Un nuevo capítulo empezó a escribirse en la novela sobre las acciones de la Triple A, esta vez por cuenta de una ciudadana barranquillera y ocho accionistas tipo B de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo que radicaron en Bogotá una tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales.Según la tutela, la Fiscalía "violó el debido proceso" al aplicar extinción de dominio sobre el 82 % de las acciones que poseía Inassa en la compañía de servicios públicos, por lo tanto, piden que se suspenda este proceso y que el caso pase a manos de la Superintendencia de Sociedades."La Fiscalía General de la Nación no debió aplicar la extinción de dominio o las medidas cautelares porque no era competencia de ella, sino de la Supersociedades, que es el juez natural del problema Triple A", manifestó el accionista minoritario Hernando Acuña, uno de los firmantes de la tutela.Así las cosas, entre las pretensiones de la tutela está “que se ordene a la SAE no disponer de las acciones cauteladas como consecuencia de la suspensión del proceso de extinción de dominio”.Los accionistas insisten en la tutela que "es una extralimitación de la Fiscalía aplicar extinción de dominio a las acciones de Inassa cuando la actividad ilícita recae sobre un contrato de orden civil celebrado consensualmente entre las partes"."En los estatutos de la Triple A se determinó que las diferencias se dirimían en derecho en sede de tribunales de arbitramento, hecho que desconoció la Fiscalía", se lee renglón seguido.Los accionistas interpusieron la tutela en Bogotá, al considerar que "Barranquilla no brinda confianza en su rama judicial". Por reparto, el documento llegó al juzgado 36 penal del circuito de la capital y se espera que en los próximos días el despacho defina si es admitida, o no.
Inassa, entidad filial de la empresa pública española Canal Isabel II, emitió un comunicado de prensa en el que dan a conocer “su preocupación e inconformidad" con el poco avance que ha tenido el proceso legal, abierto en su contra. También instó a las autoridades para que aceleren el trámite ya que su prolongación va en contravía de los intereses de la ciudadanía.Señalan que las declaraciones de funcionarios públicos hablando sobre el proceso de extinción de dominio en contra de Inassa atentan en contra de la legalidad de este.En la comunicación también se refiere a situación financiera de Triple A. Aseguran que los estados financieros que se han aprobado en los dos últimos años “no reflejan la situación real de la empresa, caracterizada por la falta de tesorería y liquidez para hacer frente a sus compromisos de inversión y mantener los estándares de servicio que se tenían cuando era administrada por la propia Inassa”.También señalan "que se ha conocido que la Sociedad de Activos Especiales, que hoy administra a Triple A, ha aprobado este año, con el apoyo del Distrito, la distribución de las reservas voluntarias (no de las utilidades del 2020), por importe de más de 38.000 millones de pesos, de los cuales, la mayor parte irán a favor de la SAE""Con ello se evidencia la descapitalización de la empresa, cuando estos fondos se han debido dedicar a mejorar el deficiente servicio y a realizar nuevas inversiones", añaden.Sobre esta comunicación aún no habido pronunciamiento alguno por parte de la SAE, mientras que las directivas de la Triple A están analizando el documento para decir se darán una respuesta oficial.
Once implicados en el caso Inassa recibieron la noticia de que no tendrán medida de aseguramiento y tampoco prohibición para salir del país. Lo anterior luego de que la Fiscalía 42 de la unidad delegada ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá, determinara anular esta solicitud hecha por el fiscal de primera instancia.La razón de esta decisión se fundamenta en que la titular de este despacho, en un oficio fechado el pasado 19 de diciembre, aseguró que la Fiscalía Quinta Delegada ante los jueces penales, que solicitó medida de aseguramientos no privativa de la libertad y prohibición de salida del país contra los implicados, no tenía competencias para conocer el caso.Lea también: Inassa continúa con el 82% de las acciones en la Triple AA raíz de esta decisión, se beneficiaron Alberto Muguiro Eulate, Germán Sanabria Huyke, Carlos Roca García, Luis Fernando Arboleda González, Carlos Alberto Araiza Duque, Ramón Navarro Pereira, Ramón Heraclio Hemer Redondo, Luis Alberto Nicolella de Caro, Francisco Javier Malia Baro y Edmundo Rodríguez Sobrino.El caso Inassa es uno de los escándalos de corrupción más grandes del país en el que se investiga como se desviaron dineros públicos de la ciudad que debían ir al mejoramiento del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla operado por Triple A.
El Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla, negó la acción popular, interpuesta por un particular, que buscaba anular el contrato de las acciones suscrito entre Inassa y el Distrito en 1991.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.Es así como la firma española conserva el 82% de las acciones en la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, luego de esta nueva decisión en el que la juez del caso decretó como “cosa juzgada” dicha demanda.Lea también: Fiscalía imputó cargos a expresidente de Inassa por corrupción en Triple AAdemás, consideró que el accionante no entregó los elementos de juicio necesarios para determinar la violación de los derechos colectivos invocados por el actor en la acción popular.En el fallo, también se negaron las pretensiones de la demanda y el reconocimiento del incentivo económico previsto a la parte actora por considerarse improcedentes.Le puede interesar: Fiscalía pide a juez iniciar extinción de dominio de acciones de Inassa en Triple ADebido a que el recurso fue presentado antes de que la Triple A fuera intervenida por la Fiscalía, el fallo no guarda relación con el proceso de extinción de dominio que ordenó el embargo y secuestro de las acciones de Inassa y también es independiente del juicio por el desfalco de Ramón Navarro durante su administración como gerente de la Triple A.
Durante la audiencia de imputación de cargos en contra del expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez, el exdirectivo fue imputado por la Fiscalía colombiana como presunto coautor, en el caso de corrupción presentado en la empresa Triple A, comentiendo delitos como enriquecimiento ilícito a favor de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado."Abusando de sus funciones como presidente ejecutivo de Inassa S.A. y de común acuerdo con directivos de la empresa Triple A, Edmundo Rodríguez dispuso de manera irregular de los bienes de la empresa de servicios para beneficiar a Inassa entre los años 2012 y 2015. Además, en ese mismo periodo, se apropió de más de 29.900 millones de pesos", explicó el delegado de la fiscalía 38 de la unidad especializada contra la corrupción de Bogotá, quien lleva este caso.Lea también: Senador Robledo califica de cínica propuesta de acuerdo de Inassa Lo anterior, "a través de distintas modalidades como el pago de 54 órdenes de pedido ficticias a nombre de la empresa Recaudos y Tributos, filial de Inassa, por la suma de 23.000 millones de pesos. También, a través del pago de cuatro contratos de consultoría simulados por un valor 4.500 millones de pesos, y de otras nueve órdenes de pedido a nombre de la empresa Iarco Ltda, representada por Héctor Amarís, con facturas de servicio de transporte no prestados por valor de 1.300 millones de pesos", explicó el delegado.No se presentó a la audiencia El expresidente de Inassa, el español Edmundo Rodríguez Sobrino, no se presentó este jueves a la audiencia virtual de imputación de cargos por el sonado caso de corrupción en la empresa de servicios barranquillera Triple A, a pesar de haber sido requerida su presencia por la Fiscalía en la sede del consulado colombiano en Madrid.En su nombre, Rodríguez Sobrino envió a su abogado, German Mauricio Marín, y una carta que leyó su representante al inicio de la diligencia. En la carta, Edmundo Rodríguez afirma que, tal como lo hizo en audiencia de interrogatorio en 2018, ratifica su intención de colaborar con las autoridades colombianas y comparecer en este caso, pero que decidió no responder la citación porque considera que ya en España se está llevando un proceso en su contra con base en los mismos hechos.Asimismo, agregó, la justicia colombiana no hizo la solicitud de esta audiencia ante el Ministerio de Justicia de España, que es el país desde donde, según él, debe comparecer. Lea también: Imputarán cargos contra expresidente de Inassa por presunta corrupción en Triple A Sin embargo, la Fiscalía lo consideró como una actitud renuente de Rodríguez Sobrino, mientras que el representante del Ministerio Público lo catalogó como una posible maniobra dilatoria, y en este sentido pidieron que continuara la audiencia.El juez, tras escuchar a las partes, también consideró que la audiencia debía realizarse y así lo decidió, pues, a su juicio, si bien Rodríguez Sobrino debía comparecer en España, la cita era en el consulado colombiano, que es territorio nacional. No obstante, al final, una vez imputado, el juez le dejó abierta la posibilidad a Rodríguez Sobrino para que se allane o no a los cargos y llegue acuerdos con la justicia colombiana.
