. La Policía adelanta las investigaciones para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.Un segundo homicidio se registró en el barrio Bavaria, en el norte de Bucaramanga. La víctima fue identificada como Edward Jair Chaparro Díaz, un migrante de nacionalidad venezolana, quien, según la información preliminar, fue perseguido por desconocidos que se movilizaban en motocicleta. El crimen habría sido perpetrado por tres hombres encapuchados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.El tercer hecho violento ocurrió en inmediaciones de la glorieta del Caballo de Bolívar, cerca de la Universidad Industrial de Santander (UIS). En este ataque fue asesinado Pablo Andrés Rodríguez, conocido con el alias de "El Cóndor", tras recibir varios impactos de bala. En el mismo atentado resultaron heridas Julio Mayorga, de 26 años, y Yenifer Velasco, de 25, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.Las autoridades recopilan elementos materiales probatorios, revisan cámaras de seguridad y adelantan entrevistas para establecer los móviles de los ataques y determinar si existe alguna relación entre estos hechos violentos registrados en diferentes sectores de la capital de Santander. La seguidilla de homicidios vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en Bucaramanga. En las últimas semanas se han incrementado los casos de ataques con arma de fuego, muchos de ellos bajo la modalidad de sicariato, lo que ha motivado el fortalecimiento de las investigaciones por parte de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación para identificar a las estructuras criminales responsables y evitar nuevos hechos de violencia.
El gobierno de Gustavo Petro está teniendo un lánguido y escandaloso final, apenas a cuatro días del final del actual periodo de gobierno, no se habla de las ejecutorias o de su legado, sino que el foco se ha concentrado en los casos de corrupción que se habrían producido en el entorno presidencialAdemás de las muy delicadas acusaciones de la española Eva Ferrer, se suman las denuncias de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, sumado a las revelaciones sobre los presuntos tratos entre la excongresista Gloria Arizabaleta y uno de los abogados del presidente Petro y a la extraña influencia de las jóvenes Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz en la contratación estatal tras conseguir penetrar el círculo cercano del jefe de Estado.Angie Rodríguez, quien este fin de semana fue declarada insubsistente, denunció que la mesa de negociaciones que intentó instalar el gobierno Petro con los exjefes paramilitares, buscaba que los excomandantes de las autodefensas enlodaran al presidente electo Abelardo De La Espriella, al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras y al expresidente Álvaro Uribe y los vincularan con acciones criminales, para perjudicarlos de cara a la campaña presidencial.Otro capítulo es el de Gloria Arizabaleta, expresidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, quien fue llamada a indagatoria por la Corte Suprema porque habría pedido al gobierno puestos y prebendas a cambio de favorecer al presidente Petro.Adicionalmente, este fin de semana la Procuraduría abrió investigación para determinar el alcance de las posibles irregularidades que habría cometido la joven Gabriela Muñoz, muy cercana al presidente Petro, en contratación en la Aeronáutica Civil.Sumado a esto, la Fiscalía está pendiente de la posibilidad de que el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, cuente ante la justicia los detalles de las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022.Gustavo Petro fue una oportunidad perdida para que la izquierda se pudiera consolidar como una verdadera alternativa de poder con vocación de permanencia en el tiempo. Eso lo demuestra la victoria de su némesis, Abelardo De La Espriella, en las urnas.
