La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena del general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, sentenciado por el delito de desaparición forzada agravada en el marco de los hechos del Palacio de Justicia. El alto tribunal inadmitió la revisión solicitada por el exoficial, cerrando definitivamente su intento de revertir la sentencia.A pesar de que el 23 de septiembre de 2019 la Corte Suprema había ratificado la condena impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, Arias Cabrales buscó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, en marzo de 2023, la JEP decidió excluirlo de sus procesos y trasladó el caso a la Corte Suprema el 7 de febrero de este año para resolver la solicitud de revisión.La Sala Penal de la Corte Suprema evaluó los argumentos presentados y determinó que no se cumplían los requisitos necesarios para admitir la revisión. En su decisión, la Corte explicó que existen diferencias clave en los requisitos de admisibilidad entre la justicia ordinaria y la JEP. Uno de los aspectos señalados es que en la jurisdicción ordinaria se exige un poder especial otorgado por un abogado para presentar la demanda de revisión, mientras que en la JEP basta con que el abogado haya sido reconocido previamente en el proceso. Asimismo, se destacaron las condiciones específicas que deben cumplirse para que una solicitud de revisión sea considerada en la JEP.La Corte Suprema concluyó que los argumentos presentados no eran suficientes para modificar la pena del general en retiro, dejando en firme la condena por su responsabilidad en las desapariciones forzadas ocurridas durante la toma y posterior retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
El Foro Ampliado de Reserva Organizada, “Reserva Moral de Colombia” (Faro), ha tomado una acción en respuesta al Decreto 018 del 15 de enero de 2024, emitido por el actual Gobierno Nacional, donde se me retiraron al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales de ciertas condecoraciones.Faro ha presentado un recurso de control de nulidad por inconstitucionalidad ante la honorable Corte Suprema de Justicia.Según Faro hay una violación del artículo 220 de la constitución nacional, donde se establece claramente que los miembros de la fuerza pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones sino en los casos y del modo que determine la Ley.Dicen que existe una falta de base legal, pues explican que actualmente, excepto por lo previsto en el código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo, no existe una ley que autorice explícitamente al ejecutivo a despojar de sus condecoraciones y reconocimientos a los miembros de la fuerza pública, ya sea en actividad o en retiro.Y que además hay una motivación revanchista, el Foro Ampliado de la Reserva Organizada denuncia que esta determinación del Gobierno nacional parece motivada por un ánimo revanchista, interpretando normativas de manera forzada para perseguir al general (r) Arias Cabrales.La acción de Faro buscaría garantizar los derechos de los militares, y consideran que acciones como la observada constituyen graves abusos de poder que exponen a cualquier militar, policía y ciudadano en general al ejercicio arbitrario de la autoridad pública, poniendo en peligro las libertades fundamentales de la sociedad."Nuestra acción propende por el estricto respeto de la constitución nacional y de las leyes de la república, por el respeto al debido proceso y por la inviolabilidad de los derechos de las personas. Consideramos que procederes como el observado constituyen graves abusos de poder que exponen a cualquier militar o policía (para el efecto, a cualquier ciudadano) al ejercicio arbitrario de la autoridad pública, y que amenazan por tanto las libertades fundamentales", señaló Faro.
