El periodista Julián Martínez denunció ser víctima de un intento de homicidio en la noche de este martes, en hechos registrados en el sector del Salitre, en el occidente de Bogotá. Sin embargo, de acuerdo con la versión de la Policía, fue un intento de hurto.Según el comunicador, un grupo de hombres que se movilizaban en un taxi intentaron ingresar a la fuerza a la camioneta que usa para transportarse, aparentemente con el fin de asesinarlo. En los hechos, el conductor fue amenazado con arma de fuego. De acuerdo con la versión de Julián Martínez, se salvó porque no se encontraba en el vehículo, sino que estaba en un apartamento cercano visitando a un familiar. En la reacción del conductor y el escolta del periodista, se hicieron disparos y los delincuentes huyeron del lugar por la avenida Boyacá. La Policía aseguró que pudo tratarse de un intento de hurto de la camioneta del comunicador y señaló que no hubo disparos en contra del vehículo.
La ‘ñeñepolítica’ sigue dando de qué hablar en el país. Esta vez, por cuenta de seguimientos que denuncian los periodistas que dieron a conocer el escándalo de la supuesta compra de votos en la que se menciona al ‘Ñeñe’ Hernández. El caso involucraría al expresidente Álvaro Uribe y al presidente Duque con supuestos hechos relacionados con irregularidades en materia electoral en la Costa Caribe, hecho bajo investigación.El periodista Julián Martínez, a través de su cuenta de Twitter, denuncia posibles seguimientos de un carro negro de placas RPK122.Asimismo, Martínez escribió: “recientes seguimientos ilegales suceden después de la reunión del miércoles entre el presidente Duque y el fiscal general Barbosa, donde ordenan ‘identificar’ nuestras fuentes”.Le puede interesar: Papel de UNP tiene que revisarse, deben atender las amenazas contra la prensa: FlipBLU Radio conversó con el periodista Martínez, quien dijo que es curioso que, según él, todo se intensifica después de que Gonzalo Guillén publicó una nota en La Nueva Prensa.“Supimos de una reunión del presidente Duque con el Fiscal Barbosa el pasado miércoles, hablaron de este tema y dicen que tiene que identificar las fuentes de este caso. Es una publicación de varios meses, aquí están pasando cosas raras. No nos van a silenciar”, expresó.Tanto Gonzalo Guillén como el abogado Daniel Mendoza denunciaron ante la Comisión de Acusación al presidente Duque por supuestas irregularidades en materia electoral. También la Corte Suprema tiene el caso, cuyo investigador será Misael Rodríguez, magistrado de la Sala de Instrucción y quien deberá determinar si archiva o abre investigación preliminar.
“No aprendimos, la Policía está envuelta en un escándalo muy grave por los mismos hechos”; sin embargo, Martínez afirma que esto podría evitarse (Lea también: Control político a Palomino por incremento de patrimonio y comunidad del anillo). Sobre el que puede ser considerado el mayor escándalo durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, el entrevistado expuso que “las chuzadas arrancan cuando las organizaciones de derechos humanos realizan el primer informen de la seguridad democrática sobre esta materia en 2003”. Estamos en #MesaBLU recordando la época de horror del DAS. Nos acompaña @JulianFMartinez con su libro ChuzaDAS pic.twitter.com/ztTNKe1rc7 En ese sentido, Martínez indica que Uribe no recibió el documento de buena manera y dio a entender que “defender derechos humanos es terrorismo” y eso fue interpretado como una orden (Lea también: A juicio Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez por chuzadas). Por esa razón, el periodista de Noticias Uno afirma que se comienza a realizar una persecución a periodistas, congresistas –como Gustavo Petro y Piedad Córdoba-, magistrados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Teniendo esto en cuenta, el informador aclaró que el extinto DAS tenía los poderes legales para verificar información; “el problema es que no encontraron pruebas. Manipularon la información que recolectaron y por poner un ejemplo, lograron que cuando cada colombiano piense que cada vez que ve a Piedad Córdoba, la asocian inmediatamente con las Farc” (Lea también: Periodistas de Noticias Caracol habrían sido víctimas de chuzadas). El libro de Julián Martínez tiene un valor de 39 mil pesos y ya está disponible en las librerías; según su autor hay una gran cantidad de documentos sustentados que se relación con el contexto nacional de la época en un sentido narrativo.
