Un nuevo capítulo empezó a escribirse en la novela sobre las acciones de la Triple A, esta vez por cuenta de una ciudadana barranquillera y ocho accionistas tipo B de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo que radicaron en Bogotá una tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales.Según la tutela, la Fiscalía "violó el debido proceso" al aplicar extinción de dominio sobre el 82 % de las acciones que poseía Inassa en la compañía de servicios públicos, por lo tanto, piden que se suspenda este proceso y que el caso pase a manos de la Superintendencia de Sociedades."La Fiscalía General de la Nación no debió aplicar la extinción de dominio o las medidas cautelares porque no era competencia de ella, sino de la Supersociedades, que es el juez natural del problema Triple A", manifestó el accionista minoritario Hernando Acuña, uno de los firmantes de la tutela.Así las cosas, entre las pretensiones de la tutela está “que se ordene a la SAE no disponer de las acciones cauteladas como consecuencia de la suspensión del proceso de extinción de dominio”.Los accionistas insisten en la tutela que "es una extralimitación de la Fiscalía aplicar extinción de dominio a las acciones de Inassa cuando la actividad ilícita recae sobre un contrato de orden civil celebrado consensualmente entre las partes"."En los estatutos de la Triple A se determinó que las diferencias se dirimían en derecho en sede de tribunales de arbitramento, hecho que desconoció la Fiscalía", se lee renglón seguido.Los accionistas interpusieron la tutela en Bogotá, al considerar que "Barranquilla no brinda confianza en su rama judicial". Por reparto, el documento llegó al juzgado 36 penal del circuito de la capital y se espera que en los próximos días el despacho defina si es admitida, o no.
Inassa, entidad filial de la empresa pública española Canal Isabel II, emitió un comunicado de prensa en el que dan a conocer “su preocupación e inconformidad" con el poco avance que ha tenido el proceso legal, abierto en su contra. También instó a las autoridades para que aceleren el trámite ya que su prolongación va en contravía de los intereses de la ciudadanía.Señalan que las declaraciones de funcionarios públicos hablando sobre el proceso de extinción de dominio en contra de Inassa atentan en contra de la legalidad de este.En la comunicación también se refiere a situación financiera de Triple A. Aseguran que los estados financieros que se han aprobado en los dos últimos años “no reflejan la situación real de la empresa, caracterizada por la falta de tesorería y liquidez para hacer frente a sus compromisos de inversión y mantener los estándares de servicio que se tenían cuando era administrada por la propia Inassa”.También señalan "que se ha conocido que la Sociedad de Activos Especiales, que hoy administra a Triple A, ha aprobado este año, con el apoyo del Distrito, la distribución de las reservas voluntarias (no de las utilidades del 2020), por importe de más de 38.000 millones de pesos, de los cuales, la mayor parte irán a favor de la SAE""Con ello se evidencia la descapitalización de la empresa, cuando estos fondos se han debido dedicar a mejorar el deficiente servicio y a realizar nuevas inversiones", añaden.Sobre esta comunicación aún no habido pronunciamiento alguno por parte de la SAE, mientras que las directivas de la Triple A están analizando el documento para decir se darán una respuesta oficial.
Once implicados en el caso Inassa recibieron la noticia de que no tendrán medida de aseguramiento y tampoco prohibición para salir del país. Lo anterior luego de que la Fiscalía 42 de la unidad delegada ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá, determinara anular esta solicitud hecha por el fiscal de primera instancia.La razón de esta decisión se fundamenta en que la titular de este despacho, en un oficio fechado el pasado 19 de diciembre, aseguró que la Fiscalía Quinta Delegada ante los jueces penales, que solicitó medida de aseguramientos no privativa de la libertad y prohibición de salida del país contra los implicados, no tenía competencias para conocer el caso.Lea también: Inassa continúa con el 82% de las acciones en la Triple AA raíz de esta decisión, se beneficiaron Alberto Muguiro Eulate, Germán Sanabria Huyke, Carlos Roca García, Luis Fernando Arboleda González, Carlos Alberto Araiza Duque, Ramón Navarro Pereira, Ramón Heraclio Hemer Redondo, Luis Alberto Nicolella de Caro, Francisco Javier Malia Baro y Edmundo Rodríguez Sobrino.El caso Inassa es uno de los escándalos de corrupción más grandes del país en el que se investiga como se desviaron dineros públicos de la ciudad que debían ir al mejoramiento del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla operado por Triple A.
El Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla, negó la acción popular, interpuesta por un particular, que buscaba anular el contrato de las acciones suscrito entre Inassa y el Distrito en 1991.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.Es así como la firma española conserva el 82% de las acciones en la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, luego de esta nueva decisión en el que la juez del caso decretó como “cosa juzgada” dicha demanda.Lea también: Fiscalía imputó cargos a expresidente de Inassa por corrupción en Triple AAdemás, consideró que el accionante no entregó los elementos de juicio necesarios para determinar la violación de los derechos colectivos invocados por el actor en la acción popular.En el fallo, también se negaron las pretensiones de la demanda y el reconocimiento del incentivo económico previsto a la parte actora por considerarse improcedentes.Le puede interesar: Fiscalía pide a juez iniciar extinción de dominio de acciones de Inassa en Triple ADebido a que el recurso fue presentado antes de que la Triple A fuera intervenida por la Fiscalía, el fallo no guarda relación con el proceso de extinción de dominio que ordenó el embargo y secuestro de las acciones de Inassa y también es independiente del juicio por el desfalco de Ramón Navarro durante su administración como gerente de la Triple A.
Durante la audiencia de imputación de cargos en contra del expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez, el exdirectivo fue imputado por la Fiscalía colombiana como presunto coautor, en el caso de corrupción presentado en la empresa Triple A, comentiendo delitos como enriquecimiento ilícito a favor de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado."Abusando de sus funciones como presidente ejecutivo de Inassa S.A. y de común acuerdo con directivos de la empresa Triple A, Edmundo Rodríguez dispuso de manera irregular de los bienes de la empresa de servicios para beneficiar a Inassa entre los años 2012 y 2015. Además, en ese mismo periodo, se apropió de más de 29.900 millones de pesos", explicó el delegado de la fiscalía 38 de la unidad especializada contra la corrupción de Bogotá, quien lleva este caso.Lea también: Senador Robledo califica de cínica propuesta de acuerdo de Inassa Lo anterior, "a través de distintas modalidades como el pago de 54 órdenes de pedido ficticias a nombre de la empresa Recaudos y Tributos, filial de Inassa, por la suma de 23.000 millones de pesos. También, a través del pago de cuatro contratos de consultoría simulados por un valor 4.500 millones de pesos, y de otras nueve órdenes de pedido a nombre de la empresa Iarco Ltda, representada por Héctor Amarís, con facturas de servicio de transporte no prestados por valor de 1.300 millones de pesos", explicó el delegado.No se presentó a la audiencia El expresidente de Inassa, el español Edmundo Rodríguez Sobrino, no se presentó este jueves a la audiencia virtual de imputación de cargos por el sonado caso de corrupción en la empresa de servicios barranquillera Triple A, a pesar de haber sido requerida su presencia por la Fiscalía en la sede del consulado colombiano en Madrid.En su nombre, Rodríguez Sobrino envió a su abogado, German Mauricio Marín, y una carta que leyó su representante al inicio de la diligencia. En la carta, Edmundo Rodríguez afirma que, tal como lo hizo en audiencia de interrogatorio en 2018, ratifica su intención de colaborar con las autoridades colombianas y comparecer en este caso, pero que decidió no responder la citación porque considera que ya en España se está llevando un proceso en su contra con base en los mismos hechos.Asimismo, agregó, la justicia colombiana no hizo la solicitud de esta audiencia ante el Ministerio de Justicia de España, que es el país desde donde, según él, debe comparecer. Lea también: Imputarán cargos contra expresidente de Inassa por presunta corrupción en Triple A Sin embargo, la Fiscalía lo consideró como una actitud renuente de Rodríguez Sobrino, mientras que el representante del Ministerio Público lo catalogó como una posible maniobra dilatoria, y en este sentido pidieron que continuara la audiencia.El juez, tras escuchar a las partes, también consideró que la audiencia debía realizarse y así lo decidió, pues, a su juicio, si bien Rodríguez Sobrino debía comparecer en España, la cita era en el consulado colombiano, que es territorio nacional. No obstante, al final, una vez imputado, el juez le dejó abierta la posibilidad a Rodríguez Sobrino para que se allane o no a los cargos y llegue acuerdos con la justicia colombiana.
