HRW no descarta que sentencia por secuestro contra las Farc sea evaluada por justicia internacional

La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los exjefes de las Farc por los secuestros cometidos entre 1993 y 2016 sigue generando debate. Human Rights Watch (HRW) advirtió que, si las sanciones no cumplen con los estándares internacionales de restricción efectiva de la libertad, el caso podría terminar bajo análisis de tribunales internacionales.Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, reconoció el valor histórico de que el antiguo secretariado de las Farc haya sido declarado responsable por crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Es realmente un hito muy importante, no solo por la atribución de esa responsabilidad internacional, sino porque el último secretariado en su conjunto reconoce su responsabilidad y de plano deja de justificar que estos fueran lo que en su momento llamaban retenciones con fines económicos”, señaló en entrevista con Mañanas Blu.Sin embargo, HRW cuestiona que las sanciones no aseguren una verdadera restricción de la libertad. “Lo que ayer se anuncia es un mecanismo de vigilancia electrónica (…) pero no queda claro que sea propiamente un brazalete, ni que exista un perímetro delimitado territorialmente como exige el acuerdo de paz”, explicó Goebertus.¿Qué exige el acuerdo de paz sobre estas sanciones?La representante de HRW recordó que el Acuerdo de Paz de 2016 estableció que los máximos responsables deberían cumplir entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad en espacios territoriales delimitados, además de realizar obras restaurativas. “El problema es que el discurso público se ha centrado en que las sanciones son netamente restaurativas, olvidando que el acuerdo incluye también un componente retributivo”, advirtió.Goebertus insistió en que sin un perímetro de reclusión claro y un monitoreo estricto, Colombia corre el riesgo de incumplir sus compromisos internacionales.¿Qué escenarios internacionales podrían abrirse?Según HRW, si la JEP no corrige el alcance de las sanciones en las apelaciones, dos rutas internacionales podrían activarse. La primera, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reabra el examen preliminar sobre Colombia, cerrado en 2021 bajo la condición de que hubiera sanciones proporcionales y efectivas. La segunda, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúe la compatibilidad de las sanciones con la Convención Americana.“Existen escenarios internacionales. La proporcionalidad es lo que se va a estudiar en la siguiente instancia (…) porque graves violaciones a derechos humanos deben ser sancionadas en proporcionalidad al daño cometido”, concluyó Goebertus.La sentencia de la JEP, que impuso ocho años de “restricción de derechos” a siete excomandantes de las Farc, sigue en firme, pero podrá ser apelada en los próximos días por las víctimas y sus representantes.