Los exmilitares colombianos se convierten en mercenarios en otros países debido a la debilidad del programa nacional de veteranos, la falta de oportunidades económicas y el nulo acceso a salud mental. Así lo advirtió Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), tras revelar que exmiembros del Ejército terminaron entrenando a menores de edad y combatiendo en la sangrienta guerra de Sudán.Gobertus explicó en Mañanas Blu 10:30 que Colombia es un "pool de gente apetecido" por su alta experiencia y entrenamiento en 60 años de conflicto armado. Sin embargo, los soldados y suboficiales se retiran a edades muy tempranas y quedan desamparados por el Estado."El programa de veteranos colombianos es supremamente débil", afirmó Gobertus, señalando que estas personas "no tienen acceso a la reconstrucción de un proyecto de vida en términos de inserción económica". Sin opciones legales en el país y con salarios ofrecidos en el exterior de entre 3.000 y 4.000 dólares (de 3 a 15 millones de pesos), los uniformados terminan en el "rebusque" de guerras extranjeras.La investigación de HRW detectó que las empresas colombianas reclutan al personal para conectarlo con firmas en Abu Dabi. Los exmilitares entran a Emiratos Árabes sin sellar pasaportes, entrenan en bases militares como Ghiyathi y Al Wathba, y luego son desplegados en Sudán como pilotos de drones o combatientes.El informe corroboró la presencia de estos mercenarios en la toma de Al-Fasher en octubre de 2025, junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar responsable de hambruna, abusos y violaciones sexuales masivas.HRW y alertas previas confirmaron además que los colombianos entrenaron a menores de edad reclutados por las FAR, un hecho constitutivo de crimen de guerra. Ante la gravedad de la situación, la organización solicitó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas investigue el rol de Emiratos Árabes y remita la información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.Escuche la entrevista completa aquí:
El informe “Llegaron al infierno”, presentado por Human Rights Watch (HRW), revela un estremecedor panorama sobre las torturas y abusos sufridos por más de 200 migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Las víctimas, deportadas desde Estados Unidos, fueron sometidas a golpizas diarias, desaparición forzada y tratos crueles durante los casi cuatro meses que permanecieron recluidas.En entrevista con Recap Blu, Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, describió el horror que enfrentaron los detenidos. “Los golpeaban por hablar duro, por reírse, por pedir atención médica o por bañarse fuera del horario permitido. Incluso los castigaban por protestar o por contarle a la Cruz Roja lo que estaban viviendo”, señaló. Según la organización, las agresiones incluían patadas, puños y golpes con palos, dejando secuelas físicas severas como rupturas de ligamentos, vómitos de sangre y fracturas.“Los guardias les decían que nunca saldrían vivos de allí, que sus familias los habían olvidado y que solo saldrían en bolsas negras”, relató Goebertus. Los migrantes fueron además objeto de castigos colectivos tras las visitas de delegaciones internacionales y luego de protestas pacíficas en las que escribieron con su propia sangre que “no eran terroristas ni criminales”.Aunque HRW no registró muertes de venezolanos dentro del CECOT, Goebertus precisó que más de 400 personas han muerto en cárceles salvadoreñas durante los tres años del régimen de excepción. “La desaparición forzada se configura porque estas personas fueron sacadas de toda protección legal. Sus familias dejaron de saber dónde estaban, sus nombres desaparecieron de las bases de datos del ICE en Estados Unidos y los gobiernos de ambos países nunca respondieron sobre su paradero”, explicó.El informe responsabiliza tanto al Gobierno de Bukele como a la administración Trump, que habría deportado a los venezolanos a El Salvador bajo el argumento de que eran “terroristas”. Sin embargo, HRW verificó los antecedentes de los 252 migrantes en Estados Unidos, Venezuela y otros países de tránsito, concluyendo que solo el 3 % había sido condenado por delitos violentos. Tras un acuerdo entre Estados Unidos, El Salvador y el régimen venezolano, los detenidos fueron liberados y enviados a Venezuela. Pero su pesadilla no terminó allí. “Muchos están siendo vigilados y hostigados por el SEBIN. Han recibido interrogatorios, amenazas y viven con miedo constante. Cuatro de ellos reportaron pensamientos suicidas y uno intentó quitarse la vida”, denunció Goebertus.La directora para las Américas de HRW confluyó diciendo que este calvario no se puede convertir en paisaje y mucho menos que quede en el olvido.
