Las fórmulas vicepresidenciales de varios candidatos a la Casa de Nariño expusieron sus propuestas en materia de infraestructura durante un debate organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en el que coincidieron en la necesidad de reactivar la inversión, destrabar proyectos y recuperar la confianza de los inversionistas.La fórmula de Sergio Fajardo, Edna Bonilla, aseguró que un eventual gobierno priorizaría tres proyectos: el corredor Villeta–Guaduas, el dragado y mantenimiento del canal de acceso a Buenaventura y obras en el Catatumbo. Según explicó, la infraestructura debe servir para “mejorar competitividad, cerrar brechas territoriales y brindar dignidad”.Bonilla también atribuyó la caída de la inversión en infraestructura a problemas de “confianza, ejecución y rumbo”. Por eso, propuso “recuperar el gobierno del sector desde la Presidencia”, restablecer la comisión de infraestructura y organizar un banco de proyectos para destrabar iniciativas.Por su parte, Leonardo Huerta, fórmula de Claudia López, planteó como prioridades un plan nacional de agua potable y saneamiento básico, la creación de un lugar de cuidado social en cada municipio y el corredor multimodal Orinoquía-Pacífico para conectar el oriente y occidente del país. En materia de finanzas, Huerta aseguró que primero debe establecerse el monto de las deudas con el sector y planteó una regla fiscal que impida nuevas vigencias futuras mientras no estén garantizadas las actuales.El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo propuso priorizar la profundización del acceso al puerto de Buenaventura, la intervención de 35.000 kilómetros de vías terciarias y proyectos urbanos como las líneas dos y tres del Metro de Bogotá, el tren de cercanías de Cali y el Metro de la 80 en Medellín.Oviedo también insistió en la necesidad de destrabar proyectos “que están estructurados, pero por desidia del gobierno no han salido”, como Villeta–Guaduas y el primer tercio de Bogotá–Villavicencio. Además, defendió el mecanismo de obras por impuestos y afirmó que debe ampliarse el rango de proyectos que pueden financiarse bajo ese esquema. Por su parte, Martha Lucía Zamora, fórmula del candidato Roy Barreras, propuso un paquete vial de 1.500 kilómetros para conectar el Pacífico con los Llanos Orientales, además de iniciativas férreas, fluviales y aéreas. También pidió buscar soluciones al “cuello de botella” de las consultas previas mediante diálogo con las comunidades y priorizando el interés general.Al debate no asistió la candidata de Iván cepeda, Aída Quilcué ni José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella.
El aumento del salario mínimo es uno de los temas más sensibles de la campaña presidencial de cara a 2026, por lo que en un debate de Mañanas Blu 10:30 y Meridiano Blu, los candidatos vicepresidenciales Juan Daniel Oviedo, Leonardo Huerta y Edna Bonilla debatieron sobre si aumentar con fuerza el salario mínimo realmente ayuda al bolsillo de los colombianos o termina generando efectos negativos en la economía.La discusión surgió a partir del incremento de casi el 24 % decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, una decisión que rompió con las fórmulas tradicionales de negociación salarial y que sigue dividiendo opiniones entre economistas, empresarios y sectores políticos.¿Qué dijo Juan Daniel Oviedo sobre subir el salario mínimo?Oviedo cuestionó la manera en que el actual Gobierno tomó la decisión y defendió que el ajuste salarial debe darse dentro de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.Según explicó, la fórmula de Paloma Valencia y Oviedo mantendría el esquema de negociación entre empresarios, sindicatos y Gobierno, en lugar de imponer un incremento por decreto.“El marco de negociación del salario mínimo en la Comisión de Concertación es el marco para buscar una concertación”, afirmó.Además, aseguró que el impacto inflacionario de ese incremento todavía no se ha reflejado completamente y advirtió que las consecuencias económicas suelen sentirse tiempo después.“Hoy se trabaja en el mito de que no va a generar inflación. Pero esperemos a final de año”, señaló durante el debate.¿Qué piensa Leonardo Huerta sobre el salario mínimo?Por su parte, Huerta evitó comprometerse con una cifra específica de aumento salarial, aunque defendió mejores condiciones laborales para los trabajadores.El candidato aseguró que no comparte una visión de confrontación entre empresarios y empleados, y planteó que ambos sectores deben verse como complementarios dentro de la economía.“Creemos en las reivindicaciones sociales, en las mejores condiciones de los trabajadores y en las reformas sociales”, sostuvo.Sin embargo, también insistió en que cualquier incremento debe tener en cuenta la capacidad de las empresas para asumir esos costos sin afectar su viabilidad financiera.“Sin olvidar al empresario para que tenga con qué pagar esos salarios y que su empresa sea viable”, agregó.¿Qué cree Edna Bonilla sobre el aumento del salario mínimo?La exsecretaria de Educación de Bogotá coincidió en la importancia de la concertación y respaldó que exista un diálogo entre los diferentes sectores antes de definir el aumento del salario mínimo.Bonilla reconoció que el incremento decretado por el Gobierno puede terminar teniendo efectos inflacionarios, aunque defendió el papel del Banco de la República para controlar esos impactos.“Creo que va a tener un efecto inflacionario, que por eso la importancia del Banco de la República”, afirmó.Pero también llevó el debate hacia otro punto: la informalidad laboral en Colombia. Según explicó, gran parte de los trabajadores del país ni siquiera reciben un salario mínimo formal, por lo que el debate salarial deja por fuera a millones de personas.“La mayoría de este país no gana el salario mínimo”, enfatizó.Vea el debate EN VIVO:
