Los exmilitares colombianos se convierten en mercenarios en otros países debido a la debilidad del programa nacional de veteranos, la falta de oportunidades económicas y el nulo acceso a salud mental. Así lo advirtió Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), tras revelar que exmiembros del Ejército terminaron entrenando a menores de edad y combatiendo en la sangrienta guerra de Sudán.Gobertus explicó en Mañanas Blu 10:30 que Colombia es un "pool de gente apetecido" por su alta experiencia y entrenamiento en 60 años de conflicto armado. Sin embargo, los soldados y suboficiales se retiran a edades muy tempranas y quedan desamparados por el Estado."El programa de veteranos colombianos es supremamente débil", afirmó Gobertus, señalando que estas personas "no tienen acceso a la reconstrucción de un proyecto de vida en términos de inserción económica". Sin opciones legales en el país y con salarios ofrecidos en el exterior de entre 3.000 y 4.000 dólares (de 3 a 15 millones de pesos), los uniformados terminan en el "rebusque" de guerras extranjeras.La investigación de HRW detectó que las empresas colombianas reclutan al personal para conectarlo con firmas en Abu Dabi. Los exmilitares entran a Emiratos Árabes sin sellar pasaportes, entrenan en bases militares como Ghiyathi y Al Wathba, y luego son desplegados en Sudán como pilotos de drones o combatientes.El informe corroboró la presencia de estos mercenarios en la toma de Al-Fasher en octubre de 2025, junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar responsable de hambruna, abusos y violaciones sexuales masivas.HRW y alertas previas confirmaron además que los colombianos entrenaron a menores de edad reclutados por las FAR, un hecho constitutivo de crimen de guerra. Ante la gravedad de la situación, la organización solicitó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas investigue el rol de Emiratos Árabes y remita la información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.Escuche la entrevista completa aquí:
El informe “Llegaron al infierno”, presentado por Human Rights Watch (HRW), revela un estremecedor panorama sobre las torturas y abusos sufridos por más de 200 migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Las víctimas, deportadas desde Estados Unidos, fueron sometidas a golpizas diarias, desaparición forzada y tratos crueles durante los casi cuatro meses que permanecieron recluidas.En entrevista con Recap Blu, Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, describió el horror que enfrentaron los detenidos. “Los golpeaban por hablar duro, por reírse, por pedir atención médica o por bañarse fuera del horario permitido. Incluso los castigaban por protestar o por contarle a la Cruz Roja lo que estaban viviendo”, señaló. Según la organización, las agresiones incluían patadas, puños y golpes con palos, dejando secuelas físicas severas como rupturas de ligamentos, vómitos de sangre y fracturas.“Los guardias les decían que nunca saldrían vivos de allí, que sus familias los habían olvidado y que solo saldrían en bolsas negras”, relató Goebertus. Los migrantes fueron además objeto de castigos colectivos tras las visitas de delegaciones internacionales y luego de protestas pacíficas en las que escribieron con su propia sangre que “no eran terroristas ni criminales”.Aunque HRW no registró muertes de venezolanos dentro del CECOT, Goebertus precisó que más de 400 personas han muerto en cárceles salvadoreñas durante los tres años del régimen de excepción. “La desaparición forzada se configura porque estas personas fueron sacadas de toda protección legal. Sus familias dejaron de saber dónde estaban, sus nombres desaparecieron de las bases de datos del ICE en Estados Unidos y los gobiernos de ambos países nunca respondieron sobre su paradero”, explicó.El informe responsabiliza tanto al Gobierno de Bukele como a la administración Trump, que habría deportado a los venezolanos a El Salvador bajo el argumento de que eran “terroristas”. Sin embargo, HRW verificó los antecedentes de los 252 migrantes en Estados Unidos, Venezuela y otros países de tránsito, concluyendo que solo el 3 % había sido condenado por delitos violentos. Tras un acuerdo entre Estados Unidos, El Salvador y el régimen venezolano, los detenidos fueron liberados y enviados a Venezuela. Pero su pesadilla no terminó allí. “Muchos están siendo vigilados y hostigados por el SEBIN. Han recibido interrogatorios, amenazas y viven con miedo constante. Cuatro de ellos reportaron pensamientos suicidas y uno intentó quitarse la vida”, denunció Goebertus.La directora para las Américas de HRW confluyó diciendo que este calvario no se puede convertir en paisaje y mucho menos que quede en el olvido.