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, calificó como “ejecuciones extrajudiciales” los bombardeos realizados por Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, la representante de HRW afirmó que el país norteamericano ha realizado nueve ataques que han dejado 39 muertos, operaciones que, según dijo, violan el derecho internacional y los derechos humanos.“Independientemente de si allí había o no narcotraficantes, constituyen ejecuciones extrajudiciales. Estados Unidos no está en conflicto armado con Venezuela, ni con Colombia, ni con grupos criminales. Lo que hay aquí es criminalidad organizada que debe enfrentarse con todo el peso de la ley”, sostuvo.Goebertus recalcó que este tipo de acciones no se enmarcan en ningún conflicto armado reconocido, y por tanto no hay justificación legal para el uso de la fuerza letal como primera opción. “Lo que corresponde son operaciones de interdicción marítima, capturas y procesos judiciales, pero asesinarlos sin posibilidad de juicio es una ejecución extrajudicial”, dijo.¿Es ilegal bombardear en aguas internacionales?Frente al argumento del gobierno estadounidense de que los ataques se realizaron en aguas internacionales, la directora de HRW aclaró que eso no cambia su naturaleza ni los exime de responsabilidad.“Siguen siendo ejecuciones extrajudiciales. Lo que determina que sean aguas internacionales o no es quién estaría habilitado para investigar, pero eso no exime al gobierno de garantizar que no lanza operaciones militares ofensivas en un contexto de criminalidad organizada”, señaló.La abogada colombiana advirtió que la situación es aún más grave porque Estados Unidos no reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que dificulta que haya rendición de cuentas.“El excepcionalismo norteamericano pone sus acciones en un lugar de muchísima impunidad”, afirmó, aunque explicó que HRW está documentando los casos para determinar las nacionalidades de las víctimas y permitir que otros países puedan reclamar jurisdicción.Goebertus también se refirió al argumento del expresidente Donald Trump, quien presentó los ataques como parte de una guerra contra el narcotráfico. Según explicó, esa interpretación no tiene sustento jurídico.“El Derecho Internacional Humanitario ha señalado que la existencia de un conflicto armado no depende de una declaración política, sino de características objetivas sobre el nivel de organización y hostilidad. Este no es un conflicto armado, es criminalidad organizada”, dijo.Además, recordó que Trump no pidió autorización al Congreso para declarar una guerra o iniciar operaciones de ese tipo.“Este es doblemente ilegal: no cumple con los estándares internacionales ni con los domésticos dentro de Estados Unidos”, puntualizó.Sobre la versión del gobierno estadounidense que vincula al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua con el tráfico de drogas hacia EE. UU., Goebertus aseguró que se trata de una narrativa sin evidencia.“Dicen que son los principales productores de fentanilo, cosa que no tiene ninguna base de realidad. Lo que han hecho es mezclar información sin sustento, uniendo fenómenos criminales distintos en Venezuela, Colombia y otros países”, indicó.Aunque reconoció que en Venezuela existen graves violaciones de derechos humanos y corrupción bajo el régimen de Nicolás Maduro, aclaró que eso no constituye un conflicto armado.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los exjefes de las Farc por los secuestros cometidos entre 1993 y 2016 sigue generando debate. Human Rights Watch (HRW) advirtió que, si las sanciones no cumplen con los estándares internacionales de restricción efectiva de la libertad, el caso podría terminar bajo análisis de tribunales internacionales.Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, reconoció el valor histórico de que el antiguo secretariado de las Farc haya sido declarado responsable por crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Es realmente un hito muy importante, no solo por la atribución de esa responsabilidad internacional, sino porque el último secretariado en su conjunto reconoce su responsabilidad y de plano deja de justificar que estos fueran lo que en su momento llamaban retenciones con fines económicos”, señaló en entrevista con Mañanas Blu.Sin embargo, HRW cuestiona que las sanciones no aseguren una verdadera restricción de la libertad. “Lo que ayer se anuncia es un mecanismo de vigilancia electrónica (…) pero no queda claro que sea propiamente un brazalete, ni que exista un perímetro delimitado territorialmente como exige el acuerdo de paz”, explicó Goebertus.¿Qué exige el acuerdo de paz sobre estas sanciones?La representante de HRW recordó que el Acuerdo de Paz de 2016 estableció que los máximos responsables deberían cumplir entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad en espacios territoriales delimitados, además de realizar obras restaurativas. “El problema es que el discurso público se ha centrado en que las sanciones son netamente restaurativas, olvidando que el acuerdo incluye también un componente retributivo”, advirtió.Goebertus insistió en que sin un perímetro de reclusión claro y un monitoreo estricto, Colombia corre el riesgo de incumplir sus compromisos internacionales.¿Qué escenarios internacionales podrían abrirse?Según HRW, si la JEP no corrige el alcance de las sanciones en las apelaciones, dos rutas internacionales podrían activarse. La primera, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reabra el examen preliminar sobre Colombia, cerrado en 2021 bajo la condición de que hubiera sanciones proporcionales y efectivas. La segunda, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúe la compatibilidad de las sanciones con la Convención Americana.“Existen escenarios internacionales. La proporcionalidad es lo que se va a estudiar en la siguiente instancia (…) porque graves violaciones a derechos humanos deben ser sancionadas en proporcionalidad al daño cometido”, concluyó Goebertus.La sentencia de la JEP, que impuso ocho años de “restricción de derechos” a siete excomandantes de las Farc, sigue en firme, pero podrá ser apelada en los próximos días por las víctimas y sus representantes.