La crisis del sistema de salud es uno de los temas más sensibles en Colombia. Las demoras en citas médicas, la falta de medicamentos, las quejas de pacientes y la incertidumbre sobre el futuro de las EPS mantienen preocupado a un país donde cada vez más personas sienten que acceder a atención médica digna se volvió una carrera de obstáculos.Los candidatos vicepresidenciales Leonardo Huerta, Edna Bonilla y Juan Daniel Oviedo expusieron en el debate de Mañanas Blu y Meridiano Blu sus propuestas para enfrentar la crisis del sector. Durante la discusión, los tres marcaron distancia frente al manejo que ha tenido el Gobierno y coincidieron en que liquidar EPS no resolvería el problema de fondo, aunque cada uno planteó caminos diferentes para intentar sacar al sistema de la crisis.“El sistema de salud está completamente derrumbado”: Edna BonillaLa candidata Edna Bonilla aseguró que la situación actual del sistema es crítica y planteó un plan de choque para los primeros meses de gobierno. “Hemos perdido dignidad en la salud… el sistema de salud está completamente derrumbado”, afirmó durante el debate.Bonilla explicó que su propuesta arrancaría con un “puesto de mando unificado” durante los primeros 100 días de gobierno para revisar las cuentas y el funcionamiento del sistema. “Tenemos que tener claridad de cuántos recursos se requieren para efectivamente poner a funcionar el sistema”, señaló.También propuso medidas urgentes para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos y la crisis financiera de las EPS. “Vamos a establecer un plan de choque en medicamentos y una línea de crédito que nos permita oxigenar las finanzas de las EPS y las finanzas en general del sistema”, dijo.Según Bonilla, uno de los errores recientes fue el cálculo de la UPC, es decir, el valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema. “Lo que sucedió con el cálculo de la UPC este año es realmente lamentable”, aseguró. Más adelante insistió en que el problema debe resolverse con medidas técnicas y no ideológicas.“Vamos a trabajar con medidas técnicas, no con ideología”, afirmó.Oviedo: “Hoy muere gente por la corrupción de la salud”Por su parte, Juan Daniel Oviedo criticó las intervenciones realizadas por el Gobierno y aseguró que liquidar las EPS sin evidencia sería una decisión equivocada. “Hoy muere gente por la corrupción de la salud”, afirmó.El exdirector del DANE aseguró que las EPS intervenidas empeoraron financieramente tras la llegada del Gobierno nacional. “El informe más reciente de la Contraloría dice que las EPS intervenidas deterioraron su patrimonio en un 321 %”, señaló.También cuestionó el manejo de la Nueva EPS y criticó al nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero. “La amenaza del superintendente Daniel Quintero es liquidar para meterle miedo a la gente”, dijo.Oviedo aseguró que el problema principal fue convertir la salud en un tema político. “Politizaron la salud y se olvidaron de la gente y de los pacientes”, afirmó.Sin embargo, reconoció un punto de la reforma del Gobierno relacionado con las condiciones laborales del personal médico. “El 85 % del personal de salud son mujeres y vamos a trabajar por su contratación estable y salarios dignos”, expresó.Huertas advierte sobre el riesgo de liquidar EPSLeonardo Huertas también rechazó la idea de liquidar masivamente EPS y advirtió que muchas veces las consecuencias terminan afectando directamente a los pacientes. “No podemos salir de manera irresponsable y por populismo a decir que vamos a liquidar las EPS intervenidas”, aseguró.Huertas recordó casos en los que los usuarios quedaron sin continuidad en sus tratamientos tras la desaparición de una EPS. “Cuando se liquida una EPS, el paciente que mañana tenía una quimioterapia no tiene a quién acudir para continuar el tratamiento”, afirmó.El candidato insistió en que el problema principal del sistema es la falta de transición ordenada entre modelos de atención. “No había un régimen de transición. Ese es el problema en Colombia”, señaló.Además, defendió la necesidad de construir una reforma con todos los actores del sector. “Tenemos que pensar una reforma estructural que tenga en cuenta a todos los actores del sistema”, explicó.¿Hay plata para salvar el sistema?Otro de los puntos del debate fue la financiación de la salud. Huertas explicó que actualmente el sistema mueve enormes recursos, pero el reto está en garantizar que lleguen realmente a los pacientes.“La UPC hoy le cuesta al presupuesto nacional 101 billones de pesos”, detalló. También mencionó que existen recursos adicionales para enfermedades de alto costo y transferencias territoriales.“Con los recursos que hay bien manejados, es posible resolver los problemas graves que hay”, concluyó.Aunque las propuestas fueron distintas, los tres coincidieron en algo: el próximo gobierno recibirá un sistema de salud en crisis y tendrá que actuar rápido para evitar que el caos siga creciendo.