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, calificó como “ejecuciones extrajudiciales” los bombardeos realizados por Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, la representante de HRW afirmó que el país norteamericano ha realizado nueve ataques que han dejado 39 muertos, operaciones que, según dijo, violan el derecho internacional y los derechos humanos.“Independientemente de si allí había o no narcotraficantes, constituyen ejecuciones extrajudiciales. Estados Unidos no está en conflicto armado con Venezuela, ni con Colombia, ni con grupos criminales. Lo que hay aquí es criminalidad organizada que debe enfrentarse con todo el peso de la ley”, sostuvo.Goebertus recalcó que este tipo de acciones no se enmarcan en ningún conflicto armado reconocido, y por tanto no hay justificación legal para el uso de la fuerza letal como primera opción. “Lo que corresponde son operaciones de interdicción marítima, capturas y procesos judiciales, pero asesinarlos sin posibilidad de juicio es una ejecución extrajudicial”, dijo.¿Es ilegal bombardear en aguas internacionales?Frente al argumento del gobierno estadounidense de que los ataques se realizaron en aguas internacionales, la directora de HRW aclaró que eso no cambia su naturaleza ni los exime de responsabilidad.“Siguen siendo ejecuciones extrajudiciales. Lo que determina que sean aguas internacionales o no es quién estaría habilitado para investigar, pero eso no exime al gobierno de garantizar que no lanza operaciones militares ofensivas en un contexto de criminalidad organizada”, señaló.La abogada colombiana advirtió que la situación es aún más grave porque Estados Unidos no reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que dificulta que haya rendición de cuentas.“El excepcionalismo norteamericano pone sus acciones en un lugar de muchísima impunidad”, afirmó, aunque explicó que HRW está documentando los casos para determinar las nacionalidades de las víctimas y permitir que otros países puedan reclamar jurisdicción.Goebertus también se refirió al argumento del expresidente Donald Trump, quien presentó los ataques como parte de una guerra contra el narcotráfico. Según explicó, esa interpretación no tiene sustento jurídico.“El Derecho Internacional Humanitario ha señalado que la existencia de un conflicto armado no depende de una declaración política, sino de características objetivas sobre el nivel de organización y hostilidad. Este no es un conflicto armado, es criminalidad organizada”, dijo.Además, recordó que Trump no pidió autorización al Congreso para declarar una guerra o iniciar operaciones de ese tipo.“Este es doblemente ilegal: no cumple con los estándares internacionales ni con los domésticos dentro de Estados Unidos”, puntualizó.Sobre la versión del gobierno estadounidense que vincula al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua con el tráfico de drogas hacia EE. UU., Goebertus aseguró que se trata de una narrativa sin evidencia.“Dicen que son los principales productores de fentanilo, cosa que no tiene ninguna base de realidad. Lo que han hecho es mezclar información sin sustento, uniendo fenómenos criminales distintos en Venezuela, Colombia y otros países”, indicó.Aunque reconoció que en Venezuela existen graves violaciones de derechos humanos y corrupción bajo el régimen de Nicolás Maduro, aclaró que eso no constituye un conflicto armado.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los exjefes de las Farc por los secuestros cometidos entre 1993 y 2016 sigue generando debate. Human Rights Watch (HRW) advirtió que, si las sanciones no cumplen con los estándares internacionales de restricción efectiva de la libertad, el caso podría terminar bajo análisis de tribunales internacionales.Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, reconoció el valor histórico de que el antiguo secretariado de las Farc haya sido declarado responsable por crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Es realmente un hito muy importante, no solo por la atribución de esa responsabilidad internacional, sino porque el último secretariado en su conjunto reconoce su responsabilidad y de plano deja de justificar que estos fueran lo que en su momento llamaban retenciones con fines económicos”, señaló en entrevista con Mañanas Blu.Sin embargo, HRW cuestiona que las sanciones no aseguren una verdadera restricción de la libertad. “Lo que ayer se anuncia es un mecanismo de vigilancia electrónica (…) pero no queda claro que sea propiamente un brazalete, ni que exista un perímetro delimitado territorialmente como exige el acuerdo de paz”, explicó Goebertus.¿Qué exige el acuerdo de paz sobre estas sanciones?La representante de HRW recordó que el Acuerdo de Paz de 2016 estableció que los máximos responsables deberían cumplir entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad en espacios territoriales delimitados, además de realizar obras restaurativas. “El problema es que el discurso público se ha centrado en que las sanciones son netamente restaurativas, olvidando que el acuerdo incluye también un componente retributivo”, advirtió.Goebertus insistió en que sin un perímetro de reclusión claro y un monitoreo estricto, Colombia corre el riesgo de incumplir sus compromisos internacionales.¿Qué escenarios internacionales podrían abrirse?Según HRW, si la JEP no corrige el alcance de las sanciones en las apelaciones, dos rutas internacionales podrían activarse. La primera, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reabra el examen preliminar sobre Colombia, cerrado en 2021 bajo la condición de que hubiera sanciones proporcionales y efectivas. La segunda, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúe la compatibilidad de las sanciones con la Convención Americana.“Existen escenarios internacionales. La proporcionalidad es lo que se va a estudiar en la siguiente instancia (…) porque graves violaciones a derechos humanos deben ser sancionadas en proporcionalidad al daño cometido”, concluyó Goebertus.La sentencia de la JEP, que impuso ocho años de “restricción de derechos” a siete excomandantes de las Farc, sigue en firme, pero podrá ser apelada en los próximos días por las víctimas y sus representantes.
