La familia de Valeria Afanador, la niña de diez años con síndrome de Down hallada sin vida tras permanecer 18 días desaparecida en Cajicá, Cundinamarca, pidió a la Fiscalía General de la Nación imputar cargos a la rectora y a varios profesores del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, por el presunto delito de homicidio en la modalidad de graves omisiones.El abogado de la familia, Julián Quintana, explicó que, en su concepto, los directivos y docentes del plantel tendrían responsabilidad directa por no garantizar la seguridad de la menor, quien desapareció en inmediaciones de la institución el pasado 12 de agosto.“Nosotros como representantes de víctima le hemos sugerido a Manuel, padre de Valeria, que tenemos que alcanzar la verdad, la justicia y la reparación, que es un derecho que ellos tienen”, señaló.Quintana advirtió que la defensa continuará trabajando en dos líneas de investigación: la primera, enfocada en establecer la responsabilidad de las autoridades del colegio; y la segunda, en determinar la posible participación de un tercero en la desaparición y muerte de la menor. Asimismo, solicitó a la Fiscalía tomar muestras y recaudos probatorios a los funcionarios de la institución educativa, con el fin de hallar elementos que permitan vincularlos al proceso penal.El abogado también anunció que recomendará a la familia interponer una demanda civil contra el colegio por los daños y perjuicios ocasionados. “La sugerencia es que exploremos el camino de una demanda civil para reclamar los daños que la actitud omisiva le causó a la familia. Obviamente, esta decisión descansará en lo que la familia pueda acordar”, agregó Quintana.Un caso que conmocionó a CundinamarcaEl cuerpo de Valeria fue hallado la semana pasada en una zona contigua al río Frío, en cercanías del colegio donde estudiaba. La búsqueda se había extendido durante 18 días y mantuvo en vilo a todo el país. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expresó que resulta “improbable” que el cuerpo hubiese permanecido en ese lugar desde el inicio de la desaparición, debido a que allí se realizaron múltiples recorridos e inspecciones.“Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”, manifestó el mandatario departamental.Durante la investigación inicial, las autoridades recolectaron más de 20 terabytes de grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos de la menor. Además, la Interpol emitió una circular amarilla ante el temor de un posible secuestro.La desaparición de Valeria provocó múltiples manifestaciones ciudadanas en Cajicá, donde vecinos y familiares realizaron caminatas y exigieron a la Fiscalía y a la Policía priorizar la búsqueda.Ahora, la familia espera que las nuevas solicitudes jurídicas permitan esclarecer los hechos y que el crimen no quede impune. “Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia”, concluyó Quintana.
Julián Quintana, abogado de las víctimas del asesinato de tres miembros de la Universidad del Magdalena, aseguró que la Fiscalía cuenta con "inferencia razonable" sobre la supuesta relación del actual gobernador Carlos Caicedo con el caso. "Caicedo, con el fin de quedarse en la universidad, lo dice la Fiscalía, hizo un pacto con los paramilitares, precisamente para quitar los enemigos que tenía allí, que eran los opositores, estos tres líderes estudiantiles y a cambio de eso apoyar a las AUC. Esa es la tesis que tiene la Fiscalía", indicó Quintana. "Es importante decir que en este tipo de casos hay testigos que en principio afirmaron y después se rectificaron", aclaró el jurista. Quintana hizo eco a las versiones que aseguran que Caicedo fue guerrillero y después se alió con paramilitares de las AUC. "Lo que han dicho los testigos es que Caicedo estuvo tanto en las filas del ELN y después pasó a los paramilitares. Lo que dice la Fiscalía es que se probó bajo los testimonios", añadió. El mandatario departamental ha asegurado que, detrás del caso, hay una persecución de sectores políticos. Escuche al abogado Julián Quintana en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
La Fiscalía archivó la denuncia que interpuso el hacker Andrés Fernando Sepúlveda contra el exdirector del CTI Julián Quintana, por supuestas órdenes de intercepciones ilegales.El año pasado, el padre de Sepúlveda denunció en la Fiscalía que su hijo recibió órdenes del entonces director del CTI, Julián Quintana, para supuestamente intervenir el correo del periodista Ernesto Yamhure.Las presiones, según el hacker, se habrían dado en la época en la que Yamhure revelaba los contratos de la Fiscalía con Natalia Springer. Incluso, dice Sepúlveda en la denuncia archivada que cuando se negó a interceptar al periodista le quitaron las comodidades que tenía. Por ejemplo, lo cambiaron del búnker de la Fiscalía a la cárcel La Picaleña, en Ibagué, Tolima. Sobre el archivo, dice la Fiscalía que “no existieron actos idóneos a acceder, en todo o en parte, a un sistema informático y por lo tanto se descarta este tipo penal”.“Se reitera que el análisis que efectuó Sepúlveda fue a partir de la información pública de las redes sociales, sin que fuera necesario acceder ilegítimamente a un sistema informático”, dice la orden de archivo.