La Personería de Medellín pidió a la administración distrital fortalecer el plan de acción frente a las lluvias. Desde el Ministerio Público resaltaron la necesidad del monitoreo y limpieza de ríos y quebradas, así como mantener actualizados mapas de riesgosPese a que en el corto y mediano plazo pronósticos del Ideam indican para Medellín y Antioquia un intenso fenómeno de El Niño con temperaturas superiores al promedio histórico, el cambio climático y las variaciones que pueden registrarse con eventos de precipitación siguen generando preocupación en autoridades de la capital antioqueña.Así lo evidenció la Personería de Medellín quien solicitó a la administración de la ciudad fortalecer acciones preventivas para evitar tragedias.La agencia del Ministerio Público emitió una alerta preventiva ante las consecuencias evidenciadas en los últimos meses derivadas de las lluvias como inundaciones, crecientes súbitas y caída de árboles.En ese sentido, solicitaron a autoridades ambientales intensificar la limpieza de quebradas y sumideros, mantener actualizados mapas de riesgo y reforzar la estrategias de prevención y pedagogía comunitaria frente a la gestión de emergencias."Emitió una alerta institucional. Hemos identificado que en el año 2025 y en el primer trimestre del 2026 se presentaron precipitaciones de lluvia muy intensas, desbordamientos de quebradas, generando consecuencias a bienes y, sobre todo, a ciudadanos", dijo Manuel Alejandro Carvajal, personero delegado.La entidad también reiteró la corresponsabilidad que los ciudadanos tienen en las acciones frente a la prevención de emergencias originadas por lluvias.Por eso, solicitaron evitar arrojar residuos a quebradas y espacios públicos, atender oportunamente las alertas y orientaciones de las autoridades, pero también reportar oportunamente cualquier situación que en esta materia pueda ponerlos en peligro.
La Policía Nacional de Colombia reportó un balance positivo en las carreteras del país, pues hasta el momento se han movilizado más de 3 millones de vehículos en pasos peaje y se espera que durante la jornada transite cerca de un millón adicional. Solo en Bogotá han circulado más de 513.000 automotores, mientras que en Cundinamarca la cifra asciende a 855.000 vehículos.En materia de control, la Dirección de Tránsito y Transporte practicó 2.906 pruebas de embriaguez, de las cuales únicamente 9 resultaron positivas, lo que refleja un mayor nivel de responsabilidad entre los conductores.Asimismo, las autoridades impusieron 5.198 comparendos por distintas infracciones a las normas de tránsito, reiterando el llamado a respetar la señalización, portar la documentación al día y adoptar medidas de autocuidado.El teniente coronel Andrés Vaca Camacho destacó que el trabajo articulado entre las autoridades y el comportamiento responsable de los ciudadanos permitió mantener un balance positivo en las vías del país.“Gracias al trabajo articulado entre nuestras autoridades y el comportamiento responsable de la mayoría de los actores viales, hemos logrado un positivo balance de movilidad durante este puente festivo. Continuaremos desarrollando la estrategia ‘No más excusas en la vía’, enfocada en salvar vidas y fortalecer la seguridad en las carreteras del país”, aseguró.En el marco del Plan Retorno, también fue habilitado el contraflujo entre Melgar y Boquerón para facilitar el regreso hacia Bogotá, mientras la movilidad avanza con normalidad en el resto del corredor vial.