Human Rights Watch (HRW) ha emitido una contundente advertencia sobre el futuro de la Defensoría del Pueblo en Colombia, señalando un recorte presupuestal en la propuesta del Gobierno ante el Congreso que, de concretarse, tendría graves implicaciones para la protección de los derechos humanos y la seguridad en el país. La organización internacional de defensa de los derechos humanos ha manifestado su profunda preocupación por esta medida en un contexto de recrudecimiento de la violencia interna y una reducción significativa de la ayuda internacional. Juanita Goebertus, directora de la división Américas de Human Rights Watch, en diálogo con Mañanas Blu, subraya la seriedad de la situación, destacando que “esta reducción pondría en grave riesgo la posibilidad del Estado colombiano de proteger a estas comunidades”. La alerta se produce en un momento crítico para Colombia, donde la violencia en Colombia ha escalado, afectando a las comunidades más vulnerables y poniendo a prueba la capacidad de respuesta del Estado.El alcance del recorteEl propuesto recorte presupuestal a la Defensoría del Pueblo no es una cifra menor, especialmente cuando se analiza su impacto real. Aunque inicialmente se habla de un recorte del 3% respecto al presupuesto de 2025, la realidad es más compleja y alarmante. Juanita Goebertus aclara que este porcentaje no considera la inflación. “En términos reales sería una [reducción] porque si uno toma en cuenta lo que el Banco de la República tiene pensará que será la inflación de este año, la reducción real sería entre 7 y 8%,” explicó la directora de HRW. Más aún, la cifra se agrava al considerar lo que la propia Defensoría había solicitado para hacer frente a sus desafíos crecientes. “Es un 9.7% menos de lo que había solicitado la defensoría. Primero, corrigiendo básico por inflación, pero segundo de cara, justamente como señalabas, a los retos adicionales en materia de seguridad y de crisis humanitaria sumados a contexto electoral,” detalló. El llamado de Human Rights Watch es claro: el recorte presupuestal a la Defensoría del Pueblo es una medida que podría tener consecuencias desastrosas para la estabilidad social, la protección de los derechos humanos y la legitimidad del Estado en Colombia, especialmente en un momento de creciente violencia y un ciclo electoral próximo. La directora Juanita Goebertus concluyó su intervención agradeciendo la oportunidad de alertar sobre “esta reducción del 3% comparado con el 2025, pero que realmente sería mucho más para la Defensoría del Pueblo con lo importante que es esta institución”, una institución que históricamente ha sido un pilar fundamental para la defensa de los derechos humanos en el país. La falta de ayuda internacional hace aún más indispensable fortalecer las instituciones locales como la Defensoría.Escuche aquí la entrevista:
La reciente convocatoria del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a una consulta popular mediante decreto —denominada popularmente como decretazo— ha encendido las alarmas en la comunidad internacional. Human Rights Watch (HRW), a través de su directora para las Américas, Juanita Goebertus, manifestó su preocupación por lo que considera una vulneración al estado de derecho y a los compromisos internacionales asumidos por el país.HRW alerta sobre violación a la separación de poderesEn entrevista con Mañanas Blu, Goebertus expresó que el decreto presidencial contraviene disposiciones fundamentales de la Constitución de 1991, así como tratados internacionales en los que Colombia ha sido un actor protagónico. “El texto de la Constitución es supremamente claro: el presidente con la firma de todos los ministros puede convocar una consulta popular, pero debe tener el concepto previo favorable del Senado”, afirmó la directora de HRW. La ausencia de este requisito, añadió, constituye un “Atentado contra el estado de derecho y viola una obligación internacional de Colombia en materia de separación de poderes y de garantía de la independencia judicial”.La directora de HRW subrayó que su organización, con presencia y vigilancia en toda América Latina, actúa cada vez que detecta riesgos contra el equilibrio de los poderes públicos. En ese sentido, recordó casos recientes en los que HRW se pronunció frente a gobiernos como el de Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México, y Nayib Bukele en El Salvador.Petro responde: soberanía nacional en el centro del debateLa respuesta del presidente Petro no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano reclamó respeto a la soberanía del país: “Oigan, respeten la constitucionalidad o no. Es la decisión de una nación, un pueblo soberano, no de una organización extranjera”. Esta reacción contrasta, según señalaron analistas, con posturas anteriores del propio Petro cuando, desde la oposición, promovía la intervención y