En el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla se realizará este jueves, de manera virtual, la audiencia de imputación de cargos contra el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, en el marco de la investigación por la presunta corrupción en la empresa de servicios públicos Triple A de Barranquilla.Lea también: Procuraduría aclara que no hay acuerdos con InassaRodríguez Sobrino deberá comparecer desde la sede del consulado de Colombia en Madrid, según la solicitud de la Fiscalía 38 de la Unidad Especializada Contra la Corrupción de Bogotá.Lea también: Senador Robledo califica de cínica propuesta de acuerdo de InassaEl expresidente de Inassa, empresa española propietaria de la mayoría accionaria de Triple A, es investigado por el presunto desvío de unos 80 millones de dólares por una asistencia técnica de Inassa que no habría recibido la compañía de servicios barranquillera.Los cargos que se le imputarán son enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. El caso será llevado por un juez penal municipal con funciones de control de garantías.
El congresista del Polo Democrático Jorge Robledo señaló que los representantes de Inassa actúan con cinismo al presentar a la Procuraduría General de la Nación una oferta de "solución integral". La propuesta de la compañía española, contenida en un documento de “pacto de cumplimiento”, plantea realizar inversiones por 175 mil millones de pesos para que se retiren las demandas en su contra y se frene el proceso de extinción de dominio de más del 82 por ciento de las acciones que poseía en la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla. Lea también: Procuraduría aclara que no hay acuerdos con Inassa “O sea, la empresa se la van a devolver a estos señoritos como si nada hubiera pasado, en una actitud como de extorsionistas. El contrato al que estos personajes aspiran es leonino contra el interés de Barranquilla y el Atlántico, pero, además, es descarado, cínico”, expresó el senador. Por su parte, la Procuraduría ha dicho que, si bien revisará el documento enviado por Inassa, garantiza que esta propuesta “no podrá impedir, dilatar o entorpecer las investigaciones en contra de los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción en la empresa Triple A”.
La Procuraduría aclaró qu,e en este momento, no existen acuerdos con la compañía Inassa tras irregularidades detectadas en la Triple A, empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, investigada por presunta corrupción.La compañía española Inassa, investigada por corrupción, hizo llegar a la Procuraduría una oferta de "solución integral" en la que plantea realizar inversiones por 175 mil millones de pesos para que se retiren las demandas en su contra y se frene el proceso de extinción de dominio del 82 por ciento de las acciones que poseía en la empresa Triple A.Sin embargo, en las últimas horas, el ente de control emitió un comunicado en el que aclara que “no existe ninguna conciliación en curso con Inassa ni tampoco un principio de acuerdo para la firma de un pacto de cumplimiento, que ponga fin a la acción popular interpuesta en defensa al patrimonio público en la Triple A”.Lea también: Extinción de dominio a Inassa es una medida lógica: defensores patrimonio de BarranquillaSi bien la Procuraduría afirma que revisará el documento enviado por Inassa, garantiza que esta propuesta “no podrá impedir, dilatar o entorpecer las investigaciones en contra de los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción en la empresa Triple A”. Entre tanto, el próximo martes en el Congreso habrá un debate de control político a la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de Barranquilla. Precisamente, para tratar la investigación por corrupción administrativa que allí se adelanta.Vale recordar que Inassa es una filial de la empresa estatal española Canal de Isabel II, y fue precisamente en ese país donde se iniciaron las investigaciones por este caso de presunta corrupción transnacional, que ya deja varios capturados a lado y lado del océano.