Una acción de tutela interpuesta por habitantes del municipio de Vetas contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue admitida por un juez, en medio de la controversia que ha generado el nuevo procedimiento para la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.Los accionantes son Rosa María Galvis, Karina Andrea Rodríguez, Cristianísimos Ramírez y Alfonso Gelves, quienes dirigieron la acción constitucional contra el Ministerio de Ambiente, representado por la ministra encargada, Irene Vélez Torres.La tutela cuestiona la Resolución 863 del 10 de julio de 2026, mediante la cual el Ministerio creó el procedimiento para adelantar una delimitación progresiva del páramo de Santurbán. Los demandantes sostienen que ese mecanismo desconoce lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017, que estableció las condiciones para desarrollar un nuevo proceso de delimitación con amplia participación ciudadana.Entre las pretensiones de la tutela está que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, la participación ciudadana en asuntos ambientales, el acceso a la información pública, la igualdad y el derecho de petición, al considerar que el procedimiento adoptado por el Ministerio amenaza esas garantías.Además, solicitan que no se aplique la metodología contemplada en la Resolución 863 mientras no se ajuste a los parámetros fijados por la Corte Constitucional, que se dejen sin efectos las actuaciones adelantadas dentro de la consulta pública del proyecto de delimitación progresiva y que el proceso regrese al estado anterior a la expedición de esa resolución.Los accionantes también piden que, antes de adoptar cualquier decisión definitiva, se adelante un proceso integral de concertación y participación con las comunidades de todos los municipios involucrados y que el Ministerio explique de manera expresa cómo fueron analizadas las observaciones presentadas por la ciudadanía.En la tutela argumentan que el Gobierno modificó el alcance de la Sentencia T-361 al cambiar una delimitación integral por un esquema progresivo. Asimismo, aseguran que la consulta pública no garantiza una participación efectiva y que la información técnica fue publicada en formatos especializados que dificultan su comprensión por parte de las comunidades.Los demandantes aclaran que la acción no busca anular una delimitación ya expedida, sino frenar el procedimiento actual antes de que se adopte una decisión definitiva que, según sostienen, podría vulnerar nuevamente los derechos protegidos por la Corte Constitucional.La abogada Gloria Lucía Álvarez, representante de los habitantes de Vetas, afirmó que la tutela fue presentada porque consideran que el Ministerio pretende modificar las reglas fijadas por la Corte Constitucional para la delimitación del páramo."Líderes de la comunidad han decidido emprender acciones legales contra la ministra de Ambiente saliente, Irene Vélez, porque a menos de seis días de dejar el cargo quiere cambiar las reglas de la sentencia de la Corte Constitucional para delimitar Santurbán", señaló.Según Álvarez, la Resolución 863 "autofaculta" al Ministerio para delimitar los páramos por partes, lo que, a su juicio, resulta contrario a la integralidad del ecosistema y busca aplicar ese modelo únicamente en Santurbán para delimitar primero los municipios donde existe actividad agropecuaria y minera tradicional.Sostuvo además que la delimitación propuesta extendería la línea hacia zonas que, según la posición de las comunidades, no corresponden a ecosistemas de páramo y que la medida desconoce los acuerdos construidos durante años en el proceso participativo ordenado por la Corte Constitucional.La representante de los accionantes aseguró que la decisión dejaría en condición de ilegalidad a personas que históricamente han desarrollado actividades económicas en la región, mientras, según dijo, persisten problemas de minería ilegal dentro del ecosistema.Finalmente, expresó que esperan un pronunciamiento del juez en los próximos días y que la decisión garantice el debido proceso y los derechos fundamentales de las comunidades que consideran podrían verse afectadas por la delimitación progresiva propuesta por el Ministerio.
La Aeronáutica Civil decretó la prohibición temporal del uso de drones en Cali y municipios como Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira, con motivo del evento de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella y el despliegue de seguridad previsto para el próximo 7 de agosto.Sobre la medida La medida comenzará a regir a las 12:00 de la madrugada del jueves 6 de agosto y se extenderá de forma continua hasta las 11:59 de la noche del sábado 8 de agosto. Durante ese periodo quedarán restringidas las operaciones de aeronaves no tripuladas en toda el área metropolitana y las zonas de aproximación de los cinco municipios.La restricción aplicará, tanto para usuarios recreativos como comerciales, así como para pilotos remotos y empresas autorizadas bajo las categorías Abierta y Específica. En consecuencia, no podrán realizarse vuelos para cobertura periodística, producción audiovisual, publicidad, inspecciones técnicas, monitoreo, vigilancia, topografía, fotogrametría, actividades deportivas ni entrenamientos con drones.La decisión busca reforzar los anillos de seguridad durante la posesión presidencial, proteger a los dignatarios y delegaciones internacionales que asistirán al evento, garantizar el desarrollo de la agenda oficial y evitar interferencias en el espacio aéreo durante una de las jornadas de mayor despliegue operativo del país.Las únicas operaciones permitidas serán las realizadas por las Fuerzas Militares, la Policía, organismos de seguridad e inteligencia del Estado y entidades encargadas de la gestión del riesgo y la atención de emergencias. En todos los casos, las misiones deberán contar previamente con la autorización expresa de las autoridades aeronáuticas y de control territorial.La Aeronáutica Civil advirtió que el incumplimiento de la restricción podrá acarrear sanciones administrativas y legales, además del decomiso preventivo de los equipos y otras acciones judiciales contempladas en el Reglamento Aeronáutico de Colombia y la normatividad vigente.