Después de un par de horas de interrogatorio, el exdirector del CTI Julián Quintana aseguró que en la diligencia tuvo que explicar la razón por la que firmó una directiva en el 2016 en la cual cambiaba el sistema de recepción de intercepciones que tenía la Sala Esperanza de la Fiscalía.Le puede interesar: Exdirector del CTI rinde interrogatorio por desaparición de audios de caso UribeSegún él, en ese momento firmó la directriz para que se dejara de utilizar el sistema Optomus y se empezará a utilizar el Target 360 porque, desde hacía varios años, estaba fallando y era necesario renovar el software de la sala con el cual se reciben las conversaciones interceptadas por el sistema Esperanza. Sin embargo, explicó que en el 2013 la Fiscalía firmó un contrato que obligaba pasar al nuevo sistema. “La directiva lo que hacía era migrar de un sistema viejo que tenía la Fiscalía a un Target 360 para corregir esas fallas que se habían dado hace mucho tiempo. Los técnicos que soportan el sistema decían que desde el primer momento que lo compraron (software antiguo) presentaba fallas”, dijo Quintana.El exdirector del CTI aseguró que entregó más de 100 documentos en donde mostraba que varios funcionarios se quejaban del sistema antiguo y que soportarían la decisión de cambiarlo. “Fueron más de 122 documentos que aporté a la Fiscalía que se acreditan esas fallas”, puntualizó. Finalmente, sobre los audios que, según la Corte Suprema, llegaron incompletos, dijo: “nunca jamás favorecí a Álvaro Uribe Vélez o a ninguna otra persona. No se ha entendido que el sistema de interceptación dependía del director nacional de Fiscalías y, además, el director del CTI nunca se enteraba de lo que pasaba al interior de las salas porque es una relación de fiscal o magistrado-analista y el analista depende del funcionario que da la orden de interceptar. Jamás se ha visto un caso en el que un director sepa lo que está pasando en las salas”, concluyó.
El exdirector del CTI Julián Quintana se pronunció en Meridiano BLU, con Ricardo Ospina, frente a señalamientos en su contra relacionados con una supuesta red de corrupción que cobraba por la devolución de bienes en extinción de dominio al interior de la Fiscalía.Le puede interesar: Fiscalía llama a interrogatorio a Julián Quintana, exdirector del CTI“El que nada debe, nada teme, por eso yo fui a la Fiscalía, dije toda la verdad de los hechos y quedó muy claro, en mi concepto, que soy ajeno a cualquier actividad de la cual me puedan estar involucrando personas que desconozco por qué utilizaron mi nombre”, declaró exfuncionario judicial. “Mi honra en este momento está siendo vulnerada. Yo vivo de esto, soy abogado y cuando sale una noticia de estos, pues obviamente que los clientes tienen temor”, agregó. Quintana aseguró que en el interrogatorio ante la Fiscalía se le preguntó por qué dos personas, aparentemente relacionadas con el escándalo de corrupción, se comunicaron con él. Una de ellas es Carlos Mendoza Fortich, quien fue capturado junto a su hermano, Alfredo José Mendoza Fortich (secretario general de la Contraloría de Córdoba) y Erika Tatiana Rivera (funcionaria de la Fiscalía) por su presunta vinculación con el caso. “No existe ninguna relación [con Carlos Mendoza Fortich]. Solamente fue una comunicación en un ámbito laboral cliente – abogado litigante. Yo lo conocí en el año 2017, en mayo, cuando me buscó precisamente para que lo representara en un proceso que tenía en la Fiscalía. Después de un año me llama para que asuma el proceso del Ñoño Elías ya rgumenta que su hermano es muy amigo de él y que tiene la intención de que la oficina del doctor Montealegre, Perdomo y Quintana asumieran esa representación ante la Corte Suprema”, indicó. Quintana aclaró que no tiene ningún negocio contractual, en litigio, ni con los exfiscales Perdomo ni Montealegre. El exdirector del CTI también negó haber recibido dinero y sostuvo que no llevó ningún caso de Otto Bula, salpicado por el escándalo de Odebrecht. “Jamás en la vida he pedido un peso para hacer cosas ilegales”, declaró Quintana.
