El presidente Gustavo Petro, cumplió este miércoles su promesa de convocar por decreto una consulta popular para que los ciudadanos decidan si aprueban la reforma laboral presentada por su Gobierno, iniciativas rechazadas por el Senado, lo que sus críticos consideran como una deriva al autoritarismo.
La fecha escogida no puede ser más simbólica pues en el Decreto 639 de 2025, el presidente dispuso que la consulta se hará el próximo jueves 7 de agosto, día en que cumple tres años en el cargo y comienza la cuenta atrás para el último año de su mandato.
La convocatoria de una consulta popular fue la herramienta encontrada por el mandatario para rescatar su reforma laboral, hundida por la Comisión Séptima del Senado en marzo, pese a que incluso destacados juristas han advertido que ese no es el camino porque el Ejecutivo no puede expedir decretos sobre asuntos que son competencia del Legislativo.
En diálogo con Mañanas Blu, Alfonso Gómez Méndez, exfiscal y exministro de Justicia, habló sobre el "decretazo" emitido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la firma de sus ministros.
Inició asegurando que el escenario no es comparable con el proceso de 1991. "No son comparables, el escenario que desencadenó el proceso constituyente de 1991 y la situación actual con el 'decretazo'".
Destacó que aunque existen mecanismos de participación directa en la actualidad, como las consultas populares y los referendos, es crucial respetar los procedimientos estipulados por la Constitución.
"La consulta fue negada en el Senado, y hay que cumplir con esa decisión". De acuerdo con Gómez Méndez, lo que se considera un intento de implementar la consulta popular sin adherirse a la legalidad es, en esencia, un acto inconstitucional.
Aseguró que "hay mecanismos que hay que usar por las vías constitucionales, no por esta que es inconstitucional" refiriéndose al decretazo del presidente Gustavo Petro y el cual quedó en firme ayer.
A esto agregó, "No puede ser que cada vez que no les gusta algo usen este mecanismo.
El país confía en su Consejo de Estado y en su Corte Constitucional, que en últimas, van a ser talanquera para los desbordamiento de los otros órganos del poder".
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