La ministra de Salud designada, Ana María Vesga, anunció que una de las alternativas que estudia el Gobierno para enfrentar la crisis del sistema de salud será reducir el número de afiliados de la Nueva EPS, considerada actualmente la entidad más crítica del país por su tamaño y su situación financiera.Durante una entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, la funcionaria explicó que la recuperación del sistema depende en gran medida de estabilizar a la aseguradora, que concentra más de 11 millones de usuarios y cuya situación financiera, aseguró, requiere una intervención profunda."Es una entidad que toca empezar a alivianar porque con 11 millones de colombianos y en esta situación es imposible que preste bien sus servicios", afirmó Vesga al referirse al futuro de la Nueva EPS.La ministra precisó que "alivianar" significa reducir probablemente el número de afiliados, con el propósito de que la entidad pueda operar de manera más eficiente y garantizar una mejor atención a los usuarios¿Cuál es el plan de choque frente a la crisis de medicamentos y citas?La prioridad inmediata de la nueva administración, según confirmó la ministra, será la ejecución de un plan de choque que comenzará el 7 de agosto. El objetivo central es identificar, persona a persona, los focos críticos de represamiento en la atención."Necesitamos identificar cuáles son esos cuellos de botella, dónde están los medicamentos que no se están entregando y las citas que no se están otorgando. Si no sabemos el tamaño del problema, no sabemos cuántos recursos vamos a requerir", señaló Vesga. Para la ministra, la erosión de la confianza entre los actores del sistema ha sido la causa raíz de la parálisis, por lo que su gestión buscará convocar a prestadores, industria y aseguradoras para estabilizar la red.¿Por qué se habla de "alta cirugía" para la Nueva EPS?La funcionaria enfatizó que la entidad ha sufrido un deterioro constante debido a la falta de continuidad administrativa, acumulando seis interventores en cuatro años. "Es imposible que una entidad que no ha tenido continuidad en su gestión esté bien administrada", afirmó. El gobierno entrante revisará la situación financiera para determinar qué partes de la red son viables y cuáles requieren medidas de salvamento, asegurando que cualquier decisión estará centrada en proteger la atención de los pacientes.¿Cómo se financiará el sistema y qué pasará con la UPC?La ministra desestimó que los ajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) respondan a beneficios particulares, aclarando que se trata del financiamiento base del sistema. Sobre la polémica de los recursos, Vesga reconoció que el gobierno anterior dejó una subestimación en los cálculos para 2025 y 2026. Aunque el escenario fiscal es restringido, la administración busca inyectar recursos para saldar deudas con la industria farmacéutica y aliviar la red prestadora, trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el equipo del vicepresidente José Manuel Restrepo.¿Qué pasará con los recursos destinados a los Equipos Básicos de Salud?Otro punto de tensión es el destino de los 8 billones de pesos que, según el equipo de empalme, se habrían invertido en los Equipos Básicos de Salud durante el gobierno saliente. Vesga se mostró crítica ante la falta de indicadores de impacto: "No había trazabilidad. Lo primero que vamos a hacer es medirlos; si han funcionado en algunos territorios, qué bueno, pero debemos entender qué pasó con esos recursos, pues fueron un detrimento enorme para un sistema que estaba ahogado".