Human Rights Watch (HRW) ha emitido una contundente advertencia sobre el futuro de la Defensoría del Pueblo en Colombia, señalando un recorte presupuestal en la propuesta del Gobierno ante el Congreso que, de concretarse, tendría graves implicaciones para la protección de los derechos humanos y la seguridad en el país. La organización internacional de defensa de los derechos humanos ha manifestado su profunda preocupación por esta medida en un contexto de recrudecimiento de la violencia interna y una reducción significativa de la ayuda internacional. Juanita Goebertus, directora de la división Américas de Human Rights Watch, en diálogo con Mañanas Blu, subraya la seriedad de la situación, destacando que “esta reducción pondría en grave riesgo la posibilidad del Estado colombiano de proteger a estas comunidades”. La alerta se produce en un momento crítico para Colombia, donde la violencia en Colombia ha escalado, afectando a las comunidades más vulnerables y poniendo a prueba la capacidad de respuesta del Estado.El alcance del recorteEl propuesto recorte presupuestal a la Defensoría del Pueblo no es una cifra menor, especialmente cuando se analiza su impacto real. Aunque inicialmente se habla de un recorte del 3% respecto al presupuesto de 2025, la realidad es más compleja y alarmante. Juanita Goebertus aclara que este porcentaje no considera la inflación. “En términos reales sería una [reducción] porque si uno toma en cuenta lo que el Banco de la República tiene pensará que será la inflación de este año, la reducción real sería entre 7 y 8%,” explicó la directora de HRW. Más aún, la cifra se agrava al considerar lo que la propia Defensoría había solicitado para hacer frente a sus desafíos crecientes. “Es un 9.7% menos de lo que había solicitado la defensoría. Primero, corrigiendo básico por inflación, pero segundo de cara, justamente como señalabas, a los retos adicionales en materia de seguridad y de crisis humanitaria sumados a contexto electoral,” detalló. El llamado de Human Rights Watch es claro: el recorte presupuestal a la Defensoría del Pueblo es una medida que podría tener consecuencias desastrosas para la estabilidad social, la protección de los derechos humanos y la legitimidad del Estado en Colombia, especialmente en un momento de creciente violencia y un ciclo electoral próximo. La directora Juanita Goebertus concluyó su intervención agradeciendo la oportunidad de alertar sobre “esta reducción del 3% comparado con el 2025, pero que realmente sería mucho más para la Defensoría del Pueblo con lo importante que es esta institución”, una institución que históricamente ha sido un pilar fundamental para la defensa de los derechos humanos en el país. La falta de ayuda internacional hace aún más indispensable fortalecer las instituciones locales como la Defensoría.Escuche aquí la entrevista:
La reciente convocatoria del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a una consulta popular mediante decreto —denominada popularmente como decretazo— ha encendido las alarmas en la comunidad internacional. Human Rights Watch (HRW), a través de su directora para las Américas, Juanita Goebertus, manifestó su preocupación por lo que considera una vulneración al estado de derecho y a los compromisos internacionales asumidos por el país.HRW alerta sobre violación a la separación de poderesEn entrevista con Mañanas Blu, Goebertus expresó que el decreto presidencial contraviene disposiciones fundamentales de la Constitución de 1991, así como tratados internacionales en los que Colombia ha sido un actor protagónico. “El texto de la Constitución es supremamente claro: el presidente con la firma de todos los ministros puede convocar una consulta popular, pero debe tener el concepto previo