El Gobierno retiró las condecoraciones otorgadas al general retirado del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales por la recuperación del Palacio de Justicia, tomado en noviembre de 1985 por la guerrilla del M-19, acción por la cual fue condenado por el delito de desaparición forzada. La decisión fue tomada en respuesta a un derecho de petición presentado a los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y de Justicia, Néstor Osuna; por Helena Urán Bidegain, hija del magistrado Carlos Horacio Urán, desaparecido y asesinado en la operación militar, y los periodistas Diana Zuleta y Gonzalo Guillén.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Helena Urán Bidegain habló sobre la decisión del Gobierno y aseguró que la solicitud la hicieron luego de que el militar no reconociera nada sobre los hechos ocurridos en 1985.“La Corte Interamericana condenó a Colombia por estos hechos y en la audiencia que tuvimos en la Jurisdicción Especial para la Paz él no reconoce absolutamente nada y más aún se ufanó de sus medallas y ahí fue que a mí me resultó un poco contradictorio la situación cómo es que una persona que fue condenada por crímenes de lesa humanidad y de guerra al mismo tiempo tiene sus condecoraciones”, dijo.En ese sentido, defendió que basándose en la experiencia de otros países del mundo en donde criminales de guerra tienen que sentarse al banquillo y se les retira este tipo de reconocimientos, adelantó el derecho de petición, “me pareció que era lo correcto para para fortalecer la democracia e incluso a la institución que rechace estas personas que cometen estos daños a la sociedad y a su propia institución”.En medio de la conversación, criticó fuertemente la reacción de Acore, que rechazó el retiro de las condecoraciones al general en retiro, “en vez de sancionar en conjunto este tipo de actos criminales, los avalan, los protegen y se ponen del lado del perpetrador”.Mediante un decreto expedido el pasado 15 de enero por los dos ministerios se ordena "retirarle de manera inmediata, oficial y pública la Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, y todos los demás reconocimientos que haya recibido como militar después de la retoma del Palacio de Justicia en 1985".La toma del Palacio comenzó el 6 de noviembre de 1985 cuando guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) irrumpieron en el edificio y tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre ellas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo de Estado.Vea aquí la entrevista completa:
La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dejó en firme la decisión de expulsar al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por casos de desaparición que se registraron durante la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre del año 1985. En ese entonces, Arias Cabrales era el jefe militar de la operación de retoma y la justicia transicional considera que no aportó verdad frente a los hechos que se registraron durante ese día.Los días 17 y 18 de enero de 2023 Arias Cabrales asistió a una audiencia única de verdad, en esta diligencia tenía que entregar información novedosa y detallada sobre los casos de desaparición y homicidio que se registraron en la operación de retoma, pero las víctimas y la JEP consideraron que el aporte no fue suficiente."Al ser preguntado sobre la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán, señala que el plan 'Tricolor' no personalizaba a los enemigos y no se aplicó a este funcionario judicial27. Sostiene que el M19 utilizó las mismas armas que las Fuerzas Armadas, con lo que parece afirmar que él fue asesinado por esa guerrilla. Sobre la aparición de su billetera en las instalaciones del B2, indica que quien debe dar respuesta a esa pregunta es el señor Sánchez Rubiano", señaló la JEP.Esto significa que ahora el proceso del general (r) Arias Cabrales continuará su trámite en la justicia ordinaria y ya no podrá acceder a los beneficios de la justicia transicional, como la libertad condicional que le otorgaron en 2021, pero posteriormente le revocaron. La abogada de Arias Cabrales había apelado la decisión que se tomó tras la audiencia única de verdad, que llevó a su expulsión."Al serle exhibido videos en los que se ve a las víctimas de desaparición forzada salir vivas del Palacio de Justicia custodiadas por personal de la Fuerzas Armadas, desconoce su validez y no reconoce que las personas allí identificadas hubieran salido con vida. El compareciente, violando sus deberes con el sistema y su obligación de reconocer la verdad sobre la materialidad de las conductas, pretende afirmar que el M19 fue el autor del asesinato del Magistrado Urán Rojas. Sin embargo, el señor Arias Cabrales no explica cómo es que a la víctima se la vio salir con vida bajo custodia militar y por qué estuvo en una instalación militar y regresó sin vida al Palacio de Justicia", explicó la Sección de Apelación.Le puede interesar
