La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena del general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, sentenciado por el delito de desaparición forzada agravada en el marco de los hechos del Palacio de Justicia. El alto tribunal inadmitió la revisión solicitada por el exoficial, cerrando definitivamente su intento de revertir la sentencia.A pesar de que el 23 de septiembre de 2019 la Corte Suprema había ratificado la condena impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, Arias Cabrales buscó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, en marzo de 2023, la JEP decidió excluirlo de sus procesos y trasladó el caso a la Corte Suprema el 7 de febrero de este año para resolver la solicitud de revisión.La Sala Penal de la Corte Suprema evaluó los argumentos presentados y determinó que no se cumplían los requisitos necesarios para admitir la revisión. En su decisión, la Corte explicó que existen diferencias clave en los requisitos de admisibilidad entre la justicia ordinaria y la JEP. Uno de los aspectos señalados es que en la jurisdicción ordinaria se exige un poder especial otorgado por un abogado para presentar la demanda de revisión, mientras que en la JEP basta con que el abogado haya sido reconocido previamente en el proceso. Asimismo, se destacaron las condiciones específicas que deben cumplirse para que una solicitud de revisión sea considerada en la JEP.La Corte Suprema concluyó que los argumentos presentados no eran suficientes para modificar la pena del general en retiro, dejando en firme la condena por su responsabilidad en las desapariciones forzadas ocurridas durante la toma y posterior retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
El Foro Ampliado de Reserva Organizada, “Reserva Moral de Colombia” (Faro), ha tomado una acción en respuesta al Decreto 018 del 15 de enero de 2024, emitido por el actual Gobierno Nacional, donde se me retiraron al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales de ciertas condecoraciones.Faro ha presentado un recurso de control de nulidad por inconstitucionalidad ante la honorable Corte Suprema de Justicia.Según Faro hay una violación del artículo 220 de la constitución nacional, donde se establece claramente que los miembros de la fuerza pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones sino en los casos y del modo que determine la Ley.Dicen que existe una falta de base legal, pues explican que actualmente, excepto por lo previsto en el código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo, no existe una ley que autorice explícitamente al ejecutivo a despojar de sus condecoraciones y reconocimientos a los miembros de la fuerza pública, ya sea en actividad o en retiro.Y que además hay una motivación revanchista, el Foro Ampliado de la Reserva Organizada denuncia que esta determinación del Gobierno nacional parece motivada por un ánimo revanchista, interpretando normativas de manera forzada para perseguir al general (r) Arias Cabrales.La acción de Faro buscaría garantizar los derechos de los militares, y consideran que acciones como la observada constituyen graves abusos de poder que exponen a cualquier militar, policía y ciudadano en general al ejercicio arbitrario de la autoridad pública, poniendo en peligro las libertades fundamentales de la sociedad."Nuestra acción propende por el estricto respeto de la constitución nacional y de las leyes de la república, por el respeto al debido proceso y por la inviolabilidad de los derechos de las personas. Consideramos que procederes como el observado constituyen graves abusos de poder que exponen a cualquier militar o policía (para el efecto, a cualquier ciudadano) al ejercicio arbitrario de la autoridad pública, y que amenazan por tanto las libertades fundamentales", señaló Faro.