acompañamiento de organismos internacionales en los asuntos internos de Colombia.Para muchos observadores, la postura del presidente revela un cambio de perspectiva tras su llegada al poder. “Durante su historia política, Gustavo Petro ha sido un defensor de las ONGs, del trabajo de las organizaciones sociales, de los organismos multilaterales. Pero pareciera que una cosa es cuando es oposición y otra cosa cuando es el presidente”, comentó uno de los analistas en Blu Radio.Las obligaciones internacionales de Colombia en riesgoJuanita Goebertus detalló que Colombia, como firmante de múltiples tratados internacionales, tiene compromisos claros en materia de derechos humanos y democracia. “Colombia está sometido no sólo a las obligaciones básicas de derechos humanos, sino que ha participado ampliamente del desarrollo de derecho internacional, que está basado en un Estado de derecho, que cree en la separación de poderes, que tiene su centro en la garantía de la independencia judicial”, explicó.La experta advirtió que el decretazo podría abrir la puerta a demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos si no se respetan las garantías del debido proceso y el equilibrio de poderes. Sin embargo, destacó que primero deberán agotarse los recursos judiciales internos: “Yo confío plenamente en esas instituciones. Desde Human Rights Watch estaremos rodeando a estas instituciones y garantizando que sus decisiones sean acatadas en general por todos, pero en primer lugar, por el Presidente de la República”.Corte Constitucional y Consejo de Estado: los próximos pasosMientras tanto, el decreto presidencial ya fue radicado en la Corte Constitucional, donde el presidente de esa corporación, Jorge Enrique Ibáñez, asumirá el estudio del caso. El Consejo de Estado también podría tener un papel crucial en la revisión de la legalidad del acto administrativo. Sobre este escenario, Goebertus enfatizó: “Las instituciones deben actuar con total independencia, de manera transparente, sin estar sujetas a ningún tipo de presión por parte del gobierno nacional”.El debate jurídico promete ser complejo, pues se entrelazan mecanismos de control previo y posterior, demandas y tutelas que buscan frenar un proceso visto por muchos como un intento de concentrar el poder en el Ejecutivo. “Estamos ante un momento similar al que vivió Colombia cuando el expresidente Uribe buscó reformar la constitución para una segunda reelección. Las instituciones supieron poner límites y hasta ahí. Acá hay unos límites del Estado de derecho y de la garantía de que no se concentren funciones en el Poder Ejecutivo”, concluyó la directora de HRW.
Human Rights Watch (HRW) confirmó la muerte de al menos 24 personas en el marco de las recientes protestas post-electorales en Venezuela. Juanita Goebertu, directora de la División de las Américas de HRW, informó a través de sus redes sociales que 23 de las víctimas serían manifestantes o transeúntes, mientras que una sería un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. La organización está en proceso de verificar cada caso reportado.“Hasta el momento hemos recibido reportes creíbles de 24 muertes ocurridas en el contexto de las protestas post-electorales en Venezuela. Se trataría de 23 manifestantes o transeúntes y un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. Estamos verificando cada caso reportado”, escribió en sus redes sociales Juanita Goebertu, directora de la División de las Américas de Human Right WatchLas manifestaciones estallaron después de que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) divulgara "el 81%" de las actas electorales, que, según la oposición, indican una victoria contundente de Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. La ausencia de la publicación oficial de las actas por parte del ente electoral ha intensificado las protestas en el país.Desde las elecciones, miles de chavistas marcharon por Caracas en defensa de la paz y en apoyo a la reelección de Maduro, cuyo triunfo en los comicios del domingo pasado ha sido ampliamente cuestionado. Los motoristas, que recorrieron kilómetros tocando bocinas, y las concentraciones en diversos puntos de la ciudad demostraron el respaldo a la administración actual y rechazaron las acusaciones de fraude electoral.Las manifestaciones del chavismo también se replicaron en varias regiones del país, bajo el llamado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Por otro lado, la oposición, liderada por María Corina Machado, convocó a miles de venezolanos para escuchar su discurso en el que reafirmó la candidatura de González Urrutia.Desde el lunes, las protestas se han vuelto más violentas, con más de 2.000 detenidos en todo el país. El gobierno acusa a la PUD de intentar desestabilizar el país, mientras la oposición insiste en que las cifras electorales divulgadas demuestran su victoria.