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP expulsó al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, quien en 1985 era el comandante de la Brigada XIII del Ejército y uno de los militares al mando de la operación de la retoma del Palacio. La decisión se tomó después de que los magistrados determinaran que sus aportes a la verdad no superan los detalles o información que ya se conocía por medio de la justicia ordinaria.Es importante recordar que, el general en retiro Arias Cabrales fue citado a una audiencia única de verdad, allí negó su responsabilidad en los casos de desaparición forzada que se dieron durante la retoma, pero las víctimas presentes en la diligencia también argumentaron que el general estaba faltando a la verdad, por lo que les pidieron a los magistrados evaluar la posibilidad de expulsarlo de la justicia transicional, incluso, la audiencia, en un principio, se haría durante 3 días, pero solo se hicieron 2 sesiones."Ante la falta de aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, Arias Cabrales vulneró el régimen de condicionalidad que deben cumplir todos los comparecientes ante la Jurisdicción. La sala concluyó que durante los dos días de audiencia dialógica el compareciente asumió una actitud indolente e indiferente con el objetivo de la diligencia y sus respuestas resultaron en varias ocasiones revictimizantes y ofensivas con las víctimas", se lee en la decisión.En el mismo sentido, los magistrados determinaron que Arias Cabrales no tuvo en cuenta el hecho de que ya había sido condenado por los hechos que se presentaron durante la retoma, como coautor de la conducta de desaparición forzada, es por esto que, ahora el proceso pasará a la justicia ordinaria."Durante la comparecencia, Arias Cabrales negó un hecho indiscutible, como lo fue el control que ejerció sobre los comandantes de las unidades de la XIII Brigada a su cargo, así como de otras unidades tácticas y de inteligencia desplegadas el 6 y el 7 de noviembre de 1985. La JEP puso a Arias Cabrales disposición del juzgado 15 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, con el fin de que siga cumpliendo la condena de 35 años impuesta por la Corte Suprema de Justicia en su contra" señaló la JEP.Le puede interesar:
Las víctimas del acto de retoma del Palacio de Justicia, tras la arremetida del grupo armado ilegal del M-19, exigieron verdad, justicia y reparación tras la desaparición y muerte de sus familiares, durante la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel (r), Jesús Armando Arias Cabrales.El militar en retiro, quien por ese entonces fue comandante de la Brigada número 13, fue requerido para que entregue su aporte sobre los hechos que sucedieron en el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando se produjo uno de los hechos más violentos en la historia del país.René Guarín, familiar de una de las víctimas, Cristina del Pilar Guarín, quien despareció en el hecho, habló en 'El Radar' de Blu Radio sobre lo que ocurrió en aquella jornada. Y dio sus impresiones de lo que fue ese primer encuentro del alto oficial ante la jurisdicción."Esto es la prolongación de un comportamiento que ha tenido el Estado durante 37 años con el caso, negacionismo, que no hubo desapariciones y lo que sucedió una entrega equivocada de entrega de restos óseos de los muertos", refirió Guarín, quien no quedó conforme con lo declarado con Arias Cabrales.Guarín indicó que a la audiencia ante la JEP del alto militar fue con cierto grado de escepticismo, pero a la vez de esperanza. No obstante, se decepcionó luego de escuchar su relato. "Él ya pasa de los 80 años. Pero él dice que no tuvo nada que ver, es el mismo trato que ya ha tenido el Estado en estás décadas", agregó.E hizo énfasis en que el caso de su familia no corresponde a un error en la entrega de restos de su hermana caída en medio de la confrontación. Sino que fue sacada con vida del Palacio y posteriormente ultimada."Consideramos que nuestros familiares fueron subidos a una camioneta (...) Los cuerpos hablan y dentro de los 11 huesos que nos entregaron los expertos nos dijeron que tenía la tercera vértebra dorsal rota. Primero fue asesinada y luego fue dejada para ser quemada", señaló.Desde su perspectiva, Arias Cabrales no dice todo lo que sabe debido a que siente "gran temor de Iván Ramírez Quintero (comandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia –COICI) y la gente de inteligencia. Dijo que su familia había salido del país y es falso. Su hijo es director de la DIMAR, él, además de mentir, siente temor", afirmó.A su vez, fue crítico con los testimonios que se están dando a conocer en la jurisdicción, pues no aportan mayores elementos de verdad."No solo con el Palacio de Justicia sino con otros crímenes de Estado. Esa información reposa en los archivos de inteligencia y es necesario que las victimas nos apropiemos de esa información y se lo exijamos al actual presidente, que sea desclasificada y conocida", recalcó Guarín, quien añadió que está diligencia tendrán que hacerla las organizaciones de víctimas.Cabe destacar que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), encargada de esa documentación histórica del Estado, desde la época de la Central de Inteligencia, desapareció en 2010. Desde entonces, esta reposa en cajas sin que se le dé, según el denunciante, ningún manejo.Para Guarín, la liberación de los archivos de inteligencia dependerá de una voluntad política y jurídica, atada al presidente Gustavo Petro. Pero si eso no se logra, considera que se puede hacer el trámite a través de la JEP, a través de la Comisión de la Verdad, con el padre Francisco De Roux."Es necesario desarchivar los documentos de inteligencia, en especial del DAS", finalizó René Guarín, en relación con los documentos que están en el Archivo General de la Nación y que son de dominio de la Central de Inteligencia.