favorable del Senado”, afirmó la directora de HRW. La ausencia de este requisito, añadió, constituye un “Atentado contra el estado de derecho y viola una obligación internacional de Colombia en materia de separación de poderes y de garantía de la independencia judicial”.La directora de HRW subrayó que su organización, con presencia y vigilancia en toda América Latina, actúa cada vez que detecta riesgos contra el equilibrio de los poderes públicos. En ese sentido, recordó casos recientes en los que HRW se pronunció frente a gobiernos como el de Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México, y Nayib Bukele en El Salvador.Petro responde: soberanía nacional en el centro del debateLa respuesta del presidente Petro no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano reclamó respeto a la soberanía del país: “Oigan, respeten la constitucionalidad o no. Es la decisión de una nación, un pueblo soberano, no de una organización extranjera”. Esta reacción contrasta, según señalaron analistas, con posturas anteriores del propio Petro cuando, desde la oposición, promovía la intervención y acompañamiento de organismos internacionales en los asuntos internos de Colombia.Para muchos observadores, la postura del presidente revela un cambio de perspectiva tras su llegada al poder. “Durante su historia política, Gustavo Petro ha sido un defensor de las ONGs, del trabajo de las organizaciones sociales, de los organismos multilaterales. Pero pareciera que una cosa es cuando es oposición y otra cosa cuando es el presidente”, comentó uno de los analistas en Blu Radio.Las obligaciones internacionales de Colombia en riesgoJuanita Goebertus detalló que Colombia, como firmante de múltiples tratados internacionales, tiene compromisos claros en materia de derechos humanos y democracia. “Colombia está sometido no sólo a las obligaciones básicas de derechos humanos, sino que ha participado ampliamente del desarrollo de derecho internacional, que está basado en un Estado de derecho, que cree en la separación de poderes, que tiene su centro en la garantía de la independencia judicial”, explicó.La experta advirtió que el decretazo podría abrir la puerta a demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos si no se respetan las garantías del debido proceso y el equilibrio de poderes. Sin embargo, destacó que primero deberán agotarse los recursos judiciales internos: “Yo confío plenamente en esas instituciones. Desde Human Rights Watch estaremos rodeando a estas instituciones y garantizando que sus decisiones sean acatadas en general por todos, pero en primer lugar, por el Presidente de la República”.Corte Constitucional y Consejo de Estado: los próximos pasosMientras tanto, el decreto presidencial ya fue radicado en la Corte Constitucional, donde el presidente de esa corporación, Jorge Enrique Ibáñez, asumirá el estudio del caso. El Consejo de Estado también podría tener un papel crucial en la revisión de la legalidad del acto administrativo. Sobre este escenario, Goebertus enfatizó: “Las instituciones deben actuar con total independencia, de manera transparente, sin estar sujetas a ningún tipo de presión por parte del gobierno nacional”.El debate jurídico promete ser complejo, pues se entrelazan mecanismos de control previo y posterior, demandas y tutelas que buscan frenar un proceso visto por muchos como un intento de concentrar el poder en el Ejecutivo. “Estamos ante un momento similar al que vivió Colombia cuando el expresidente Uribe buscó reformar la constitución para una segunda reelección. Las instituciones supieron poner límites y hasta ahí. Acá hay unos límites del Estado de derecho y de la garantía de que no se concentren funciones en el Poder Ejecutivo”, concluyó la directora de HRW.