El comité de defensores del patrimonio público de Barranquilla consideró que “es una decisión lógica” la que tomó el ente de control, que radicó ante un juez la demanda de extinción de dominio de las acciones de la empresa española Inassa en la compañía Triple A. Los defensores afirman que estos presuntos hechos de corrupción estarían atentando contra Barranquilla hace mucho tiempo y que las acciones embargadas deben ser retomadas por la administración Distrital. Lea también: Fiscalía pide a juez iniciar extinción de dominio de acciones de Inassa en Triple A “Este 82 % de las acciones son las que se deben revertir a favor del Distrito y de los socios minoritarios. Nosotros consideramos que la concesión de Triple A no debe ir más y esta es una forma de liquidarla. Además, se deben llevar a cabo todas las investigaciones sobre los desfalcos que se han dado”, expresó Norman Alarcón, dirigente cívico. Entre tanto, Hernando Acuña, socio minoritario de Triple A, recordó que la atención no solo se debe centrar en el embargo de las acciones de Inassa, sino también “en la investigación sobre los más de 40 mil millones de pesos que le sustrajeron a la Triple A y en el futuro que le espera a la compañía en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”. Lea también: Procuraduría inhabilita a exgerentes de Triple A por corrupción con Inassa “La empresa va a seguir sufriendo, porque está en manos de la SAE, una entidad que no la va a respaldar financieramente y va a echar al traste los servicios públicos”, manifestó.
A través de un oficio con fecha de este jueves, la Fiscalía General de la Nación le solicitó al juez penal del circuito especializado del derecho de dominio que inicie el proceso de embargo sobre las acciones de la empresa española Inassa en la compañía Triple A S.A, E.S.P. Dicho proceso inició en el mes de octubre de 2018 por presuntas irregularidades en contratos, en su momento el ente acusador avaluó esas acciones en $200 mil millones. Según lo establecido, este jueves era el último día en el que se podía iniciar la demanda de extinción de dominio. De no haberse hecho, las acciones hubiesen podido regresar a la compañía española. Vea también: Día definitivo contra exdirectivos de Triple A por contratos con Inassa En su momento, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señaló que la compañía fue saqueada desde el año 2000 y que, además, no se cumplió del todo el contrato de asistencia técnica con Inassa. También se conoció que los trabajos de planeación fueron realizados por Triple A y que esa compañía le giraba $226 mil millones a Inassa mediante cuentas directas. Por estos hechos, la Fiscalía dictó “medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra los exgerentes de Triple A Ramón Navarro, Francisco Olmos, Luis Fernando Arboleda, y de Inassa, Germán Sarabia".
La Gobernación del Valle del Cauca puso en marcha un plan de choque que tiene al turismo como eje central para la recuperación económica de los municipios afectados por el reciente sismo. La emergencia dejó 1.871 establecimientos turísticos afectados, de los cuales 1.167 presentan daños graves o críticos, y pérdidas económicas estimadas en más de $18.145 millones.La estrategia, liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro y ejecutada por la Secretaría de Turismo del departamento, bajo la dirección de Miyerlandi Torres, busca fortalecer la actividad de empresarios y emprendedores del sector en las zonas impactadas.Tres frentes para la reactivación turística del Valle del CaucaEl plan de recuperación se concentra en tres líneas de trabajo. La primera es la reactivación de la cadena de valor turística en los destinos afectados, a través de proyectos como las Caravanas Solidarias y Roldanillo al Aire Libre.La segunda apunta a fortalecer la competitividad regional mediante mejoras en la conectividad aérea y la consolidación del turismo de salud. La tercera busca aprovechar el turismo deportivo con megaeventos como el Giro de Rigo, orientados a atraer visitantes y generar impacto económico local.Caravanas Solidarias: más de $200 millones en movimiento económicoLas Caravanas Solidarias ya recorrieron Sevilla y Buenaventura, y su próxima parada será Calima-El Darién. Según la Gobernación, esta estrategia ha generado un movimiento económico superior a los $200 millones en beneficio directo de la cadena de valor turística de estos municipios.Roldanillo al Aire Libre: apoyo a 350 emprendedoresEn Roldanillo, uno de los Pueblos Mágicos afectados por el sismo, la Gobernación lidera la iniciativa Roldanillo al Aire Libre, desarrollada en articulación con la Alcaldía, empresarios locales y aliados privados.El proyecto contempla la instalación de contenedores comerciales, adecuaciones de infraestructura en el Coliseo de Ferias y la habilitación de créditos condonables. Estos mecanismos están diseñados para beneficiar directamente a 350 emprendedores.