En la sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz avanzó la audiencia de aporte de la verdad del general del Ejército (r) Jesús Armando Arias Cabrales, para que entregue su aporte sobre los hechos que sucedieron en medio de la retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.Sin embargo, en la diligencia en la que participaron las victimas para conocer lo que diría el uniformado sobre el asalto del M-19 al Palacio de Justicia y la retoma al edificio, muchas de las preguntas no fueron respondidas por Arias Cabrales, lo cual generó molestia.“Yo concluyo que usted es un militar incompetente. No sabe nada de sus subalternos. Desconoce todo, supuestamente. En esta sala, señor Jesús Armando, usted ha declarado que no sabe nada de las personas a su cargo. A todo responde con su palabra favorita: “no sé, no tengo conocimiento”. Qué clase de militar y de general es usted señor Jesús Armando, asuma su condena. En la Corte Suprema lo encontraron culpable en dos instancias y un proceso de casación. Hay que respetar a la justicia colombiana”, expresó una de las víctimas.Lo anterior se originó ante la negativa de responder del general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, por lo que las víctimas pidieron que fuera expulsado de la jurisdicción.“Yo le pido a la sala que el señor sea expulsado, porque no, no veo que esté aportando alguna verdad. Yo siento que nos estamos mortificando, estamos sintiendo mucho dolor. Son 37 años que ya no soportamos más, el señor no quiere aportar nada a la verdad”, expresó una de las víctimas durante la audiencia.Al finalizar la audiencia, la sala de definición de situaciones jurídicas dijo que evaluará lo dicho por el general y si sus aportes son suficientes para continuar con su sometimiento en la JEP.Le puede interesar:
Se enfrentaron por primera vez en una audiencia de la JEP familiares de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia y el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien en 1985 era el comandante de la brigada 13 del Ejército y uno de los militares al mando de la operación de la retoma del Palacio.En la audiencia, familiares de los desaparecidos del Palacio le reclamaron su falta de voluntad para aportar a la verdad del caso que ya completa más de 30 años.Además, criticaron fuertemente el hecho que el general, que fue condenado a 35 años de prisión por desaparición forzada, ahora asegure que es víctima de persecución judicial.Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán, mesero de la cafetería del Palacio, habló en Mañanas Blu y aseguró que “la postura de Cabrales es de un cinismo total, revindica que después de 37 años no tiene la voluntad de aportar nada al proceso”.En este sentido se refirió al hecho que se declarara como víctima en el caso: “No me sorprende que se haya victimizado porque quiere volver a su casa. No dijo nada nuevo”.El 17 de enero se llevó a cabo la primera de tres audiencias en la JEP por este caso. El 18 se adelantará la segunda y Beltrán anticipó: “si él viene hoy con la misma actitud de ayer no hay nada que hacer, no va a aportar nada, la jurisdicción tendrá que contemplar la expulsión de la JEP”.La mujer insistió en que luego de varios años buscando respuesta, tan solo les han entregado partes de los cuerpos de seis desaparecidos y aún faltan cinco.Hay que recordar que la sección de revisión, después de haberse negado dos veces, finalmente accedió a la solicitud del general en retiro, quien en el año 2014 fue condenado a 35 años de prisión por cinco casos de desaparición forzada. Arias Cabrales se sometió a la JEP y sus aportes de verdad no han sido suficientes ni para las víctimas ni para la justicia transicional, razón por la cual le revocaron la libertad condicional que le habían otorgado y lo enviaron nuevamente a prisión, advirtiéndole que, si continúa incumpliendo sus compromisos, podría ser expulsado.También le puede interesar:
El general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en el 2014 a 35 años de cárcel, por casos de desaparición forzada ocurridos durante la operación de retoma, en 1985, pues él era el jefe militar. Su caso llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero esta jurisdicción considera que sus aportes de verdad no han sido suficientes ni detallados y por eso lo citaron a una audiencia en la que debería contar toda la información que tenga sobre el caso.En un primer momento fue citado para los días 20 y 21 de octubre y en la diligencia se permitió la participación de las víctimas; sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió aplazar las audiencias y citarlo para el mes de noviembre, pero a una diligencia pública, teniendo en cuenta que la anterior tenía reserva."La audiencia de aporte a la verdad del GR (RA) Jesús Armando Arias Cabrales se llevará a cabo a través de una subsala conformada por tres magistrados de este órgano de justicia y de manera pública. Consecuentemente, en aras de garantizar la logística necesaria para tal fin, dicha diligencia se reprogramará y se celebrará los días 23, 24 y 25 de noviembre de la presente anualidad en el horario de 09:00 de la mañana hasta las 5:30 dela tarde", se leyó en la decisión.Cabe recordar que, ante los incumplimientos de Arias Cabrales en la JEP, esta jurisdicción decidió enviarlo nuevamente a prisión, pues se le había concedido el beneficio de la libertad condicional. Además, le advierten que si no aporta verdad podría ser expulsado de la justicia transicional.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca qué pasa con la grave crisis migratoria del Tapón del Darién:
El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en el 2014 a 35 años de cárcel por casos de desaparición forzada ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, en el año 1985, pues él era el jefe militar de la operación de retoma.La JEP lo envió hace unas semanas nuevamente a prisión, ya que le habían otorgado la libertad condicional, pero por no aportar verdad sobre estos hechos decidieron revocar la medida.Ahora deberá ir a la JEP los días 2 y 21 de octubre, y ante las víctimas deberá aportar verdad sobre estos hechos, pues esta vez, más allá de su libertad, que ya fue revocada, se está jugando su permanencia en la justicia transicional.“Una vez llevada a cabo la audiencia reservada de aporte a la verdad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluará los aportes realizados por Jesús Armando Arias Cabrales en el marco de un juicio de prevalencia jurisdiccional orientado a determinar si el compareciente satisface las exigencias para mantener su sometimiento”, explicó la JEP en su decisión.Es decir que, si la JEP y las víctimas, que participarán en la audiencia, consideran que los detalles que entrega no son suficientes, el general podría ser expulsado y su caso continuará el trámite en la justicia ordinaria.Arias Cabrales deberá aportar información sobre un cuestionario y responder a interrogantes tales como:“Cuáles eran las políticas del presidente de la República y del ministro de Defensa nacional trazadas en materia de seguridad para la época de los hechos. Indicar quiénes participaron en el proceso para la toma de decisiones en la elaboración del Plan Tricolor 83 y bajo qué lineamientos estratégicos fue estructurado; qué procedimientos establecía para evitar los daños a personas y bienes protegidos. Dilucidar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevaron a cabo las desapariciones forzadas”, señaló la Jurisdicción.Es importante recordar que el general Arias Cabrales ya le había pedido a la JEP revisar su condena por este caso; sin embargo, la justicia transicional no accedió a la solicitud, asegurando que las pruebas aportadas no contenían elementos o detalles novedosos que pudieran probar su inocencia.Vea también: Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca que, pese a los problemas de estómago, demoras con los decretos y líos con algunos nombramientos, Petro ya tiene nueva cúpula militar:
El fabricante chino de vehículos de nueva energía Xpeng prepara el desembarco en el mercado europeo de su nuevo SUV L03, un modelo que llega precedido por un exitoso lanzamiento en China, donde superó las 50.000 ventas confirmadas durante sus primeros tres días de comercialización.Con este resultado, la compañía busca consolidar su expansión internacional y competir en uno de los segmentos más disputados del mercado, el de los SUV medianos electrificados, donde tendrá como uno de sus principales rivales al Tesla Model Y.La llegada del Xpeng L03 a Europa está prevista para octubre de este año, con una oferta que incluirá versiones completamente eléctricas y una variante híbrida de autonomía extendida (EREV).Xpeng L03: precios y versiones para EuropaEl nuevo SUV tendrá un precio de entrada de 35.600 euros para la versión totalmente eléctrica, mientras que la variante híbrida EREV partirá desde los 38.600 euros (unos 141 millones de pesos colombianos)La gama estará compuesta por cuatro configuraciones mecánicas:Versiones eléctricasLa marca ofrecerá tres alternativas impulsadas únicamente por batería, que