En el debate de Mañanas Blu y Meridiano Blu, los candidatos vicepresidenciales Leonardo Huerta,Edna Bonilla y Juan Daniel Oviedo marcaron una postura radicalmente distinta a las políticas de diálogo implementadas por administraciones anteriores. Ante el incremento de la extorsión y la percepción de que los procesos de paz actuales no han rendido los frutos esperados, los tres aspirantes coincidieron en que, de llegar al poder, no adelantarían negociaciones de carácter político con grupos armados ilegales.Leonardo Huerta: Una Fiscalía Antimafia para el sometimientoLa fórmula de Claudia López, Leonardo Huerta, fundamenta su negativa en la necesidad de institucionalizar el proceso de desmantelamiento de los grupos armados a través de la rama judicial y no de la discrecionalidad del Ejecutivo. Huerta propone la creación de una "Fiscalía antimafia" bajo una ley estatutaria que defina claramente las reglas del juego."Hay que quitarle la discrecionalidad a los gobiernos para definir quién es gestor de paz, en qué término se negocia, qué territorio se le desocupa a determinado actor armado", afirmó Huerta. Según el candidato, el objetivo es recuperar la gobernabilidad en territorios confinados por "gobernanzas armadas" mediante un enfoque que respete el Derecho Internacional Humanitario. "Nosotros no vamos a hacer negociaciones políticas con ningún grupo armado... someteremos a los actores armados y volverá la gobernabilidad", sentenció.Edna Bonilla: Plan Guardián y el fin de la "Paz Total"Para Bonilla, compañera de fórmula de Sergio Fajardo, la evidencia de los 50 homicidios colectivos reportados en los primeros meses del año y la presencia del Clan del Golfo en más de 400 municipios demuestra que la estrategia vigente ha fallado. Su propuesta se centra en el "Plan Guardián", que busca fortalecer la presencia estatal con 40.000 nuevos policías y una inversión focalizada en regiones críticas como el Catatumbo, Chocó, Cauca y Guaviare.Bonilla enfatizó que no habrá nuevas mesas políticas: "La evidencia no lo ha mostrado... claramente la política de paz total no ha funcionado". En su lugar, propone atacar las rentas criminales y ofrecer educación como alternativa para los jóvenes, asegurando que cumplirán los acuerdos de paz ya existentes (2016) pero sin abrir nuevos frentes de negociación política. "Va a haber una persona del gobierno nacional de presidencia en esos territorios" para garantizar que el Estado recupere el control real.Juan Daniel Oviedo: Seguridad Total frente a grupos sin ideologíaJuan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia, cuestionó la naturaleza misma de los grupos que hoy azotan al país, señalando que carecen de una agenda política real y se dedican exclusivamente al lucro criminal a través del narcotráfico y la extorsión. Su enfoque, denominado "Seguridad Total", combina el uso contundente de la fuerza con inteligencia financiera."¿Ustedes han escuchado alguna declaración política de los grupos criminales que nos tienen azotados en términos de extorsión, secuestro extorsivo, homicidios, hurtos...? Ninguna", argumentó Oviedo. Su plan incluye la militarización de vías estratégicas como la Panamericana para proteger el desarrollo económico y una "ley de sometimiento" en el Congreso. "Colombia tiene que entender que ya no podemos seguir encerrados en el cómo de la seguridad... hoy está claro el para qué de la seguridad y es que la gente se sienta tranquila para salir a trabajar", concluyó.
