Por estar involucrado en actos de corrupción con el conocido 'cartel de la hemofilia', el abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez fue suspendido para ejercer su profesión por tres años y tendrá que pagar una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes.Su proceso disciplinario inició por la compulsa de copias que ordenó un magistrado de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que investigaba la presunta entrega de dineros al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para favorecer al exsenador Musa Abraham Besaile.Por el escándalo de la utilización de sobrecostos y cobros por servicios inexistentes para tratamientos de la salud en Córdoba, para desviar recursos y ser utilizados en campañas políticas bajo la administración de Alejandro Lyons y Edwin Besaile, el abogado Pinilla Gómez aceptó en primera instancia que como representante de los implicados, ofreció una suma de dinero para favorecer al exsenador Besaile.Para la Comisión de Disciplina Judicial el abogado Pinilla: “fue desleal con la administración de justicia y los fines del Estado, al valerse de acciones por fuera de la legalidad, para congraciarse y obtener el beneplácito del Fiscal encargado de resolver el asunto en favor de su cliente, finalísticamente rompiendo el principio de igualdad y la posibilidad de construir un orden equitativo y justo en el ejercicio de la acción penal, pues con ello pretendió incidir indebidamente en la imparcialidad que debía acompañar al Fiscal destinatario de las citadas atenciones”.Recordemos que el abogado gozaba de un principio de oportunidad de la Fiscalía, por lo que para la Comisión, Pinilla se valió de la cercanía que surgió con el investigador para ofrecer la entrega de dineros a cambio de detener la vinculación al proceso penal del entonces secretario de Salud del departamento, José Jaime Pareja, apartándose por completo de la legalidad: “para dirigir todos sus actos hacia la defraudación de la administración de justicia, recorriendo así todos los verbos rectores que la informan, desde el asesoramiento, el patrocinio, hasta la intervención en actos fraudulentos, en este caso, buscando que no se diera la vinculación al proceso penal del señor José Jaime Pareja, a través de la entrega de cuantiosas sumas de dinero y el ofrecimiento indebido de un cargo público”.Escuche el podcast El Camerino:
Leonardo Pinilla, alias ‘Porcino’, fue condenado este lunes a cuatro años de prisión. La sentencia fue proferida por el juez 47 penal de conocimiento de Bogotá. Pinilla era uno de los socios del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, uno de los líderes del cartel de la toga.El también llamado ‘Porcino’ había llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que fue avalado por el juez que lo sentenció.Tendrá un beneficio y será el traslado al departamento de Bolívar, donde ha pedido que su sentencia se cumpla en atención a su arraigo familiar.Cabe señalar que Pinilla fue grabado por la DEA cuando hablaba con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, a quien le cobraba gruesas sumas de dinero para beneficiarlo en varios procesos por actos de corrupción en Colombia.Pinilla fue extraditado de Estados Unidos, lugar en el que cumplió una sentencia de dos años de cárcel, y regresó a Colombia en calidad de deportado para cumplir la sentencia que le profirió el juez este lunes.
El juzgado 17 de conocimiento de Bogotá condenó a 36 meses de prisión (tres años) al abogado Leonardo Pinilla, conocido como ‘El Porcino’. La sentencia se dio luego de que semanas atrás, a pesar de criticarlo, un juez avaló un preacuerdo que le otorgó la Fiscalía en el que sugería esa pena por el delito de concusión.El juez dijo, en su momento, que ese acuerdo “desprestigiaba a la justicia”, pero que cumplía con la estructura legal, por lo que no tenía más remedio que avalarlo.Lea también: Abogado Leonardo Pinilla pidió su extradición ""inmediata"" a EE.UU.El juzgado, además, lo condenó a pagar una multa de 25 SMMV, le impuso una inhabilidad de 30 meses para ejercer cargos públicos y, también, la Fiscalía deberá devolver $12 millones, correspondientes a lo que se le incautó en su momento cuando fue capturado.Pinilla logró demostrar que esos dineros no eran producto de actividades ilegales.La condena se la imponen por haber sobornado, presuntamente, al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, para que le diera una millonaria suma de dinero a cambio de que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno frenara unos procesos que llevaba la Fiscalía en su contra. Por los hechos, actualmente el exfiscal Moreno está extraditado y condenado en Estados Unidos.