Cinco horas duró el interrogatorio del exdirector del CTI, Julián Quintana, investigado en un caso de corrupción en la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía y por el que ya han sido capturadas tres personas que gozan de casa por cárcel, una de ellas exfuncionaria de la institución.A la salida de la diligencia, Quintana aseguró que le dejó claro a los investigadores que las personas que lo involucraron en los hechos “utilizaron indebidamente su nombre” y que nunca ha hecho “nada ilegal ni como funcionario ni como abogado”.Vea también: Fiscalía llama a interrogatorio a Julián Quintana, exdirector del CTIEl proceso lo inició la Fiscalía hace un año en conjunto con las autoridades americanas después de una denuncia del exsenador Otto Bula, involucrado en el caso Odebrecht, en la que aseguraba que había sido extorsionado por los hermanos Alfredo y Carlos Mendoza Fortich.Según él, le pidieron 6.000 millones de pesos a cambio de beneficiarlo en procesos de extinción de dominio. Supuestamente, ambos trabajaban para el exdirector, Julián Quintana, el ex vicefiscal Jorge Perdomo y la exdirectora de esa unidad, Andrea Malagón. Todos ellos han asegurado que usaron indebidamente su nombre.
El llamado significa que Quintana queda formalmente a una investigación que adelanta la Fiscalía, en conjunto con las autoridades de Estados Unidos, por una denuncia que hizo el exsenador Otto Bula, en la que afirma que los hermanos Alfredo y Carlos Mendoza Fortich, trataron de extorsionarlo, pidiéndole $6.000 millones de pesos, para arreglarle los procesos que llevaba en su contra la Unidad de Extinción de Dominio.Le puede interesar: Ex vicefiscal denuncia a supuestos miembros de red ilegal de extinción de dominioSegún la misma denuncia, los hermanos aseguraban que trabajaban en conjunto con ex vicefiscal Jorge Perdomo, el ex director del CTI Julián Quintana y la directora de la Unidad de Extinción de dominio Andrea Malagón.Todos ellos han negado categóricamente su relación con estos hechos.
Sobre las 10:00 de la mañana llegó fuertemente custodiado al búnker de la Fiscalía el hacker Andrés Fernando Sepúlveda para cumplir una declaración juramentada a la que estaba citado. El objetivo es para que amplíe su testimoniode que recibió órdenes del entonces director del CTI, Julián Quintana, para supuestamente intervenir el correo del periodista Ernesto Yamhure.Vea también: Hacker Sepúlveda pide ser traslado de la cárcel Picaleña por amenazas de muerte Según lo que ha denunciado el hacker, las presiones se dieron en la época en la que Yamhure revelaba los contratos de la Fiscalía con la Natalia Springer. Sepúlveda cuenta que como se negó a interceptar al periodista le quitaron las comodidades que tenía, por ejemplo, lo cambiaron del búnker de la Fiscalía a la cárcel la Picaleña, en Ibagué, Tolima. Conozca más: El hacker Andrés Sepúlveda vuelve a pedir cupo en la JEP Después de esta declaración, los fiscales del caso tomarán decisiones de si llaman a responder al ex director del CTI por los hechos.