En el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla se realizará este jueves, de manera virtual, la audiencia de imputación de cargos contra el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, en el marco de la investigación por la presunta corrupción en la empresa de servicios públicos Triple A de Barranquilla.Lea también: Procuraduría aclara que no hay acuerdos con InassaRodríguez Sobrino deberá comparecer desde la sede del consulado de Colombia en Madrid, según la solicitud de la Fiscalía 38 de la Unidad Especializada Contra la Corrupción de Bogotá.Lea también: Senador Robledo califica de cínica propuesta de acuerdo de InassaEl expresidente de Inassa, empresa española propietaria de la mayoría accionaria de Triple A, es investigado por el presunto desvío de unos 80 millones de dólares por una asistencia técnica de Inassa que no habría recibido la compañía de servicios barranquillera.Los cargos que se le imputarán son enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. El caso será llevado por un juez penal municipal con funciones de control de garantías.
El congresista del Polo Democrático Jorge Robledo señaló que los representantes de Inassa actúan con cinismo al presentar a la Procuraduría General de la Nación una oferta de "solución integral". La propuesta de la compañía española, contenida en un documento de “pacto de cumplimiento”, plantea realizar inversiones por 175 mil millones de pesos para que se retiren las demandas en su contra y se frene el proceso de extinción de dominio de más del 82 por ciento de las acciones que poseía en la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla. Lea también: Procuraduría aclara que no hay acuerdos con Inassa “O sea, la empresa se la van a devolver a estos señoritos como si nada hubiera pasado, en una actitud como de extorsionistas. El contrato al que estos personajes aspiran es leonino contra el interés de Barranquilla y el Atlántico, pero, además, es descarado, cínico”, expresó el senador. Por su parte, la Procuraduría ha dicho que, si bien revisará el documento enviado por Inassa, garantiza que esta propuesta “no podrá impedir, dilatar o entorpecer las investigaciones en contra de los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción en la empresa Triple A”.
La Procuraduría aclaró qu,e en este momento, no existen acuerdos con la compañía Inassa tras irregularidades detectadas en la Triple A, empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, investigada por presunta corrupción.La compañía española Inassa, investigada por corrupción, hizo llegar a la Procuraduría una oferta de "solución integral" en la que plantea realizar inversiones por 175 mil millones de pesos para que se retiren las demandas en su contra y se frene el proceso de extinción de dominio del 82 por ciento de las acciones que poseía en la empresa Triple A.Sin embargo, en las últimas horas, el ente de control emitió un comunicado en el que aclara que “no existe ninguna conciliación en curso con Inassa ni tampoco un principio de acuerdo para la firma de un pacto de cumplimiento, que ponga fin a la acción popular interpuesta en defensa al patrimonio público en la Triple A”.Lea también: Extinción de dominio a Inassa es una medida lógica: defensores patrimonio de BarranquillaSi bien la Procuraduría afirma que revisará el documento enviado por Inassa, garantiza que esta propuesta “no podrá impedir, dilatar o entorpecer las investigaciones en contra de los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción en la empresa Triple A”. Entre tanto, el próximo martes en el Congreso habrá un debate de control político a la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de Barranquilla. Precisamente, para tratar la investigación por corrupción administrativa que allí se adelanta.Vale recordar que Inassa es una filial de la empresa estatal española Canal de Isabel II, y fue precisamente en ese país donde se iniciaron las investigaciones por este caso de presunta corrupción transnacional, que ya deja varios capturados a lado y lado del océano.