El Gobierno retiró las condecoraciones otorgadas al general retirado del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales por la recuperación del Palacio de Justicia, tomado en noviembre de 1985 por la guerrilla del M-19, acción por la cual fue condenado por el delito de desaparición forzada. La decisión fue tomada en respuesta a un derecho de petición presentado a los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y de Justicia, Néstor Osuna; por Helena Urán Bidegain, hija del magistrado Carlos Horacio Urán, desaparecido y asesinado en la operación militar, y los periodistas Diana Zuleta y Gonzalo Guillén.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Helena Urán Bidegain habló sobre la decisión del Gobierno y aseguró que la solicitud la hicieron luego de que el militar no reconociera nada sobre los hechos ocurridos en 1985.“La Corte Interamericana condenó a Colombia por estos hechos y en la audiencia que tuvimos en la Jurisdicción Especial para la Paz él no reconoce absolutamente nada y más aún se ufanó de sus medallas y ahí fue que a mí me resultó un poco contradictorio la situación cómo es que una persona que fue condenada por crímenes de lesa humanidad y de guerra al mismo tiempo tiene sus condecoraciones”, dijo.En ese sentido, defendió que basándose en la experiencia de otros países del mundo en donde criminales de guerra tienen que sentarse al banquillo y se les retira este tipo de reconocimientos, adelantó el derecho de petición, “me pareció que era lo correcto para para fortalecer la democracia e incluso a la institución que rechace estas personas que cometen estos daños a la sociedad y a su propia institución”.En medio de la conversación, criticó fuertemente la reacción de Acore, que rechazó el retiro de las condecoraciones al general en retiro, “en vez de sancionar en conjunto este tipo de actos criminales, los avalan, los protegen y se ponen del lado del perpetrador”.Mediante un decreto expedido el pasado 15 de enero por los dos ministerios se ordena "retirarle de manera inmediata, oficial y pública la Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, y todos los demás reconocimientos que haya recibido como militar después de la retoma del Palacio de Justicia en 1985".La toma del Palacio comenzó el 6 de noviembre de 1985 cuando guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) irrumpieron en el edificio y tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre ellas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo de Estado.Vea aquí la entrevista completa:
La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dejó en firme la decisión de expulsar al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por casos de desaparición que se registraron durante la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre del año 1985. En ese entonces, Arias Cabrales era el jefe militar de la operación de retoma y la justicia transicional considera que no aportó verdad frente a los hechos que se registraron durante ese día.Los días 17 y 18 de enero de 2023 Arias Cabrales asistió a una audiencia única de verdad, en esta diligencia tenía que entregar información novedosa y detallada sobre los casos de desaparición y homicidio que se registraron en la operación de retoma, pero las víctimas y la JEP consideraron que el aporte no fue suficiente."Al ser preguntado sobre la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán, señala que el plan 'Tricolor' no personalizaba a los enemigos y no se aplicó a este funcionario judicial27. Sostiene que el M19 utilizó las mismas armas que las Fuerzas Armadas, con lo que parece afirmar que él fue asesinado por esa guerrilla. Sobre la aparición de su billetera en las instalaciones del B2, indica que quien debe dar respuesta a esa pregunta es el señor Sánchez Rubiano", señaló la JEP.Esto significa que ahora el proceso del general (r) Arias Cabrales continuará su trámite en la justicia ordinaria y ya no podrá acceder a los beneficios de la justicia transicional, como la libertad condicional que le otorgaron en 2021, pero posteriormente le revocaron. La abogada de Arias Cabrales había apelado la decisión que se tomó tras la audiencia única de verdad, que llevó a su expulsión."Al serle exhibido videos en los que se ve a las víctimas de desaparición forzada salir vivas del Palacio de Justicia custodiadas por personal de la Fuerzas Armadas, desconoce su validez y no reconoce que las personas allí identificadas hubieran salido con vida. El compareciente, violando sus deberes con el sistema y su obligación de reconocer la verdad sobre la materialidad de las conductas, pretende afirmar que el M19 fue el autor del asesinato del Magistrado Urán Rojas. Sin embargo, el señor Arias Cabrales no explica cómo es que a la víctima se la vio salir con vida bajo custodia militar y por qué estuvo en una instalación militar y regresó sin vida al Palacio de Justicia", explicó la Sección de Apelación.Le puede interesar