La organización Human Rights Watch (HRW) pidió los gobiernos a no reconocer los resultados de las elecciones venezolana anunciados por el Consejo Nacional Electoral del país caribeño que dio como ganador a Nicolás Maduro "hasta que no se hagan públicas todas las actas electorales y se comuniquen a la oposición".La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, considera que la proclamación del Consejo Nacional Electoral sobre la victoria de Maduro en la madrugada del lunes con el 80 % de votos escrutados "es un movimiento descarado que atenta contra los derechos políticos de todos los venezolanos".Goebertus recuerda que es la propia ley venezolana la que establece que las victorias electorales deben proclamarse solo tras hacerse públicas las actas electorales y que sean comunicadas a la oposición.En diálogo con Mañanas Blu, aseguró que el modus operandi, es casi similar al que tiene Bukele en su país, y que ha sido duramente criticada por los gobiernos de izquierda de Latinoamérica. "Las imágenes que está presentando el mismo Nicolás Maduro francamente, aplican casi que una estética tipo Bukele a la represión de una dictadura como la de Venezuela. En este momento hay muchísimo miedo. Reportes de organizaciones de sociedad civil, defensores de derechos humanos, periodistas con profundo miedo por el nivel de represión que está desplegando", dijo. En ese sentido, reveló que la cantidad de fallecidos en medio de la represión cifra en 20 personas, "podemos decir que tenemos datos creíbles de 20 casos de personas fallecidas. El dato de heridos sigue sosteniéndose hasta el momento en 93 y desaparecidos en 17 casos". Reiteró que los datos van variando y se vuelve más difícil de hacer seguimiento con las detenciones que con el tiempo se vuelven inciertos.Finalmente, lamentó que en la OEA no se probara la resolución para exigir las actas al régimen venezolano. "Lo primero, señalar que fue una gran tristeza que no se aprobara la resolución en la OEA era una resolución que recogía los pronunciamientos que habían hecho los distintos gobiernos sobre la importancia de dar transparencia a las actas de cada uno de los puestos electorales, de generar un mecanismo de auditoría, sabiduría imparcial de los resultados", finalizó. Escuche aquí la entrevista:
Más de 30 exjefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina reprobaron la "inconstitucional inhabilitación" de la candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado, y afirmaron que esta "sigue siendo la legítima representante de la oposición".Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre el proceso electoral en Venezuela, luego de que el presidente Nicolás Maduro afirmara que van a ganar "por las buenas o por las malas".y agregó: “Más de 7.7 millones de venezolanos han tenido que migrar y Colombia es el país que más ha visto los efectos sociales y económicos de esa migración”.¿Por qué a HRW le preocupa el silencio de Colombia frente a lo que sucede en Venezuela?El presidente Gustavo Petro se ha mantenido al margen de lo que sucede en el vecino país. Goebertus mencionó que el mandatario nacional tienen un acceso privilegiado ante estas elecciones libres y justas y no ha hecho pronunciamiento alguno. Además, señaló las condiciones del Acuerdo de Barbados con el que establece que las partes puedan elegir libremente el candidato de su elección.“El presidente Petro hace parte de un grupo de líderes de América latina más cercanos a una visión de izquierda que han buscado canales diplomáticos en Venezuela, pero esos canales deben ser usados para devolver la democracia a Venezuela, por eso insistimos que el presidente Petro use ese canal de acceso para lograr la habilitación de María Corona Machado”, señaló.Finalmente, Goebertus indicó cuáles serían las consecuencias del silencio del mandatario nacional ante la situación política que vive el vecino país.“Lo primero es señalar que habría una profunda incoherencia del presidente Petro por lo que hizo, en su momento, con el expresidente Pedro Castillo, de Perú, que salió muy vehemente a rechazar la destitución del Congreso peruano y cuando en Colombia se pronuncia por las decisiones de la Procuraduría cuando inhabilita funcionarios de elección popular. Quedaría muy afectada la coherencia del presidente en la defensa del derecho al voto y la participación política” enfatizó.Escuche la entrevista completa acá:
Juanita Goebertus, directora de la división de Las Américas de Human Right Watch (HRW), habló en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, acerca de los retos en materia de derechos humanos que plantea la visita del presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela.“[Petro] tiene que exigirle al régimen de Maduro algo a cambio de simplemente ir a sentarse con él, detrás de eso no puede estar tomarse una foto y reactivarse unas relaciones que le interesan a Colombia. Si la reunión de hoy no resulta en algunos compromisos concretos de parte del régimen de Maduro, esas expresiones de empatía se habrían quedado en palabras”, declaró Goebertus.Según la directora de HRW para Las Américas, las peores violaciones de derechos humanos en Venezuela se dieron durante la serie de protestas que se sucedieron hace ocho años y que desembocaron en una cruda represión. “Los momentos de más graves violaciones a derechos humanos en Venezuela han ocurrido entre 2014 y 2017”, señaló.“En la frontera colombo-venezolana desde hace varios años hay un descontrol absoluto. Hay una disputa territorial constante entre el ELN, disidencias de Farc y distintos grupos de crimen organizado”, observó, además, Goebertus.
Un temblor de magnitud 7.4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).El temblor se sintió a las 07.34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.El terremoto se sintió en territorio nacional, generando pánico y preocupación entre los colombianos. Estas son las imágenes que deja el momento.
Un sismo de magnitud 7,4 sacudió buena parte del territorio colombiano durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a. m., hora local, y tuvo como epicentro un punto ubicado a 20 kilómetros de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Según el reporte actualizado del SGC, el evento tuvo una profundidad de 96 kilómetros, con coordenadas aproximadas de 5,04 grados de latitud y -76,34 grados de longitud.UNGRD activa protocolos tras el fuerte sismo en ColombiaTras el movimiento telúrico, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó los protocolos de seguimiento y verificación en las diferentes zonas del país donde fue percibido.La entidad informó que mantiene comunicación con las autoridades territoriales y con las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) para establecer si se presentaron daños o afectaciones.“Desde la UNGRD mantenemos comunicación con las autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (#SNGRD) para verificar posibles afectaciones”, informó la entidad.Por ahora, el proceso se concentra en recopilar reportes de las regiones donde la intensidad del movimiento fue mayor y determinar si existen afectaciones en viviendas, infraestructura, vías o servicios públicos.Sismo se sintió en varias ciudades de ColombiaLa magnitud del evento hizo que el temblor fuera percibido en diferentes departamentos del país.Los reportes ciudadanos señalaron que el movimiento se sintió en ciudades como Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué, entre otras zonas del occidente y centro de Colombia.La profundidad del sismo, establecida en 96 kilómetros, también es un factor relevante para explicar que las ondas sísmicas fueran percibidas a una distancia considerable del epicentro.¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy?El epicentro del sismo de este lunes 10 de agosto de 2026 fue localizado por el Servicio Geológico Colombiano a 20 kilómetros de San José del Palmar, Chocó.El boletín actualizado establece:Hora: 7:34 a. m.Magnitud: 7,4Epicentro: 20 km de San José del Palmar, ChocóProfundidad: 96 kmLatitud: 5,04Longitud: -76,34El SGC advierte que la información de sus boletines sísmicos está sujeta a cambios mientras avanzan los procesos de revisión y procesamiento de los datos.