La Policía Metropolitana de Cali confirmó el homicidio de Maritza Sánchez Fernández, de 76 años, quien fue atacada con arma blanca al interior de su residencia ubicada en el sector de Chipichape, sobre la Avenida Sexta. De acuerdo con el reporte preliminar, la adulta mayor sufrió múltiples heridas y fue trasladada con vida a un centro asistencial del norte de la ciudad. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El caso volvió a encender las alertas sobre la violencia contra las mujeres en Cali. Tras conocerse el crimen, el personero distrital Gerardo Mendoza expresó su preocupación por los recientes hechos registrados en la ciudad y pidió fortalecer las acciones de prevención y protección."Estos hechos generan una profunda preocupación y no pueden ser vistos como casos aislados. Cada mujer víctima de violencia representa un llamado urgente a fortalecer las acciones de prevención, protección y atención frente a las violencias basadas en género", expresó el funcionario.En ese sentido, Mendoza solicitó que las investigaciones se adelanten con enfoque diferencial, al señalar que en las últimas semanas se han registrado varios asesinatos de mujeres en la capital vallecaucana, una situación que, según indicó, requiere atención prioritaria por parte de las autoridades."Desde el Ministerio Público exigimos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de estos crímenes mediante investigaciones rigurosas y con enfoque de género que permitan identificar, capturar y judicializar a los responsables", agregó.Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer el homicidio y ubicar a un presunto responsable que, según las primeras indagaciones, tendría un vínculo familiar con la víctima. Información preliminar señala que el crimen habría sido desencadenado por una discusión relacionada con una solicitud de dinero, aunque esta hipótesis aún es objeto de verificación por parte de la Policía.
En las últimas horas la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, junto con la Fiscalía, adeñantó capturas en los municipios de Bello, Copacabana y Caldas contra tres personas vinculadas a delitos como violencia sexual, explotación sexual de menores de edad y extorsión a través de medios digitales.El primer caso es la captura en el municipio de Caldas de un hombre de 70 años de edad, el cual presuntamente se habría valido de su condición de docente en una institución educativa de Medellín para ofrecer dinero a estudiantes menores de edad a cambio de actos de naturaleza sexual y material con contenido erótico.Durante el proceso investigativo se logró establecer la existencia de tres víctimas, así como evidenciar transferencias de dinero realizadas mediante plataformas digitales como contraprestación por estas conductas ilícitas."Los hechos transcurrieron en la vigencia 2025 en una institución educativa de la ciudad de Medellín. Estas labores investigativas permitieron identificar a tres víctimas, quienes recibieron todo el acompañamiento de los equipos interdisciplinarios en psicología forense para evitar que fueran afectados. El capturado registra anotaciones previas por otros delitos", destacó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.A la par, en Bello fue capturada una mujer de 22 años de edad por los delitos de proxenetismo con menor de edad e inducción a la prostitución. La investigación de las autoridades estableció que esta instrumentalizaba adolescentes entre los 14 y 16 años para sostener encuentros sexuales con adultos a cambio de dinero. Los hechos investigados se remontan al año 2024 y, hasta el momento, se han documentado judicialmente al menos tres víctimas.El último caso fue adelantado por unidades del Gaula capturaron en el municipio de Copacabana a un hombre de 39 años de edad, quien tenía cuentas pendientes con la justicia por el delito de extorsión agravada por hechos ocurridos en Medellín.La indagación permitió establecer que el capturado utilizaba falsas ofertas laborales para acercarse a mujeres, generar confianza y obtener fotografías íntimas. Posteriormente, empleaba este material para amenazar a las víctimas con divulgarlo si no accedían a entregar sumas de dinero, incluso de hasta ocho millones de pesos. Son por lo menos siete mujeres víctimas las que lo denunciaron.
Persiste la preocupación por hechos violentos en el Nordeste de Antioquia en los que están implicados las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’.La situación más reciente ocurrió en una finca de la vereda Las Camelias en el municipio de Remedios donde irrumpieron sujetos armados que estaban portando brazaletes alusivos al frente cuarto de ese grupo armado.En el lugar quemaron dos viviendas y secuestraron a una pareja de esposos identificados como Efrain de Jesús Botero Mejia y Rocío Silva, además de otros dos trabajadores de la finca. Antes de marcharse, los sujetos armados también pintaron varios grafitis alusivos a la organización criminal y dejaron seis cilindros con mensajes.Tras recibir el reporte, las autoridades desplegaron acciones con diferentes capacidades para garantizar la seguridad en la zona, pero también iniciar la búsqueda de las personas secuestradas.Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, alertó sobre lo que podría estar ocurriendo en la zona: planes expansivos de grupos armados que podrían generar un nuevo ciclo de violencia."Un ciclo de violencia donde se viene reconfigurando esta presencia armada, que podría escalar, lamentablemente, a nuevos enfrentamientos entre actores armados ilegales, con interposición de la población civil. Por eso creo que es importante tanto las autoridades locales, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional, tienen una obligación de articular acciones para proteger a esas poblaciones", explicó.Un hijo de la pareja reportó a las autoridades que pocas horas después de ocurrida la situación recibió una llamada donde los integrantes del grupo armado le exigieron 60 millones de pesos para liberar a sus familiares. No obstante, manifestó que no contaba con la capacidad económica para acceder a la imposición.
