BLU Radio conoció en primicia que fue capturada una red de hackers que intervinieron ilegalmente el teléfono de un alto funcionario de la Fiscalía General de la Nación para hacerse pasar por él y realizar estafas a través de WhatsApp.Jorge Eduardo Rojas, director de Protección de la Fiscalía, fue el funcionario afectado.De acuerdo con la información conocida por BLU Radio, fueron capturadas cuatro personas que se encargaban de enviar mensajes a los contactos del funcionario asegurando que supuestamente vendían dólares a un precio más bajo que el de las casas de cambio.A través de esta modalidad de estafa lograron robar más de 200 millones de pesos.Fueron varias las víctimas de esta red, incluso se conoció que una de las víctimas llegó a realizar una consignación de 23 millones de pesos para la supuesta compra de los dólares.La investigación, realizada por la Fiscalía, ha sido seguida por el exdirector del CTI Julián Quintana, abogado de Rojas.También, se conoce el caso de un hombre que consignó 36 millones de pesos y otra mujer hizo dos depósitos por 53 millones de pesos en total.Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló cómo se planeó el modus operandi de los ciberdelincuentes.Usaron todos los datos del funcionario, no cambiaron ni su nombre ni su foto de perfil, que tenía con su esposa y su hija. Es decir, hubo violación de datos personales, según la Fiscalía.Luego emplearon los datos ajenos para ofrecer divisas a los cientos de contactos de la agenda telefónica del funcionario.Vendían los dólares por un valor menor al del mercado, 3.300 pesos. Se suponía que entregaban los dólares una vez la víctima de la estafa depositaba el dinero a las cuentas que, el suplantado Rojas, les decía.Varios de los chats fueron guardados por las víctimas y sirvieron como evidencia de la denuncia. Además, aportaron los recibos de las consignaciones.Las estafas se presentaron en Cúcuta, Barranquilla y Bogotá, entre otras ciudades, y esta actividad delictiva se estaban realizando desde junio de este año, según el ente acusador.Luego de obtener el dinero, estaban alerta para sacarlo rápidamente en efectivo desde el banco. Por esta razón, la Fiscalía les imputó también el delito de concierto para delinquir.Pero este no es el único caso de este tipo de estafa, este viernes se conoció que el senador David Barguil también fue víctima de hackers que lo suplantaron y estaban engañando a varios de sus contactos.
Aunque los dos sistemas de transporte masivo requieren un aval fiscal del orden nacional, desde Medellín el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, anunció el aval técnico de esa dependencia para la construcción del metrocable de El Picacho y el tranvía de La 80. “En el ministerio de Transporte no están los recursos pero sí el aval ténico para ser presentado en el Gobierno Nacional”, dijo el ministro Rojas recordó que el actual Gobierno Nacional ha invertido 600 mil millones de pesos para la construcción de troncales y estaciones del sistema de transporte. Durante su participación en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, que sesionó en el Concejo de Medellín, el ministro de Transporte también se comprometió con ejecutar el 15% del proceso nacional de chatarrización en la ciudad, para reducir la contaminación.
El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, reconoció que la norma no permite hacer uso de los dineros del Fondo de Chatarrización para un fin distinto a cambiar los vehículos en desuso a pesar de la contingencia ambiental que atraviesa el Valle de Aburrá por la alerta roja. Se comprometió con los alcaldes del Área Metropolitana de Medellín para implementar tecnologías limpias en vehículos de carga y particulares, en las áreas urbanas y rurales. Además, puso a disposición un equipo técnico del Ministerio de Transporte para definir nuevas medidas que contribuyan a mejorar la calidad del aire.
