Ocho partidos políticos piden al Consejo de Estado que ordene suspender "decretazo de Petro"

Ocho partidos políticos políticos se unieron para impugnar el reciente decreto presidencial emitido por Gustavo Petro y su gabinete ministerial. Este decreto, que convoca a una consulta popular, ha generado una oleada de críticas y preocupaciones constitucionales entre las filas de Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, La U, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y Liberal.La acción legal presentada hoy ante el Consejo de Estado busca la nulidad del decreto por considerarlo inconstitucional en múltiples frentes. Los partidos denunciantes argumentan que la medida presidencial vulnera el estado social de derecho al no contar con el concepto previo favorable del Senado, requisito establecido por la Constitución y legislaciones pertinentes.Según los partidos denunciantes, el decreto fue emitido sin el respaldo necesario en el Senado, donde previamente había sido sometido a votación sin obtener los votos suficientes para su aprobación. Esta omisión crucial, afirman los denunciantes, constituye una extralimitación del presidente Petro en sus funciones ejecutivas y un desafío directo a la separación de poderes que sustenta el orden democrático del país.En un comunicado conjunto, los partidos demandantes expresaron su preocupación por lo que describen como una "grave ruptura del Estado de Derecho". Subrayaron la necesidad urgente de que el Consejo de Estado adopte medidas cautelares para suspender provisionalmente el decreto, con el propósito de evitar cualquier daño irreversible al presupuesto nacional y salvaguardar la estabilidad institucional.Los partidos también anunciaron su intención de llevar el caso ante instancias judiciales adicionales, incluyendo la Comisión de Acusación y la Fiscalía General de la Nación, como parte de su compromiso continuo con la defensa de los principios democráticos y constitucionales de Colombia.Petro decreta consulta popularEl presidente Gustavo Petro, cumplió este miércoles su promesa de convocar por decreto una consulta popular para que los ciudadanos decidan si aprueban la reforma laboral presentada por su Gobierno, iniciativas rechazadas por el Senado, lo que sus críticos consideran como una deriva al autoritarismo.La fecha escogida no puede ser más simbólica pues en el Decreto 639 de 2025, el presidente dispuso que la consulta se hará el próximo jueves 7 de agosto, día en que cumple tres años en el cargo y comienza la cuenta atrás para el último año de su mandato.La convocatoria de una consulta popular fue la herramienta encontrada por el mandatario para rescatar su reforma laboral, hundida por la Comisión Séptima del Senado en marzo, pese a que incluso destacados juristas han advertido que ese no es el camino porque el Ejecutivo no puede expedir decretos sobre asuntos que son competencia del Legislativo.Senadora Paloma Valencia: "Este no es un ejercicio de oposición, es un ejercicio de defensa del Estado de Derecho"Durante una entrevista en Mañanas Blu, la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, se refirió a la demanda presentada este jueves por ocho partidos políticos ante el Consejo de Estado, con el objetivo de obtener la nulidad del decreto presidencial que convoca a una consulta popular. La congresista subrayó que la iniciativa no obedece a intereses partidistas, sino a una preocupación genuina por preservar el orden constitucional en Colombia."Esta es una estrategia que ha surgido de un gran acuerdo entre los partidos, porque aquí lo que está en juego es la institucionalidad colombiana. Esto no es un ejercicio de oposición, es un ejercicio de defensa del Estado de Derecho", afirmó Valencia. La senadora explicó que la demanda fue radicada tan pronto como abrió la Secretaría del Consejo de Estado, destacando la urgencia de la situación y el consenso alcanzado entre colectividades tanto de oposición como independientes.Valencia también advirtió que el decreto presidencial representa un ataque directo al Congreso y una muestra de “impertinencia” por parte del Ejecutivo. Según explicó, al no aceptar la decisión del Senado —que rechazó el proyecto de consulta popular—, el presidente Petro “decide brincarse la rama jurisdiccional”, acudiendo de forma indebida a la figura de la excepción de inconstitucionalidad.“Lo que hizo el presidente es sumamente grave. Él debía demandar la decisión del Congreso si consideraba que había un error. Pero decidió pasar por encima del Legislativo y aplicar por su cuenta una excepción que no corresponde en este caso. Eso constituye una clara extralimitación de funciones y un posible prevaricato por parte de todos los ministros que firmaron ese decreto”, afirmó.La congresista también llamó la atención sobre el impacto político del hecho: “Por primera vez en tres años de gobierno Petro, partidos de diferentes orillas ideológicas se unen en defensa de algo superior: la democracia y la legalidad. Esta unidad se da porque todos comprendemos la gravedad del momento que vive el país”.Finalmente, Valencia expresó su preocupación por la creciente crisis institucional y sanitaria, y advirtió sobre los riesgos de normalizar la violencia en el escenario político. “No podemos permitir que los violentos o los dueños del caos definan el rumbo del país. Necesitamos actuar con unidad y grandeza. Colombia debe estar por encima de cualquier diferencia partidista”, concluyó.