Julián Quintana, abogado defensor del senador Musa Besaile, confirmó que ya presentó la denuncia penal contra el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, por el presunto cobro extorsivo que este le hizo a Besaile para evitar que se hiciera efectiva una orden de captura. “Sin duda alguna hoy sentimos que hay más garantías en todos los entes de control como Procuraduría, Fiscalía y Comisión de Acusaciones. Se renovaron las cúpulas y por eso hoy estamos ante los organismos de investigación colocando las denuncias respectivas, con las pruebas respectivas y esperamos que lleguen al fondo de este asunto y se comprueben los hechos”, añadió. Cabe señalar que este jueves se llevará a cabo un ‘Cara a Cara’ entre el exfiscal y el senador. Desde la 1:30 de la tarde se dará inicio al interrogatorio solicitado por el abogado Julián Quintana como prueba de las extorsiones de las que presuntamente fue víctima el senador Musa Besaile. El primero en declarar será el abogado Leonardo Luis Pinilla, seguido del ex fiscal Luis Gustavo Moreno quien tendrá que presentarse hacia las 3:30 de la tarde para responder las preguntas de los magistrados y de la defensa de Musa. El abogado Quintana señaló que el objetivo de esta declaración es confrontar a Pinilla y al ex fiscal Moreno haciendo énfasis en la cronología de los hechos que ha venido relatando el senador Besaile. “Lo ideal es confrontar tanto al doctor Moreno y al doctor Pinilla para acreditar que se trató de un caso de extorsión frente a un senador de la República y vamos hacer mucho énfasis en la cronología que el senador ha indicado a los medios frente a cada una de las reuniones y también frente a cada una de las extorsiones que se hizo en cada reunión” aseguró Finalmente, cabe recordar que el próximo lunes 4 de septiembre se presentaran a declarar el exsenador Julio Manzur y su hijo ante los magistrados de la Corte. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Este miércoles fue citado a declarar en la Procuraduría el exdirector del CTI de la Fiscalía, Julián Quintana, en el proceso que se adelanta contra el almirante Álvaro Echandía, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Quintana tendría que presentar en la Procuraduría la misma declaración que dio hace una semana en la Corte Suprema de Justicia, donde aseguró que el almirante Álvaro Echandía le pidió que no mencionara el papel de esa entidad en el mencionado caso del hacker Andrés Sepúlveda. El exdirector del CTI Julián Quintana dijo que hasta que él abandonó la Fiscalía no había elementos suficientes para imputar cargos contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga, por las presuntas chuzadas al proceso de paz durante la campaña presidencial de 2014. “Concretamente no se obtuvieron evidencias suficientes para realizar una imputación (…) hay evidencias, pero no las suficientes para hacer una imputación”, manifestó. De igual manera, Quintana señaló que la información inicial de las actividades ilegales del hacker Andrés Fernando Sepúlveda espiando el proceso de paz provinieron de la Dirección Nacional de Inteligencia, entidad adscrita a la Presidencia de la República. “Lo que se aclaró en la Corte fue que la actuación de la Fiscalía fue acorde a derecho, con evidencias. Lo que no sabemos fue el manejo que se le dio a las fuentes por parte de la DNI, situación que inquieta y genera muchas dudas”, añadió.Echandía, por su parte, asegura que en el proceso no se hizo ningún movimiento por fuera de la ley.
Julián Rodríguez, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, fue asesinado este martes 22 de septiembre en un ataque con arma de fuego registrado cuando se movilizaba por la vía hacia esta zona rural del distrito.De acuerdo con información preliminar, Rodríguez se desplazaba en una camioneta por inmediaciones del sector del cementerio, cuando fue atacado en varias oportunidades por hombres armados. El líder comunitario quedó gravemente herido y fue auxiliado y trasladado para recibir atención médica.Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, posteriormente se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.Rodríguez era reconocido en el corregimiento El Centro por su labor como líder comunitario y por su papel como presidente de Asojuntas, desde donde representaba a comunidades y veredas de esta zona de Barrancabermeja.El crimen generó conmoción entre habitantes y líderes comunitarios del corregimiento. Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar los móviles del homicidio.Las autoridades también deberán establecer si el asesinato estaría relacionado con la labor de liderazgo que ejercía Rodríguez, una hipótesis que deberá ser determinada dentro de la investigación.Semanas antes de su asesinato, Julián Rodríguez había participado en un consejo de seguridad en Barrancabermeja, donde expuso la situación de seguridad que venía afectando al corregimiento El Centro. En ese espacio señaló que las comunidades no solo estaban enfrentando hechos de hurto, sino también casos de extorsión.El presidente de Asojuntas había pedido fortalecer el trabajo conjunto entre las comunidades y la Fuerza Pública para contrarrestar estos delitos y atender las situaciones de inseguridad que, según manifestó, estaban afectando a esta zona rural de Barrancabermeja.