“Desde el primer día de esta emergencia hemos venido trabajando para reconstruir y recuperar la vida de los vallecaucanos que lo perdieron todo, de quienes resultaron afectados. Lo primero fue la asistencia humanitaria, la reconstrucción asistida de las viviendas y devolver la dignidad a las familias, y claro hay que recuperar los empleos y posicionar nuestros municipios a través del turismo, generando ingresos para los vallecaucanos”, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Cali, segundo destino de turismo de salud en ColombiaEl turismo de salud es otro de los sectores priorizados por su capacidad para atraer visitantes e ingresos. De acuerdo con datos de ANATO, entre enero y agosto de 2026 Cali recibió a 5.889 extranjeros no residentes que llegaron en busca de tratamientos médicos. La cifra equivale al 28 % de los 21.034 viajeros registrados en todo el país por este motivo, lo que ubica a la capital vallecaucana como el segundo destino nacional en este segmento.Para fortalecer este frente, la Secretaría de Turismo del Valle adelanta mesas de articulación interinstitucional, capacitaciones en calidad turística, visitas de evaluación y acciones de mejoramiento en los servicios que integran la cadena logística. El objetivo es mejorar la experiencia de los pacientes internacionales, elevar los estándares de atención y aumentar la capacidad del destino para fidelizar visitantes.“La oportunidad radica en que cada paciente internacional encuentre no solo servicios médicos de excelencia, sino un destino preparado para atender toda su experiencia de viaje. Así, el turismo en salud se convierte en una fuente de desarrollo económico que va mucho más allá de los consultorios y hospitales”, señaló la secretaria de Turismo, Miyerlandi Torres.Conectividad aérea: aeropuertos y nuevas rutas hacia el PacíficoLa Gobernación, junto con el Gobierno nacional, trabaja en el fortalecimiento de la conectividad aérea del departamento. Para ello, se proyectan mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil para gestionar la revisión de las tasas aeroportuarias, la optimización de las condiciones operativas, la disponibilidad de parqueaderos y la aceleración del proceso de modernización y concesión del aeropuerto.La agenda incluye además la expansión de la conectividad regional, con énfasis en el aeropuerto de Cartago y en la habilitación de rutas aéreas hacia Juanchaco y otros destinos del Pacífico vallecaucano, como Ladrilleros.Giro de Rigo 2026 dejó un impacto de más de $90.000 millonesEl turismo deportivo completa la estrategia. El departamento recibió recientemente el Giro de Rigo 2026, edición La Sucursal, que reportó más de 20.000 visitantes, una ocupación hotelera superior al 80 % y un impacto económico estimado en más de $90.000 millones.Perfil de los visitantes del eventoBogotá y Medellín fueron las principales ciudades de origen de los asistentes nacionales, mientras que Estados Unidos y España encabezaron la participación internacional. La estadía promedio fue de 3,4 noches y el gasto promedio por persona alcanzó los $3.380.713.Según la Gobernación, estas cifras evidencian el efecto de los grandes eventos deportivos en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte, y su aporte al posicionamiento del Valle del Cauca como destino de turismo deportivo.Invitación a visitar los municipios afectadosLa Secretaría de Turismo invita a colombianos y extranjeros a recorrer destinos como Sevilla, Roldanillo, Calima-El Darién, Buga y Buenaventura, y a contribuir así a la recuperación de la economía local.“Reconstruir el Valle del Cauca no implica únicamente recuperar lo perdido; significa garantizar que sus empresarios vuelvan a crecer, que sus familias accedan a nuevas oportunidades y que el turismo se consolide como un motor inagotable de desarrollo. El Valle lo reconstruimos juntos”, concluyó Miyerlandi Torres.