A través de un comunicado se dio conocer la reglamentación para el servicio de transporte de lujo.El documento fue firmado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos y el Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, el cual fue producto de la concertación y socialización con empresas, conductores y propietarios de vehículos Este es el comunicado: Bogotá, 14 marzo de 2017 Ningún vehículo particular puede ser utilizado para la prestación del servicio público de transporte especial de pasajeros. El automotor utilizado para este propósito debe estar afiliado a una empresa debidamente autorizada por el Ministerio de Transporte y cumplir con especiales características definidas en la norma, relacionadas con distintivos, placas, color, etc. Para la prestación del servicio debe mediar un contrato entre la empresa de transporte y la organización que represente al grupo de usuarios. Estos contratos son cinco: para transporte de estudiantes, para transporte empresarial, para transporte de turistas, para transporte de un grupo específico de usuarios cuando se trata de más de nueve personas en un mismo municipio, y para el transporte de usuarios del servicio de salud.Estas son algunas de las condiciones que precisa un decreto expedido hoy por el Gobierno Nacional y que ajusta las normas para la prestación del servicio público especial de pasajeros, con el cual el Gobierno busca atacar la informalidad y la ilegalidad, así como equilibrar las relaciones entre empresa y propietarios. El decreto define que el servicio público especial de transporte de pasajeros es 'aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas que tengan una característica común y homogénea en su origen y destino, como estudiantes, turistas, empleados, personas con discapacidad y/movilidad reducida, pacientes no crónicos y particulares que requieren un servicio expreso siempre que hagan parte de un grupo determinable'.El primer año a partir de su entrada en vigencia, la norma permite a los propietarios de automóvil, campero o camioneta convertir sus vehículos en particulares, siempre y cuando los retiren del servicio especial de transporte de pasajeros. Esto, cuando la antigüedad no sea superior a cinco años. El dueño del carro también podrá, a través de un procedimiento ágil, cambiar su automotor de empresa por falta de trabajo. Además, ahora se hace más expedido el trámite de habilitación de una empresa, en aras de combatir la corrupción y contaminación de este proceso. De otra parte, los vehículos utilizados para la prestación del servicio público especial de pasajeros cuentan con un tiempo de uso de 20 años, con excepción de los que prestan el servicio escolar, cuyo tiempo es de 16 años. La norma busca también flexibilizar los requisitos de capacidad financiera para la habilitación en función de la capacidad transportadora de cada empresa, las cuales deberán acreditar, como mínimo, su propiedad sobre el 10% del total de los vehículos que conforman su capacidad operacional.El decreto, el cual modifica el capítulo de transporte especial del Decreto 1079 de 2015, cuenta con 46 artículos en los que se determinan las condiciones para la creación de las empresas, la afiliación de los vehículos, la prestación del servicio y los mecanismos de control para que lo dispuesto en el mismo se cumpla.
Jorge Rojas, ministro de Transporte, habló en Mañanas BLU sobre el escándalo de Odebrecht y las investigaciones alrededor del caso. El ministro se refirió a las investigaciones realizadas por la Fiscalía sobre el tema asegurando que se reaccionó a tiempo y se está “viendo el tema por dónde es, están actuando como se debe”. Agregó que, de acuerdo a su punto de vista, el proceso está adelantado y hay unos avances “fuertes” en el tema de la corrupción, por ejemplo, “ya hay un ex viceministro que está tras las rejas, él mismo declarándose culpable”. Dijo, además que el Ministerio de Transporte está “encima” del tema y llegará el momento en el que la Fiscalía tome acciones contra los funcionarios involucrados. Por el momento “se puede decir que todos los que estén relacionados con el tema y que trabajen en el ministerio y en la ANI, serán sometidos a la prueba del polígrafo”. Sobre el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien rindió interrogatorio en la Fiscalía por el escándalo de Odebrecht, el ministro dijo que “es una buena persona, es honesto, yo creo que hizo las cosas bien”. Calificó a Odebrecht como una máquina de corrupción a nivel mundial, sin embargo, aseveró que, por ejemplo, en el contrato para construir la vía Ocaña - Gamarra no fue tan favorable a la empresa brasilera, “al menos no como ellos lo esperaban”. Del contrato de la Ruta del Sol, Rojas afirmó que aún se desconoce cómo se llevará a cabo la liquidación del mismo “porque hasta ahora se está llegando a un acuerdo respecto al tema”. Reveló que en el momento de la liquidación se tiene como prioridad “pagar urgentemente a los trabajadores que se les debe dinero y a los bancos que ha prestado gran cantidad de dinero”. Explicó que el Invías está preparado para continuar con la obra “en el momento en el que así se decida”. Agregó que se solicitará un traslado del dinero de la ANI al Invías para poder seguir con la Ruta del Sol sin necesidad de pedir una adición presupuestal.