El abogado Omar Eduardo Bohórquez, que logró un preacuerdo con la Fiscalía para que a Leonardo Pinilla, conocido como 'El Porcino', le dieran solo tres años de cárcel por estar involucrado en el cartel de la toga, habló en Mañanas BLU sobre esta decisión y entregó detalles sobre la investigación en contra de su cliente. Según Bohórquez, en el preacuerdo con el organismo de control se evidenció que su defendido no recibió dineros por el cartel de la toga."En el mismo preacuerdo quedó consignado que él no se enriqueció a raíz de estos hechos. Las autoridades en Colombia y en Estados Unidos son muy eficientes, si hubieran encontrado dineros, se hubiera hecho saber", afirmó el abogado de Leonardo Pinilla."Lo único que puedo decir es que él fue objeto de una investigación muy exhaustiva. Bajo la hipótesis de la Fiscalía, él era un simple intermediario", puntualizó el defensor. Sobre la medida de aseguramiento que debe cumplir Pinilla, Bohórquez afirmó que su cliente, en solicitud de la Fiscalía, "debe ser trasladado a Montería a un establecimiento de las mismas condiciones donde él se encuentra actualmente". Escuche la entrevista en Mañanas BLU con Omar Eduardo Bohórquez, abogado del 'El Porcino':
En un interrogatorio ante la Corte Suprema de Justicia el abogado recién llegado a Colombia Leonardo Pinilla, conocido como ‘Porcino’, reveló detalles de cómo se repartían coimas en Córdoba para que la Gobernación hiciera pagos a IPS por supuestos pacientes con hemofilia.Pinilla asegura que uno de esos sobornos fue de 300 millones de pesos para el exsenador Bernardo ‘El Ñoño’ Elías y para el actual gobernador, Edwin Besaile, quien ha negado sus vínculos con el denominado cartel de la hemofilia. Lea también: ‘El porcino’, clave en ‘cartel de la toga’, teme por su vida y pide prisión especialSegún ‘Porcino’, conoció esta información porque Guillermo Pérez, quien era su cliente y quien ya fue judicializado por el cartel, le dijo que para que la Gobernación de Córdoba le hiciera un pago a su IPS San José de la Sabana por 1.525 millones de pesos por atender a 14 pacientes de hemofilia, le tuvo que pagar una supuesta coima de 300 millones de pesos al exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías y al gobernador actual del departamento, Edwin Besaile. “Guillermo me dice que para que le pagaran eso le tocó pagar el 20%, le tocó entregar 150 millones de pesos al gobernador y 150 a Bernardo Elías, ‘Ñoño’ Elías. Quien es el secretario de Salud para ese momento se llama José Jaime Pareja del grupo político de Bernardo Elías, esa secretaria se la dividían una parte para el gobernador, una parte para de quien era la secretaria”, dijo Pinilla en la diligencia.Le preguntan entonces que especifique si esos dineros se los dieron al exgobernador Alejandro Lyons o al actual, Edwin Besaile, y Pinilla dice que fue a la nueva administración. “Lo que me dice Guillermo es que le tocó dar los 300 millones de pesos a la nueva administración”, sostiene Pinilla.Incluso, añade ‘Porcino’ que José Jaime Pareja (entonces secretario de Salud) le contó que no recibió un peso de ese pago “si no que ese pago se lo entregó al ‘Ñoño’ y a Edwin Besaile. Y que él le iba a decir a ellos que pagaran para que no lo involucraran en ese proceso”. También, le preguntan si conoce de sobornos a funcionarios judiciales para parar esas investigaciones y Pinilla dice que sí. Que le pagaron al exfiscal Daniel Díaz, ya capturado por ese cartel, para que no investigara por los hechos al supuesto intermediario en la operación ilegal que era el entonces secretario de Salud Pareja y así, que no llegaran al gobernador. “Al fiscal Daniel Díaz se le entregó un dinero para que no judicializara a José Jaime Pareja y obviamente, no llegaran a hasta el gobernador”, aseguró ‘Porcino’. Dice, además, que fue José Jaime Pareja quien le contó que “habló con Roberto Tirado (hombre de confianza de Edwin Besaile) que era el que hablaba directamente con el gobernador para que autorizara y se pagara eso al fiscal y para que no lo judicializaran a él y que por ese conducto no llegaran al gobernador Edwin”.Desde su llegada al país, Pinilla ha colaborado con las autoridades en investigaciones que se llevan por corrupción en Córdoba y por corrupción judicial. En la Corte Suprema está declarando contra los aforados que participaron, según él, en los hechos.