Un fuerte sismo de magnitud preliminar 7.4 se registró en Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. Según el informe preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 07:34 hora local.El reporte gráfico publicado por la entidad técnica ubica el epicentro del evento sísmico en el occidente del territorio nacional, en una zona limítrofe entre los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, con afectación percibida en varias regiones del centro y suroccidente del país.Detalles del informe preliminar del Servicio Geológico ColombianoDe acuerdo con el boletín preliminar oficial del Servicio Geológico Colombiano, la información procesada de manera automática señala los siguientes datos del evento sísmico:Fecha y hora: 10 de agosto de 2026 a las 07:34 (hora local).Magnitud: 7.4 en la escala de Richter.Ubicación del epicentro: Suroccidente y región del Pacífico colombiano.La entidad aclaró en su reporte inicial que la información proporcionada en el mapa es automática y preliminar, por lo que aún no ha sido revisada en su totalidad por un sismólogo. Asimismo, el SGC precisó que los datos oficiales definitivos de la localización de los eventos ocurridos en el área sombreada corresponden al procesamiento técnico posterior e información de agencias sismológicas internacionales, sujeto a actualización según avance la revisión.Reporte de la UNGRD y seguimiento a posibles afectacionesTras el movimiento sísmico, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activó los protocolos de verificación en las distintas regiones donde se sintió el sismo."Desde la UNGRD mantenemos comunicación con las autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (#SNGRD) para verificar posibles afectaciones", informó la entidad técnica a través de sus canales oficiales.Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano indicó que, si bien el boletín preliminar generado por sus sistemas automáticos calculó inicialmente una magnitud de 6,7 en la franja pacífica, la revisión detallada fijó la magnitud del evento en 7.4 con una profundidad de 79 kilómetros en jurisdicción del Chocó.Percepción del sismo en el territorio nacionalDebido a la magnitud de 7.4 y la profundidad de 79 kilómetros, el sismo se percibió con fuerza en varios departamentos del occidente, centro y suroccidente de Colombia. Pobladores de ciudades principales como Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué y Bogotá reportaron haber sentido la sacudida.Sensación del sismo en el territorio nacionalPor la magnitud del evento, las ondas sísmicas alcanzaron a percibirse en principales centros urbanos del país, entre los que se destacan ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué y Bogotá. Habitantes de diversas zonas residenciales e institucionales reportaron la evacuación preventiva de edificaciones tras la sacudida inicial.Hasta el momento de emisión de este reporte, las autoridades locales de gestión del riesgo y los cuerpos de bomberos municipales adelantan el monitoreo en los departamentos más cercanos al epicentro para evaluar posibles afectaciones en infraestructuras físicas o líneas de servicios públicos.
La captura de alias ‘Bonito’ o ‘Boni’, señalado como segundo cabecilla de los ‘Comandos de Frontera’ e integrante de las disidencias de las Farc, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país. El coronel Styk Reyes, comandante del Gaula Militar, confirmó que este objetivo de alto valor utilizaba tácticas de ocultamiento sofisticadas, que incluían intervenciones quirúrgicas para modificar su apariencia física y evadir a las autoridades.¿Quién es alias ‘Bonito’ y por qué era un objetivo prioritario?Alias ‘Bonito’ mantenía una trayectoria criminal de más de 20 años. Según el coronel Reyes, el capturado no solo tenía injerencia en departamentos como Caquetá, Huila y Putumayo, sino que extendía sus tentáculos hasta el Amazonas y el vecino país de Ecuador. “Coordinaba todas las actividades de narcotráfico y acciones contra la fuerza pública y población civil. Tenía un alcance importante”, explicó el oficial. Este hombre, que respondía a cabecillas como alias ‘El Árabe’, era pieza clave en el control de economías ilícitas y el sicariato en la región.¿Cómo lograba evadir a las autoridades este cabecilla?La investigación reveló que ‘Bonito’ adoptó el perfil de los denominados "narcos invisibles". En lugar de refugiarse en campamentos tradicionales en la selva, el criminal se hacía pasar por un próspero empresario o ganadero de la región. Esta fachada, sumada a su capacidad económica, le permitía vivir en propiedades de lujo que contrastaban con su actividad delictiva.El aspecto físico fue una de sus herramientas de camuflaje más recurrentes. "Estos sujetos, con su capacidad económica, pueden lograr cambios en su aspecto con cirugías. Al parecer sí se había hecho algunas mejoras o cambios en su fisonomía, por eso no era tan fácil llegar a ellos", señaló el coronel Reyes.¿Qué implica esta captura para la seguridad en el Meta?La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, resaltó que este resultado es fruto de una fuerza pública que hoy se siente "más confiada y tranquila" para ejecutar operativos. La mandataria enfatizó que, más allá de la acción militar, es imperativo un trabajo mancomunado que incluya la presencia integral del Estado. “Necesitamos llegarle más a la población con inversión en vías, salud y educación, para contrarrestar el control territorial que ejercen estos grupos insurgentes mediante la coerción a las comunidades”, indicó la gobernadora.Tras ser conducido a Bogotá, alias ‘Bonito’ quedó a disposición de las autoridades competentes. La operación, que requirió meses de trabajo conjunto entre el Gaula, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial, es vista como un golpe contundente a la estructura de los ‘Comandos de Frontera’, debilitando así la cadena de mando del narcotráfico en el sur del país.