El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, anunció que la demanda será interpuesta junto con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. “Después de las demandas presentadas por el Estado contra la Concesión por Ruta del Sol, por retrasos e incumplimientos, los árbitros tenían detenidas esas solicitudes, no dejaban que avanzaran, y ayer tomaron la decisión de renunciar. Por eso, junto con la ANI tomamos la decisión de demandarlos ante el Consejo Superior de la Judicatura y pedirle a la Fiscalía que investigue si hay algo extraño en su proceder”, expresó el ministro Rojas. La noticia se conoció en Mompox, luego de la intervención de Rojas, durante la II Cumbre de Alcaldes de Bolívar.
“Y lo que hemos hablado con ellos se lo podrán certificar que no están hablando de paro. Hay un documento que habla sobre ir a paro yo no sé cuándo y este no lo reclaman, ni dice que es autoría de ninguno de los gremios”, aseguró. Según el ministro, tanto transportadores y Gobierno creen que los acuerdos entre las dos partes si se han cumplido en su gran mayoría. “Después del paro que fue hace ocho meses hemos tenido más de 200 reuniones con los transportadores de carga de Colombia. Hemos hecho un seguimiento minucioso con cada uno de los acuerdos que se hicieron luego de la inmovilización del año pasado y, a nuestro criterio, el cumplimiento es muy alto y sé que parte de ellos comparten este criterio”, afirmó. El pasado viernes, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera Jairo Herrera manifestó en Negocios Blu que integrantes de la dignidad camionera se irían a paro este próximo 20 de febrero. Escuche en este audio adjunto más información sobre esta y más noticias del sector económico.
El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, se comprometió a sentarse con la Cruzada Nacional Camionera este próximo lunes 10 de octubre, a las 2 de la tarde, para discutir el decreto 1517 de chatarrización que asegura aún no se ha reglamentado y no ha entrado en vigencia. "El decreto es inaplicable porque cada uno de sus tres artículos debe ser reglamentado, de manera que yo les hago un llamado a la calma y a la tranquilidad, por supuesto que tendremos que desarrollarlo de la manera jurídica pero hoy hago una invitación y un llamado contundente para que el día lunes empezamos a trabajar sobre ese documento para buscar unas premisas generales que he venido escuchando de cada uno de ustedes como por ejemplo no perder el valor del cupo", dijo Rojas en el Congreso de Colfecar. El ministro explicó que el objetivo de esta mesa de trabajo con los empresarios, gremios y transportadores es poderle dar tranquilidades al sector y asegurar que no se aumente la oferta vehicular en el país. Además se va a empezar a trabajar con todos los actores del sector para estructurar la creación de un fondo de reposición vehicular de manera que se pueda construir un documento que se convierta en proyecto de ley que se lleve al Congreso de la República.
El ministro en un corto comunicado explicó que son tres los acuerdos a los que se han llegado: -1. Se levanta la inmovilización del transporte promovida por la dignidad camionera en todo el país. -2. Colombia sostiene el régimen de libertad vigilada, actualizado los valores de referencia, para que refleje la realidad de los costos de operación en condición de deficiencia, en aquellas rutas donde exista alguna irregularidad con el costo real el gobierno hará una intervención temporal y de inmediato se convoca a un observatorio de carga. -3. Se mantiene el esquema 1 a 1 de gestión del parque automotor como mecanismo para promover la modernización para proteger el patrimonio de los transportadores y evitar la sobre oferta. El ministro expresó que habrá total compromiso del Gobierno para el cumplimiento de los acuerdos y que el principal objetivo del ministerio es mantener en primer lugar la movilidad en el país pero además garantizar un trabajo digno a los grandes y pequeños transportadores. "El acuerdo incluye el compromiso del gobierno nacional de establecer mecanismos claros para garantizar seguridad transparencia y cero ilegalidad a los pequeños transportadores y tener en cuenta así sus intereses", dijo. El líder de los camioneros Orlando Ramírez, representante de la cruzada camionera celebró en primer lugar lo alcanzado tras 47 días de paro, sin embargo señaló que es importante que lo acordado en la mesa se haga realidad. "Este ha sido un acuerdo elaborado, un muy difícil pero que tiene una filosofía estructura, por eso nuestra misión fue hacer una pues clara de la situación de los camioneros. Hoy hemos logrado un acuerdo que satisfacen nuestras necesidades. Todos los puntos y alcances fueron tratados", recalcó. Ramírez aseguró que los acuerdos serán revisados cada mes en la mesa de trabajo instalada para determinar que los acuerdos si se están cumpliendo. "Al señor presidente de la república, le hemos dicho que queremos confeccionar una agenda cada mes con la alta consejería de competitividad para hacerle seguimiento a la agenda de los acuerdos para darle tranquilidad a los pequeños y grandes transportadores", dijo. La cruzada camionera aseguró que se siente tranquila con los acuerdos alcanzados después de 47 días de paro en el país, que dejó 1 persona muerta en el sector de Duitama en Boyacá.