Después de la audiencia en la que la Fiscalía lo acusó por el delito de concusión por haber sobornado, presuntamente, al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, el abogado Leonardo Pinilla habló por primera vez y pidió a la juez que lo enviara a un centro de reclusión especial porque en las cárceles normales de Bogotá tiene muchos enemigos que “podrían hacerle daño”.“Estoy pidiendo algo que está dentro de la ley y es que se me brinde la protección y las garantías necesarias como testigo de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia. Estoy declarando contra gente que está presa tanto en La Picota como en La Modelo, entonces cómo así que me van a llevar a esos sitios donde hay gente que puede hacerme daño”, manifestó.Aseguró que a su papá se le acercaron unas personas a decirle que “su hijo no hablara”. Lea también: El audio de la DEA en el que 'El Porcino' menciona a Vargas Lleras y al fiscal Martínez “¿Qué sentido tendría que me maten, que me asesinen y yo colaborando”, dijo Pinilla al advertir que si no le garantizan su seguridad no seguirá colaborando con la justicia.Durante la audiencia dijo que en La Picota permanece un fiscal sobre el cual declaró y que en La Modelo hay familiares de la congresista Sara Piedrahita, sobre quien también ha declarado.Sobre el ‘cartel de la toga’, aseguró que no hace parte del mismo: “Quiero decir que en el cartel de la toga yo no tengo ninguna injerencia como se ha dicho. Se declararon unas situaciones, pero en el cartel de la toga con magistrados no tengo nada que ver”.“Era improcedente la orden de captura que se me dictó porque yo vengo por pagar por esos mismos hechos en Estados Unidos Y se me libra una Orden de captura por lo que fui capturado hace dos años Sobre los mismos hechos“, añadió.
BLU Radio conoció la declaración que dio ante la Corte Suprema de Justicia el abogado Leonardo Luis Pinilla, conocido como ‘Porcino’, y quien es socio del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno y del abogado Luis Ignacio Lyons.Pinilla se refirió a las grabaciones interceptadas por la DEA en las que manifestaba conocer a plenitud la forma en que operaba el denominado ‘cartel de la toga’.Sin embargo, en esta declaración manifiesta que gran parte de lo que dijo en sus conversaciones con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons es falso, pues buscaba impresionarlo.Leonardo Luis Pinilla explicó los casos en los que está involucarado. En primer lugar, aseguró que el único pago realizado por el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos correspondió a honorarios“En ese caso participé yo directamente y ahí en las manifestaciones yo digo que cobramos mil y pico de millones, pero la realidad es que de ese proceso me dio Gustavo 10 millones de pesos y el doctor Luis Alfredo Ramos 20 millones de pesos. No puedo decir que existió de ninguna manera algún acto de corrupción, además porque en lo que yo conocí del proceso, que fue todo, no existía necesidad de hacer ningún tipo de acto de corrupción”, dijo.En el caso del senador Musa Besaile, afirmó que supo del pago de 2 mil millones de pesos para frenar una captura por parapolítica. Sin embargo, dijo que no le consta que Gustavo Moreno haya intervenido en favor de Musa por temas de corrupción en Córdoba. “Sé que se negoció lo de Musa aquí para el tema de la Corte en el tema de la Gobernación, que Gustavo le haya colaborado, no tengo idea”, dijo Pinilla. Lo que sí le consta a Pinilla es que Moreno le pedía favores al hermano de Musa, el gobernador de Córdoba Musa Besaile.“Sí sabía que Gustavo llamaba y le pedía apoyo policial al Gobernador o cuando yo estuve defendiendo a Guillermo Paredes en la audiencia de imputación, el fiscal Daniel Díaz me dijo que Gustavo iba a llamar al Gobernador para que se presentara a la Gobernación como víctima (en el proceso del cartel de la hemofilia) por eso es que yo digo que Gustavo se maneja con el Gobernador”, agregó. Acerca del senador y presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, Pinilla señaló que todo lo que dijo también fue falso.