Pekín rechazó este lunes las informaciones que aseguran que una empresaria china con la que mantuvo un romance el director ejecutivo del gigante tecnológico Nvidia, Jensen Huang, sea una espía del Gobierno de China.El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun afirmó que "las tesis sobre espías chinos son pura invención y una calumnia" en una breve contestación durante una rueda de prensa rutinaria.La investigación estalló tras un reporte en el que New York Times citaba a fuentes de la inteligencia estadounidense sobre un amorío entre Huang y la empresaria china, Alice Huang, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.La situación escaló este sábado cuando el mismo diario reportó que en la Administración Trump circuló un memorando que señalaba que Alice Huang era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.La mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial (IA) estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para IA, indicó en un comunicado este domingo que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".El director de Nvidia "respalda plenamente" la indagatoria y cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que "prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos".
El alcalde de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, Milton Olaya, cuestionó en Mañanas Blu cómo fue posible que el cantón militar del municipio fuera atacado con explosivos el pasado sábado, pese a que, según le habían asegurado las autoridades militares, la instalación contaba con un sistema antidrones. El mandatario local anunció que pedirá explicaciones en el consejo de seguridad convocado para este lunes.El ataque, ocurrido hacia el mediodía del sábado 7 de noviembre, se realizó mediante drones cargados con explosivos, y fue atribuido por el Gobierno al ELN. Olaya, sin embargo, aclaró que hasta el momento las autoridades no le han confirmado oficialmente qué grupo fue el responsable.“No sé qué pasó, que el sábado falló la tecnología”El alcalde explicó que la protección antidrones del batallón le fue confirmada en varias ocasiones, por lo que considera inexplicable lo ocurrido. Así lo expresó: “Lo que a mí se me hace raro es que ese cantón militar siempre ha estado protegido por antidrones y todo. Yo no sé qué pasó ahí, que el sábado falló la tecnología”.Según relató, hace un mes se realizó en el municipio un consejo ministerial con la presencia del ministro de Defensa, el ministro del Interior y la cúpula militar. En ese espacio, afirmó, volvió a preguntar por la seguridad de la zona y le respondieron que estaba bien protegida. Sobre esa reunión, dijo: “Yo no creo que iban a llevar a toda la cúpula militar y a los ministros allá a arriesgar un alto riesgo como ocurrió el sábado”.Olaya agregó que en otras reuniones la Policía y el Ejército le habían comentado que ya se habían registrado intentos de ataques con drones, pero que la tecnología disponible había evitado afectaciones. “Estábamos todos convencidos que ellos estaban protegidos. No sé, algo pasó el sábado que no sabemos”, señaló, y confió en que la investigación adelantada por las autoridades permita establecer qué falló.Balance de heridos tras el ataque en Santa Rosa del SurDe acuerdo con la información que recibió el alcalde, el sábado ingresaron 50 heridos al hospital del municipio. De ellos, 17 fueron remitidos al hospital de Simití, de segundo nivel; posteriormente, dos pacientes fueron trasladados a Aguachica y entre ocho y diez a Bucaramanga.El mandatario indicó que el domingo visitó el hospital y encontró seis soldados que aún permanecían en observación, aunque la mayoría presentaba lesiones leves. Su balance fue claro: “Verdaderamente para mí fueron 3 muertos y 17 heridos, un poquito con gravedad”.El batallón está separado del casco urbano por el aeropuertoOlaya precisó que el cantón militar no se encuentra dentro del pueblo, sino en uno de sus extremos, a una distancia que calculó entre 500 metros y un kilómetro. La instalación está separada del casco urbano por la pista del aeropuerto local, de unos 800 metros de largo, y por algunas viviendas dispersas.Según el alcalde, los explosivos cayeron dentro del batallón, que funciona en un predio que antes era una finca y que, según dijo, fue adquirido por el Gobierno Nacional