La Secretaría de Hacienda de Bogotá hizo un nuevo llamado a 274.119 personas naturales y jurídicas que tienen pendientes obligaciones tributarias correspondientes a vigencias anteriores a 2025 y que, de no ponerse al día, están en riesgo de enfrentar embargos de sus cuentas o bienes.De acuerdo con la entidad, la cartera en mora supera los 651.000 millones de pesos y está relacionada con diferentes obligaciones distritales, entre ellas los impuestos predial y de vehículos, el ICA, ReteICA, delineación urbana, así como sanciones, azar y espectáculos, información exógena y publicidad exterior.Hacienda Bogotá informó que actualmente adelanta una estrategia de recuperación de cartera mediante el envío de comunicaciones oficiales, tanto digitales como físicas, a los contribuyentes que tienen obligaciones pendientes. En esos mensajes se informa el estado de las deudas y las alternativas disponibles para ponerse al día, incluidas las facilidades de pago. La entidad advirtió que mientras permanezcan las obligaciones pendientes, estas pueden aumentar debido a los intereses de mora. Además, los contribuyentes que no atiendan los requerimientos podrían quedar expuestos a procesos de embargo sobre cuentas y bienes.Por esta razón, Hacienda recomendó a los deudores consultar el estado de sus obligaciones y realizar los pagos a través de los canales oficiales. El trámite puede hacerse de manera virtual en la página de la Secretaría de Hacienda, mediante el botón ‘Pagos Bogotá’ o a través de la Oficina Virtual.La Secretaría también pidió a los contribuyentes mantener actualizada su información en el Registro de Información Tributaria, RIT, con el fin de recibir oportunamente las comunicaciones oficiales. La entidad hizo, además, una advertencia frente a posibles intentos de fraude. Las comunicaciones oficiales cuentan con mecanismos de validación, como códigos QR, y Hacienda recordó que no solicita pagos a cuentas personales ni mediante aplicaciones externas, ni envía mensajes de texto con enlaces de pago.Según la Secretaría de Hacienda, durante la actual administración se ha logrado reducir la cartera en mora del Distrito. Sin embargo, la entidad señaló que los intereses de mora han adquirido un mayor peso dentro del saldo pendiente: pasaron de representar el 39,6 % al cierre de diciembre de 2025 al 45,8 % en junio de 2026, un incremento de 6,2 puntos porcentuales.
Las declaraciones de integrantes del esquema de seguridad de Sandra Ortiz y un informe de Policía Judicial que cruzó información de GPS con datos de teléfonos celulares hacen parte de los elementos que tiene en su poder la Fiscalía dentro de la investigación por la presunta entrega de 3.000 millones de pesos a Iván Name, quien para ese momento era presidente del Senado y que confrontan nuevas versiones entregadas por la exconsejera para las regiones del gobierno Petro.La investigación buscó establecer qué ocurrió los días 12 y 13 de octubre de 2023 en Bogotá y determinar si Ortiz participó en la entrega del dinero. De acuerdo con el material de la investigación, los testimonios de personas que integraban su esquema de seguridad permiten reconstruir algunos de los desplazamientos realizados durante esas fechas. Yennifer Labastidas, integrante del esquema, se refirió al desplazamiento de Ortiz hacia el apartamento de Name el 12 de octubre. La testigo también describió otro desplazamiento relacionado con el apartamento de Name al día siguiente. Según su relato, el 13 de octubre Ortiz llegó al edificio Bassel 1 acompañada por otra persona, mientras los integrantes del esquema permanecieron en el exterior.“Recuerdo que dentro del desplazamiento mencionaron que íbamos a donde el Dr. Name, en el momento no tenía claro quién era él, cuando llegamos al edificio Bassel 1, como es protocolo de seguridad todos nos descendemos de los vehículos antes de que ella baje”, declaró. La integrante del esquema agregó que Ortiz descendió de la camioneta acompañada por un hombre, quien sería Sneyder Pinilla y que ambos ingresaron al edificio.