El comité de defensores del patrimonio público de Barranquilla consideró que “es una decisión lógica” la que tomó el ente de control, que radicó ante un juez la demanda de extinción de dominio de las acciones de la empresa española Inassa en la compañía Triple A. Los defensores afirman que estos presuntos hechos de corrupción estarían atentando contra Barranquilla hace mucho tiempo y que las acciones embargadas deben ser retomadas por la administración Distrital. Lea también: Fiscalía pide a juez iniciar extinción de dominio de acciones de Inassa en Triple A “Este 82 % de las acciones son las que se deben revertir a favor del Distrito y de los socios minoritarios. Nosotros consideramos que la concesión de Triple A no debe ir más y esta es una forma de liquidarla. Además, se deben llevar a cabo todas las investigaciones sobre los desfalcos que se han dado”, expresó Norman Alarcón, dirigente cívico. Entre tanto, Hernando Acuña, socio minoritario de Triple A, recordó que la atención no solo se debe centrar en el embargo de las acciones de Inassa, sino también “en la investigación sobre los más de 40 mil millones de pesos que le sustrajeron a la Triple A y en el futuro que le espera a la compañía en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”. Lea también: Procuraduría inhabilita a exgerentes de Triple A por corrupción con Inassa “La empresa va a seguir sufriendo, porque está en manos de la SAE, una entidad que no la va a respaldar financieramente y va a echar al traste los servicios públicos”, manifestó.
A través de un oficio con fecha de este jueves, la Fiscalía General de la Nación le solicitó al juez penal del circuito especializado del derecho de dominio que inicie el proceso de embargo sobre las acciones de la empresa española Inassa en la compañía Triple A S.A, E.S.P. Dicho proceso inició en el mes de octubre de 2018 por presuntas irregularidades en contratos, en su momento el ente acusador avaluó esas acciones en $200 mil millones. Según lo establecido, este jueves era el último día en el que se podía iniciar la demanda de extinción de dominio. De no haberse hecho, las acciones hubiesen podido regresar a la compañía española. Vea también: Día definitivo contra exdirectivos de Triple A por contratos con Inassa En su momento, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señaló que la compañía fue saqueada desde el año 2000 y que, además, no se cumplió del todo el contrato de asistencia técnica con Inassa. También se conoció que los trabajos de planeación fueron realizados por Triple A y que esa compañía le giraba $226 mil millones a Inassa mediante cuentas directas. Por estos hechos, la Fiscalía dictó “medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra los exgerentes de Triple A Ramón Navarro, Francisco Olmos, Luis Fernando Arboleda, y de Inassa, Germán Sarabia".
En los últimos años, las apps de juegos que prometen ganar dinero han experimentado un auge considerable. Desde juegos sencillos de trivia hasta complejos simuladores financieros, estas plataformas han capturado la atención de millones de personas que buscan una forma rápida de obtener ingresos adicionales. El creciente afán humano por generar dinero rápido ha sido un factor clave en la popularidad de estas apps, especialmente en un contexto global donde las dificultades económicas se han hecho más palpables.¿Cuánto dinero se puede ganar?El dinero que se puede ganar con estas apps varía considerablemente según la plataforma, el tiempo invertido y el tipo de juego. Algunas aplicaciones ofrecen pequeñas recompensas, como tarjetas de regalo o pagos en efectivo a través de plataformas como PayPal, mientras que otras prometen pagos más elevados. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los usuarios necesitan dedicar una cantidad significativa de tiempo para ver recompensas tangibles, y los montos suelen ser modestos. En promedio, un jugador puede ganar entre $1 y $10 dólares diarios, aunque las aplicaciones más populares pueden permitir mayores ingresos en casos excepcionales.A continuación, presentamos una lista de las cinco aplicaciones más populares, basadas en su reputación y resultados a la hora de hacer dinero:Mistplay: Una app que permite a los usuarios ganar recompensas por jugar a diferentes juegos. Los puntos acumulados pueden canjearse por tarjetas de regalo o pagos en efectivo.Swagbucks Live: Un juego de trivia que otorga puntos por responder correctamente a las preguntas. Estos puntos pueden canjearse por premios en efectivo o tarjetas de regalo.Lucktastic: Una app de tarjetas de rascar virtuales que