Human Rights Watch (HRW) confirmó la muerte de al menos 24 personas en el marco de las recientes protestas post-electorales en Venezuela. Juanita Goebertu, directora de la División de las Américas de HRW, informó a través de sus redes sociales que 23 de las víctimas serían manifestantes o transeúntes, mientras que una sería un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. La organización está en proceso de verificar cada caso reportado.“Hasta el momento hemos recibido reportes creíbles de 24 muertes ocurridas en el contexto de las protestas post-electorales en Venezuela. Se trataría de 23 manifestantes o transeúntes y un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. Estamos verificando cada caso reportado”, escribió en sus redes sociales Juanita Goebertu, directora de la División de las Américas de Human Right WatchLas manifestaciones estallaron después de que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) divulgara "el 81%" de las actas electorales, que, según la oposición, indican una victoria contundente de Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. La ausencia de la publicación oficial de las actas por parte del ente electoral ha intensificado las protestas en el país.Desde las elecciones, miles de chavistas marcharon por Caracas en defensa de la paz y en apoyo a la reelección de Maduro, cuyo triunfo en los comicios del domingo pasado ha sido ampliamente cuestionado. Los motoristas, que recorrieron kilómetros tocando bocinas, y las concentraciones en diversos puntos de la ciudad demostraron el respaldo a la administración actual y rechazaron las acusaciones de fraude electoral.Las manifestaciones del chavismo también se replicaron en varias regiones del país, bajo el llamado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Por otro lado, la oposición, liderada por María Corina Machado, convocó a miles de venezolanos para escuchar su discurso en el que reafirmó la candidatura de González Urrutia.Desde el lunes, las protestas se han vuelto más violentas, con más de 2.000 detenidos en todo el país. El gobierno acusa a la PUD de intentar desestabilizar el país, mientras la oposición insiste en que las cifras electorales divulgadas demuestran su victoria.
La organización Human Rights Watch (HRW) pidió los gobiernos a no reconocer los resultados de las elecciones venezolana anunciados por el Consejo Nacional Electoral del país caribeño que dio como ganador a Nicolás Maduro "hasta que no se hagan públicas todas las actas electorales y se comuniquen a la oposición".La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, considera que la proclamación del Consejo Nacional Electoral sobre la victoria de Maduro en la madrugada del lunes con el 80 % de votos escrutados "es un movimiento descarado que atenta contra los derechos políticos de todos los venezolanos".Goebertus recuerda que es la propia ley venezolana la que establece que las victorias electorales deben proclamarse solo tras hacerse públicas las actas electorales y que sean comunicadas a la oposición.En diálogo con Mañanas Blu, aseguró que el modus operandi, es casi similar al que tiene Bukele en su país, y que ha sido duramente criticada por los gobiernos de izquierda de Latinoamérica. "Las imágenes que está presentando el mismo Nicolás Maduro francamente, aplican casi que una estética tipo Bukele a la represión de una dictadura como la de Venezuela. En este momento hay muchísimo miedo. Reportes de organizaciones de sociedad civil, defensores de derechos humanos, periodistas con profundo miedo por el nivel de represión que está desplegando", dijo. En ese sentido, reveló que la cantidad de fallecidos en medio de la represión cifra en 20 personas, "podemos decir que tenemos datos creíbles de 20 casos de personas fallecidas. El dato de heridos sigue sosteniéndose hasta el momento en 93 y desaparecidos en 17 casos". Reiteró que los datos van variando y se vuelve más difícil de hacer seguimiento con las detenciones que con el tiempo se vuelven inciertos.Finalmente, lamentó que en la OEA no se probara la resolución para exigir las actas al régimen venezolano. "Lo primero, señalar que fue una gran tristeza que no se aprobara la resolución en la OEA era una resolución que recogía los pronunciamientos que habían hecho los distintos gobiernos sobre la importancia de dar transparencia a las actas de cada uno de los puestos electorales, de generar un mecanismo de auditoría, sabiduría imparcial de los resultados", finalizó. Escuche aquí la entrevista:
Más de 30 exjefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina reprobaron la "inconstitucional inhabilitación" de la candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado, y afirmaron que esta "sigue siendo la legítima representante de la oposición".Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre el proceso electoral en Venezuela, luego de que el presidente Nicolás Maduro afirmara que van a ganar "por las buenas o por las malas".y agregó: “Más de 7.7 millones de venezolanos han tenido que migrar y Colombia es el país que más ha visto los efectos sociales y económicos de esa migración”.