durante el lanzamiento en China representaron cerca del 80 % de las reservas.Standard RangeMotor trasero de 245 caballos de potencia.Batería de 58,3 kWh.Hasta 445 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP.Long RangeMotor trasero de 245 caballos.Batería de 71,2 kWh.Autonomía homologada de 520 kilómetros WLTP.AWD PerformanceDos motores eléctricos con tracción total.Potencia combinada de 387 caballos.Batería de 71,2 kWh.Alcance de 440 kilómetros WLTP.La versión híbrida supera los 1.000 kilómetros de autonomíaAdemás de las opciones eléctricas, Xpeng comercializará una versión híbrida de autonomía extendida (EREV), que concentró aproximadamente el 20 % de las reservas durante el estreno del modelo en China.Este sistema combina un motor eléctrico trasero de 245 caballos con un propulsor de gasolina de 1,5 litros y 86 caballos, cuya función no es mover las ruedas, sino generar electricidad para alimentar la batería.El conjunto incorpora una batería de 37,25 kWh y un depósito de combustible de 42 litros, lo que permite recorrer hasta 215 kilómetros en modo completamente eléctrico y alcanzar una autonomía total de 1.017 kilómetros.Un interior digital con diseño minimalistaEl habitáculo del Xpeng L03 apuesta por un diseño centrado en la digitalización. La marca eliminó los botones físicos tanto del salpicadero como de la consola central, trasladando la mayoría de funciones a una pantalla táctil central de 15,6 pulgadas.El cuadro de instrumentos tradicional también desaparece para dar paso a un sistema Head-Up Display (HUD), que proyecta la información principal sobre el parabrisas con un área de visualización equivalente a 26,8 pulgadas.Esta configuración busca simplificar la experiencia de conducción y concentrar los controles del vehículo en una única interfaz digital.Garantía para el mercado europeoComo parte de su estrategia para fortalecer la confianza de los compradores europeos, Xpeng ofrecerá una garantía general de 7 años o 160.000 kilómetros, mientras que el paquete de baterías contará con una cobertura independiente de 8 años.Con este lanzamiento, el fabricante chino amplía su presencia en Europa con un SUV que combina diferentes tecnologías de electrificación, una amplia autonomía y una política de precios orientada a competir con algunos de los modelos más consolidados del segmento.
Trabajadores de la salud anunciaron una jornada de protesta para este miércoles en varios municipios del norte del Valle del Cauca, con la que buscan reclamar el pago de las millonarias deudas que las EPS Emssanar y Coosalud mantienen con hospitales públicos de la región. La movilización podría generar bloqueos y afectaciones a la movilidad en municipios como Zarzal, Roldanillo, Sevilla, Caicedonia y Bugalagrande.Los manifestantes aseguran que la falta de pago de las obligaciones pendientes ha provocado una grave crisis financiera en las instituciones de salud y advierten que, de no encontrarse una solución, podrían presentarse dificultades para garantizar la continuidad de algunos servicios.Le puede interesar: Hospital Universitario suspende servicios a usuarios de Coosalud por deuda 35.000 millones de pesos“El motivo de la movilización es el no pago de las EPS. Se hará una marcha pacífica y haremos taponamiento de la vía. La exigencia es que venga el superintendente de salud, Daniel Quintero o que nos atienda con sus interventores y tengamos solución a esta situación” manifestó Rodolfo Borja, líder del sindicato nacional de la salud y la seguridad social .Las deudas ascienden a millonarias cifras y la situación también ha afectado directamente a los trabajadores del sector, quienes llevan más de dos meses sin recibir el pago de sus salarios.“Las deudas con el hospital de Zarzal ascienden a alrededor de 12.000 millones de pesos; en el Hospital Centenario de Sevilla, a cerca de 16.000 millones; en el hospital de Roldanillo, a casi 12.000 millones; en el Hospital San Bernabé de Bugalagrande, a alrededor de 4.000 millones, y en el hospital de Caicedonia, a cerca de 2.000 millones de pesos. Los más afectados son los trabajadores, quienes llevan más de dos meses sin recibir su salario”, añadió el líder sindical.Ante la jornada de protesta, las autoridades recomendaron a conductores y viajeros mantenerse atentos a la evolución de las movilizaciones, programar sus desplazamientos y tomar vías alternas en caso de que se presenten cierres. Se espera que durante el transcurso del día se conozca el impacto de las manifestaciones sobre la movilidad en el norte del Valle del Cauca.