La guerra comercial entre Colombia y Ecuador ha generado estragos en Antioquia siendo el año con mayor caída de exportaciones en la última década. La contracción de los productos que iban del departamento al vecino país superó el 60%La relación comercial entre Antioquia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más complejos de la última década luego de que el vecino país decidiera de imponer aranceles de hasta el 100 % a productos colombianos y aunque el margen ya se redujo al 75 % desde el 1 de junio, las exportaciones se han visto gravemente afectadas.El panorama en Antioquia resultó es crítico, ya que las exportaciones se contrajeron 60,2 % en comparación con el primer trimestre de 2025, convirtiéndose en la variación más negativa de la serie analizada desde 2015. La energía representó el 35,4 % de la canasta exportadora total, y al excluir energía e hidrocarburos, la reducción del comercio antioqueño fue de 17 %.En términos monetarios, las exportaciones pasaron de 56 millones de dólares a 46 millones de dólares. Entre los principales productos exportados, solo dos segmentos mostraron crecimiento: las preparaciones a base de cereales y productos de pastelería, que crecieron 15,8 %, y el sector automotor, que registró un aumento de 500 %.María José Bernal, directora de Fenalco Antioquia, se refirió a las cifras que han causado preocupación en el comercio del departamento que espera tener un leve repunte en los próximos meses: "Si excluimos hidrocarburos para el país, encontramos que la canasta exportadora se redujo en un menos 22.7%. Ahora bien, analicemos Antioquia, nuestro departamento. Disminuimos la canasta exportadora en un 60.2%. Si excluimos energía e hidrocarburos, encontramos que esa disminución fue del -17%", dijo.Según los informes, una variación negativa de esa magnitud no se observaba desde el periodo 2015-2016, cuando Ecuador atravesaba una fuerte desaceleración económica y una reducción de su demanda interna.Por último, mencionan los expertos el impacto en el tejido empresarial, pues mientras en el primer trimestre de 2025 exportaron hacia Ecuador 377 empresas antioqueñas, en el mismo periodo de 2026 la cifra cayó a 298 compañías, es decir, 79 menos, lo que representa una reducción cercana al 21 %.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por más de ocho años a la exsecretaria de Planeación e Infraestructura de El Playón, Santander, Dania Katherine Sandoval Cote, tras determinar que durante su gestión se suministró agua no apta para el consumo humano a la comunidad.Según el Ministerio Público, la exfuncionaria, quien ocupó el cargo entre 2020 y 2023, omitió sus responsabilidades de supervisar, controlar y monitorear el proceso de potabilización y distribución del recurso hídrico que llegaba diariamente a la población.El fallo de primera instancia, emitido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, estableció que durante varios meses de 2022 y comienzos de 2023 el agua entregada a los habitantes presentaba altos niveles de riesgo sanitario, de acuerdo con el Índice de Riesgo de Calidad del Agua, IRCA.La entidad señaló que esta situación puso en grave riesgo la salud de los habitantes del municipio, debido a que el suministro del recurso hídrico fue catalogado como inviable sanitariamente o de alto riesgo para el consumo humano.Por estos hechos, la Procuraduría impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por ocho años y cinco meses contra Sandoval Cote, al considerar que incurrió en una falta gravísima cometida con culpa gravísima.Además, el órgano de control concluyó que la entonces funcionaria desconoció principios fundamentales de la administración pública, especialmente el deber de garantizar condiciones adecuadas en la prestación de un servicio esencial como el acceso al agua potable.La decisión corresponde a un fallo de primera instancia y aún puede ser apelada.
La Fiscalía General de la Nación y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenaron a José Cresencio Arias Jiménez, Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexander Carvajal Rodas y José Wilton Bedoya Rayo. Los condenados, quienes actuaban como cabecillas, patrulleros, escoltas y articuladores financieros, fueron hallados responsables de 29 delitos cometidos entre 1999 y 2005, entre ellos homicidios selectivos, torturas, secuestros y desplazamientos forzados.Las víctimas de estas personas serían ciudadanos que no seguían o se oponían a las directrices de estos exintegrantes del grupo paramilitar, así como personas señaladas de colaborar con otras organizaciones armadas ilegales con presencia en el departamento del Tolima.Entre los casos documentados está la tortura, desaparición y homicidio de una mujer y su sobrino menor de edad en San Luis, Tolima, el 8 de abril de 2002. Hombres armados los interceptaron, amarraron y transportaron en una camioneta a una finca conocida como La Carolina. En ese punto, el niño fue separado de su tía y trasladado a un destino desconocido, sin que se conozca, a la fecha, su paradero. Entre tanto, la mujer fue asesinada y desmembrada.Otro hecho está relacionado con el homicidio y desaparición de ciudadanos del municipio de Rovira, quienes fueron retenidos por integrantes del Bloque Tolima de las AUC. También fueron intimidados y obligados a abandonar sus tierras, en compañía de sus familias.Los cuatro condenados recibieron penas de entre 20 y 40 años de cárcel, además de multas entre los 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