El asesinato del periodista Cristián Herrera, comunicador social y periodista egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), volvió a encender las alarmas sobre los riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico en Colombia.El crimen ha generado rechazo y preocupación en distintos sectores del gremio, que advierten sobre el aumento de la violencia y las amenazas contra quienes ejercen la labor de informar en las regiones del país.Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del director de Vanguardia, Juan Carlos Gutiérrez, quien calificó el crimen como un golpe para todo el periodismo colombiano y advirtió sobre las difíciles condiciones en las que trabajan muchos periodistas en las regiones.“No, este es un día doloroso para el periodismo. El asesinato de un periodista es algo que nos duele a todos. Conozcamos o no a Cristián, la muerte de un comunicador que busca llevar información a la audiencia es un hecho que debe conmover no solo a quienes ejercemos esta profesión, sino a todo el país”, expresó.Gutiérrez aseguró que los asesinatos de periodistas representan un grave ataque contra la democracia y la libertad de prensa, al tiempo que recordó que informar en varias zonas del país se ha convertido en una actividad de alto riesgo.“Están cayendo periodistas a punta de fuerza, violencia y balas. En una democracia esto es inadmisible”, afirmó.El director de Vanguardia también alertó sobre las presiones que enfrentan los medios y comunicadores en diferentes regiones del territorio nacional. Según explicó, muchos periodistas trabajan bajo amenazas constantes y otros terminan recurriendo a la autocensura por temor a represalias.“Hay comunicadores que, a pesar de las amenazas y dificultades, cumplen con su labor de informar. Otros viven en medio de la autocensura porque no pueden publicar o denunciar hechos que han corroborado, ya que su vida corre riesgo”, señaló.Las declaraciones se producen en un momento de especial preocupación para el gremio periodístico. De acuerdo con Gutiérrez, en las últimas semanas ya se han registrado dos periodistas asesinados en el país, una situación que considera alarmante y que requiere una respuesta contundente por parte de las autoridades.“El país no puede tomar este rumbo”, concluyó.El asesinato de Cristián Herrera ha generado una ola de solidaridad entre periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que exigen celeridad en las investigaciones y garantías para quienes ejercen el periodismo en las regiones más afectadas por la violencia.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó el asesinato del periodista Cristián Herrera en Cúcuta y lanzó un llamado al presidente Gustavo Petro para que asuma un papel más activo frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país.A través de sus redes sociales, el mandatario departamental expresó su preocupación por el incremento de la violencia en distintas regiones y aseguró que los colombianos esperan acciones contundentes para proteger la vida y recuperar la tranquilidad.“Presidente Petro, por lo menos en los cerca de 60 días que le quedan de mandato, asuma el liderazgo que le corresponde en la seguridad del país. Colombia no aguanta un asesinato más mientras la violencia sigue arrebatando vidas en nuestras regiones”, manifestó Díaz Mateus.El pronunciamiento se produjo luego de conocerse el asesinato del periodista Cristián Herrera en Cúcuta, hecho que ha generado rechazo entre organizaciones periodísticas, autoridades y diferentes sectores de la sociedad.El gobernador calificó el crimen como un ataque directo contra la libertad de prensa y la democracia, y expresó su solidaridad con la familia del comunicador, sus amigos y colegas.“Con profundo dolor rechazamos el asesinato del periodista Cristián Herrera en Cúcuta. Su muerte enluta al periodismo colombiano y constituye un ataque a la libertad de prensa y a la democracia”, señaló.Díaz Mateus también envió un mensaje de respaldo a los periodistas del país, especialmente a quienes ejercen su labor en regiones afectadas por la violencia y el conflicto armado.El asesinato de Herrera vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las condiciones de seguridad para los comunicadores en Colombia y el impacto que tienen las amenazas y los hechos violentos sobre el ejercicio de la libertad de prensa.Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen y capturar a los responsables, desde distintos sectores continúan los llamados al Gobierno Nacional para fortalecer las estrategias de seguridad y garantizar la protección de periodistas y líderes sociales en todo el territorio colombiano.