El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, confirmó desde la Casa de Nariño que se suspende la mesa de diálogo con los transportadores hasta que los representantes de la Cruzada Nacional Camioneta hagan un llamado a sus bases pidiéndoles que el paro se haga de manera pacífica. “A raíz de los hechos de hoy donde sale herido el señor gobernador de Boyacá de los 7 u 8 taponamientos de vías ayer y las declaraciones incendiarias de algunas personas haciendo llamado a golpear y bloquear las vías, el Gobierno tomó la decisión no de cerrar la mesa, porque nunca ha estado cerrada, llevamos 34 días hablando, sino de suspender temporalmente la mesa”, manifestó. Afirmó que el tono del Gobierno es de paz y conciliación y que cuando vean tranquilidad en las calles retomarán la mesa, por ahora hay paro indefinido y no hay fecha de un posible acuerdo para levantar la inmovilización de 36 días.
La ciudadana peruana María Benito, de 66 años y diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, falleció el viernes luego de optar por retirar un tratamiento médico que prolongaba artificialmente su vida. Esta decisión fue respaldada por la Justicia peruana, permitiéndole acceder a una muerte digna, según informó su abogada el domingo.Según el comunicado compartido por una de sus abogadas, Josefina Miró Quesada, María Teresa Benito Orihuela ejerció su derecho a una muerte digna el viernes 3 de mayo, retirando las medidas de soporte vital y recibiendo sedación paliativa. El comunicado destacó que María falleció de acuerdo con su voluntad.El procedimiento médico se llevó a cabo conforme a una sentencia emitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima en febrero de 2024. Esta sentencia ordenó al seguro social Essalud respetar la decisión de María de rechazar tratamientos médicos que prolongaban su vida artificialmente y le causaban sufrimiento.El caso de María Benito es el segundo en Perú relacionado con el derecho a una muerte digna, después del caso de Ana Estrada, quien fue la primera peruana en acceder a la eutanasia el 21 de abril. Ana Estrada, de 47 años, sufría de polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que la mantenía conectada a un respirador artificial. Después de una batalla judicial, pudo acceder a la eutanasia de acuerdo con un Plan y Protocolo de Muerte Digna ratificado por la Corte Suprema en julio de 2022.El comunicado enfatizó que la solicitud de María Benito estuvo respaldada por la Ley General de Salud, su reglamento y el Código de Ética Médica, y que la sentencia a su favor confirmó que rechazar un tratamiento médico, incluso de soporte vital, es un derecho fundamental.María Benito había vivido más de diez años con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad incurable y degenerativa que la dejó totalmente inmovilizada. A pesar de las dificultades, su decisión fue respaldada por la Justicia después de un proceso judicial de cinco meses.El 23 de febrero, Essalud confirmó que cumpliría con la sentencia a favor de Benito, luego de que un médico declarara que no desconectaría el respirador oficial que la mantenía con vida, a pesar del fallo judicial que autorizaba la solicitud de la paciente.El 1 de febrero, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda de Benito y ordenó a Essalud respetar la decisión de la paciente sobre cuándo llevar a cabo el retiro del tratamiento.
Denuncias que en diferentes momentos ha hecho la nueva administración de Medellín sobre presuntos casos de corrupción en diferentes entidades del conglomerado público, han llevado a que en los últimos entes de control pongan la lupa sobre varias de ellas.Nuevamente la más reciente es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá donde hace pocas horas la Procuraduría anunció una indagación a funcionarios aún por establecer frente a un posible manejo irregular de información.La situación tiene que ver puntualmente con las declaraciones que a mediados de abril entregó la actual directora de la entidad, Paula Palacio, quien señaló que tres computadores de la dirección y el área de contratación fueron formateados antes de ser entregados a la nueva administración."¿Qué querían borrar? una persona externa a la entidad y a la Unidad de Infraestructura Tecnológica, que se desempeñó como contratista de la entidad, al parecer por orden directa del exdirector supuestamente para hacer un backup y después de esto los equipos fueron sacados de la entidad y regresados ya de manera formateada. De esto también tienen conocimiento las autoridades competentes", dijo en su momento la funcionaria denunciante.A la par de esta posible anomalía, el ente de control destacó que avanza en la confirmación de irregularidades reportadas en la última auditoría realizada al conglomerado público del Distrito donde se identificaron un total de 13 posibles hechos de corrupción cometidos durante la administración de Daniel Quintero.Con la práctica de pruebas que se llevará a cabo en los próximos días busca establecerse los funcionarios que podrían haber incurrido en estas faltas y cuál debe ser su sanción.