¿Por qué a HRW le preocupa el silencio de Colombia frente a lo que sucede en Venezuela?El presidente Gustavo Petro se ha mantenido al margen de lo que sucede en el vecino país. Goebertus mencionó que el mandatario nacional tienen un acceso privilegiado ante estas elecciones libres y justas y no ha hecho pronunciamiento alguno. Además, señaló las condiciones del Acuerdo de Barbados con el que establece que las partes puedan elegir libremente el candidato de su elección.“El presidente Petro hace parte de un grupo de líderes de América latina más cercanos a una visión de izquierda que han buscado canales diplomáticos en Venezuela, pero esos canales deben ser usados para devolver la democracia a Venezuela, por eso insistimos que el presidente Petro use ese canal de acceso para lograr la habilitación de María Corona Machado”, señaló.Finalmente, Goebertus indicó cuáles serían las consecuencias del silencio del mandatario nacional ante la situación política que vive el vecino país.“Lo primero es señalar que habría una profunda incoherencia del presidente Petro por lo que hizo, en su momento, con el expresidente Pedro Castillo, de Perú, que salió muy vehemente a rechazar la destitución del Congreso peruano y cuando en Colombia se pronuncia por las decisiones de la Procuraduría cuando inhabilita funcionarios de elección popular. Quedaría muy afectada la coherencia del presidente en la defensa del derecho al voto y la participación política” enfatizó.Escuche la entrevista completa acá:
Juanita Goebertus, directora de la división de Las Américas de Human Right Watch (HRW), habló en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, acerca de los retos en materia de derechos humanos que plantea la visita del presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela.“[Petro] tiene que exigirle al régimen de Maduro algo a cambio de simplemente ir a sentarse con él, detrás de eso no puede estar tomarse una foto y reactivarse unas relaciones que le interesan a Colombia. Si la reunión de hoy no resulta en algunos compromisos concretos de parte del régimen de Maduro, esas expresiones de empatía se habrían quedado en palabras”, declaró Goebertus.Según la directora de HRW para Las Américas, las peores violaciones de derechos humanos en Venezuela se dieron durante la serie de protestas que se sucedieron hace ocho años y que desembocaron en una cruda represión. “Los momentos de más graves violaciones a derechos humanos en Venezuela han ocurrido entre 2014 y 2017”, señaló.“En la frontera colombo-venezolana desde hace varios años hay un descontrol absoluto. Hay una disputa territorial constante entre el ELN, disidencias de Farc y distintos grupos de crimen organizado”, observó, además, Goebertus.
La operación que terminó con la muerte de uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, comenzó a tomar forma desde las primeras horas del jueves 3 de septiembre y se extendió hasta la madrugada de este viernes.7:00 p. m.: llegada de los comandosDe acuerdo con la información conocida sobre el operativo, cerca de las 7:00 de la noche llegaron a La Guajira dos helicópteros de la Policía con cerca de 30 comandos e investigadores de la Dijín provenientes de Bogotá.Los uniformados habrían desembarcado a varios kilómetros de una vivienda ubicada en Riohacha, hasta donde habían llegado siguiendo información entregada por una fuente humana.El dato era concreto: alias ‘Bendito Menor’ habría llegado a la vivienda durante la mañana del jueves, acompañado por dos escoltas y su pareja sentimental, conocida como alias ‘Bebecita’.8:00 p. m.: vigilancia sobre la viviendaPara ese momento, los investigadores ya tenían ubicada la casa y comenzaron a observar los movimientos de sus ocupantes.Según las versiones conocidas, los agentes detectaron a cuatro personas en el inmueble. Una de ellas tendría características que coincidían con las de ‘Bendito Menor’.El objetivo era confirmar plenamente quiénes estaban dentro antes de ejecutar el ingreso.Las autoridades señalaban a Pérez Toncel como uno de los principales jefes de las ACSN y responsable del frente Javier Cáceres, con influencia en La Guajira y zonas de Magdalena y Cesar.Una estrategia para confirmar la identidadEn medio de la vigilancia se habría puesto en marcha una particular estrategia de inteligencia.Los investigadores difundieron la versión de que ‘Bendito Menor’ había sido asesinado por integrantes de su propia organización criminal. El rumor comenzó a circular y, pocos minutos después, desde las redes sociales vinculadas al cabecilla apareció una reacción para desmentir su supuesta muerte.Para los investigadores, ese pronunciamiento fue una pieza clave. La actividad digital permitió reforzar la hipótesis de que el hombre que permanecía dentro de la vivienda era efectivamente el objetivo que estaban buscando.A esto se sumó el seguimiento tecnológico realizado por los organismos de inteligencia.Después de las 11:15 p. m.: comienza el asaltoCon la información recopilada, los comandos recibieron la orden de intervenir.Pasadas las 11:15 de la noche, cerca de 16 integrantes de un grupo especial de la Dijín ingresaron en acción. El operativo se desarrolló en una vivienda del sector suroccidental de Riohacha, en inmediaciones del barrio Los Olivos y del aeropuerto Almirante Padilla.Según la versión entregada por los investigadores, los ocupantes de la vivienda respondieron con disparos a la llegada de los uniformados.Se produjo entonces un enfrentamiento en el inmueble.La madrugada del viernes: cuatro muertosEl intercambio de disparos terminó con cuatro