“Desciende ella de la camioneta en compañía de otra persona, su contextura delgada, no muy alto, de cabello oscuro, no muy moreno, trigueño, no recuerdo si llevaban algo, Sandra siempre llevaba su bolso de mano, ingresan al edificio los tres”, relató. El testimonio hace parte de los elementos con los que los investigadores buscan establecer la trazabilidad de los movimientos de Ortiz durante las fechas en las que, según la hipótesis de la Fiscalía, se habría producido la entrega de los 3.000 millones de pesos, en dos momentos de 1.500 millones cada uno.A estos testimonios se suma un informe de Policía Judicial de 53 páginas que cruzó información de las coordenadas geográficas o señales GPS de los vehículos de los esquemas de seguridad con información obtenida de teléfonos celulares.Los investigadores señalaron que los GPS de los vehículos asignados al esquema de seguridad de Ortiz “sí cuentan con la información suficiente para representar las trayectorias de los vehículos”. Los movimientos del 12 de octubre se divide en la llegada del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector Sneyder Pinilla a las Residencias Tequendama, donde vivía Sandra Ortiz. Después, el desplazamiento con el dinero en efectivo hasta el edificio Bassel I, donde estaba ubicado el apartamento del senador Iván Name. Las ubicaciones registradas también definieron las rutas del 13 de octubre de 2023 cuando se dio la segunda entrega de 1.500 millones de pesos. Las declaraciones de Ortiz también hacen parte del análisis del proceso, en medio de las diferentes versiones que ha entregado sobre su relación con Iván Name y su papel en los hechos investigados, inicialmente catalogándose como mensajera, mientras que ahora hace referencias a montajes judiciales e irregularidades.
El representante a la Cámara Yamit Noe Hurtado, radicó el proyecto de ley “Kevin Acosta”, que busca establecer la vigilancia de todos los afiliados a las EPS para detectar riesgos a tiempo y el seguimiento continuo de quienes ya tienen una enfermedad diagnosticada, con el propósito de evitar complicaciones que puedan terminar en hospitalizaciones o atenciones de alto costo.“No es buscar acabar las EPS, es modificar su funcionamiento”, aseguró Hurtado, quien explicó que la iniciativa pretende que estas entidades conformen equipos dedicados a la vigilancia, el control y el cuidado de sus afiliados. El proyecto establece dos ejes. La vigilancia de los afiliados, que aplicaría a todas las personas estén sanas o enfermas para identificar tempranamente riesgos, y el control de la enfermedad, dirigido a quienes ya cuentan con un diagnóstico y requieren seguimiento continuo para evitar que la situación empeore.“Es importante aclarar que el proyecto no se limita a algunas enfermedades en específico. Aplica a cualquier diagnóstico (desde una infección respiratoria hasta enfermedades como hemofilia, ERC y sus precursoras, cáncer o VIH). Además, la evidencia de ADRES muestra que el mayor potencial de ahorro para el sistema está en condiciones agudas de manejo sencillo”, agregó.La propuesta también señala que el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de vigilancia y control quedaría establecido como una infracción administrativa sancionable por la Superintendencia Nacional de Salud.“El proyecto sí impone nuevas obligaciones a las EPS, pero la evidencia técnica de ADRES muestra que su efecto neto esperado es de ahorro para el sistema, no de gasto adicional”, destacó. La iniciativa contempla además visitas domiciliarias, telemedicina y especialistas itinerantes, priorizando a la población de mayor riesgo. El proyecto aclara que el incumplimiento de los deberes del paciente, como no asistir a controles o no seguir las indicaciones médicas, no podrá ser utilizado por las EPS o IPS para negarle, suspenderle, restringirle o dilatarle el acceso a servicios de salud. “Si tenemos pacientes sanos y sus afiliados hay que ayudar a vigilar para que no se enfermen. Si se enferman, verificar y atacar tempranamente para que no se compliquen. Y si tenemos complicaciones, vigilar y estar encima para que estos pacientes estén controlados, no consuman servicios de alto costo que disminuya esta carga de enfermedad, que es lo que tiene en gran medida desangrado al sistema de salud colombiano”, aseguró el representante.La iniciativa lleva el nombre de Kevin Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa. De acuerdo con el documento presentado por el congresista, la Procuraduría concluyó que Kevin falleció por negligencia de su EPS al no garantizar oportunamente la entrega de su medicamento.“Si hubiésemos tenido a Kevin Acosta vigilado con visita permanente, con una llamada telefónica, con sus medicamentos a tiempo, no tendríamos ahorita que estar lamentando esta tragedia”, afirmó Hurtado.