ofrece la oportunidad de ganar dinero instantáneamente. Aunque las probabilidades de grandes premios son bajas, es una opción popular.HQ Trivia: Esta app permite a los usuarios ganar premios en efectivo respondiendo preguntas en tiempo real. Es conocida por su formato de juego en vivo y sus grandes premios.Long Game: Combina juegos con el ahorro de dinero. Los usuarios depositan fondos en la app y juegan para ganar intereses y premios adicionales.Estafas y promesas falsasA pesar del atractivo de estas apps, muchas de ellas han sido criticadas por prometer ganancias que no siempre son reales. Existen numerosos casos de estafas en los que las plataformas nunca pagan a los jugadores o exigen alcanzar umbrales extremadamente altos antes de liberar los pagos. Algunas apps, además, utilizan tácticas engañosas como obligar a los usuarios a ver un número excesivo de anuncios, lo que genera ingresos para la plataforma, pero no para el jugador.Para evitar caer en estas trampas, es importante investigar la reputación de las apps antes de descargarlas. Revisar las calificaciones y leer opiniones de otros usuarios puede ayudar a identificar posibles fraudes.El atractivo de estas aplicaciones radica en la posibilidad de ganar dinero mientras se juega, un concepto que combina entretenimiento y retribución económica. Sin embargo, muchas personas se preguntan cuánto dinero se puede realmente obtener y si todas estas apps son legítimas o si existen estafas detrás de ellas.
Ni siquiera con la orden de un magistrado del tribunal contencioso administrativo de San Andrés, que resolvió una acción popular ordenando la reconstrucción del Colegio María Inmaculada, en Providencia, institución que es patrimonio arquitectónico y cultural de la Nación, se ha logrado que se ponga el primer ladrillo para levantar la estructura que se vino abajo con el paso del huracán Iota el 13 de noviembre del año 2020.En la isla, la comunidad está haciendo un llamado, tanto al Ministerio de Educación como al de Cultura, pues aún no está definido a cuál de los dos corresponde la obra que, por ahora, ha quedado por fuera de la reconstrucción que se realizó la isla.“Se han empezado a tirar la pelota entre un ministerio y otro. En providencia incluso reconstruyeron algunos espacios privados que no están en uso y con el colegio no ha pasado nada. La estructura sigue en el suelo”, denuncia Arelys Fonseca, habilitante de Providencia.Mientras tanto, unos 400 estudiantes desde prescolar, hasta noveno grado, están desde hace casi cuatro años dando clases en unas aulas que indicaron eran provisionales, pero que no cuentan con las condiciones pues quedan expuestos a la lluvia y las altas temperaturas.“Esas aulas no reúnen las condiciones ya que cuando llueve todas se mojan debido al modelo de construcción que utilizaron el cual no tiene ventanas, sino unos angeos. Como las aulas son semiabiertas, no se les puede instalar aires acondicionados y cuando en la isla hay sequía hace demasiado sol y los niños se ven afectados, tanto que al menos tres se han desmayado”, dijo Walwin Brown, vocero de los padres de familia.En Providencia, la comunidad está pidiendo urgente la intervención de las Gobierno nacional para que se reconstruya la escuela y se mejoren las condiciones de los estudiantes.
Los interrogantes en torno a cómo será el retiro de los cobros de terceros de la factura de servicio público en el departamento del Atlántico, donde a través del servicio de energía se recaudan los impuestos de Alumbrado Público y la Tasa de Seguridad, siguen siendo planteados por las autoridades locales, como es el caso de la Alcaldía de Barranquilla, quienes piden claridad frente al proceder de esta medida fomentada por el Gobierno nacional. El asunto, que es catalogado como trascendental por la Alcaldía, sugiere el ente territorial que debe ser revisado con rigurosidad a través de análisis técnicos y jurídicos, teniendo en cuenta la implicación tributaria que tiene su retiro, pues ya están en curso varias inversiones a partir de estos recursos. Por esto, se sumaron a las palabras del gobernador Eduardo Verano, quien indicó el preocupante panorama que generaría la suspensión de estos recaudos, para lo que piden revisiones sobre cuáles podrían ser los caminos a seguir al respecto. "Respaldamos la preocupación del señor gobernador Eduardo Verano sobre las medidas tomadas en cuanto al recaudo de la tasa de seguridad, la cual ha permitido fortalecer a la fuerza pública en sus labores para combatir la delincuencia en la ciudad, el área metropolitana y el departamento", indicó la Alcaldía.