Este domingo se vivirá un emocionante enfrentamiento en el cierre del grupo final del Sudamericano femenino Sub-20, donde la selección de Colombia se enfrentará a Paraguay. Este encuentro tendrá lugar en el estadio Modelo Alberto Spencer Herrera y promete ser una batalla intensa en la cancha desde el primer silbato.El equipo colombiano, dirigido por Carlos Paniagua, busca despedirse del torneo con una victoria que no solo mejoraría su posición en la tabla, sino que también serviría como un impulso moral para las jóvenes jugadoras. A lo largo del torneo, la selección tricolor ha mostrado tanto destreza técnica como táctica.Paraguay, por otro lado, no será un oponente fácil. Las guaraníes han demostrado ser un equipo fuerte, capaces de sorprender a sus adversarios en momentos críticos del juego.Siga el EN VIVO de Colombia vs. Paraguay
La actividad sísmica en el volcán Puracé se presentó en los últimos días con disminuciones, principalmente asociadas a fracturas, aunque en el caso del movimiento de fluidos se registró un aumento, el cual fue muy leve y se vio reflejado principalmente en la energía liberada. La mayor magnitud fue de 1.9 ML, principalmente por dos sismos registrados entre las dos y cuarto de la mañana de este domingo.“La altura máxima de la columna de gases que pudo observarse entre ayer y hoy fue de aproximadamente 300 m, medida desde la cima del volcán y con una dirección de dispersión hacia el occidente. Los procesos de deformación del suelo y las concentraciones de los gases dióxido de carbono (CO2) y dióxido de azufre (SO2) no mostraron cambios y sus valores continúan estando por encima de las líneas base conocidas para este volcán”, señaló el Servicio Geológico Colombiano.En el reporte de este domingo, 5 de mayo, deciden mantener la alerta naranja, ya que estos cambios y disminuciones en la actividad sísmica no significan que el volcán se haya estabilizado, sino que es posible que en los próximos días aumente y luego vuelva a disminuir de manera constante. Por lo tanto, aún se decide no volver a la escala amarilla, resaltando que esto requiere un tiempo de prudencia y análisis de todos los parámetros de monitoreo para asegurar que los niveles sí están bajando de manera constante debido a una estabilización en la actividad sísmica.“Recomendamos a la comunidad que conserve la calma y siga todas las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como de las autoridades locales. Además, estén atentos a la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano sobre la evolución del estado del volcán”, es el llamado que entrega la entidad de monitoreo a la población.
La Comisión Séptima del Senado desmintió, por medio de un comunicado, la difusión de un vídeo manipulado por medio de la inteligencia artificial (IA), que hablaba de la aprobación de un supuesto Proyecto de Ley que le daría acceso a los colombianos a un “programa nacional de inversiones en el que podrían invertir la suma de 985.000 pesos y ganar hasta 24 millones de pesos en tan solo un mes”.Esta comisión aclaró que esa información es falsa y que todo hace parte de un montaje, además, que no se ha tramitado ni aprobado ningún proyecto de inversiones con las características descritas en este video.Por otro lado, la Comisión invitó a todas las personas a verificar la información para no replicar noticias falsas: “Desde la Comisión Séptima instamos a la población a verificar siempre la veracidad de las fuentes antes de compartir cualquier contenido en redes sociales con el fin de no replicar informaciones que induzcan a engaños”, expresa el documento.Martha Peralta, senadora por el partido de Gobierno Pacto Histórico y presidenta de la Comisión Séptima, fue una de las víctimas a quien le suplantaron su imagen y voz para este fin. Lo mismo ocurrió con la senadora Norma Hurtado, quien también se pronunció y dijo que las afirmaciones de ese vídeo son completamente infundadas.Por último, la Comisión Séptima del Senado reitera su disposición para brindar información clara y veraz respecto a las decisiones que allí se tomen.