para su construcción. Una garita ubicada a entre 100 y 200 metros de algunas casas también fue alcanzada por un artefacto, pero no se reportan viviendas afectadas.ELN, disidencias y gaitanistas se disputan el oro de la Serranía de San LucasSobre el contexto de violencia en la región, el mandatario explicó que en la zona hacen presencia tres grupos armados ilegales: “Está el ELN, está la disidencia de las FARC y los gaitanistas. Esos grupos se están peleando las Serranías de San Lucas, donde hay 12 municipios, por el oro”.El alcalde subrayó que los enfrentamientos se habían concentrado históricamente en las zonas altas de la serranía, a varias horas del casco urbano, y que nunca antes un ataque de este tipo había ocurrido en el pueblo. Añadió que el ELN y las disidencias han sido los grupos con mayor presencia histórica en la región, mientras que, según le ha dicho la comunidad, los gaitanistas estarían entrando nuevamente.La presencia del ELN en esta zona no es nueva. En meses anteriores se han registrado hechos como un ataque con dron del ELN que dejó un soldado muerto y siete heridos en Santa Rosa y la muerte de un teniente de la Policía en enfrentamientos con esa guerrilla en el sur de Bolívar, en la Serranía de San Lucas, entre San Pablo y Santa Rosa.El Ministerio de Defensa señaló que el ataque sería una retaliación del ELN por la captura de alias 'Carrito', cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó, detenido en la vereda Nueva Mina, zona rural de Santa Rosa del Sur.Minería, economía local y bloqueo de combustiblesOlaya recordó que el oro es el principal renglón productivo de Santa Rosa del Sur y del sur de Bolívar, y que al aeropuerto municipal llegan con frecuencia avionetas privadas con ingenieros, geólogos y empresarios vinculados a la actividad minera. Indicó además que adelanta gestiones para que una aerolínea opere de manera permanente y conecte al municipio con Bucaramanga, a la que describió como la capital comercial del sur de Bolívar.El mandatario también denunció que los grupos armados impiden el ingreso de combustibles a las minas, una situación que, según afirmó, lleva cerca de cinco meses afectando el trabajo del sector minero.Sin confirmación de bombardeos en la zonaConsultado sobre posibles bombardeos de la Fuerza Pública tras el ataque, el alcalde afirmó que ni el Ejército, ni la Policía, ni la Gobernación le han informado de operaciones de ese tipo en el municipio: “Hasta el momento nadie me ha confirmado bombardeos por ningún lado”.Las autoridades locales esperan que el consejo de seguridad de este lunes entregue un informe oficial sobre lo ocurrido en el cantón militar y sobre las fallas que habrían permitido el ataque.
El expresidente Gustavo Petro, aunque no dio un solo mensaje de los sexoscontratos, sí atinó a resaltar lo valioso de un beso y rechazó la Ley de Rescate y le propuso a uno de sus rivales políticos: Álvaro Uribe, unirse para votar en contra el IVA en la reforma tributaria.En medio de las discusiones que se tienen por la Ley de Rescate Fiscal, lo que antes lo dividía hoy, parece que los puede unir, y es evitar más impuestos para los colombianos.El episodio ocurrió en Medellín, en donde de gorra de piloto, camisa azul, bufanda blanca y todo el tiempo de gafas negras, el expresidente Gustavo Petro habló durante 40 minutos en un evento privado denominado ‘Primer Gran Encuentro Somos Resistencia’, que se hizo en el Club Medellín.Allí había expectativas para que se refiriera a las explosivas denuncias de Deicy Jiménez sobre sus encuentros sexuales con el expresidente a cambio de contratos, pues no fue así, lo que sí hubo fue una propuesta a uno de los hombres que le ha hecho mayor oposición, hablamos de Álvaro Uribe Vélez, a hacer coaliciones en los municipios de Antioquia entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático.La idea no sólo para las elecciones territoriales 2027, sino que también invitó a que los congresistas de Uribe voten en contra el IVA en la reforma tributaria y no echar para atrás su reforma laboral."Por eso Uribe le propongo, en Antioquia podemos juntarnos municipio por municipio, programa por programa, pero que su bancada no vote ni un solo peso del impuesto a la comida de los colombianos, que no voten por la reducción del salario y la jornada de los trabajadores