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP expulsó al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, quien en 1985 era el comandante de la Brigada XIII del Ejército y uno de los militares al mando de la operación de la retoma del Palacio. La decisión se tomó después de que los magistrados determinaran que sus aportes a la verdad no superan los detalles o información que ya se conocía por medio de la justicia ordinaria.Es importante recordar que, el general en retiro Arias Cabrales fue citado a una audiencia única de verdad, allí negó su responsabilidad en los casos de desaparición forzada que se dieron durante la retoma, pero las víctimas presentes en la diligencia también argumentaron que el general estaba faltando a la verdad, por lo que les pidieron a los magistrados evaluar la posibilidad de expulsarlo de la justicia transicional, incluso, la audiencia, en un principio, se haría durante 3 días, pero solo se hicieron 2 sesiones."Ante la falta de aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, Arias Cabrales vulneró el régimen de condicionalidad que deben cumplir todos los comparecientes ante la Jurisdicción. La sala concluyó que durante los dos días de audiencia dialógica el compareciente asumió una actitud indolente e indiferente con el objetivo de la diligencia y sus respuestas resultaron en varias ocasiones revictimizantes y ofensivas con las víctimas", se lee en la decisión.En el mismo sentido, los magistrados determinaron que Arias Cabrales no tuvo en cuenta el hecho de que ya había sido condenado por los hechos que se presentaron durante la retoma, como coautor de la conducta de desaparición forzada, es por esto que, ahora el proceso pasará a la justicia ordinaria."Durante la comparecencia, Arias Cabrales negó un hecho indiscutible, como lo fue el control que ejerció sobre los comandantes de las unidades de la XIII Brigada a su cargo, así como de otras unidades tácticas y de inteligencia desplegadas el 6 y el 7 de noviembre de 1985. La JEP puso a Arias Cabrales disposición del juzgado 15 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, con el fin de que siga cumpliendo la condena de 35 años impuesta por la Corte Suprema de Justicia en su contra" señaló la JEP.Le puede interesar:
Las víctimas del acto de retoma del Palacio de Justicia, tras la arremetida del grupo armado ilegal del M-19, exigieron verdad, justicia y reparación tras la desaparición y muerte de sus familiares, durante la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel (r), Jesús Armando Arias Cabrales.El militar en retiro, quien por ese entonces fue comandante de la Brigada número 13, fue requerido para que entregue su aporte sobre los hechos que sucedieron en el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando se produjo uno de los hechos más violentos en la historia del país.René Guarín, familiar de una de las víctimas, Cristina del Pilar Guarín, quien despareció en el hecho, habló en 'El Radar' de Blu Radio sobre lo que ocurrió en aquella jornada. Y dio sus impresiones de lo que fue ese primer encuentro del alto oficial ante la jurisdicción."Esto es la prolongación de un comportamiento que ha tenido el Estado durante 37 años con el caso, negacionismo, que no hubo desapariciones y lo que sucedió una entrega equivocada de entrega de restos óseos de los muertos", refirió Guarín, quien no quedó conforme con lo declarado con Arias Cabrales.Guarín indicó que a la audiencia ante la JEP del alto militar fue con cierto grado de escepticismo, pero a la vez de esperanza. No obstante, se decepcionó luego de escuchar su relato. "Él ya pasa de los 80 años. Pero él dice que no tuvo nada que ver, es el mismo trato que ya ha tenido el Estado en estás décadas", agregó.E hizo énfasis en que el caso de su familia no corresponde a un error en la entrega de restos de su hermana caída en medio de la confrontación. Sino que fue sacada con vida del Palacio y posteriormente ultimada."Consideramos que nuestros familiares fueron subidos a una camioneta (...) Los cuerpos hablan y dentro de los 11 huesos que nos entregaron los expertos nos dijeron que tenía la tercera vértebra dorsal rota. Primero fue asesinada y luego fue dejada para ser quemada", señaló.Desde su perspectiva, Arias Cabrales no dice todo lo que sabe debido a que siente "gran temor de Iván Ramírez Quintero (comandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia –COICI) y la gente de inteligencia. Dijo que su familia había salido del país y es falso. Su hijo es director de la DIMAR, él, además de mentir, siente temor", afirmó.A su vez, fue crítico con los testimonios que se están dando a conocer en la jurisdicción, pues no aportan mayores elementos de verdad."No solo con el Palacio de Justicia sino con otros crímenes de Estado. Esa información reposa en los archivos de inteligencia y es necesario que las victimas nos apropiemos de esa información y se lo exijamos al actual presidente, que sea desclasificada y conocida", recalcó Guarín, quien añadió que está diligencia tendrán que hacerla las organizaciones de víctimas.Cabe destacar que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), encargada de esa documentación histórica del Estado, desde la época de la Central de Inteligencia, desapareció en 2010. Desde entonces, esta reposa en cajas sin que se le dé, según el denunciante, ningún manejo.Para Guarín, la liberación de los archivos de inteligencia dependerá de una voluntad política y jurídica, atada al presidente Gustavo Petro. Pero si eso no se logra, considera que se puede hacer el trámite a través de la JEP, a través de la Comisión de la Verdad, con el padre Francisco De Roux."Es necesario desarchivar los documentos de inteligencia, en especial del DAS", finalizó René Guarín, en relación con los documentos que están en el Archivo General de la Nación y que son de dominio de la Central de Inteligencia.