La gobernadora del departamento del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, respaldó las recientes acciones de la fuerza pública en el territorio departamental tras la concreción de operaciones militares contra estructuras de las disidencias de las FARC pertenecientes al mando de alias Iván Mordisco. En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria territorial analizó el impacto operativo registrado en el municipio de Mapiripán, donde se produjo la captura de alias Bonito y la neutralización de alias El Ruso.Operativa militar y disputas territoriales en MapiripánEl municipio de Mapiripán, caracterizado por su extensión geográfica y su posición limítrofe con el departamento del Guaviare, se ha consolidado como un punto estratégico en las dinámicas delictivas de la región. De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, esta zona enfrenta complejos desafíos de seguridad debido a la confrontación directa entre distintas facciones armadas ilegales.Durante el despliegue militar reciente, las autoridades ejecutaron la captura de alias Bonito, presunto integrante de la estructura de alias Iván Mordisco, a quien se le atribuyen actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el amedrentamiento a la población local. Asimismo, en el marco de estos mismos procedimientos, las fuerzas armadas reportaron la baja de alias El Ruso (también conocido como alias El Alemán), señalando su rol como presunto cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias, desplazado desde el departamento de Arauca con la consigna de disputar el control territorial frente a los grupos comandados por alias Calarcá."Mapiripán es uno de los municipios más extensos del departamento, pero es uno de los municipios también que tiene unos problemas de seguridad muy fuertes porque aquí están estos grupos peleándose esta zona. Ayer se capturó a Leal Bonito, quien hace parte de la estructura de Iván Mordisco, un delincuente que hacía muchísimo tiempo estaba incursionando por ese sector generando extorsión, zozobra"."Este señalado como el cabecilla principal de la estructura 28 de la disidencia de las FARC de Iván Mordisco... ahí es cuando uno empieza a decir, vea que sí funciona un gobierno que llega con mano fuerte y cuando toma decisiones claras frente a nuestras fuerzas militares".Evaluación del rol de la fuerza pública y la postura institucionalAl ser indagada sobre la inmediatez de los resultados operativos tras el cambio de mando en la Presidencia de la República, asumida formalmente por Abelardo de La Espriella, la gobernadora del Meta manifestó su perspectiva sobre la operatividad de las tropas en el territorio y la determinación ejecutiva en materia de orden público.Cortés argumentó que, según su lectura institucional, existía prevención en las actuaciones de los mandos militares en periodos anteriores debido a la incertidumbre sobre la condición jurídica de algunos integrantes de grupos armados en el marco de acercamientos de paz."Siempre he sentido que ellos no saben si es por este lado, si están algunos grupos que son gestores de paz, y si estos están en procesos de paz... Entonces siempre como ese temor... Y ya habíamos visto varios casos que habían pasado de nuestras fuerzas militares actuando, en algunos casos capturando alguna de estas personas, pero después o removían al comandante o al coronel que estuviera haciendo el operativo de las fuerzas militares o soltaban al otro día a los capturados".Articulación regional y recursos para la seguridad públicaLa administración departamental del Meta ha reiterado que mantendrá el esquema de colaboración con la fuerza pública mediante el uso de herramientas como bolsas de recompensas, apoyo logístico y articulación con la ciudadanía para incentivar la denuncia comunitaria.La mandataria señaló que la inteligencia militar ha mantenido un seguimiento constante a los movimientos de las organizaciones al margen de la ley en la Orinoquía, por lo que la efectividad de las acciones armadas del Estado requiere un respaldo político e institucional permanente a los procedimientos en terreno."Nosotros felices como departamento del Meta y con toda la disposición, los recursos, con todo el acompañamiento y con, por supuesto, con la comunidad para que nos denuncien estos casos, para que nuestras fuerzas armadas, fuerzas militares puedan llegar a realizar estas capturas y podamos avanzar en temas de seguridad. Ya tenemos un gobierno que le cree a la fuerza pública, ya tenemos un gobierno que acompaña las operaciones de la fuerza pública... Vamos a actuar con todas nuestras fuerzas militares, con toda la inteligencia, y por supuesto con todos los recursos posibles para podernos mermar y combatir estos grupos insurgentes".