Conectar el celular antes de dormir, no dejarlo apagar, utilizarlo mientras está enchufado o salir de su casa únicamente cuando llega al 100 %. Alrededor de la batería existen tantas recomendaciones que a veces cuidarla termina pareciendo más complicado que utilizar el propio teléfono.Los smartphones actuales tienen baterías de iones de litio que inevitablemente pierden capacidad con el paso del tiempo. Sin embargo, la manera en que se cargan y, sobre todo, la temperatura a la que funcionan puede influir en qué tan rápido ocurre ese deterioro. Incluso los propios fabricantes se han visto obligados a desarrollar herramientas para protegerlas automáticamente.¿Por qué se desgasta la batería de un teléfono?Las baterías de los celulares se degradan de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Cada ciclo de carga y descarga provoca pequeños cambios químicos internos que, poco a poco, reducen la cantidad de energía que pueden almacenar.Por eso es normal que, después de varios meses o años, la salud de la batería deje de marcar el 100 %. No significa necesariamente que el usuario la haya cuidado mal ni que el teléfono tenga una falla, sino que alguno factores como el calor, mantenerla mucho tiempo completamente cargada o descargarla con frecuencia hasta niveles muy bajos pueden acelerar ese desgaste.¿Cómo cargar correctamente su celular?Muchas marcas recomiendan que, cuando sea posible, mantengan sus teléfonos aproximadamente entre 20 % y 80 % para favorecer la vida útil de la batería, pero también que si una persona necesita autonomía para una jornada larga puede cargarla completamente sin preocuparse.De hecho, algunas compañías han desarrollado un sistema de protección para sus baterías. Por ejemplo, Google ofrece un límite del 80 % en sus teléfonos actuales, mientras que los iPhone 15 y modelos posteriores permiten escoger un máximo de entre 80 % y 100 % en intervalos de cinco. Samsung es otra de las empresas que intentan extender la vida útil de sus baterías por medio de este sistema.La idea no es vivir pendiente de desconectar el teléfono exactamente al 80 %, sino evitar mantenerlo durante periodos prolongados completamente cargado o dejar que llegue constantemente a 0 %.El calor es el peor enemigo de las bateríasEl proceso de carga genera calor de manera natural y las temperaturas elevadas aceleran el envejecimiento de las baterías. Es por eso que los fabricantes recomiendan evitar utilizar o cargar su celular en ambientes superiores a 35 °C, incluso el propio sistema puede detener temporalmente la carga si detecta demasiado calor.Por eso tampoco es buena idea dejar el teléfono cargando mientras le da el sol, debajo de una almohada, entre cobijas o sobre superficies que dificulten disipar el calor como una cama. Lo recomendable es colocarlo en un lugar ventilado y, si se calienta demasiado mientras carga, retirar temporalmente la funda.¿Usar el celular mientras carga daña la batería?Por responder un mensaje, revisar una página o realizar una tarea ligera mientras el teléfono está conectado no va a dañar la batería. Sin embargo, la situación cambia cuando se combinan la carga y actividades exigentes que generan bastante calor, como videojuegos, navegación GPS durante largos periodos, grabación de video o aplicaciones que mantienen el procesador trabajando intensamente.¿Se puede dejar cargando toda la noche?Contrario a lo que muchos creen, los teléfonos modernos no continúan enviando energía indefinidamente a una batería que ya está llena, sino que detienen automáticamente la carga cuando alcanza el máximo, por lo que puede permanecer conectado durante la noche.Además, varios fabricantes usan sistemas que reducen el tiempo en que la batería permanece al 100 %. El iPhone utiliza Carga optimizada, los Pixel ofrecen Carga inteligente y Samsung incorpora Protección de la batería. Estas funciones aprenden las rutinas del usuario o establecen límites para completar la carga cerca del momento en que se necesita el dispositivo.Así que, más que obsesionarse con cada porcentaje, lo más importante es evitar el calor excesivo, las descargas frecuentes hasta 0 % y mantener el teléfono innecesariamente al 100 % durante largos periodos. Cargarlo completamente cuando realmente se necesita autonomía sigue siendo perfectamente válido.
