Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 17 de enero de 2026:Isabel Cristina Bettin, coordinadora del Departamento de Psicología, dio detalles acerca de los desafíos a los que se enfrentan padres e hijos en el regreso a clases.Catherin Ospina, gerente de Mercadeo LG Electronics Colombia, profundizó sobre cómo vivir en un hogar sin tareas domésticas.Carolina Rodríguez, actriz y protagonista de La Reina del Flow, habló acerca de la tercera temporada de la serie.Escuche el programa completo aquí:
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, actualizó los lineamientos del Programa de Alimentos Escolar (PAE) con el fin de mejorar la cobertura, la calidad de los alimentos y el control del servicio, esto por medio de la renovación y también de la unificación de sus reglas, y reemplazando resoluciones anteriores para dejar un marco claro de operación.Uno de los primeros ajustes es que se amplía el enfoque del programa, incluyendo los derechos humanos, el género, el cuidado de los menores, los territorios, la pedagogía y enfoques diferenciales como los étnicos, los rurales o si hay discapacidades.Además, también hacen un refuerzo para garantizar la atención a la totalidad de estudiantes de la primera infancia de manera obligatoria. También le hacen un ajuste al aporte nutricional, dependiendo de cuántas horas estudien: si estudian seis horas, debe ser del 50 %, y si estudian ocho horas, debe ser del 70 %.Al mismo tiempo, implementa un nuevo orden de priorización en la atención. Primero se debe atender a los estudiantes de la primera infancia; luego, a los rurales, a los étnicos, a los que han sido víctimas del conflicto y a los que presentan discapacidades. Asimismo, también buscan que se disminuya el consumo de comida industrializada, fijando una meta de que desaparezca dicho tipo de comida para el 2030.También, el PAE se extenderá a algunos recesos escolares mediante canastas alimentarias en casa; se refuerza la compra a productores locales y se mejoran las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos, prohibiendo el voluntariado.
Después de varios meses de investigaciones y de recolectar información, la Personería Distrital de Medellín confirmó en las últimas horas que formuló pliego de cargos contra Gustavo Alejandro Gallego Hernández y Carlos Fernando Borja Jiménez, exgerentes de Emvarias, y quienes habrían cometido presuntas irregularidades en la gestión del riesgo del relleno sanitario La Pradera.Hay que recordar que la investigación se originó de una auditoría financiera y de gestión de la Contraloría Distrital en el que se evidenció deficiencias graves en la gestión frente a la desestabilización del vaso Altair, una afectación ambiental en un afluente hídrico.Yenny Serna, personera delegada, indicó que el Ministerio Público decidió intervenir en el proceso debido a que se evidenció el presunto incumplimiento de deberes funcionales, omisión y retardo en la ejecución de las obras de mitigación."Deficiencias graves en la gestión del riesgo frente a la desestabilización del paso alta y generando sobrecostos superiores a cuarenta y un mil millones de pesos. En consecuencia, se formularon cargos por presunto incumplimiento de deberes funcionales", indicó.Hay que mencionar que para la Personería de Medellín los presuntos incumplimientos configuran una falta gravísima a título de culpa gravísima, por lo que el proceso continuará con la etapa de decisión disciplinaria, asegurando la defensa de ambos exgerentes de Emvarias.Finalmente, hay que mencionar sobre el relleno sanitario La Pradera que hace seis meses fue habilitado el vaso La Piñuela que ayudó a descongestionar el servicio de recolección y disposición de residuos luego de la emergencia vivida a comienzos del 2024 por el colapso de Altair.
Continúan las lluvias en el Valle del Cauca, el 60% del territorio en el departamento se ha visto afectado por emergencias relacionadas con estas fuertes precipitaciones, especialmente en el centro y el norte del departamento.Actualmente hay seis municipios con declaratoria de Calamidad Pública, siendo el más crítico, Buga, donde aún están buscando a una mujer que fue arrastrada por la creciente de un río en el corregimiento de la María."En Crucebar La María está trabajando la maquinaria, haciendo un trabajo para evitar que la situación se vuelva más crítica con las lluvias y hemos habilitado una vía alterna temporal. Igualmente en Villa del Río tenemos una situación muy crítica pues se tiene el riesgo de pérdida de la vía, esta es la más delicada porque conecta la zona rural con el casco urbano, lo que afectaría al rededor de 13.000 bugueños", indicó la alcaldesa de Buga, Karol Martínez.Otra de las emergencias que aún se está atendiendo es la que se vivió en el municipio de El Águila, donde una avenida torrencial destruyó por completo el puente que comunica este municipio con el departamento de Risaralda."Estamos dándole asistencia humanitaria a las personas que perdieron casi todo lo que tenían y también mirando cómo podemos lograr superar la problemática de la vía que es muy importante, hay mucha empresa, los niños bajan para tener la educación, la salud y si esta vía se va, tendremos miles de personas completamente aisladas. Esto es una urgencia”, dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Con la llegada de 2026, el bolsillo de miles de usuarios que deben movilizarse entre municipios de Cundinamarca sintió el golpe del incremento del salario mínimo. En pleno arranque del año, los nuevos precios de varios pasajes intermunicipales despertaron preocupación entre trabajadores, estudiantes y familias.Las quejas no tardaron en llegar y, con ellas, una reacción directa desde la administración de Jorge Emilio Rey, abriendo el debate sobre hasta dónde debe permitirse la libertad tarifaria a las empresas de transporte y quién protege al usuario cuando los incrementos se exceden.Gobernación de Cundinamarca frena el alza de pasajes intermunicipalesLuego de que se hicieran públicos los aumentos que, en varios casos, superaron el 30 %, la Gobernación de Cundinamarca anunció que tomará acciones para revisar la legalidad de estos incrementos. El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel solicitó a la Superintendencia de Transporte ejercer labores de vigilancia, inspección y control sobre las empresas que operan rutas intermunicipales en el departamento.La idea es verificar si los incrementos aplicados cumplen con la normatividad vigente y si están debidamente sustentados en criterios técnicos. Desde la administración departamental se ha señalado que estas alzas impactan directamente las finanzas de las familias, especialmente de quienes usan el transporte intermunicipal como principal medio para llegar al trabajo, al estudio u otras actividades.¿Qué dice la norma sobre los costos de los pasajes intermunicipales?La Gobernación fue clara en un punto clave: no tiene competencia directa para fijar o autorizar las tarifas del transporte intermunicipal. Según el marco legal, los precios se definen bajo el principio de libertad tarifaria, es decir, son establecidos por las propias empresas prestadoras del servicio.Sin embargo, esa libertad no puede ser arbitraria. La regulación exige que cualquier ajuste esté respaldado por estudios técnicos sólidos, en los que se expliquen de manera detallada aspectos como:Costos operativos del servicio.Condiciones del mercado.Variables económicas.Factores que justifican el nuevo esquema tarifario.Además, estos estudios deben ser socializados de forma clara y oportuna con los usuarios.Usuarios en el centro de la revisión tarifariaLa solicitud enviada a la Superintendencia de Transporte también busca verificar si las empresas cumplieron con la divulgación de la información y si existieron prácticas irregulares o posibles abusos. De encontrarse inconsistencias, podrían derivarse sanciones administrativas o medidas correctivas.El gobernador Rey insistió en que el transporte intermunicipal debe prestarse bajo principios de transparencia, responsabilidad social y equilibrio económico.