personas muertas. Entre ellas estaba Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’.También murió su compañera sentimental, alias ‘Bebecita’, y dos hombres señalados como sus escoltas. La información oficial conocida este viernes confirma el resultado de la operación y la muerte del cabecilla de las ACSN.Los cuerpos fueron trasladados inicialmente a instalaciones militares en Riohacha, mientras avanzaban los procedimientos de identificación y posteriormente se informó sobre su traslado a Medicina Legal.La muerte de ‘Bendito Menor’ representa un golpe para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización también conocida como Los Pachenca.Pérez Toncel, de 26 años, había escalado posiciones dentro de la estructura criminal y era señalado como uno de sus principales cabecillas. Las autoridades lo relacionaban con actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios y control territorial en sectores estratégicos del Caribe.El presidente Abelardo de la Espriella destacó este viernes el resultado de la operación y calificó la acción policial como un golpe contra uno de los delincuentes que, según el Gobierno, más afectaba a La Guajira y al Caribe colombiano.
La emergencia más reciente se registró en San Sebastián de Palmitas, dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado, donde una conflagración arrasó 10 hectáreas de vegetación nativa en un área protegida regional.A esto se suman las emergencias ocurridas en los cerros de Las Tres Cruces y La Asomadera, que dejaron otras siete hectáreas destruidas, afectando principalmente especies arbóreas nativas y zonas de amortiguación ambiental como la quebrada El Encanto.Las autoridades ambientales destacaron que por el caso del incendio en La Asomadera, registrado el pasado 15 de agosto, se logró la captura de una persona presuntamente responsable de iniciar el fuego.Según Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente, en lo corrido del año, se han atendido alrededor de 5.000 emergencias, de las cuales más de 150 corresponden a incendios forestales, con un repunte significativo de 53 casos concentrados sólo durante el mes de agosto debido a la temporada de menos lluvias."En todos nosotros está cuidar y proteger esa gran oportunidad de adaptarnos mejor y ser más resilientes frente a los fenómenos de la variabilidad y el cambio climático. Todos somos responsables de la gestión del riesgo y de reducir y evitar que sucedan incendios que pongan en riesgo nuestra vida y la de los ecosistemas de nuestra ciudad", afirmó.Ante este panorama, la Alcaldía de Medellín recordó que actualmente se protegen más de 4.000 hectáreas de ecosistemas estratégicos, por lo que reiteraron un llamado urgente a la ciudadanía para evitar quemas y reportar de manera oportuna cualquier columna de humo en los cerros y reservas naturales.
Por tener obligaciones que cumplir frente a las regulaciones y sanciones internacionales de Estados Unidos, Avianca canceló las reservas del expresidente Gustavo Petro para viajar en la ruta Bogotá-Ciudad de México-Bogotá. La aerolínea explicó que estas normas le prohíben prestar servicios o realizar transacciones a favor de personas incluidas en listas de sanciones de obligatorio cumplimiento.Entre esas restricciones está la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como SDN List, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.Avianca sostiene que, por las obligaciones regulatorias que le aplican, no puede realizar operaciones con personas cuyos bienes e intereses estén bloqueados por su inclusión en esta lista.En medio de todo este panorama se conoció la carta que fue enviada por la aerolínea Avianca al expresidente de la República de Colombia, tras conocer e identificar el caso.“Tras una revisión de cumplimiento normativo dentro de nuestros procedimientos regulares, hemos identificado que existen dos reservas en nuestra aerolínea bajo los códigos identificadores XXXX y XXXX en las cuales figura su nombre y el de otras dos personas para el trayecto BOG-MEX para el día 30 de agosto de 2026, con regreso el 2 de septiembre de 2026 en la ruta MEX-BOG, respectivamente. En el marco de esas mismas verificaciones, hemos detectado que su nombre se encuentra incluido en la Lista SDN que administra la OFAC”, se lee en la carta.La compañía explicó que estas normas estadounidenses sí involucran a Avianca, pese a que las reservas canceladas correspondían a un viaje entre Colombia y México. Esto, según la aerolínea, se debe a la estructura internacional de sus operaciones y a su presencia comercial, financiera y corporativa en Estados Unidos.Además, Avianca señaló que opera rutas hacia territorio estadounidense, realiza transacciones financieras en dólares a través del sistema bancario de EE.UU y utiliza tecnología y bienes de origen norteamericano. Por lo que debe cumplir las regulaciones internacionales y las sanciones administradas por las autoridades estadounidenses.“Reiteramos que la cancelación de los mencionados tiquetes obedece estricta y exclusivamente al cumplimiento de obligaciones regulatorias internacionales que vinculan a Avianca por la naturaleza y ubicación geográfica de sus operaciones”, se menciona en la carta.La compañía enfatizó que la medida no implicó la retención de los recursos correspondientes a la compra, por lo que será devuelto el dinero.