En la sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz avanzó la audiencia de aporte de la verdad del general del Ejército (r) Jesús Armando Arias Cabrales, para que entregue su aporte sobre los hechos que sucedieron en medio de la retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.Sin embargo, en la diligencia en la que participaron las victimas para conocer lo que diría el uniformado sobre el asalto del M-19 al Palacio de Justicia y la retoma al edificio, muchas de las preguntas no fueron respondidas por Arias Cabrales, lo cual generó molestia.“Yo concluyo que usted es un militar incompetente. No sabe nada de sus subalternos. Desconoce todo, supuestamente. En esta sala, señor Jesús Armando, usted ha declarado que no sabe nada de las personas a su cargo. A todo responde con su palabra favorita: “no sé, no tengo conocimiento”. Qué clase de militar y de general es usted señor Jesús Armando, asuma su condena. En la Corte Suprema lo encontraron culpable en dos instancias y un proceso de casación. Hay que respetar a la justicia colombiana”, expresó una de las víctimas.Lo anterior se originó ante la negativa de responder del general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, por lo que las víctimas pidieron que fuera expulsado de la jurisdicción.“Yo le pido a la sala que el señor sea expulsado, porque no, no veo que esté aportando alguna verdad. Yo siento que nos estamos mortificando, estamos sintiendo mucho dolor. Son 37 años que ya no soportamos más, el señor no quiere aportar nada a la verdad”, expresó una de las víctimas durante la audiencia.Al finalizar la audiencia, la sala de definición de situaciones jurídicas dijo que evaluará lo dicho por el general y si sus aportes son suficientes para continuar con su sometimiento en la JEP.Le puede interesar:
Se enfrentaron por primera vez en una audiencia de la JEP familiares de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia y el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien en 1985 era el comandante de la brigada 13 del Ejército y uno de los militares al mando de la operación de la retoma del Palacio.En la audiencia, familiares de los desaparecidos del Palacio le reclamaron su falta de voluntad para aportar a la verdad del caso que ya completa más de 30 años.Además, criticaron fuertemente el hecho que el general, que fue condenado a 35 años de prisión por desaparición forzada, ahora asegure que es víctima de persecución judicial.Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán, mesero de la cafetería del Palacio, habló en Mañanas Blu y aseguró que “la postura de Cabrales es de un cinismo total, revindica que después de 37 años no tiene la voluntad de aportar nada al proceso”.En este sentido se refirió al hecho que se declarara como víctima en el caso: “No me sorprende que se haya victimizado porque quiere volver a su casa. No dijo nada nuevo”.El 17 de enero se llevó a cabo la primera de tres audiencias en la JEP por este caso. El 18 se adelantará la segunda y Beltrán anticipó: “si él viene hoy con la misma actitud de ayer no hay nada que hacer, no va a aportar nada, la jurisdicción tendrá que contemplar la expulsión de la JEP”.La mujer insistió en que luego de varios años buscando respuesta, tan solo les han entregado partes de los cuerpos de seis desaparecidos y aún faltan cinco.Hay que recordar que la sección de revisión, después de haberse negado dos veces, finalmente accedió a la solicitud del general en retiro, quien en el año 2014 fue condenado a 35 años de prisión por cinco casos de desaparición forzada. Arias Cabrales se sometió a la JEP y sus aportes de verdad no han sido suficientes ni para las víctimas ni para la justicia transicional, razón por la cual le revocaron la libertad condicional que le habían otorgado y lo enviaron nuevamente a prisión, advirtiéndole que, si continúa incumpliendo sus compromisos, podría ser expulsado.También le puede interesar:
El general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en el 2014 a 35 años de cárcel, por casos de desaparición forzada ocurridos durante la operación de retoma, en 1985, pues él era el jefe militar. Su caso llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero esta jurisdicción considera que sus aportes de verdad no han sido suficientes ni detallados y por eso lo citaron a una audiencia en la que debería contar toda la información que tenga sobre el caso.En un primer momento fue citado para los días 20 y 21 de octubre y en la diligencia se permitió la participación de las víctimas; sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió aplazar las audiencias y citarlo para el mes de noviembre, pero a una diligencia pública, teniendo en cuenta que la anterior tenía reserva."La audiencia de aporte a la verdad del GR (RA) Jesús Armando Arias Cabrales se llevará a cabo a través de una subsala conformada por tres magistrados de este órgano de justicia y de manera pública. Consecuentemente, en aras de garantizar la logística necesaria para tal fin, dicha diligencia se reprogramará y se celebrará los días 23, 24 y 25 de noviembre de la presente anualidad en el horario de 09:00 de la mañana hasta las 5:30 dela tarde", se leyó en la decisión.Cabe recordar que, ante los incumplimientos de Arias Cabrales en la JEP, esta jurisdicción decidió enviarlo nuevamente a prisión, pues se le había concedido el beneficio de la libertad condicional. Además, le advierten que si no aporta verdad podría ser expulsado de la justicia transicional.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca qué pasa con la grave crisis migratoria del Tapón del Darién:
El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en el 2014 a 35 años de cárcel por casos de desaparición forzada ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, en el año 1985, pues él era el jefe militar de la operación de retoma.La JEP lo envió hace unas semanas nuevamente a prisión, ya que le habían otorgado la libertad condicional, pero por no aportar verdad sobre estos hechos decidieron revocar la medida.Ahora deberá ir a la JEP los días 2 y 21 de octubre, y ante las víctimas deberá aportar verdad sobre estos hechos, pues esta vez, más allá de su libertad, que ya fue revocada, se está jugando su permanencia en la justicia transicional.“Una vez llevada a cabo la audiencia reservada de aporte a la verdad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluará los aportes realizados por Jesús Armando Arias Cabrales en el marco de un juicio de prevalencia jurisdiccional orientado a determinar si el compareciente satisface las exigencias para mantener su sometimiento”, explicó la JEP en su decisión.Es decir que, si la JEP y las víctimas, que participarán en la audiencia, consideran que los detalles que entrega no son suficientes, el general podría ser expulsado y su caso continuará el trámite en la justicia ordinaria.Arias Cabrales deberá aportar información sobre un cuestionario y responder a interrogantes tales como:“Cuáles eran las políticas del presidente de la República y del ministro de Defensa nacional trazadas en materia de seguridad para la época de los hechos. Indicar quiénes participaron en el proceso para la toma de decisiones en la elaboración del Plan Tricolor 83 y bajo qué lineamientos estratégicos fue estructurado; qué procedimientos establecía para evitar los daños a personas y bienes protegidos. Dilucidar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevaron a cabo las desapariciones forzadas”, señaló la Jurisdicción.Es importante recordar que el general Arias Cabrales ya le había pedido a la JEP revisar su condena por este caso; sin embargo, la justicia transicional no accedió a la solicitud, asegurando que las pruebas aportadas no contenían elementos o detalles novedosos que pudieran probar su inocencia.Vea también: Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca que, pese a los problemas de estómago, demoras con los decretos y líos con algunos nombramientos, Petro ya tiene nueva cúpula militar:
El chance Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia.Número ganador del Dorado Mañana hoy, viernes 24 de septiembre de 2026El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 24 de septiembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si acertaron.Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.Plan de premios del Dorado MañanaUno de los principales atractivos de este chance es que permite ganar incluso con aciertos parciales. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones posibles y agrega una nueva opción para aumentar las ganancias.Cómo reclamar un premio del Dorado MañanaDe acuerdo con las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos.Para cobrar el premio es necesario:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar la validación y el pago del premio.
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.