El general (r) Jesús Armando Arias Cabralesfue condenado en el 2014 a 35 años de cárcel por casos de desaparición forzada ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, en el año 1985, pues él era el jefe militar de la operación de retoma.
La JEPlo envió hace unas semanas nuevamente a prisión, ya que le habían otorgado la libertad condicional, pero por no aportar verdad sobre estos hechos decidieron revocar la medida.
Ahora deberá ir a la JEP los días 2 y 21 de octubre, y ante las víctimas deberá aportar verdad sobre estos hechos, pues esta vez, más allá de su libertad, que ya fue revocada, se está jugando su permanencia en la justicia transicional.
“Una vez llevada a cabo la audiencia reservada de aporte a la verdad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluará los aportes realizados por Jesús Armando Arias Cabrales en el marco de un juicio de prevalencia jurisdiccional orientado a determinar si el compareciente satisface las exigencias para mantener su sometimiento”, explicó la JEP en su decisión.
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Es decir que, si la JEP y las víctimas, que participarán en la audiencia, consideran que los detalles que entrega no son suficientes, el general podría ser expulsado y su caso continuará el trámite en la justicia ordinaria.
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Arias Cabrales deberá aportar información sobre un cuestionario y responder a interrogantes tales como:
“Cuáles eran las políticas del presidente de la República y del ministro de Defensa nacional trazadas en materia de seguridad para la época de los hechos. Indicar quiénes participaron en el proceso para la toma de decisiones en la elaboración del Plan Tricolor 83 y bajo qué lineamientos estratégicos fue estructurado; qué procedimientos establecía para evitar los daños a personas y bienes protegidos. Dilucidar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevaron a cabo las desapariciones forzadas”, señaló la Jurisdicción.
Es importante recordar que el general Arias Cabrales ya le había pedido a la JEP revisar su condena por este caso; sin embargo, la justicia transicional no accedió a la solicitud, asegurando que las pruebas aportadas no contenían elementos o detalles novedosos que pudieran probar su inocencia.
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