En la Cámara de Representantes se aprobó uno de los artículos más relevantes de la reforma laboral en Colombia. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, analizó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, esta medida y sus posibles consecuencias, pues implica un aumento en los costos laborales para las empresas.El artículo aprobado se refiere a los horarios diurnos y nocturnos que los empresarios tendrán que pagar a partir de ahora. Anteriormente, se pagaban como horas nocturnas a partir de las 9:00 de la noche, pero, con la nueva medida, se deberá pagar el recargo nocturno a partir de las 7:00 de la noche.Cabal se refirió a lo que esto significa en el empleo y los costos laborales. Argumentó que, si los gastos de este tipo aumentan, se dificultará la contratación y se verá afectada la generación de empleo. Además, mencionó que esta reforma encarece considerablemente los costos laborales."Respecto al tema de la aprobación de la Cámara, este es un artículo de muchos que van a venir, que encarece considerablemente los costos laborales y que tiende a mejorar aquellos que gozan de trabajo hoy, que seguramente están muy contentos y eso es válido porque se les mejora sus condiciones, pero que deja por fuera la posibilidad de generar empleo a los más de dos millones desocupados y más de dos y pico millones de informales que hay en Colombia. Porque en la medida que se encarecen los costos laborales se hace más difícil la contratación porque es más onerosa", detalló.En ese sentido, señaló otros aspectos que también incrementarán estos costos, como el aumento de las semanas de la paternidad y la propuesta de volver contrato laboral a los aprendices del Sena."Hay otros temas que van a encarecer los costos laborales, como el incremento de las semanas de la paternidad masculina e igualmente el tema de los aprendices del Sena, que se quiere volver contrato laboral, y al final, pues anoche comenzó una cascada de incrementos de costos laborales. Quisiera explicarlo con un ejemplo muy claro, que además lo hemos trabajado, no con los grandes empresarios que de pronto pueden tener el pulmón para absorberlo, pero es que los micro, pequeños, medianos empresarios, que son el 93 % del país; esto les va a significar en total un incremento entre el 18 y 30 % de los costos", recalcó.Cabal expuso un ejemplo concreto para ilustrar el impacto de esta reforma. Tomando como referencia un salario de dos millones de pesos, señaló que el aumento en los recargos nocturnos hará que ese salario se incremente en un 8.95 %, lo cual representa un costo adicional para las empresas.En este caso, destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas, ya que representan el 93 % del país.El presidente de Fenalco resaltó la importancia de generar empleo en el país y aseveró que esta reforma laboral no está orientada hacia ese objetivo. Por eso, criticó la falta de concertación en su elaboración y mencionó que no se tuvo en cuenta la voz del sector empresarial.Por otro lado, propuso la flexibilización del mercado laboral y recalcó que, en países con mayor flexibilidad, la tasa de desempleo es menor.Por último, cuando se le pregunta sobre su posible candidatura presidencial, Cabal aclara que en este momento está centrado en su labor como presidente de FEL y en ser un facilitador de un proceso democrático para cambiar el rumbo del país.
Pasado el mediodía de este 3 de octubre, en la localidad de Bosa, sur de Bogotá, se registró un homicidio. Primeras versiones apuntan que este se trataría de un nuevo caso de feminicidio. Las autoridades ya están en proceso de identificación de la víctima y del presunto responsable.Por el momento, hay un menor aprehendido por el hecho. Autoridades afirman que sería el principal responsable.>>> Lea también: Desarticulan banda de robo de ganado en Tolima que vendía carne en el sur de BogotáEn desarrollo...