La Cancillería colombiana pidió este miércoles la renuncia de los embajadores del país a dos semanas del cambio de Gobierno entre el mandatario colombiano saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, que será el próximo 7 de agosto.La instrucción fue emitida por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, en cumplimiento del artículo 91 del decreto Ley 274, que establece que "los jefes titulares de las misiones diplomáticas deberán presentar su renuncia a sus cargos" al concluir el periodo del Gobierno en el que fueron designados.En el mensaje interno, se establece que el plazo máximo para enviar las cartas de renuncia a la Cancillería es hasta este jueves 23 de julio.El texto precisó, además, que la disposición tiene carácter obligatorio y detalló que los embajadores pertenecientes a la carrera diplomática y consular no serán afectados ni perderán los beneficios laborales especiales contemplados en la legislación.Le puede interesar: De La Espriella anuncia a los futuros embajadores de Colombia en España y VenezuelaLa Cancillería pidió a los jefes de misión enviar la carta al presidente saliente, con copia a la ministra de Relaciones Exteriores y otros responsables de hacer cumplir la disposición legal.Villavicencio, que será sustituida por Omar Bula Escobar, canciller designado por De la Espriella, agradeció a los funcionarios que ya cumplieron con ese trámite y pidió a quienes faltan agilizar el envío de la carta.Asimismo, la ministra destacó "el valioso apoyo, compromiso y labor desarrollada" de los embajadores durante su gestión al frente de las diferentes representaciones diplomáticas de Colombia.Solicitud dos semanas antes de cambio de Gobierno La noticia de este pedido se dio a solo dos semanas de la conclusión del mandato de Petro y forma parte del procedimiento previsto en la normativa que regula el servicio exterior colombiano para los embajadores al finalizar un periodo presidencial.
El juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ya tiene fecha de inicio. Una corte estadounidense fijó para el 1 de junio de 2027 el comienzo del proceso penal contra el mandatario venezolano, quien enfrenta cuatro cargos relacionados con presuntos delitos de narcotráfico y armas.Maduro, quien se ha autodenominado como un "prisionero de guerra", se declaró no culpable de todas las acusaciones formuladas en su contra.Los cargos que enfrenta son:Conspiración para cometer narcoterrorismo.Conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos.Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.La decisión de fijar la fecha del juicio marca un nuevo avance en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión internacional contra un jefe de Estado venezolano.
Un presunto intento de asalto al centinela que estaba en guardia en el Batallón Vergara y Velasco, en el municipio de Malambo, terminó con un hombre muerto y otro capturado, luego de que, según las primeras versiones de autoridades, ambos ingresaran durante la noche y sorprendieran al soldado que se encontraba en la garita.El caso que apenas sale a la luz este miércoles, ocurrió la noche del lunes 20 de julio. De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, los sujetos lograron entrar al batallón trepando por una pared que tiene unos huecos y luego sigilosamente uno de ellos llegó hasta la garita del centinela donde se registró un forcejeo con el uniformado, presuntamente, en un intento por robarle su arma de dotación.Durante el enfrentamiento, ambos cayeron al suelo. El soldado llevaba su fusil terciado en el pecho, pero inicialmente el arma presentó fallas al momento de ser cargada, situación que los agresores aprovecharon para lanzarse sobre él.Finalmente, el centinela logró poner en funcionamiento el arma y disparó contra los atacantes. Uno de ellos fue capturado, mientras que el otro resultó herido y murió en el lugar. Sin embargo, su cuerpo solo fue encontrado en la mañana del día siguiente, es decir, de ayer martes.Le puede interesar: Max, el centinela de cuatro patas que custodia los mares a bordo del ARC Gloria: esta es su historiaPor estos hechos, la Segunda Brigada del Ejército indicó que abrió una investigación para esclarecer la muerte del hombre dentro de sus instalaciones. “De igual forma manifestaron que el hombre capturado no portaba documentos de identidad al momento de la verificación requerida y se negó a suministrar sus datos personales”.Blu radio también conoció que al parecer uno de los hombres que ingresó al batallón había prestado su servicio militar en ese mismo sitio por lo que conocía bien sus instalaciones.