“Yo creo que en la manifestación (llamada) digo que hago parte del proceso, pero ni lo conocí, ni sabía por qué era el proceso de Hernán, ni sabía quién era el ponente ni nada”, aseguró.De otro lado, sobre el senador Álvaro Ashton, Pinilla expresó que “como el proceso de Ashton era relativamente sencillo, un caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en la oficina de Gustavo él me dijo que le revisara el expediente y mencionó la suma de 300 millones de pesos, no me consta si de verdad lo contrató”.El polémico abogado le pidió perdón a la Corte y afirmó que las afirmaciones falsas que hizo tenían como propósito impresionar al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons para que él accediera al pago de 100 millones de pesos, supuestamente, para que Pinilla y Moreno le revelaran información privilegiada y torcieran las investigaciones en su contra por corrupción en ese departamento.“Quiero disculparme públicamente ante usted y de igual manera ante la Sala Penal y sus magistrados porque yo en las conversaciones que dieron lugar a todos estos sucesos, manifesté cosas que son acordes a la realidad porque Gustavo me las manifestaba, y otras que son fabulaciones que yo hacía tratando de mostrar un protagonismo que obviamente no tengo”, dijo. Pinilla manifestó que cuando sostuvo esas conversaciones con Alejandro Lyons estaba borracho. “En esas conversaciones me encontraba con cierto grado de alicoramiento, estaba tomando, yo no soy una persona vulgar y me apena porque esto se ha ventilado bastante, y yo era bastante escueto y bastante soez”, agregó.Le puede interesar: La reveladora conversación entre Alejandro Lyons y Gustavo MorenoPorcino será extraditado en mayo a Estados Unidos donde deberá responder por lavado de activos y concierto para delinquir, dado que dichas exigencias de dinero se hicieron en territorio estadounidense.Escuche el informe completo aquí:
El juzgado 52 de control de garantías avaló el principio de oportunidad que la Fiscalía le otorgó a Leonardo Pinilla Gómez, socio del corrupto exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno.El beneficio le otorga suspensión, es decir, inmunidad parcial por un año por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y extorsión. A cambio, Pinilla deberá colaborar con la justicia contando lo que sabe sobre el escándalo del denominado cartel de la hemofilia. Vea aquí: "Estos serían los 13 salpicados por Leonardo Pinilla, vinculados al 'cartel de la hemofilia'
El Juzgado 16 de conocimiento de Bogotá le dijo no a la petición de la defensa de Leonardo Pinilla, conocido con el alias de ‘Porcino’ y socio de Gustavo Moreno, quien solicitó que se precluyera el proceso por concusión, pues estaría siendo juzgado dos veces por el mismo delito.Esto teniendo en cuenta que ‘Porcino’ es requerido en extradición por Estados Unidos señalado de ser el enlace clave del soborno de 10.000 dólares recibido por el exfiscal Moreno en ese país de parte del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.Después de la decisión de la juez de continuar con la acusación a Pinilla, su defensa interpuso recurso de apelación, que será resuelto por magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, quienes deberán decidir si el abogado debe continuar el proceso en Colombia por los mismos hechos que será extraditado a Estados Unidos.Lea también: Luis Gustavo Moreno será trasladado de La Picota a una guarnición militar
Blu Radio confirmó que la resolución Ejecutiva 435 de 2017 fue firmada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, con lo que avala la extradición a Estados Unidos de Leonardo Pinilla, socio del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno e implicado en el ‘cartel de la toga’.Leonardo Pinilla es requerido por la justicia de los Estados Unidos el delito federal de lavado de dinero y fraude por medios electrónicosPinilla fue capturado el pasado mes de junio junto al exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, ambos señalados de participar en actos de corrupción y pedidos en extradición por una corte de Estados Unidos.Le puede interesar: Comisión de Acusación citará a Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla para declarar.Pinilla se declaró inocente de los señalamientos realizados por la Fiscalía, por lo que la investigación continuará su transcurso.La defensa del abogado Leonardo Luis Pinilla había pedido su extradición inmediata en el mes de septiembre para resolver su situación judicial en Estados Unidos.De acuerdo con las investigaciones, Pinilla se reunió en Estados Unidos con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, en donde le exigió una suma de 10.000 dólares para amañar procesos para favorecerlo.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