y porque pongan sus votos como nosotros en la Junta Directiva del Banco de la República para bajar sustancialmente la tasa de interés que se le cobra a cualquiera que vaya a pedir un crédito en un banco", manifestó el exmandatario.Aunque todavía no se conoce una respuesta de Álvaro Uribe, hay que recordar que el Centro Democrático le presentó al gobierno De La Espriella un borrador de discusión de la Ley de Rescate, donde proponen no cobrar IVA a la canasta familiar.En el evento, Gustavo Petro, que no es un asombro, dijo que todos los miembros del Pacto Histórico votaran negativo a la Ley de Rescate y quien no lo haga debe salir, porque se trata de un beneficio para los amigos del presidente Abelardo De La Espriella."El Pacto Histórico tiene que enfrentar esta situación, no sólo oponiéndose a la sinvergüencería de un gobierno narcotraficante que prefiere entregarle las tierras que le entregamos nosotros a los campesinos para producir comida a los viejos socios narcotraficantes del presidente Abelardo", aseguró Petro.Por último junto al ex embajador de Nicaragua durante su gobierno León Fredy Muñoz, el representante a la Cámara Alejandro Toro que sigue reafirmando su alianza con la gente de Daniel Quintero, la ex consejera de regiones Luz María Múnera, entre otros, invitaron a la marcha el próximo 19 de noviembre para protestar contra la reforma de rescate del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
Una patrullera de la Policía de Bogotá rescató a un bebé recién nacido que habría sido abandonado en una ciclorruta de la ciudad. La uniformada trasladó al menor de urgencia a un centro médico, donde recibió atención prioritaria y fue estabilizado.El caso se dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la funcionaria ingresa a un centro asistencial con el bebé en brazos para solicitar ayuda inmediata del personal médico.Según las primeras versiones, el recién nacido tenía rastros de sangre y señales de un parto reciente. Además, todavía tenía la placenta y el cordón umbilical. Sin embargo, hasta el momento no se han determinado las circunstancias en las que fue dejado en ese lugar ni cuánto tiempo permaneció allí.¿Cómo fue el rescate del bebé abandonado en Bogotá?La intervención de la patrullera permitió que el menor recibiera atención médica. El personal de salud logró estabilizarlo, aunque todavía no se han divulgado detalles sobre su estado de salud actual.Por ahora, tampoco se conoce la identidad de la madre ni de la persona que habría abandonado al bebé. Las autoridades investigan el caso para establecer qué ocurrió.El hecho generó reacciones entre concejales de Bogotá, quienes destacaron la actuación de la uniformada y pidieron investigar lo sucedido para garantizar la protección del recién nacido.¿Cuándo ocurrió el hallazgo del bebé abandonado en Bogotá?Aunque el video del rescate se ha difundido recientemente en redes sociales y ha generado reacciones, el caso no ocurrió en noviembre de 2026. Las imágenes corresponden a un procedimiento policial registrado en 2024, por lo que su circulación reciente ha llevado a que el hecho se presente como si hubiera sucedido en los últimos días.Concejales se pronuncian por el abandono del recién nacidoLa concejal María Clara Name, del partido Alianza Verde, reconoció la reacción de la patrullera y rechazó cualquier acto que ponga en riesgo la vida de los niños.“Reconocemos la valentía y oportuna reacción de la uniformada, quien salvó la vida de un bebé recién nacido que tristemente fue abandonado en una ciclorruta de Bogotá. Rechazamos todo acto que ponga en riesgo la vida de los niños”, señaló.La cabildante también hizo un llamado a las mujeres que atraviesan dificultades durante el embarazo o frente a la maternidad para que busquen ayuda. “Siempre habrá alternativas para proteger la vida de sus hijos”, afirmó.Por su parte, la concejal Rocío Dussán, del Polo Democrático, pidió a la Fiscalía investigar el caso y establecer responsabilidades. Además, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) garantizar el restablecimiento de los derechos del bebé y su protección integral.“Su vida importa y merece toda la protección del Estado”, expresó Dussán en una publicación en su cuenta de X. Pero, al confirmarse que el hecho ocurrió en 2024, la concejala eliminó la publicación.