Un panorama preocupante en las instituciones que realizan cirugías estéticas dieron a conocer las autoridades departamentales, que entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2026, analizaron 70 casos relacionados con la prestación de estos servicios.Según la Secretaría de Salud, del total de los centros analizados el 64,5 % correspondía a instituciones que no contaban con inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), requisito crucial para su operación. Tras las inspecciones, este año la autoridad sanitaria realizó el cierre de 17 establecimientos en diferentes municipios, en especial en los municipios de Medellín, Envigado y Bello.A la situación se suma otro alarmante hallazgo: durante el proceso de verificación, las autoridades evidenciaron que algunos de estos establecimientos ya no se encontraban prestando sus servicios en los puntos físicos identificados. Sin embargo, a partir de información suministrada por la comunidad, se conoció que algunos continuarían ofertando procedimientos invasivos bajo la modalidad de atención domiciliaria.Ante esta situación, la secretaria de Salud e Inclusión Social, Alma Solano Sánchez, reiteró que bajo ninguna razón se deben hacer estos procedimientos en una vivienda."Es la alerta que queremos generar hoy. La prestación de servicios de salud estéticos debe realizarse en centros habilitados con unas condiciones mínimas de habilitación para garantizar seguridad y que sean ascépticos y sanitarios. Realizar estos procedimientos en las casas pone en riesgo a los pacientes riesgos de infección, de complicaciones que no puedan ser manejadas porque no cuentan con los equipos suficientes", expuso Solano.Por lo pronto, la Gobernación de Antioquia anunció que intensificó las acciones de inspección, vigilancia y control sobre establecimientos y personas relacionadas con la prestación de servicios estéticos, además de que continuará realizando búsqueda activa y permanente en los diferentes municipios del departamento, para identificar situaciones que puedan representar un riesgo para la salud.La ciudadanía puede reportar cualquier situación de alerta a través de la página web dssa.gov.co, la línea de atención a la ciudadanía 01 8000 41 9000 o a través del WhatsApp 604 409 9000.
Hay indignación en el Urabá antioqueño luego de que se hiciera público un video, a través de las redes sociales, mostrando los tocamientos de carácter sexual que hicieron tres jóvenes que realizaban prácticas en el área de salud en un ancianato del municipio de Apartadó contra una adulta mayor de 94 años, que además sufre de alzheimer.Aunque en las imágenes se muestra que la mujer, quien se encuentra acostada, intenta detenerlos con sus manos y les pide que no lo hagan, estos incluso se burlan de la situación.Pese a que dos de los involucrados son menores de edad, tras la difusión del material audiovisual, la patrulla púrpura de la Policía de Urabá llegó hasta el centro de adulto mayor para iniciar las investigaciones. A la par, el plantel donde estudian los presuntos involucrados ya se pronunció, rechazando lo ocurrido y anunciando procesos administrativos y disciplinarios.En un comunicado, la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ICENF S.A.S. mostró de manera enfática su desacuerdo ante cualquier conducta que vulnere la dignidad, el respeto y la integridad de adultos mayores o usuarios durante los escenarios de práctica.El instituto también indicó que activó sus protocolos e inició una investigación para determinar las responsabilidades disciplinarias y legales correspondientes. Además, reiteró su compromiso con “la formación integral y la supervisión de los estudiantes en los escenarios de práctica”. Se espera que en las próximas horas se conozcan las acciones de la Alcaldía de Apartadó, pues se trata de hogar público para adultos mayores.
