Decreto de consulta popular de Petro viola tratados internacionales, dice HRW

La reciente convocatoria del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a una consulta popular mediante decreto —denominada popularmente como decretazo— ha encendido las alarmas en la comunidad internacional. Human Rights Watch (HRW), a través de su directora para las Américas, Juanita Goebertus, manifestó su preocupación por lo que considera una vulneración al estado de derecho y a los compromisos internacionales asumidos por el país.HRW alerta sobre violación a la separación de poderesEn entrevista con Mañanas Blu, Goebertus expresó que el decreto presidencial contraviene disposiciones fundamentales de la Constitución de 1991, así como tratados internacionales en los que Colombia ha sido un actor protagónico. “El texto de la Constitución es supremamente claro: el presidente con la firma de todos los ministros puede convocar una consulta popular, pero debe tener el concepto previo favorable del Senado”, afirmó la directora de HRW. La ausencia de este requisito, añadió, constituye un “Atentado contra el estado de derecho y viola una obligación internacional de Colombia en materia de separación de poderes y de garantía de la independencia judicial”.La directora de HRW subrayó que su organización, con presencia y vigilancia en toda América Latina, actúa cada vez que detecta riesgos contra el equilibrio de los poderes públicos. En ese sentido, recordó casos recientes en los que HRW se pronunció frente a gobiernos como el de Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México, y Nayib Bukele en El Salvador.Petro responde: soberanía nacional en el centro del debateLa respuesta del presidente Petro no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano reclamó respeto a la soberanía del país: “Oigan, respeten la constitucionalidad o no. Es la decisión de una nación, un pueblo soberano, no de una organización extranjera”. Esta reacción contrasta, según señalaron analistas, con posturas anteriores del propio Petro cuando, desde la oposición, promovía la intervención y acompañamiento de organismos internacionales en los asuntos internos de Colombia.Para muchos observadores, la postura del presidente revela un cambio de perspectiva tras su llegada al poder. “Durante su historia política, Gustavo Petro ha sido un defensor de las ONGs, del trabajo de las organizaciones sociales, de los organismos multilaterales. Pero pareciera que una cosa es cuando es oposición y otra cosa cuando es el presidente”, comentó uno de los analistas en Blu Radio.Las obligaciones internacionales de Colombia en riesgoJuanita Goebertus detalló que Colombia, como firmante de múltiples tratados internacionales, tiene compromisos claros en materia de derechos humanos y democracia. “Colombia está sometido no sólo a las obligaciones básicas de derechos humanos, sino que ha participado ampliamente del desarrollo de derecho internacional, que está basado en un Estado de derecho, que cree en la separación de poderes, que tiene su centro en la garantía de la independencia judicial”, explicó.La experta advirtió que el decretazo podría abrir la puerta a demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos si no se respetan las garantías del debido proceso y el equilibrio de poderes. Sin embargo, destacó que primero deberán agotarse los recursos judiciales internos: “Yo confío plenamente en esas instituciones. Desde Human Rights Watch estaremos rodeando a estas instituciones y garantizando que sus decisiones sean acatadas en general por todos, pero en primer lugar, por el Presidente de la República”.Corte Constitucional y Consejo de Estado: los próximos pasosMientras tanto, el decreto presidencial ya fue radicado en la Corte Constitucional, donde el presidente de esa corporación, Jorge Enrique Ibáñez, asumirá el estudio del caso. El Consejo de Estado también podría tener un papel crucial en la revisión de la legalidad del acto administrativo. Sobre este escenario, Goebertus enfatizó: “Las instituciones deben actuar con total independencia, de manera transparente, sin estar sujetas a ningún tipo de presión por parte del gobierno nacional”.El debate jurídico promete ser complejo, pues se entrelazan mecanismos de control previo y posterior, demandas y tutelas que buscan frenar un proceso visto por muchos como un intento de concentrar el poder en el Ejecutivo. “Estamos ante un momento similar al que vivió Colombia cuando el expresidente Uribe buscó reformar la constitución para una segunda reelección. Las instituciones supieron poner límites y hasta ahí. Acá hay unos límites del Estado de derecho y de la garantía de que no se concentren funciones en el Poder Ejecutivo”, concluyó la directora de HRW.